La secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, ha comparecido en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte para explicar algunas políticas del Ministerio.

En su intervención, la secretaria de Estado ha subrayado que el Gobierno destinará en 2009 un total de 1.158 millones de euros a financiar la Ley de Dependencia, un 33% más de lo dedicado este año (871 millones). Se trata de una partida que supera holgadamente las previsiones de la memoria económica de la norma, que situaba la financiación estatal para 2009 en 979 millones de euros.

Valcarce ha explicado también que, según los datos proporcionados por las Comunidades Autónomas, un total de 407.905 ciudadanos son ya beneficiarios de la Ley de Dependencia. Además, más de 38.000 personas que reciben la prestación económica por cuidados familiares ya están dadas de alta en la Seguridad Social.

La responsable gubernamental ha hecho hincapié en que la Ley de Dependencia conlleva también generación de empleo. Así, ha recordado que, desde la entrada en vigor de la ley, el empleo en el sector de los servicios sociales se ha incrementado en un 29%, según datos de la Seguridad Social.

En cuanto al desarrollo reglamentario de la ley, Valcarce ha señalado que el Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado en los últimos meses el baremo, el nivel de cooperación interadministrativa, la intensidad de servicios y prestaciones de la ley o la cuantía de las prestaciones económicas, entre otros acuerdos.

En este sentido, la secretaria de Estado ha explicado que el Gobierno y las Comunidades Autónomas abordarán en el Consejo Territorial de la Dependencia del próximo jueves los acuerdos referidos a la acreditación de centros y a la coparticipación de los beneficiarios en la financiación de los servicios.

Por lo que se refiere a políticas a favor de las familias, además de la Ley de Dependencia, la secretaria de Estado de Política Social ha destacado la puesta en marcha de iniciativas como la Ley de Igualdad, el nuevo permiso de paternidad, la prestación de 2.500 euros por nacimiento de hijo, la renta de emancipación o la deducción fiscal de 400 euros. Además, ha apostado por seguir desarrollando medidas de conciliación de la vida familiar y laboral y de apoyo a la parentalidad positiva y por impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los puntos de encuentro familiar.