Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisi髇 de Puestos de Trabajo y Promoci髇 Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administraci髇 de Justicia

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Sumario

La promulgaci髇 de la Ley Org醤ica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificaci髇 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, supone una profunda transformaci髇 en la organizaci髇 de la Administraci髇 de Justicia y en la del personal al servicio de la misma.

Desde esta perspectiva puede decirse que dicha reforma, plasmada, en lo que aqu� interesa, en la modificaci髇 del libro V de la Ley Org醤ica debe implicar una honda transformaci髇 de la oficina judicial.

La reorganizaci髇 de la oficina judicial resulta una tarea de indudable complejidad debido, entre otras razones, a que en esta realidad concurre un c鷐ulo de peculiaridades que la singularizan frente a cualquier otro 髍gano de gesti髇.

En primer lugar, la evoluci髇 de las formas de trabajo desempe馻do en las oficinas judiciales exige nuevas estructuras con mejor dise駉 organizativo, imprescindible no s髄o por la progresiva incorporaci髇 de nuevas tecnolog韆s a este 醡bito, sino fundamentalmente para prestar una atenci髇 de calidad a los ciudadanos.

En segundo lugar, las oficinas judiciales no pueden ser ajenas a la realidad del Estado auton髆ico, especialmente cuando se ha producido un intenso proceso de traspaso de funciones y servicios en este 醡bito que obliga a una detallada delimitaci髇 de los 醡bitos competenciales de las Administraciones implicadas en la dotaci髇 de medios personales y materiales al servicio del Poder Judicial.

Finalmente, la confluencia en la oficina judicial de varios 醡bitos de decisi髇 que recaen sobre una 鷑ica realidad ha demostrado con frecuencia ser fuente de conflictos, sin que las normas que ahora se sustituyen establecieran mecanismos oportunos de colaboraci髇, coordinaci髇 y garant韆 que aseguraran la autonom韆 funcional y org醤ica de unos y otros centros de decisi髇.

El nuevo modelo de oficina judicial arranca con el prop髎ito claro de que su funcionamiento garantice la independencia del poder al que sirve, conjugando al tiempo, y sin merma alguna de lo anterior, una adecuada racionalizaci髇 de los medios que utiliza. A fin de armonizar estos objetivos, en el plano exclusivamente organizativo se define a la oficina judicial como la organizaci髇 de car醕ter instrumental que de forma exclusiva presta soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional. Por su singularidad se recoge expresamente la necesaria reserva de funci髇, de suerte que s髄o los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administraci髇 de Justicia podr醤 desempe馻r los puestos de trabajo de los que est� dotada la oficina judicial.

En su dise駉 se ha optado por un sistema flexible que permita que cada oficina judicial se adapte a cualquier tipo de necesidades de la Administraci髇 de Justicia, siendo el criterio diferenciador que permite singularizarla de otras organizaciones administrativas el que su actividad se encuentra regida principalmente por normas procesales.

Con estas caracter韘ticas, la oficina judicial, como g閚ero, comprende como especies tanto a las unidades procesales de apoyo directo como a los servicios comunes procesales. Las primeras asumir醤 la tarea de asistir de modo cercano a los jueces y tribunales en el ejercicio de las funciones que les son propias. Por su parte, los servicios comunes procesales son objeto de especial regulaci髇, llenando el vac韔 legal existente hasta el momento, fomentando su desarrollo y especializaci髇, y estableciendo un sistema que garantice un mejor gobierno, particularmente en aquellos casos en los que, por su complejidad o tama駉, resulta imprescindible la existencia de niveles intermedios. A todo ello se a馻de, como elemento decisivo y deseable para el buen funcionamiento del sistema, la creaci髇 de servicios comunes procesales que asuman la ordenaci髇 del procedimiento.

As�, se pretende ante todo racionalizar y actualizar medios personales y materiales para una mejor y m醩 r醦ida administraci髇 de justicia.

Este contexto organizativo debe verse acompa馻do con la reforma funcional de los Cuerpos de funcionarios que prestan servicios dentro de la Administraci髇 de Justicia.

De tal modo, la figura del secretario judicial, regulada en el libro V de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se convierte en una de las claves de la actual reforma. No s髄o se definen con mayor precisi髇 sus funciones, sino que se le atribuyen otras, potenciando as� sus capacidades profesionales. Asume, adem醩, responsabilidades en materia de coordinaci髇 con las Administraciones p鷅licas con competencias en materia de Justicia.

El libro VI de la misma Ley Org醤ica regula b醩icamente el estatuto jur韉ico de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administraci髇 de Justicia. La regulaci髇 se traduce en una amplia modificaci髇 funcional y de los requisitos para el acceso y provisi髇 de los puestos de trabajo que sea acorde con el nuevo modelo de gesti髇 p鷅lica de los servicios de la Administraci髇 de Justicia.

La configuraci髇 del estatuto de los funcionarios al servicio de la Administraci髇 de Justicia sufre as� un importante cambio en su conformaci髇. La delimitaci髇 de un estrato directivo en la oficina judicial, la apuesta por un sistema num閞icamente significativo de promoci髇 interna, la profesionalizaci髇 de la funci髇 y la potencial introducci髇 de elementos retributivos que valoren la productividad y el ejercicio efectivo de la funci髇, configuran un panorama en el que la carrera y las expectativas profesionales de los funcionarios comienzan a tener un perfil diferente al tradicional y en el que se generan expectativas profesionales en la carrera de estos funcionarios, aspecto 閟te que constituye uno de los elementos centrales de cualquier sistema de organizaci髇 del empleo p鷅lico y en el que las normas futuras deben profundizar.

A partir de este esquema general, el reglamento analiza el desarrollo del proceso selectivo, estableciendo las reglas para la confecci髇 de la oferta p鷅lica de empleo y la participaci髇 que en la misma deben tener las comunidades aut髇omas para conseguir un conjunto arm髇ico que d� satisfacci髇 a las necesidades de todos cuantos intervienen en este 醡bito.

M醩 all� de este esquema se determinan los procedimientos selectivos, en los que los sistemas comunes son la oposici髇 y el concurso-oposici髇, aunque la utilizaci髇 de este segundo sistema se configura con un car醕ter excepcional para el turno libre.

Desde una perspectiva org醤ica se establece la creaci髇 de una Comisi髇 de Selecci髇 de Personal, con car醕ter de 髍gano de la Administraci髇 y cuya funci髇 es la de establecer una homologaci髇 de los elementos que, con car醕ter com鷑, componen los procesos selectivos, tales como programas, temarios, bases de las convocatorias, etc.

Este 醡bito organizativo se completa con la regulaci髇 de los tribunales, que son los que juzgan, ya en el plano concreto, las distintas pruebas selectivas. Se establece su funcionamiento desde un Tribunal 鷑ico que ejerce sus competencias en el seno de las comunidades aut髇omas con traspasos recibidos en materia de justicia, mediante la creaci髇 de Tribunales Delegados.

El reglamento regula el r間imen y contenido de las convocatorias, de las solicitudes de participaci髇 en los procesos selectivos, el r間imen de admitidos y excluidos a la participaci髇 en las mismas, las reglas formales de realizaci髇 de los ejercicios y la relaci髇 de aprobados y forma de aportar la documentaci髇 correspondiente, as� como el per韔do de pr醕ticas y el curso selectivo. Se incluye, asimismo, el r間imen jur韉ico de los funcionarios en pr醕ticas.

La regulaci髇 incluye una referencia a la forma de nombramiento de los funcionarios interinos, el r間imen de prestaci髇 de servicios y el de cese.

En sinton韆 con los diversos acuerdos que el Ministerio de Justicia y las centrales sindicales presentes en la Mesa Sectorial vienen adoptando, se establece una regulaci髇 de la promoci髇 interna como forma de acceso a los cuerpos superiores en titulaci髇 o a los de distinta especialidad, dentro del mismo nivel de titulaci髇. Se detallan las caracter韘ticas de las pruebas y las l韓eas generales y m閞itos a incluir en la fase de concurso.

El segundo de los grandes bloques tem醫icos es el relativo a la provisi髇 de puestos de trabajo. El esquema del reglamento consiste en diferenciar los sistemas de provisi髇 en situaciones de normalidad, que son el concurso y la libre designaci髇, siendo este segundo sistema de car醕ter excepcional frente al primero y s髄o para los puestos que en las respectivas relaciones de puestos de trabajo aparezcan expresamente identificados para su provisi髇 de este modo; de las situaciones que son consecuencia de los procesos de reorganizaci髇 y cambios organizativos que necesariamente concurren en todas las Administraciones, y especialmente en un proceso tan din醡ico como debe suponer el de la transformaci髇 que introduce la nueva configuraci髇 de los servicios que se plasma en la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En este 醡bito se incluyen la redistribuci髇 de efectivos, la reordenaci髇 de efectivos y la reasignaci髇 forzosa.

El desarrollo de los sistemas previstos determina las condiciones en las que pueden aplicarse cada uno de los sistemas y la forma operativa de llevarlos a cabo, incluyendo una menci髇 espec韋ica a los m閞itos y circunstancias que deben darse para la aplicaci髇 respectiva de los sistemas previstos. Se determinan las reglas para el reingreso al servicio activo de los funcionarios que est閚 prestando servicios en otro cuerpo y la de los suspensos y rehabilitados.

En s韓tesis, se trata de dotar a los gestores de la Administraci髇 de Justicia de un conjunto de instrumentos y mecanismos que son comunes en la gesti髇 p鷅lica de recursos humanos y que deben permitir la transformaci髇 de tal gesti髇 en este 醡bito sectorial. Este impulso normativo es acorde con el que demanda la transformaci髇 impuesta en la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con la necesidad de culminar la reforma de la prestaci髇 del servicio p鷅lico de la Justicia en condiciones de mayor eficacia y eficiencia y con respeto e interacci髇 cooperativa con las distintas instancias territoriales y corporativas que intervienen en la gesti髇 de tal servicio, esencial en un Estado democr醫ico.

En la elaboraci髇 de esta disposici髇 se ha cumplido el tr醡ite de audiencia al que se refiere el art韈ulo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y han informado el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades aut髇omas con traspasos recibidos y el Ministerio de Administraciones P鷅licas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 2 de diciembre de 2005,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional tercera Destino de los m閐icos forenses y facultativos tras su cese en cargos de libre designaci髇 en un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposici髇 transitoria s閜tima, los Directores y Subdirectores de Institutos de Medicina Legal o los Directores, incluyendo los de Departamento y Delegaci髇, del Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses que hubieren cesado en su cargo, desempe馻do con car醕ter definitivo, ser醤 adscritos provisionalmente a una plaza vacante gen閞ica en la sede del Instituto donde prestaban servicios, debiendo participar en el primer concurso de traslado en el que se oferten plazas en dicha sede. En este concurso gozar醤 de preferencia para ocupar las vacantes de car醕ter gen閞ico.

LE0000546862 Disposici髇 adicional tercera introducida por el art韈ulo tercero del R.D. 63/2015, de 6 de febrero, por el que se modifica el R.D. 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicolog韆, el R.D. 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y el R.D. 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisi髇 de puestos de trabajo y promoci髇 profesional del personal funcionario al servicio de la Administraci髇 de Justicia (獴.O.E.� 23 febrero).Vigencia: 24 febrero 2015

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Queda derogado el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Org醤ico del Cuerpo de M閐icos Forenses, en cuanto se oponga a lo establecido en el reglamento que se aprueba por este real decreto en materia de ingreso, provisi髇 de puestos de trabajo y promoci髇 profesional; y el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Org醤ico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administraci髇 de Justicia, salvo los art韈ulos 50, 51 y 52 de dicho reglamento, que se mantendr醤 en vigor hasta tanto se aprueben definitivamente por el Ministerio de Justicia todas las relaciones de puestos de trabajo y se hayan realizado 韓tegramente los procesos de acoplamiento de las distintas unidades que conforman la estructura de las oficinas judiciales seg鷑 lo dispuesto en la Ley Org醤ica 19/2003, de 23 de diciembre.

LE0000008784LE0000008783