• Expandir / Contraer índice sistemático
• PREÁMBULO
• Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación
• Artículo 2  Participación y capacidad económica
• Artículo 3  Determinación de la cuantía de la participación de los usuarios en el coste de los diferentes servicios
• Artículo 4  Obligados al pago
• Artículo 5  Devengo y pago
• Artículo 6  Revisión de la participación
• Artículo 7  Régimen aplicable en los supuestos de impago
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera  Precios públicos del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
  • Segunda  Régimen aplicable a la aportación de los beneficiarios en el coste de los servicios de la dependencia
  • Tercera  Incidencia económica
  • Cuarta  Otros centros y servicios
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera  Contratos vigentes a la entrada en vigor del decreto
  • Segunda  Actualización de precios públicos
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  • Única  Derogación normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera  Modificación del Decreto 227/1991, de 9 de diciembre, del Consell
  • Segunda  Habilitación normativa
  • Tercera  Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. Por el presente decreto se determinan los criterios y cuantías aplicables para la exacción de precios públicos por las prestaciones de servicios sociales, y entregas de bienes accesorias a los mismos, realizadas por la Generalitat y sus entes de derecho público dependientes, con medios propios integrantes de la red de servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se incluyen los siguientes servicios, dirigidos a mayores y personas con discapacidad:

• a) Servicio de atención residencial.
• b) Servicio de centro de día y de noche.
• c) Servicio de teleasistencia.
• d) Servicio de ayuda a domicilio.
• e) Servicio de atención en centros de rehabilitación e integración social.
• f) Servicio de viviendas tuteladas.

Artículo 2 Participación y capacidad económica

1. La cuantía de los precios públicos por la prestación de los servicio para mayores y personas con discapacidad se determinará en cada caso, de acuerdo con la capacidad económica del usuario.

2. La capacidad económica personal de las personas usuarias de los citados servicios se calculará valorando el nivel de renta personal.

3. Para valorar la capacidad económica de la persona usuaria del servicio se aplicarán las siguientes reglas:

• a) Se entiende por renta la totalidad de los ingresos derivados de los rendimientos del trabajo, incluidas las pensiones y prestaciones de previsión social cualquiera que sea su régimen, los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, los rendimientos de actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales.

  En los casos de persona beneficiaria con cónyuge, en régimen de gananciales o de participación de bienes, o cuando se presente declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entenderá como renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.

  A los efectos de determinar la renta individual del beneficiario se computará como una prestación no contributiva la prestación por hijo a cargo, cuando dicho beneficiario sea el causante de la misma y tenga una edad superior a 18 años.

  Cuando la persona usuaria tenga la condición de persona con discapacidad y tenga a su cargo cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores de edad con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento, que dependan económicamente de ella, su capacidad económica se determinará dividiendo su renta y patrimonio entre el número de estas personas, incluido el beneficiario.

• b) Se entiende por patrimonio la totalidad del capital mobiliario e inmobiliario de la persona beneficiaria. Para la estimación del valor de este se seguirán las normas establecidas para el Impuesto sobre el Patrimonio con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.

  Se consideran exentos de cómputo la vivienda habitual y los bienes y derechos calificados como exentos en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, hasta el límite que determine la legislación del Impuesto sobre el Patrimonio aplicable cuando el beneficiario reciba servicios o prestaciones y deba continuar residiendo en su domicilio, o bien cuando residiendo en un centro residencial tuviera a su cargo a su cónyuge o a personas de edad inferior a 25 años que sigan viviendo en el mismo.

  En ningún caso se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido, previsto en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular la persona beneficiaria, mientras persista tal afección.

4. La capacidad económica final del solicitante será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5 por ciento del valor del patrimonio neto que supere el mínimo exento para la realización de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, a partir de los 65 años de edad; de un 3 por ciento, de los 35 a los 65 años; y de un 1 por ciento, los menores de 35 años.

5. La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica dará lugar a la suspensión temporal o extinción de la prestación del servicio, según la gravedad, con la obligación del pago correspondiente a lo indebidamente no aportado.

Artículo 3 Determinación de la cuantía de la participación de los usuarios en el coste de los diferentes servicios

1. En el caso del servicio de atención residencial, la participación será en función de su capacidad económica y del coste del servicio. A dichos efectos, anualmente la consellería competente en materia de servicios sociales fijará el coste del referencia del servicio residencial. La determinación de la participación económica de la persona usuaria se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la progresividad en la participación: PU = CEU CM.

En dicha fórmula, PU es la participación económica de la persona usuaria; CEU es la capacidad económica de la persona usuaria; CM es la cantidad mínima para gastos personales, 19 por ciento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mensual, esta última cantidad se incrementará en un 25 por ciento cuando se trate de personas con discapacidad en función de su edad y mayores atenciones que requieran.

En los casos en que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio, procederá el reconocimiento de deuda correspondiente en su caso.

2. En el caso del servicio de centro de día y de noche, también el coste de referencia del servicio se fijará anualmente por la consellería competente en materia de servicios sociales y la determinación de la participación de la persona usuaria se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la equidad en la progresividad según su capacidad económica: PU= 0,4 x CEU (1 IPREM/3,33). Si la capacidad económica de la persona usuaria es igual o inferior al IPREM mensual, esta no participará en el coste del servicio.

3. Cuando se trate de un servicio de teleasistencia, la persona usuaria participará según su capacidad económica de acuerdo con los siguientes intervalos: si su capacidad económica es entre el IPREM y el 1,5 del IPREM mensual, participará en el 50 por ciento; si su capacidad económica es superior al 1,5 del IPREM la participación será del 90 por ciento; si la capacidad económica es inferior a 1 del IPREM mensual no participará en el coste del servicio.

4. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, la consellería competente en materia de servicios sociales fijará anualmente el coste de referencia, diferenciando los servicios relacionados con la atención personal y los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar.

La participación de la persona usuaria en el coste del servicio de ayuda a domicilio se determinará mediante la aplicación de las siguientes fórmulas, que garantizan la disminución proporcional del coste en función del número de horas de atención:

• a) De 21 a 45 horas mensuales: PU =(0,4 x IR x CEU/1 IPREM) (0,3 x IR).
• b) De 46 a 70 horas mensuales: PU = (0,3333 x IR x CEU)/IPREM) (0,25 x IR).

En dichas fórmulas, PU es la participación del usuario; IR es el coste hora servicio de ayuda a domicilio, y CEU es la capacidad económica de la persona usuaria.

En el caso de que la cuantía obtenida con la aplicación de la fórmula correspondiente resulte negativa o inferior a 20 euros, la persona usuaria participará en el coste del servicio con dicha cantidad de 20 euros.

5. La determinación de la participación económica de la persona usuaria en el coste del servicio de centro de rehabilitación e integración social se efectuará aplicando las reglas del apartado anterior.

6. La determinación de la participación económica del beneficiario en el coste del servicio de vivienda tutelada se efectuará en el supuesto de que la misma se constituya como un recurso residencial integral, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. En el supuesto de que el beneficiario sea perceptor, junto con el servicio de vivienda tutelada, de otro de atención diurna, la participación económica vendrá determinada para cada uno de ellos de forma independiente como servicio de centro de noche y centro de día respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. En este último supuesto, el importe de la aportación del beneficiario al coste de los servicios no podrá ser superior al que resultaría de considerarlos como un recurso único de atención residencial.

7. Cuando la persona usuaria del servicio tenga la condición de persona tutelada, siempre que su patrimonio lo permita, y en uso del derecho retributivo previsto en el artículo 274 del Código Civil, la administración competente podrá exigir como precio público hasta el 100 por ciento de la capacidad económica mensual del beneficiario.

Artículo 4 Obligados al pago

Estarán obligadas al pago del precio público las personas que reciben la prestación del servicio, así como quienes ejerzan la patria potestad o tutela, en el caso de menores e incapacitados.

Artículo 5 Devengo y pago

Los precios públicos se devengarán desde que se inicie la prestación del servicio y el pago se realizará a mes vencido, dentro de los diez primeros días del mes siguiente, prorrateándose por días los períodos inferiores cuando se inicie o finalice la prestación del servicio.

Artículo 6 Revisión de la participación

1. La participación de las personas usuarias en el coste de los servicios se actualizará anualmente.

2. La revisión se podrá iniciar, de oficio o a instancia de parte, cuando se produzca un cambio en las circunstancias que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la participación.

Artículo 7 Régimen aplicable en los supuestos de impago

1. En el caso de existencia de deudas por el impago de precios públicos, podrá finalizarse la prestación del servicio.

2. Los obligados al pago que no abonen los precios públicos íntegramente, por carencia temporal de ingresos, podrán suscribir documento oficial de reconocimiento de deuda por la diferencia entre lo abonado y lo establecido como precio público en su integridad.

Asimismo, el usuario del servicio que tenga derecho a alimentos de parientes podrá transmitir a la administración competente el derecho a reclamarlos ante la jurisdicción competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 148, 151 y 1894 del Código Civil, satisfaciéndose con las cantidades así obtenidas la deuda resultante por la utilización de estos servicios.

3. Las deudas por precios públicos serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se haya realizado su pago, a pesar de haber realizado las actuaciones oportunas para ello.

Primera Precios públicos del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove

Los precios públicos a percibir por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove se regirán por su normativa específica.

Segunda Régimen aplicable a la aportación de los beneficiarios en el coste de los servicios de la dependencia

1. La participación económica de los beneficiarios en el coste de los servicios establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que no tiene el carácter de precio público, se regirá por lo establecido en la correspondiente orden de la consellería competente en materia de servicios sociales.

2. No obstante, los ingresos de derecho público derivados de dicha participación económica en el caso de centros o servicios propios se regirán, en cuanto al devengo y régimen de pago, por lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del presente decreto.

Tercera Incidencia económica

La implantación y posterior desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la consellería competente en materia de servicios sociales y sus entes de derecho público dependientes y, en todo caso, deberá ser atendido con sus respectivos medios personales y materiales.

Cuarta Otros centros y servicios

En los centros y servicios que no sean de titularidad de la Generalitat pero reciban financiación pública bien directamente la entidad titular o bien las personas usuarias del mismo, las aportaciones de las personas usuarias no tendrán la consideración de precio público sino que se regirán por las condiciones fijadas en los correspondientes contratos asistenciales, si bien la cuantía se determinará del mismo modo y será del mismo importe que lo establecido en este decreto para los precios públicos. La obligación de pago de dicha aportación individual se regirá por el derecho privado, sin que exista en ningún caso responsabilidad alguna de la Generalitat en los casos de demora o impago de la misma.

En todo caso, cuando se trate de personas usuarias de dichos centros y servicios en situación de dependencia reconocida, la cuantía de su aportación se regirá por la orden de la consellería competente en materia de servicios sociales, que regule esta materia en el sistema de atención a la dependencia.

Primera Contratos vigentes a la entrada en vigor del decreto

Lo establecido en la disposición adicional cuarta relativo a la cuantía de las aportaciones, no regirá respecto de los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, teniendo en cuenta que la aportación de las personas usuarias en situación de dependencia reconocida se regirá en todo caso por la normativa correspondiente del sistema de atención a la dependencia.

Segunda Actualización de precios públicos

La consellería competente en materia de servicios sociales deberá determinar, según lo establecido en el artículo 3, la cuantía de los precios públicos a satisfacer por aquellas personas que estén recibiendo, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los servicios sociales a los que se refiere el mismo. Los efectos económicos tendrán lugar desde el primer día del mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución de actualización.

Única Derogación normativa

1. Quedan derogados el Decreto 23/1993, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regulan los precios públicos correspondientes a centros y servicios del Instituto Valenciano de Servicios Sociales, y el Decreto 103/1995, de 16 de mayo, del Consell, por el que se acuerda la suspensión provisional de la vigencia de la parte segunda (precios públicos para los centros de personas con discapacidad) del anexo del citado Decreto 23/1993, de 8 de febrero.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Primera Modificación del Decreto 227/1991, de 9 de diciembre, del Consell

Se modifica el apartado 6 del anexo al Decreto 227/1991, de 9 de diciembre, del Consell, por el que se determinan los bienes, servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos en la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por la disposición final primera del Decreto 78/2010, de 30 de abril, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos:

Segunda Habilitación normativa

Se faculta a la persona titular de la consellería competente en materia de servicios sociales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.

Tercera Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.