Sumario

Norma afectada por

BOE 17 Enero. Corrección de errores Acuerdo CGPJ 10 Ene. 2001 (Regl. 1/2001 de 10 Ene., modifica Regl. 5/1995 de 7 Jun., en lo referente a medidas urgentes y presentación de escritos durante el servicio de guardia)

Acuerdo 10 enero 2001, rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 17 enero).

I

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 5/2000 atribuye a los Juzgados de Menores la adopción de las medidas cautelares y la autorización de las medidas de investigación que sean restrictivas de derechos fundamentales en relación con los menores, cuando la necesidad de la práctica de actuaciones de este tipo se suscite fuera de los días y horas hábiles, tales medidas podrían asumirse, no obstante, bien por medio de un sistema de guardias de los Juzgados de Menores, bien por el titular del correspondiente Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, en sustitución reglamentaria de Juez de Menores. La primera de tales soluciones, basada en el establecimiento de servicios de guardia de los propios Juzgados de Menores, es indudablemente la más adecuada y completa. Sin embargo, en la mayor parte de las demarcaciones judiciales, la implantación de dichos servicios de guardia no podrá llevarse a la práctica, por el momento, al no existir suficiente número de órganos jurisdiccionales de dicha clase, de modo que se hace imprescindible establecer una solución alternativa, aplicable en tanto no se cumplan las condiciones necesarias para generalizar dichos servicios de guardia. Tal fórmula ha de basarse, por tanto, en la posibilidad de sustitución reglamentaria del Juez de Menores por los titulares de otros órganos jurisdiccionales, y señaladamente por el titular del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. Ello es debido a múltiples factores que así lo hacen aconsejable, como son la permanente accesibilidad y disponibilidad del Juzgado de Instrucción de guardia y de su titular, el orden jurisdiccional penal al que se adscribe dicho órgano, más próximo al ámbito especializado de la jurisdicción de menores, las facilidades de la oficina judicial y la infraestructura de que en todo caso éste dispone, así como la mayor certeza y claridad que con ello se ofrece a todos los interesados, autoridades y Cuerpos de Policía Judicial, en situaciones que normalmente presentan caracteres de urgencia y perentoriedad.

Esta ha sido, en efecto, la orientación predominante que ha seguido el Consejo General del Poder Judicial a la hora de resolver cuestiones tales como la asunción de las actuaciones urgentes en materia de jurisdicción voluntaria y de registro civil, así como de la concesión del habeas corpus, orientación que se ha plasmado igualmente, como regla general, en recientes reformas legislativas (así en la atribución del habeas corpus que, en el caso de los menores, se mantiene en la sede del Juzgado de Instrucción). Se hace por ello necesario modificar el texto vigente del artículo 40.3 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, introduciendo, además, una nueva disposición adicional en el Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena la publicación de los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz, de los Organos de Gobierno de Tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, así como de la relación de ficheros automatizados de datos de carácter personal dependientes del Consejo General del Poder Judicial. Similares disposiciones reglamentarias resultan de las innovaciones legislativas contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, respecto de actuaciones de carácter urgente, cuya necesidad se puede suscitar precisamente fuera de horas de audiencia.

II

Con independencia de lo anterior, resulta necesario introducir otras modificaciones en la regulación reglamentaria del servicio de guardia, asimismo, como resultado de la entrada en vigor de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.

En efecto, el artículo 41 del Reglamento 5/1995, en su actual redacción, atribuye a los Juzgados en funciones de guardia la obligación de atender a la recepción de escritos cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio, siempre que se dirijan a cualesquier otros órganos jurisdiccionales de la misma sede y tengan entrada una vez concluida la jornada de trabajo del Juzgado o Tribunal destinatario. Esta prevención reglamentaria se ve alterada por lo que dispone el artículo 135 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que entrará en vigor el próximo mes de enero. Establece, en efecto, el artículo 135.1 que «cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en la Secretaría del Tribunal o, de existir, en la oficina o servicio de registro central que se haya establecido». Se completa esta novedad con el contenido del apartado 2 del mismo precepto, que previene que «en las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia».

El carácter supletorio que tiene la Ley de Enjuiciamiento Civil, según dispone su artículo 4, traslada a su vez esta limitación a los restantes órdenes jurisdiccionales, incluido el orden jurisdiccional social, en los que la recepción de escritos de término y su traslado posterior al órgano judicial de destino resultaba precisamente de la práctica procesal civil y de la supletoriedad de su normativa procesal, práctica y regulación que se ven ahora enteramente modificadas y que hacen inaplicable la normativa precedente, puesto que el sistema de presentación de escritos en la guardia se ve sustituido por la posibilidad de presentación alternativa ante el órgano jurisdiccional ad quem durante el día hábil siguiente, previsión que parece razonablemente aplicable a la totalidad de los demás órdenes jurisdiccionales distintos del penal.

Como consecuencia de esta innovación legislativa, y en aplicación de la sucesión de normas en el tiempo y del principio de jerarquía normativa, ha quedado suprimida la obligación gubernativa que el citado artículo 41 imponía a los Juzgados de Instrucción que desempeñaran el servicio de guardia.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 20 de diciembre de 2000, ha adoptado el siguiente Acuerdo: