El PE alertó ayer sobre el envejecimiento de la población en los Estados miembros y sus consecuencias en el aumento en gasto público, principalmente en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. En un informe aprobado por el pleno, los diputados recomiendan debatir la prolongación de la edad de jubilación sobre una base voluntaria y piden a los Estados miembros que mantengan los niveles adecuados de financiación de la seguridad social y los sistemas de pensiones.

Si la inmigración se mantiene en los niveles actuales, la población activa europea pasará de 227 millones de personas en 2005 a 183 millones en 2050, siendo una población ligeramente más reducida y considerablemente más vieja.

Según las últimas estimaciones, el número total de personas empleadas se incrementará en 20 millones en 2017, pero después se reducirá en 30 millones en 2050, por lo que la proporción prevista de personas mayores de 65 años respecto de las personas en edad de trabajar aumentará de 1:4 en 2005 a 1:2 en 2050.

El informe, aprobado con 480 votos a favor, 44 en contra y 10 abstenciones, asegura que con el mantenimiento de las políticas actuales por parte de los Estados miembros, el envejecimiento de la población conllevará un aumento del gasto público, la mayor parte en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, produciéndose el mayor incremento entre 2020 y 2040. Los países de la UE deben tomar "seriamente en cuenta" la necesidad de rediseñar los sistemas de pensiones tradicionales basados en evaluaciones del riesgo sistemático y en un estilo de vida típico y normalizado y deben adaptar el sistema de seguridad social a las reformas del sistema de pensiones, dado que los estilos de vida están cambiando rápidamente.

Entre las recomendaciones de la ponente, la alemana Gabriele STAUNER (PPE), está reducir el desempleo y aumentar la contratación, incluyendo a personas con un elevado potencial laboral, como los discapacitados, las mujeres y los mayores.

El texto también subraya la necesidad de posibilitar la jubilación flexible sobre una base voluntaria, el cambio de la organización de las prácticas laborales y la utilización "inteligente" de las nuevas tecnologías; así como mejorar los servicios de apoyo relativos al cuidado de los niños y familiares dependientes, con vistas a reducir el número de personas que trabajan a tiempo parcial de modo voluntario.

También destaca la necesidad de debatir a escala nacional la cuestión de la prolongación de la edad de jubilación y estima necesario que, al margen de las disparidades entre los Estados miembros en edad legal de jubilación, se aliente a los trabajadores a seguir en su empleo, sobre una base voluntaria y mientras las circunstancias lo permitan, hasta alcanzar dicha edad e incluso más allá de la misma.

La Eurocámara considera que los Estados miembros deben mantener niveles adecuados de financiación de la seguridad social y los sistemas de pensiones, y encontrar alternativas y bases fiscales sólidas de cara a la creciente competencia a consecuencia de la globalización.

Los diputados recuerdan que el núcleo del modelo social europeo es el principio de solidaridad entre las generaciones y los grupos sociales, y que el envejecimiento de la población "presionará enormemente" sobre la población activa, por lo que las soluciones al cambio demográfico deben constituir una prioridad política. En caso contrario, el cambio demográfico podría poner en peligro el principio de solidaridad y, en consecuencia, los modelos sociales europeos.

En este sentido, Stauner subraya la importancia de reducir la dependencia respecto a la fiscalidad del trabajo aunque reconoce la "complejidad" que implicaría el cambio hacia una imposición basada en mayor medida en el capital, dada su menor base imponible y la gran movilidad de los capitales.

Cita como ejemplo las denominadas «biografías mosaico», que serán cada vez más comunes, lo que conllevaría nuevos riesgos sociales imprevisibles para muchas personas y en particular para los grupos vulnerables, especialmente los inmigrantes, los trabajadores poco cualificados, las familias monoparentales y las personas con otras responsabilidades de prestar cuidados.

Para finalizar, la ponente expresa su convicción de que «medidas para mejorar la sanidad» significan "la necesidad de invertir", lo que contribuirá a reducir los costes a la luz del envejecimiento de la población y a mejorar la solidez de las finanzas públicas.

El informe insiste en la importancia de preservar los valores y principios en los que se sustentan todos los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión Europea, que incluyen la cobertura universal, la solidaridad en la financiación, la equidad en el acceso y la prestación de una atención sanitaria de calidad, a pesar de la necesidad de un consumo racional de los escasos recursos.