Sumario

Ley 24/2001, 27 diciembre, rectificada por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 24 mayo y 2 julio 2002).

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2002 establece determinados objetivos de pol�tica econ�mica, cuya consecuci�n hace necesario la aprobaci�n de diversas medidas normativas que permiten una mejor y m�s eficaz ejecuci�n del programa econ�mico del Gobierno, en los distintos �mbitos en que aqu�l desenvuelve su acci�n. Este es el fin perseguido por la presente Ley que, al igual que en a�os anteriores, recoge distintas medidas referentes a aspectos tributarios, sociales, de personal al servicio de las Administraciones p�blicas, de gesti�n y organizaci�n administrativa, y de acci�n administrativa en diferentes �mbitos sectoriales.

II

En materia tributaria debe tenerse en cuenta que el pr�ximo a�o est� previsto realizar una reforma en profundidad de la imposici�n directa, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas como en el Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, est� previsto abordar una reforma en profundidad del marco jur�dico-tributario general mediante la aprobaci�n de una nueva Ley General Tributaria.

No obstante, la presente Ley aborda una serie de medidas encaminadas a incentivar el crecimiento y el empleo de acuerdo con los criterios de pol�tica econ�mica fijados por el Gobierno para afrontar la ralentizaci�n del crecimiento econ�mico derivado del cambio de tendencia del ciclo econ�mico. Por otro lado, mediante la presente Ley se establecen determinados ajustes t�cnicos exigidos por la experiencia en la aplicaci�n de la norma y se introducen algunas modificaciones que vienen exigidas por la normativa comunitaria o por otras disposiciones legales cuya entrada en vigor exige que la normativa Tributaria se adapte desde el 1 de enero del a�o 2002.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas se ha ampliado el �mbito de determinadas exenciones y se ha establecido una disposici�n que facilitar� el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes casados. Esta �ltima medida se aplicar� con car�cter retroactivo desde 1 de enero del a�o 2001, al objeto de que los declarantes de este Impuesto puedan acogerse a la misma en la declaraci�n del ejercicio 2001 que deber� presentarse en el a�o 2002. Tambi�n, y con el �nimo de dotar de una mayor seguridad jur�dica a las retenciones por ese impuesto, se han regulado mediante ley algunos aspectos sobre esta materia.

Como medida m�s significativa de pol�tica econ�mica cabe destacar la supresi�n del l�mite conjunto de aportaciones para planes de pensiones individuales y de empleo, as� como el incremento del l�mite para las aportaciones realizadas por personas pr�ximas a la jubilaci�n y para personas con minusval�a. Los incentivos en materia de previsi�n social se completan estableciendo una deducci�n del 10 por 100 en la cuota del Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones empresariales a planes de pensiones de empleo de los trabajadores con rentas inferiores a un cierto umbral.

En el Impuesto sobre Sociedades se adoptan importantes medidas para favorecer el crecimiento econ�mico.

As�, podemos destacar la creaci�n de una nueva deducci�n en cuota por reinversi�n de beneficios extraordinarios, la ampliaci�n de la base de deducci�n por actividades de investigaci�n y desarrollo e innovaci�n tecnol�gica, la ampliaci�n del �mbito de aplicaci�n de los incentivos fiscales para las PYMES y la creaci�n de un nuevo r�gimen de tributaci�n para las entidades navieras que podr�n optar por tributar en funci�n del tonelaje. Tambi�n se ampl�a el l�mite temporal de amortizaci�n del fondo de comercio y el plazo para compensar bases imponibles negativas.

En el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se establece un nuevo tipo de gravamen para las rentas del trabajo percibidas por los trabajadores temporeros al objeto de paliar el exceso de tributaci�n de dichas rentas.

En cuanto a la imposici�n indirecta, en el Impuesto sobre el Valor A�adido se efect�an diversas modificaciones que vienen exigidas en su mayor parte por la normativa comunitaria y otras de car�cter t�cnico.

En este sentido, cabe destacar las que afectan al devengo del Impuesto para los contratos de ejecuci�n de obra y para ciertas operaciones de tracto continuado, las que afectan a la aplicaci�n del mecanismo de inversi�n del sujeto pasivo, a los procedimientos de devoluci�n para los empresarios no establecidos, entre otras. De otro lado, se ha procedido a sustituir las referencias a ecus y a pesetas por referencias a euros. En el �mbito de los Impuestos Especiales �nicamente se ha modificado el Impuesto sobre las Labores del Tabaco para dar cumplimiento a lo establecido por la normativa comunitaria.

Por otra parte, en el marco del modelo de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas se establece el nuevo impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, con la condici�n de impuesto estatal cedido a las Comunidades Aut�nomas y quedando afectada su recaudaci�n a la cobertura de los gastos en materia de sanidad y, en su caso, de los de actuaciones medio ambientales.

En cuanto al R�gimen Econ�mico y Fiscal de Canarias, adem�s de las modificaciones llevadas a cabo en el Impuesto General Indirecto Canario, en su mayor parte de car�cter t�cnico y las relativas a sustituci�n de las referencias a ecus y a pesetas por referencias a euros, se acomete una importante modificaci�n que consiste en la creaci�n del nuevo Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercanc�as en Canarias en sustituci�n del Arbitrio existente, de acuerdo con las previsiones contenidas en los Reglamentos europeos.

Tambi�n se introducen algunas modificaciones en materia de tasas, como son las que afectan a las tasas por reserva del dominio p�blico radioel�ctrico, a las tasas por inscripci�n y acreditaci�n catastral, a las tasas de la Jefatura Central de Tr�fico, a las tasas por la prestaci�n de servicios de control metrol�gico, a la tasa por actuaciones de los Registros de buques y empresas navieras, a la tasa por expedici�n de t�tulos profesionales mar�timos de recreo, a las tasas de la Comisi�n Nacional de la Energ�a, a las tasas por aproximaci�n y por prestaci�n de servicios en materia de navegaci�n a�rea, la tasa por la concesi�n y mantenimiento de los dominios de Internet, las tasas exigibles por los servicios y actividades realizadas en materia de medicamentos, la tasa por seguridad aeroportuaria, las tasas por prestaci�n de servicios y utilizaci�n del dominio p�blico aeroportuario, las tasas de la marina mercante, la tasa de seguridad en el transporte ferroviario y la tasa de seguridad portuaria.

Por �ltimo, cabe destacar la introducci�n de una medida que posibilite satisfacer las deudas Tributarias mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Hist�rico Espa�ol. Tambi�n se han introducido medidas relativas al acceso a los datos catastrales para determinadas entidades, organismos e instituciones p�blicas, as� como para los particulares en determinados supuestos y respecto a la renovaci�n del catastro r�stico.

En el r�gimen tributario general se introducen algunas modificaciones de car�cter t�cnico en la Ley General Tributaria, debiendo destacarse la nueva redacci�n del art�culo 123 que permitir� a los �rganos de gesti�n Tributaria una mayor efectividad en sus tareas de control y la modificaci�n del art�culo 105 que posibilitar� previa solicitud del interesado, la notificaci�n en apartados de correos y direcciones de correo electr�nico.

III

El T�tulo II de la Ley tiene por objeto el establecimiento de medidas relacionadas con el orden social.

En cuanto a las relaciones laborales se regula la normativa aplicable en materia de jornada de trabajo y descansos en los buques del registro especial.

Se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. As�, se establece que en los supuestos de alta m�dica anterior al agotamiento del plazo de duraci�n de la situaci�n de incapacidad temporal, sin que exista la ulterior declaraci�n de incapacidad permanente, subsistir� la obligaci�n de cotizar mientras no se extinga la relaci�n laboral o hasta la extinci�n del plazo m�ximo de duraci�n de la incapacidad temporal.

Se regula la jubilaci�n parcial. Se complementa la regulaci�n de las pr�rrogas en la duraci�n del subsidio por desempleo con objeto de normalizar a lo largo de la vida del subsidio un sistema de control homog�neo y universal sobre los subsidiados. El mismo sistema se establece con relaci�n a los subsidios para mayores de cincuenta y dos a�os, mediante la exigencia de presentar una declaraci�n anual de sus rentas en t�rminos similares a lo establecido para otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

As� mismo se incluyen dos nuevas disposiciones adicionales en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Se delimita el r�gimen jur�dico aplicable a las resoluciones administrativas de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, que no tengan car�cter recaudatorio o sancionador. Asimismo, se establecen medidas cautelares en los supuestos de incumplimiento, por parte de los beneficiarios o causantes de las prestaciones econ�micas del Sistema de Seguridad Social, de la obligaci�n de presentar declaraciones preceptivas o documentos que no obren en poder de la Entidad y a cuya presentaci�n hubieran sido requeridos, siempre que tales declaraciones o documentos puedan afectar a la conservaci�n del derecho a las prestaciones.

En fin, se suprime la obligaci�n de los empresarios de llevar un Libro de Matr�cula del Personal.

Se modifica el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social, reduciendo de cinco a cuatro a�os la obligaci�n de conservar la documentaci�n o los registros o soportes inform�ticos en que consten los datos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliaci�n, altas, bajas o variaciones que se hubieran producido en relaci�n con dicha materia. Dicha rebaja es consecuencia de la reducci�n del plazo de prescripci�n de las acciones y obligaciones en materia de Seguridad Social.

En lo referente a los Reg�menes especiales de Seguridad Social, se modifica el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, reduciendo de cinco a cuatro a�os el plazo de prescripci�n de la obligaci�n de pago de las cotizaciones al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

En lo atinente a la ayuda a las v�ctimas del terrorismo se introducen medidas tendentes a armonizar los dos reg�menes de ayudas a dichas v�ctimas vigentes en nuestro ordenamiento, el general, recogido por esta Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y el especial, recogido en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las V�ctimas del Terrorismo.

Asimismo se ampl�a el �mbito temporal de aplicaci�n de la Ley de Solidaridad con las V�ctimas del Terrorismo, hasta el 31 de diciembre de 2002.

IV

El T�tulo III de la Ley contiene diversas medidas que afectan al personal al servicio de las Administraciones p�blicas.

En cuanto al r�gimen general del personal funcionario y estatutario, en materia de Cuerpos y Escalas, se regula el acceso de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que desempe�an plazas en los Equipos de Orientaci�n Educativa y Psicopedag�gica al Cuerpo de Profesores de Ense�anza Secundaria, as� como la integraci�n del personal laboral del Centro de Investigaci�n Energ�tica, Medioambiental y Tecnol�gica (CIEMAT) en las escalas de los Organismos P�blicos de investigaci�n. Se crean las Escalas de T�cnicos Especialistas de Grado Medio de Organismos P�blicos de investigaci�n, y Ayudantes de Investigaci�n de los Organismos P�blicos de investigaci�n, se modifica la denominaci�n de los Cuerpos Especiales de Estad�stica de la Administraci�n General del Estado, y se crean los Cuerpos T�cnicos del Ministerio de Hacienda.

En lo referido a situaciones administrativas, se modifica la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, para recoger la facultad de opci�n de los Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares por las situaciones de servicios especiales y de servicio activo, as� como se prorroga el periodo de aplicaci�n del r�gimen especial de jubilaci�n del personal docente no universitario, sujeto al r�gimen de Clases Pasivas.

Asimismo se modifican diversas disposiciones atinentes al r�gimen peculiar de los funcionarios de la Administraci�n local.

Se modifica la disposici�n adicional novena del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, en lo concerniente a la regulaci�n del r�gimen de derechos pasivos aplicable a los funcionarios comprendidos en el �mbito personal de cobertura del r�gimen de Clases Pasivas que pasen a prestar servicios en la Administraci�n de las Comunidades Europeas, as� como el de aquellos funcionarios que, cesando en la prestaci�n de servicios a las Instituciones comunitarias, reingresen al servicio activo en la Administraci�n espa�ola.

En lo que ata�e a otros reg�menes de personal se modifican diversos preceptos de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de R�gimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Se hace extensivo a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil la regulaci�n que, en materia de excedencia voluntaria por acogimiento permanente o preadoptivo, y para cuidado de un familiar, establece la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliaci�n de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras.

Por �ltimo, se modifica la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situaci�n de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Polic�a.

V

El T�tulo IV de la Ley se dedica a la regulaci�n de las medidas de gesti�n y organizaci�n administrativa.

En materia de gesti�n financiera, en primer lugar, se modifica un conjunto de normas incluidas en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

As�, se delimita el �mbito de los Presupuestos Generales del Estado, adecu�ndolo a lo dispuesto tanto en el art�culo 6 del propio texto refundido de la Ley General Presupuestaria, como en la Ley de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, al tiempo que se adaptan algunos de sus preceptos a las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas.

Adem�s, se adecuan los l�mites de fiscalizaci�n previa en los supuestos de anticipo de caja fija, que se cifran en 5.000 euros, y se regula el procedimiento a seguir en los supuestos en que siendo la funci�n interventora preceptiva se hubiesen omitido, y se determina las auditor�as que debe realizar anualmente a la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado, en el �mbito de Seguridad Social.

En lo concerniente a la gesti�n en materia de contrataci�n, se modifica el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, previendo que, para el caso de inicio de expediente de resoluci�n del contrato, cuando las obras contratadas hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administraci�n con car�cter de urgencia por motivos de seguridad, para evitar la ruina de lo construido, el �rgano de contrataci�n pueda acordar la continuaci�n, una vez que haya notificado al contratista la liquidaci�n de la obra ejecutada, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la liquidaci�n.

Asimismo se regula el contrato de servicios para la gesti�n de los sistemas de informaci�n, que comprende el mantenimiento, la conservaci�n, reparaci�n y actualizaci�n de los equipos f�sicos y l�gicos de tratamiento de la informaci�n, as� como la actualizaci�n de los programas inform�ticos y el desarrollo de nuevos programas.

En lo atinente a la organizaci�n administrativa se incluyen normas relativas a la creaci�n de entidades, o la modificaci�n de los reg�menes jur�dicos de organismos p�blicos y sociedades mercantiles estatales, ya existentes. As� se crea el Organismo Aut�nomo Tribunal de Defensa de la Competencia. Se introducen modificaciones en el r�gimen jur�dico de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y en el de la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional. Se atribuye al Instituto Astrof�sico de Canarias el r�gimen jur�dico de los Organismos P�blicos de investigaci�n y, en fin, se modifica el r�gimen jur�dico de la �Sociedad Estatal para las Ense�anzas Aeron�uticas Civiles, Sociedad An�nima� (SENASA).

En materia de procedimientos administrativos, se a�ade una disposici�n adicional a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, regulando la presentaci�n de solicitudes y comunicaciones a la Administraci�n por medio de servicios telem�ticos, y se modifica la regulaci�n de determinados procedimientos administrativos especiales, tanto en lo que se refiere a los plazos para su resoluci�n como al sentido del silencio administrativo a las solicitudes presentadas.

VI

El T�tulo V de la Ley contiene previsiones relativas a diversos aspectos de la acci�n administrativa sectorial, entre las que cabe rese�ar las siguientes.

En primer lugar, en cuanto a la acci�n administrativa en materia de ordenaci�n econ�mica, en lo que se refiere a seguros, se modifica la Ley de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, elevando la cuant�a l�mite de las prestaciones econ�micas garantizadas por las mutualidades de previsi�n social, estableci�ndose que no podr�n exceder de 21.000 euros como renta anual ni de su equivalente actuarial como percepci�n �nica de capital. As� mismo se establece la equivalencia actuarial entre las prestaciones previstas en forma de renta anual y de capital, disponiendo que para aquellas entidades incursas en algunas de las situaciones previstas en los art�culos 26 o 39.1 de la Ley, las nuevas prestaciones econ�micas que se garanticen no podr�n exceder de 18.000 euros como renta anual ni de 78.000 euros como percepci�n �nica de capital.

En materia de pol�tica monetaria y sistema financiero, se modifica la Ley sobre introducci�n del euro, a�adiendo una disposici�n adicional a efectos de regular las medidas de protecci�n del euro contra falsificaciones.

En lo que se refiere a la acci�n administrativa en materia de energ�a se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, incluyendo en la planificaci�n la determinaci�n de la capacidad de regasificaci�n total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema gasista.

En lo concerniente a la acci�n administrativa en materia de infraestructuras y transporte, se modifica la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras, disponiendo que el plazo para resolver y notificar la aprobaci�n definitiva del expediente de informaci�n p�blica, as� como del Estudio informativo ser� de seis meses, a contar desde la publicaci�n de la Declaraci�n de Impacto Ambiental en el �Bolet�n Oficial del Estado� o desde la terminaci�n del per�odo de informaci�n p�blica.

Asimismo se modifica la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcci�n, Conservaci�n y Explotaci�n de Autopistas en R�gimen de Concesi�n, regulando la utilizaci�n de sistemas o medios t�cnicos, mec�nicos o de reproducci�n de imagen que identifiquen, para acreditar los hechos, a los veh�culos, en las autopistas que tengan implantado el sistema de peaje din�mico o telepeaje.

Se introducen diversas medidas en materia de puertos, y se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres, recogiendo las normas para la revisi�n peri�dica general de las tarifas y obligaciones contables en relaci�n con los servicios p�blicos regulares interurbanos permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera.

Asimismo se recogen diversas medidas referentes a la ordenaci�n de los servicios postales y de acci�n administrativa en materia de vivienda.

En lo que hace referencia a la acci�n administrativa en materia de telecomunicaciones, se modifican diversos preceptos de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de las Telecomunicaciones.

Se regula el suministro por los titulares de autorizaciones de la informaci�n precisa para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones en lo que se refiere a facilitar los datos para la confecci�n de las gu�as telef�nicas y la prestaci�n de los servicios de informaci�n por los dem�s operadores y entidades habilitadas. Se establece que la comercializaci�n de las gu�as de abonados a los servicios de telecomunicaciones y de los servicios de informaci�n se realizara en r�gimen de libre competencia.

Adem�s, se modifica el Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes en el sector de las Telecomunicaciones, disponiendo que el tr�fico dirigido al rango de numeraci�n espec�fica de acceso a Internet se entregar� por los operadores dominantes del servicio telef�nico fijo disponible al p�blico, de forma separada del tr�fico de telefon�a vocal, y en los mismos puntos de interconexi�n de voz existentes.

En materia de ciencia y tecnolog�a se introducen medidas encaminadas al mejor funcionamiento y desarrollo de la actividad de los Organismos p�blicos de investigaci�n.

En cuanto a la acci�n administrativa en materia de agua y de medio ambiente, se modifican diversos preceptos de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulaci�n del r�gimen econ�mico de la explotaci�n del Acueducto Tajo-Segura y del Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura. Asimismo se modifica el art�culo 132 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, previendo que las sociedades all� reguladas puedan tener tambi�n por objeto la adquisici�n de obras hidr�ulicas, p�blicas o privadas, para su integraci�n en sistemas hidr�ulicos, y concluye el capitulo con la imposici�n de la obligaci�n de constituci�n de una garant�a para hacer frente a las responsabilidades en que pudiesen incurrir los titulares de autorizaciones para la realizaci�n de actividades de eliminaci�n de residuos.

En lo que ata�e a la acci�n administrativa en materia de sanidad, se modifican diversos preceptos de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, siendo de destacar aquellos que tienen por objeto regular la posibilidad de que las oficinas de farmacias y servicios farmac�uticos, que no dispongan de los medios necesarios, puedan excepcionalmente encomendar a una entidad, legalmente autorizada para tal fin por la Administraci�n sanitaria competente, la realizaci�n de una o varias fases de la elaboraci�n o control de f�rmulas magistrales.

VII

Las disposiciones adicionales complementan la Ley recogiendo diversas previsiones que, por razones de t�cnica legislativa, no se consideran susceptibles de inclusi�n en los T�tulos anteriormente aludidos.