Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión

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• Preámbulo
• CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación
  • Artículo 1
  • Artículo 2
• CAPÍTULO II. Disposiciones generales
  • Artículo 3
  • Artículo 4
  • Artículo 5
• CAPÍTULO III. De las reuniones en lugares cerrados
  • Artículo 6
  • Artículo 7
• CAPÍTULO IV. De las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
  • Artículo 8
  • Artículo 9
  • Artículo 10
  • Artículo 11
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera
  • Disposición final segunda
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria

Artículo 1

1. El derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el art. 21 de la Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

3. Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las leyes penales.

Artículo 2

Se podrá ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la presente Ley Orgánica, cuando se trate de las reuniones siguientes:

• a) Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios.
• b) Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad.
• c) Las que celebren los Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales, Sociedades civiles y mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, Comunidades de propietarios y demás Entidades legalmente constituidas en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras personas nominalmente invitadas.
• d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines propios de su profesión.
• e) Las que se celebren en unidades, buques y demás establecimientos militares, que se regirán por su legislación específica.LE0000459131_20111001 Letra e) del artículo 2 redactada por la disposición final primera de la L.O. 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas («B.O.E.» 28 julio).Vigencia: 1 octubre 2011

Artículo 3

1. Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.

2. La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho .

Artículo 4

1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.

3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.

Número 3 del artículo 4 redactado por L.O. 4/1997, 4 agosto («B.O.E.» 5 agosto), por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.LE0000010794_19970806

4. La asistencia de militares de uniforme, o haciendo uso de su condición militar, a reuniones o manifestaciones públicas se regirá por su legislación específica.

Artículo 5

La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

• a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.
  Téngase en cuenta que la Sentencia del TS (Sala 3.ª, Sección 7.ª) de 4 de marzo de 2002, fija como doctrina legal que «en aplicación conjunta de los artículos 5 a) y 10, la autoridad gubernativa tiene la facultad de prohibir una manifestación si estima razonadamente que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito y, como tal, potencialmente generadora de alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes». Fallo publicado en «B.O.E.» 10 abril 2002. JU0001060227TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, S, 4 Mar. 2002 (Rec. 2079/2001) LE0000170848_20020411Sentencia TS Sala 3.ª 4 Mar. 2002 (doctrina legal, arts. 5. a) y 10 LO 9/1983 de 15 Jul., Derecho de Reunión)
• b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.
• c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.
• d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.LE0000540716_20160115 Letra d) del artículo 5 introducida por la disposición final sexta de la L.O. 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas («B.O.E.» 5 diciembre).Vigencia: 5 marzo 2015

Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista.

Artículo 6

Los organizadores y promotores de reuniones, incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, que se celebren en lugares, locales o recintos cerrados, podrán solicitar la presencia de delegados de la autoridad gubernativa.

Artículo 7

Los delegados de la autoridad gubernativa no intervendrán en las discusiones o debates ni harán uso de la palabra para advertir o corregir a los participantes, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 8

La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante.

Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.

Artículo 9

1. En el escrito de comunicación se hará constar:

• a) Nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de identificación del organizador u organizadores o de su representante, caso de personas jurídicas, consignando también la denominación, naturaleza y domicilio de éstas.
• b) Lugar, fecha, hora y duración prevista.
• c) Objeto de la misma.
• d) Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas.
• e) Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la autoridad gubernativa.

2. La autoridad gubernativa notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito de comunicación, excepto cuando se trate de una convocatoria urgente de las previstas en el párrafo segundo del artículo anterior, a fin de que éste informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe en dicho plazo, el mismo se entenderá favorable. El informe se referirá a causas objetivas tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, el informe no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado.

Artículo 9 redactado por L.O. 9/1999, 21 abril («B.O.E.» 22 abril), de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.LE0000012234_19990512

Artículo 10

Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10 redactado por L.O. 9/1999, 21 abril («B.O.E.» 22 abril), de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.LE0000012234_19990512

Téngase en cuenta que la Sentencia del TS (Sala 3.ª, Sección 7.ª) ) de 4 de marzo de 2002, fija como doctrina legal que «en aplicación conjunta de los artículos 5 a) y 10, la autoridad gubernativa tiene la facultad de prohibir una manifestación si estima razonadamente que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito y, como tal, potencialmente generadora de alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes». Fallo publicado en «B.O.E.» 10 abril 2002. JU0001060227TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, S, 4 Mar. 2002 (Rec. 2079/2001) LE0000170848_20020411Sentencia TS Sala 3.ª 4 Mar. 2002 (doctrina legal, arts. 5. a) y 10 LO 9/1983 de 15 Jul., Derecho de Reunión)

Artículo 11

De no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición u otras modificaciones propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente, en el plazo de cuarenta y ocho horas, trasladando copia de dicho recurso debidamente registrada a la autoridad gubernativa con el objeto de que aquélla remita inmediatamente el expediente a la Audiencia.

El Tribunal tramitará dicho recurso de conformidad con lo establecido en el art. 7.6 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.Téngase en cuenta que el artículo 7 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, ha sido derogado por la letra c) de la de la disposición derogatoria segunda de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa («B.O.E.» 14 julio).LE0000011272_20240320

Disposición adicional

Tendrán la consideración de autoridad gubernativa a los efectos de la presente Ley, además de las de la Administración General del Estado, las correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias para protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, con arreglo a lo dispuesto en los respectivos Estatutos y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y conforme al proceso de despliegue de las respectivas policías autónomas.

Disposición adicional introducida por L.O. 9/1999, 21 abril («B.O.E.» 22 abril), de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.LE0000012234_19990512

Disposición final primera

Esta Ley tiene carácter general y supletorio respecto de cualesquiera otras en las que se regule el ejercicio del derecho de reunión.

Disposición final segunda

Queda derogada la Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del Derecho de Reunión, y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición transitoria

En tanto no se promulgue la Ley Electoral prevista en el art. 81.1 de la Constitución, las reuniones y manifestaciones que se realicen con motivo de campaña de propaganda electoral estarán sujetas a la jurisdicción de los órganos de la Administración electoral.

Véase artículo 54 Ley Orgánica del Régimen Electoral General.LE0000007691_20221004