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Base de Datos de Legislación

Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones

Ficha:
  • Órgano MINISTERIO DE FOMENTO
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 06 de Septiembre de 1998. Revisión vigente desde 06 de Septiembre de 1998
Versiones/revisiones:

Sumario

Derogado por
Ir a Norma RD 424/2005 de 15 Abr. (Reglamento sobre condiciones para prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, servicio universal y protección de usuarios)
Norma afectada por
1/1/2001
Ir a Norma L 11/1998 de 24 Abr. (general de telecomunicaciones)
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Téngase en cuenta que el número 2 del artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones, en la redacción dada al mismo por el artículo 66 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre), atribuye al Ministerio de Ciencia y Tecnología el ejercicio de las facultades previstas en este artículo. Ir a Norma

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Régimen transitorio aplicable al servicio universal y a los servicios obligatorios

1. La prestación del servicio universal de telecomunicaciones dará lugar a contraprestación económica a partir del 1 de diciembre de 1998. No obstante, el operador obligado no tendrá derecho al cobro efectivo hasta que se produzca la aprobación del sistema de contabilidad de costes a que se refiere el párrafo siguiente.

El operador inicialmente obligado a prestar el servicio universal deberá presentar, para su aprobación por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, antes del 31 de julio de 1999, el sistema de contabilidad de costes que va a aplicar.

2. Hasta la fijación de las facilidades incluidas en el servicio universal a que se refiere el artículo 16 de este Reglamento y la aprobación de los programas tarifarios a que se refiere el artículo 18.2, tendrán la consideración de obligaciones de servicio universal, las que estén fijadas, para los operadores, en sus respectivos títulos habilitantes para la prestación de servicios portadores y finales, con arreglo a la derogada Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

3. Hasta la determinación de los servicios obligatorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de este Reglamento, se considerarán como tales los que se encuentren fijados en los contratos concesionales para la prestación de servicios portadores y finales, vigentes a la entrada en vigor de este Reglamento. Igualmente, hasta que se determinen los operadores obligados a su prestación, habrán de llevarlos a cabo los titulares de los referidos contratos.

4. Las condiciones de calidad para la prestación del servicio universal y de los servicios obligatorios a los que se refiere el artículo 40.2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones, serán, inicialmente, las establecidas en los contratos concesionales para los operadores que, a la entrada en vigor de este Reglamento, tengan título habilitante para la prestación del servicio telefónico disponible para el público y para la explotación de redes públicas de telecomunicaciones.

Para el servicio telefónico disponible al público, las condiciones de calidad que figuran en los contratos a los que se refiere el párrafo anterior deberán, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Reglamento, acomodarse a las que se establezcan mediante Orden ministerial, teniendo en cuenta lo dispuesto en el anexo.

5. En tanto se aprueben los planes a los que se refiere el artículo 5, se podrán imponer obligaciones de servicio público para determinados servicios, de conformidad con lo previsto en este Reglamento.

6. Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento, podrán imponerse nuevas obligaciones de servicio público, de conformidad con lo previsto en el artículo 40, a los operadores que obtengan licencia individual y que ya tengan este tipo de obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento y en la Orden ministerial sobre Licencias Individuales. Asimismo, dichas obligaciones de servicio público podrán imponerse, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento, a los operadores dominantes que dispongan del título habilitante con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones.

7. A los operadores no dominantes que dispongan de títulos habilitantes para la prestación de servicio telefónico fijo disponible al público y para la explotación de redes públicas de telecomunicaciones otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones, se les podrán imponer obligaciones de las previstas en el artículo 20.1 y 2 de este Reglamento, transcurridos cinco años desde que aquélla se produzca. Hasta que transcurra dicho plazo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá mantener a dichos operadores las obligaciones derivadas de sus títulos anteriores, a efectos de respetar el equilibrio del mercado entre los distintos prestadores de servicios a que se refiere la disposición transitoria primera de la Ley General de Telecomunicaciones.

A los citados operadores no dominantes se les podrá imponer la obligación de cofinanciar el servicio universal, antes del transcurso de dicho plazo, con arreglo a lo previsto en el presente Reglamento.

8. Las obligaciones de servicio público para la extensión del uso de nuevos servicios y nuevas tecnologías a la educación, a la sanidad y a la cultura se podrán imponer a los operadores dominantes y a los que tengan asignadas otras obligaciones de servicio público, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento.

Segunda Guías telefónicas y teléfonos públicos de pago

1. Hasta el 31 de diciembre del año 2005, el operador inicialmente dominante deberá elaborar las guías a las que se refiere el artículo 14. Dicho operador habrá de suministrarlas gratuitamente a sus abonados y, previo el pago del importe de su coste, al resto de los operadores que presten el servicio telefónico fijo disponible al público. Durante este período, dichos operadores tendrán, igualmente, la obligación de entregarlas de manera gratuita a sus abonados. En dichas guías, la información relativa a los servicios y abonados de los distintos operadores, deberán recibir el mismo grado de relieve.

2. Transcurridos dos años tras la entrada en vigor de este Reglamento, mediante orden y con periodicidad anual, se establecerá el porcentaje de teléfonos públicos de pago afectos al cumplimiento del servicio universal que deberán permitir la conexión de fax y módem e incorporar prestaciones adicionales para favorecer la comunicación de los discapacitados, según lo establecido en la Orden a la que se refiere el último párrafo del artículo 16.

Tercera Operador designado para la prestación del servicio universal

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley General de Telecomunicaciones, el operador inicialmente designado para la prestación del servicio universal, hasta el 31 de diciembre de 2005, es «Telefónica de España, Sociedad Anónima». Transcurrido dicho plazo, será de plena aplicación lo establecido en el artículo 21, sin que el citado operador tenga derecho a indemnización.

Cuarta Financiación transitoria del servicio de seguridad de la vida humana en el mar

Por un período inicial de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones, el servicio podrá financiarse mediante generación de crédito a favor del centro directivo al que corresponde la prestación del servicio por la cuantía de las insuficiencias acreditadas, con cargo a los ingresos indicados en los artículos 72 y 73 de la Ley General de Telecomunicaciones que no estén afectos a la satisfacción de las necesidades de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Quinta Servicios de correspondencia pública marítima

Corresponderá, por un período inicial de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones, la prestación de los servicios de correspondencia pública marítima a la entidad que tiene encomendada la de los servicios de seguridad de la vida humana en el mar en el momento de la entrada en vigor de este Reglamento, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria novena de la Ley General de Telecomunicaciones.

Sexta Derechos de los usuarios

Hasta que se publique la orden por la que se regule el procedimiento y condiciones para proceder a la suspensión o interrupción del servicio telefónico, se seguirá aplicando, en lo referente a dichas materias, la normativa vigente antes de la publicación de este Reglamento.

Asimismo, en tanto se publique la orden por la que se establezcan las condiciones y criterios para la imposición a los abonados al servicio telefónico disponible al público de depósitos de garantía y si éstos han de ser o no remunerados, serán de aplicación las siguientes reglas:

a) La cuantía del depósito en el supuesto recogido en la letra a) del apartado 3 del artículo 57 se determinará sumando el importe de los tres últimos recibos impagados del contrato de abono que fundamentan la exigencia del depósito. En el caso de negarse el abonado a su constitución, el operador podrá desestimar su solicitud.

b) En el supuesto previsto en el artículo 57.3, párrafo b), la cuantía se determinará sumando el importe de los tres últimos recibos facturados al titular del contrato o, en caso de que el contrato tuviera una menor antigüedad, la cantidad resultante de multiplicar por tres el último recibo. En el supuesto de no constituirse el depósito en el plazo de los quince días siguientes a su requerimiento fehaciente por el operador, éste podrá suspender el servicio contratado. También podrá dar de baja al abonado si, transcurrido un nuevo plazo de diez días, desde un segundo requerimiento, no se constituyese el depósito.

c) En el supuesto previsto en la letra c) del apartado 3 del artículo 57 de este Reglamento, la cuantía del depósito será la equivalente al triple de la cuota del alta inicial.

d) El depósito no será remunerado y se cancelará cuando desaparezcan las causas que lo motivaron.

Séptima Promoción comercial de los servicios de telecomunicaciones por los operadores

No será necesario solicitar el consentimiento de los abonados respecto al tratamiento de los datos personales a los que se refiere el apartado 3 del artículo 65, cuando dicho tratamiento se haya iniciado antes de la entrada en vigor de este Reglamento. No obstante, el operador deberá informar a los abonados, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Reglamento, de que se está produciendo para que éstos, en el plazo de un mes desde la recepción de la información, puedan exigir que no se realice el mismo para la promoción comercial de los servicios de telecomunicaciones del operador. Transcurrido dicho plazo sin que el abonado se haya pronunciado al respecto, se entenderá que no se opone.

Octava Guías de servicios de telecomunicaciones

Lo establecido en el artículo 67 sobre protección de los datos personales para las guías de servicios de telecomunicaciones no será de aplicación para aquellas que estén publicadas a la entrada en vigor de este Reglamento.

Novena Presentación y limitación de la línea llamante y conectada

Los operadores a los que se refiere el artículo 69 deberán cumplir lo establecido en el capítulo III del Título V, antes del 24 de octubre de 1998.

No obstante lo anterior, los operadores del servicio telefónico fijo disponible al público que tengan abonados conectados a centrales analógicas de conmutación, estarán obligados a ofrecerles la supresión en origen llamada a llamada y la supresión por línea de la identificación de la línea llamante, en la medida en que técnicamente pueda hacerse, desde el inicio de la campaña de información a que se refiere el apartado tercero del artículo 69. En todo caso, los mencionados abonados deberán disponer de la posibilidad de suprimir la identificación de la línea llamante. Esta posibilidad se hará operativa antes del 28 de febrero de 1999 para la supresión de la identificación en origen, llamada a llamada, y antes del 30 de junio de 1999 para la supresión de la identificación por línea.

ANEXO

Indicadores para la medición de la calidad de los servicios de telefonía disponibles al público

Indicador (1) Definición Método de medida
Plazo de suministro de la conexión inicial ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
Proporción de averías por línea de acceso ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
Plazo de reparación de averías ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
Proporción de llamadas fallidas ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
Demora de establecimiento de llamadas ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
Tiempo de respuesta de los servicios de operadora ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
Tiempo de respuesta de los servicios de consulta de guías Igual que para los servicios de operadora. Igual que para los servicios de operadora.
Proporción de teléfonos públicos de pago de monedas y tarjetas en estado de funcionamiento ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
Precisión de la facturación Véase (2) Véase (2)
(1)

los indicadores deben permitir un análisis del rendimiento con carácter regional (es decir, no inferior al nivel 2 de la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas establecidas por Eurostat).

Ver Texto
(2)

precisión de la facturación. Se utilizarán las definiciones y métodos de medida nacionales hasta que se haya llegado a una definición y a un método de medida común en el ámbito europeo.

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