El presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), Alejandro Soto Carbajal, se reunió el pasado lunes en la sede del Ministerio de Justicia con la Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortes, y el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, a fin de darles traslado de las reivindicaciones en cuanto a la esencia, estructura y contenido de la prueba nacional de acceso a la abogacía.
En este sentido, el Ministerio de Justicia ha confirmado que la convocatoria de la segunda edición del examen de acceso a la abogacía se producirá y publicará en la página web del Ministerio a lo largo de los próximos días. El Real Decreto 775/2011 exige la convocatoria de la prueba tres meses antes a su realización, por lo que se prevé que la misma tenga lugar en el mes de mayo.
El Ministerio de Justicia se ha comprometido, tal y como venía demandando CONEDE, a descentralizar la realización del examen, por lo que habrá distintas sedes donde poder concurrir a dicha convocatoria. De este modo, se logra paliar el coste proyectado para los cientos de egresados de los distintos Master de Acceso a la Abogacía, para cuyo acceso a la colegiación se exige la obtención de la calificación de apto en el cómputo global de la nota del Máster de Acceso y el examen habilitante.
La prueba mantendrá, tal y como han expresado los responsables del Ministerio de Justicia, la estructura y contenido propios de la primera convocatoria que tuvo lugar el pasado 28 de junio de 2014, habida cuenta además de que no se ha producido ninguna modificación de la normativa reguladora de la misma.
A este respecto, Soto ha calificado la reunión como “un encuentro agradable, cordial y fructífero entre un equipo de Gobierno sensible a la percepción de los estudiantes de derecho en torno al nuevo sistema de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, que refleja el compromiso del Ministerio de Justicia con una reforma consensuada y útil para la mejora del asesoramiento jurídico, representación procesal y defensa de los intereses de los ciudadanos”.