Los gobiernos catalán y vasco, por medio de distintos portavoces, se han manifestado contrarios a la privatización del Registro Civil prevista por el Gobierno central.
Cataluña
Así, por una parte, el consejero de Justicia de la Generalidad, Germà Gordó, ha explicado tras participar en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Madrid, su oposición a la privatización de los registros civiles: "Hemos pedido al Gobierno que pare este proceso de privatización. Y no somos la única comunidad autónoma que lo ha hecho".
Ha aprovechado para explicar, además, que Cataluña contará con un 25% del total de nuevas plazas en el ámbito de la Administración de Justicia, convocadas en la oferta de empleo público de 2015, hasta un total de 458 nuevas plazas. "Con esta convocatoria espero que reduzcamos el número de interinos", ha señalado.
Gordo ha añadido también que Cataluña recibirá un 20% de la inversión del Estado en la modernización de la Administración de Justicia, por un montante de seis millones de euros.
País Vasco
Por su parte, el director de Justicia del Gobierno vasco, Manuel Valín, ha trasladado este miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catatalá, la oposición del Gobierno vasco a que el Ejecutivo español saque los Registros Civiles del ámbito de la Administración de Justicia en Euskadi.
En el mismo marco de la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia, Valín, ha manfiestado, además, que el Gobierno vasco "quiere que los Registros Civiles continúen siendo públicos y gratuitos".
Valín ha añadido que "aunque el Gobierno español lleve finalmente a efecto sus planes anunciados con los Registros Civiles, el Gobierno vasco garantizará la totalidad de los puestos de trabajo del personal que trabaja actualmente en ellos en Euskadi". (EUROPA PRESS)
