La Agencia Tributaria en colaboración con la Policía Nacional han descubierto una trama que había defraudado 60 millones de euros en el Impuesto Valor Añadido (IVA) por la adquisición intracomunitaria de vehículos de lujo procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica.
En la operación han sido detenidas ocho personas implicadas en delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental mercantil y blanqueo de capitales. Utilizaron al menos 23 sociedades mercantiles, creadas para estos fines, que en cuatro años habrían manejado unos 365 millones de euros en operaciones y cuyo IVA no fue ingresado en las arcas públicas. Las investigaciones se iniciaron en 2006 por parte de la delegación de la Agencia Tributaria en Alicante en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y han concluido con la detención de cuatro personas en Alicante, una en Onteniente (Valencia), dos en Madrid y otra en Albalate de Zorita (Guadalajara). La operación ha sido desarrollada por la UDEF Central, adscrita a la Comisaría General de la Policía Judicial, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, la Jefatura Superior de Valencia y la Agencia Tributaria.
Operativa de la trama
El esquema clásico de la trama es el siguiente: un operador fraudulento registrado en el Registro de Operadores Intracomunitarios es situado en el primer escalón de la importación y simula realizar operaciones de compra de productos en la Unión Europea (UE). Al tratarse de operaciones intracomunitarias, están exentas de IVA. Este primer operador español recibe el nombre de trucha y suele ser una sociedad limitada, con poco o nulo capital y tiene como administradores o apoderados a sujetos insolventes. Esta primera sociedad trucha transmite los vehículos en facturas con IVA a otras sociedades pantalla, que actúan como parachoques ante la acción de la justicia y el fisco. El IVA aquí repercutido no es declarado ni ingresado en la Hacienda Pública por las truchas. Las sociedades pantalla son sociedades instrumentales, vacías de contenido patrimonial y controladas por la misma organización que las primeras, actuando ambas en perfecta sintonía. El único propósito que persigue la organización delictiva con este tipo de entidades es el de servir de cortafuegos: cuantas más entidades de este tipo se colocan, más dificultades se generan para su descubrimiento.
El esquema concluye cuando los automóviles pasan a un empresario de la distribución que previamente los ha encargado, quien los vende a clientes finales u a otros distribuidores de España, en una acción concertada con truchas y pantallas. El IVA no ingresado en la primera fase por la trucha en las arcas de la Hacienda Pública se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva. Incluso, en ocasiones el IVA no ingresado se destina al abaratamiento de los precios de los automóviles, lo que supone una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
Registros practicados y efectos intervenidos
En total, se han practicado siete registros en Alicante, Madrid, Guadalajara y Valencia, en los que se han intervenido 37 vehículos de lujo (Porsche, Mercedes, Lexus, Maserati, Jaguar, BMW,…), dos yates, casi 170.000 euros en efectivo, relojes de prestigiosas marcas y diversa documentación. Además se han bloqueado 81 cuentas corrientes de la organización y se ha procedido a la anotación preventiva respecto de 86 inmuebles (viviendas, plazas de garaje y fincas rústicas).