El Pleno del Congreso convalidará este jueves el Real Decreto ley de Segunda Oportunidad, Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que pretende ofrecer una posibilidad a las personas físicas y pymes sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar una deuda de por vida.

Reestructuración de la deuda 

 El RD Ley, que defenderá el ministro de Economía, Luis de Guindos, revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

   En caso de que esta opción no prospere, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

   Si no se ha podido cumplir esos objetivos, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euríbor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

   No obstante, acogerse a esta opción supondrá también figurar durante cinco años en un registro público, que se complementará con una nueva página web del Ministerio de Economía donde los ciudadanos podrán consultar su situación de solvencia.

   Para evitar que la segunda oportunidad afecte a la cultura de pago de las deudas o encarezca los costes de financiación de familias y empresas, el Gobierno ha introducido ciertas salvaguardas, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.

   Las personas físicas quedarán exentas de las tasas judiciales en todos los órdenes e instancias

En el texto el Gobierno también ha incluido la eliminación de las tasas judiciales a personas físicas, que tendrá un coste recaudatorio para las arcas públicas de 65,12 millones de euros.

Tras la celebración del Debate sobre el estado de la Nación, el Congreso arpobó 19 propuestas de resolución, entre las que se encontraba una de las presentadas por el grupo parlamentario popular, que instaba al Gobierno a "Facilitar el acceso a la Justicia de los ciudadanos, especialmente, exonerando a las personas físicas del pago de las tasas judiciales en todos los órdenes e instancias judiciales".

La nueva redacción del art. 4.2  La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que regula las exenciones en las tasas establece:

« 2.  Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a)  Las personas físicas.

b)  Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

c)  El Ministerio Fiscal.

d)  La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

e)  Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»

Código de buenas prácticas

   El Gobierno aprovecha para ampliar los requisitos para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas bancarias, de modo que el límite de los ingresos sea finalmente tres veces el IPREM calculado con catorce pagas (en lugar de doce, como hasta ahora).

   Además, se considerarán ciudadanos especialmente vulnerables los mayores de 60 años y también se eleva el precio pagado por el inmueble, de modo que más personas puedan beneficiarse de las medidas de reestructuración, quita o dación en pago que prevé el Código, previa negociación con la entidad financiera.

   El Ejecutivo también amplía estas medidas, ya quienes cumplan los requisitos del Código verán eliminadas las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios (incluso aunque se hayan acogido a la segunda oportunidad), si bien no será con efectos retroactivos ni se les devolverá ninguna cantidad abonada por este concepto.

   Igualmente, se amplía por dos años, hasta 2017, la moratoria a las ejecuciones hipotecarias --que vencía el próximo mes de mayo-- para que quienes cumplen las condiciones exigidas no pierdan su vivienda, si bien durante ese tiempo seguirán acumulando intereses de demora en su deuda.

Fomentar el empleo y la conciliación

   El Ejecutivo también ha recogido en esta Ley algunos de los anuncios realizados por el presidente, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la Nación.

Por ejemplo, la ampliación del 'cheque familiar’, para que las deducciones acumulables en el IRPF lleguen también a las familias monoparentales con al menos dos hijos o a los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tienen a su cargo a una familia numerosa o a algún discapacitado.

   Una medida que tendrá un coste anual estimado en unos 410 millones de euros asumidos por el Estado y que beneficiará a unas 131.401 familias monoparentales con al menos dos hijos (128 millones de euros), a 73.285 pensionistas con descendientes discapacitados (88 millones) y a 176.525 ciudadanos que reciben prestación por desempleo (194 millones).

   También se regula mediante este texto legislativo la bonificación del 100% de la cuota por contingencias comunes que resulte de aplicar el tipo obligatorio a la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos que contraten a un parado para sustituirles en su actividad durante un máximo de un año si es para cuidar a algún menor de siete años o a algún familiar dependiente.

    Esta medida busca conciliar la vida familiar y profesional, así como fomentar la convergencia de los derechos de los autónomos con los de los asalariados y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, con un coste previsto de entre 16 y 32 millones de euros en función de si se acogen a ella los hasta 5.700 autónomos personas físicas sin asalariados o si se llega a los 11.400 trabajadores por cuenta propia que figuran inscritos en el Régimen Especial de la Seguridad Social y que cumplirían los requisitos.

    Otra de las medidas incluidas en el RD Ley, la exención de cotizaciones por contingencias comunes por los primeros 500 euros en nuevos contratos indefinidos que se firmen entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016, tendrá un impacto de recaudación "neutro", según el Gobierno, porque se compensará con el incremento del empleo.

Otras medidas

Se establece la reducción de 35 a 20 de las jornadas necesarias para que los trabajadores eventuales del campo tengan acceso al subsidio y la renta agrarios.

   Finalmente, uno de los artículos del RD Ley da forma legal al acuerdo alcanzado con los representantes de los funcionarios para constituir mesas de negociación específicas en los ámbitos de la Salud, la Educación y la Justicia, y para reordenar las unidades electorales de cara a los procesos de elección de representantes que deberán celebrarse en un plazo máximo de diez meses desde la entrada en vigor del cambio.  

Oposición

 Aunque las formaciones de la oposición aún no han precisado su voto al RD Ley --que en cualquier caso saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del PP--, la gran mayoría (PSOE, Izquierda Plural o UPyD) consideran que es la segunda oportunidad propuesta es demasiado "descafeinada" y que sus efectos serán muy limitados. Además, critican que una vez más el Gobierno haya utilizado un único RD Ley para modificar una gran variedad de asuntos. (EUROPA PRESS)