Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUC虯 A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andaluc韆 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY DEL PATRIMONIO HIST覴ICO DE ANDALUC虯

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El Patrimonio Hist髍ico constituye la expresi髇 relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria hist髍ica de Andaluc韆 y manifestaci髇 de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente.

El sentimiento de aprecio hacia este Patrimonio ha de constituir uno de los pilares b醩icos para el fortalecimiento de esta identidad colectiva, impulsando el desarrollo de un esp韗itu de ciudadan韆 respetuoso con un entorno cultural garante de una mejor calidad de vida.

La Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 cuenta con un ordenamiento jur韉ico propio para la protecci髇 del Patrimonio Hist髍ico, en cuyo n鷆leo se encuentra la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆. El ejercicio de la potestad legislativa en esta materia se deriva del mandato que la Constituci髇 Espa駉la dirige, en su art韈ulo 46, a los poderes p鷅licos para que garanticen la conservaci髇 y promuevan el enriquecimiento de nuestro patrimonio y de los bienes que lo integran, que tiene su reflejo en el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 de 1981 cuando, en su art韈ulo 12.3, se refiere a la protecci髇 y realce del Patrimonio Hist髍ico como uno de los objetivos b醩icos de la Comunidad Aut髇oma.

Al mismo tiempo, la promulgaci髇 de la citada Ley 1/1991 tiene su soporte competencial en los art韈ulos 148.1.16.� y 149.1.28.� de la Constituci髇 Espa駉la, as� como lo ten韆 en el art韈ulo 13.27 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 de 1981.

La experiencia acumulada en la aplicaci髇 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆, la evoluci髇 de los conceptos y planteamientos en que se basan la protecci髇 y conservaci髇, as� como los cambios legislativos producidos en otras 醨eas del ordenamiento jur韉ico estrechamente vinculadas a la que nos ocupa aconsejan proceder a una reforma en profundidad de la vigente Ley. A partir de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 (Ley Org醤ica 2/2007, de 19 de marzo), el fundamento de la nueva Ley de Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆 se encuentra en el art韈ulo 10.3.3.�, que se refiere al afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a trav閟 del conocimiento, investigaci髇 y difusi髇 del patrimonio hist髍ico como uno de los objetivos b醩icos de la Comunidad Aut髇oma. A su vez, el art韈ulo 68.3.1.� del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 atribuye a la Comunidad Aut髇oma la competencia exclusiva en materia de protecci髇 del patrimonio hist髍ico, art韘tico, monumental, arqueol骻ico y cient韋ico.

En este sentido, la integraci髇 de t閏nicas protectoras de la legislaci髇 estatal, la creaci髇 del 獻nventario de bienes reconocidos del Patrimonio Hist髍ico Andaluz�, la simplificaci髇 de procedimientos y el mayor detalle en la tipificaci髇 de las infracciones son modificaciones basadas en la experiencia pr醕tica. Al mismo tiempo se pretende afrontar la protecci髇 del Patrimonio Hist髍ico desde un enfoque territorial, de acuerdo con los planteamientos doctrinales m醩 recientes, mediante figuras de nueva creaci髇 como la Zona Patrimonial y acentuar la coordinaci髇 con la legislaci髇 urban韘tica, tras la aprobaci髇 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci髇 Urban韘tica de Andaluc韆.

La presente Ley de Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆, aunque mantiene la filosof韆 tutelar de la legislaci髇 precedente, centrada en la figura del Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆, e incluso la estructura de la norma, afecta a numerosos preceptos repartidos a lo largo de todo su articulado, por lo que se ha considerado necesaria la aprobaci髇 de una nueva Ley, evit醤dose as� la coexistencia de la norma originaria con una extensa modificaci髇, en beneficio de la seguridad jur韉ica.

II

El T韙ulo Preliminar contiene las disposiciones generales que recogen el objeto de la Ley, as� como la delimitaci髇 de su 醡bito. Junto a ellas destaca el deber de colaboraci髇 entre las Administraciones P鷅licas, enfatizando el papel que han de desempe馻r los municipios en la defensa y protecci髇 del Patrimonio Hist髍ico a trav閟 del planeamiento urban韘tico. Por 鷏timo se incide en la obligaci髇 de denunciar las acciones u omisiones que puedan suponer un peligro para los bienes del Patrimonio Hist髍ico Andaluz.

El Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico Andaluz, concebido como instrumento fundamental para la tutela y conocimiento de los bienes en 閘 inscritos, se regula dentro de las disposiciones contenidas en el T韙ulo I. El Cat醠ogo comprende tres categor韆s de bienes: los de inter閟 cultural, los de catalogaci髇 general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l.

La inscripci髇 de Bienes de Inter閟 Cultural podr� ir acompa馻da de unas instrucciones particulares que ajusten las medidas generales de protecci髇 previstas en la Ley a las singularidades del bien. Se trata de una modulaci髇 del r間imen previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l para los bienes declarados de inter閟 cultural que puede ser de gran utilidad en determinados casos. Al mismo tiempo, se simplifica el procedimiento de inscripci髇 de estos bienes dando tr醡ite de audiencia a las personas afectadas para el supuesto de los Monumentos y Jardines Hist髍icos, a diferencia de las tipolog韆s de car醕ter colectivo (Conjuntos Hist髍icos, Sitios Hist髍icos, Zonas Arqueol骻icas, Lugares de Inter閟 Etnol骻ico y Zonas Patrimoniales), todo ello sin perjuicio del tr醡ite de informaci髇 p鷅lica y de la audiencia al municipio correspondiente.

La Ley crea, como complemento al Cat醠ogo General, el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Hist髍ico Andaluz. Este instrumento recoger� aquellos bienes que, fruto de un estudio o investigaci髇 cient韋ica, se identifican como integrantes de nuestro Patrimonio Hist髍ico, contribuyendo, por tanto, a su mayor conocimiento y al incremento de la seguridad jur韉ica. Los bienes inmuebles incluidos en este Inventario deber醤 tener su reflejo en los cat醠ogos urban韘ticos con motivo de su elaboraci髇 o modificaci髇.

El Cap韙ulo III del T韙ulo I concreta las obligaciones de las personas titulares de los bienes integrantes del Patrimonio Hist髍ico, siendo m醩 intensas cuando se trate de bienes inscritos en el Cat醠ogo General. A estos 鷏timos podr醤 aplic醨seles las medidas de ejecuci髇 forzosa reguladas, en el supuesto de que se incumplan las obligaciones previstas, as� como los derechos de tanteo y retracto cuando se den las condiciones se馻ladas en la Ley.

Conviene destacar, por su car醕ter de garant韆 de los fondos p鷅licos, la posibilidad con que cuenta la Administraci髇 para detraer del precio de adquisici髇 de un bien las cantidades invertidas mediante ejecuci髇 subsidiaria, cuando aqu閘la se realice dentro de los diez a駉s siguientes a la liquidaci髇 del gasto.

La protecci髇 del Patrimonio Hist髍ico comprende tambi閚 su defensa frente a lo que se ha dado en llamar 玞ontaminaci髇 visual o perceptiva�. El impacto que producen sobre nuestro patrimonio determinados elementos e instalaciones exige conjugar las demandas de las tecnolog韆s que inciden en nuestra vida diaria con la preservaci髇 de la calidad ambiental, siendo necesario para ello coordinar la actuaci髇 de las diferentes Administraciones P鷅licas.

En este sentido, se someten a la autorizaci髇 de la Administraci髇 cultural la ubicaci髇 de determinados elementos y la realizaci髇 de instalaciones en materia de energ韆 y telecomunicaciones que inciden directamente en los valores y en la contemplaci髇 de los bienes afectados por la declaraci髇 de inter閟 cultural.

III

Las disposiciones contenidas en el T韙ulo II se plantean con car醕ter general, sin hacer distinci髇 entre la naturaleza de los bienes a que van dirigidas o entre su diferente car醕ter revelador de un determinado inter閟.

En este T韙ulo se contienen los criterios en materia de conservaci髇 y restauraci髇, integrando en su regulaci髇 principios consagrados en distintas cartas y documentos internacionales de restauraci髇 que afectan tanto al car醕ter de las intervenciones como a la naturaleza de los materiales empleados.

Por otra parte, el proyecto de conservaci髇 contin鷄 siendo el instrumento fundamental para acometer estas intervenciones, regul醤dose su contenido m韓imo y los supuestos en que, con car醕ter excepcional, no ser� exigible.

IV

El Patrimonio Inmueble es el que presenta una mayor complejidad, lo que explica la divisi髇 del T韙ulo III, destinado al mismo, en cuatro cap韙ulos.

El Cap韙ulo I desarrolla las tipolog韆s en que se clasifican los bienes inmuebles cuando son inscritos como bien de inter閟 cultural en el Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico Andaluz. A las figuras tradicionalmente consagradas (Monumento, Conjunto Hist髍ico, Jard韓 Hist髍ico, Sitio Hist髍ico y Zona Arqueol骻ica) se suman el Lugar de Inter閟 Etnol骻ico, tipolog韆 creada por la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆, y la Zona Patrimonial que ahora se instituye.

La fuerte relaci髇 del patrimonio con el territorio, as� como las influencias rec韕rocas existentes, est� presente en cada una de estas figuras, pero se hace patente de un modo mucho m醩 intenso en la Zona Patrimonial. Aqu� el territorio articula un sistema patrimonial integrado, en el que coexisten bienes de distinta naturaleza y cronolog韆, unidos indisolublemente a los valores paisaj韘ticos y ambientales existentes.

El Cap韙ulo II desarrolla la coordinaci髇 con la normativa urban韘tica y medioambiental. Est� com鷑mente aceptada la conveniencia de objetivar los par醡etros de actuaci髇 sobre el Patrimonio Inmueble a trav閟 del planeamiento urban韘tico, ya que la protecci髇 y conservaci髇 de nuestro Patrimonio Hist髍ico no puede alcanzarse exclusivamente mediante el ejercicio de la labor de polic韆 o la actividad de fomento. En este sentido, se regula el informe de la Administraci髇 cultural tanto en los diferentes instrumentos de ordenaci髇, como en los procedimientos de prevenci髇 ambiental cuando afecten a bienes integrantes del Patrimonio Hist髍ico Andaluz.

Conviene destacar tambi閚 la simplificaci髇 de la tramitaci髇 que se produce en esta materia, insert醤dose en un 鷑ico procedimiento el informe de la Administraci髇 cultural, con independencia de las consecuencias que en materia de atribuci髇 de competencias pudieran derivarse del mismo.

Dentro de este procedimiento 鷑ico se regulan los contenidos m韓imos de los planes urban韘ticos cuando afecten a determinadas tipolog韆s de los Bienes de Inter閟 Cultural, entre los que puede destacarse por su novedad la exigencia de una normativa de control de la contaminaci髇 visual o perceptiva, y se inserta la posibilidad de que los municipios soliciten la delegaci髇 de la competencia para autorizar obras que desarrollen el planeamiento urban韘tico aprobado, condicionada a la existencia de una Comisi髇 t閏nica municipal en los t閞minos establecidos en la Ley.

El r間imen de protecci髇 de los inmuebles, regulado en el Cap韙ulo III, integra las limitaciones contenidas en la legislaci髇 estatal en cuanto a su desplazamiento y en materia de contaminaci髇 visual y desarrolla el sistema de autorizaciones. En esta 鷏tima materia se reserva la autorizaci髇 administrativa para las intervenciones sobre inmuebles declarados de inter閟 cultural o sus entornos y se someten a comunicaci髇 previa las correspondientes a los bienes de catalogaci髇 general, pudiendo proponerse medidas correctoras por la Consejer韆 competente.

El r間imen de protecci髇 incluye, tambi閚, la regulaci髇 de los supuestos de ruina, demoliciones y paralizaciones de obras.

Finalmente, el Cap韙ulo IV mantiene, dentro del r間imen de competencias, las posibilidades de delegaci髇 a los municipios en el 醡bito de los entornos de los bienes declarados de inter閟 cultural y de unificaci髇 de procedimientos de las distintas Administraciones, ya contempladas en la legislaci髇 hasta ahora vigente.

Las peculiaridades del Patrimonio Mueble se contemplan en el T韙ulo IV de la Ley. Destaca el sometimiento a autorizaci髇 o comunicaci髇 previa (en funci髇 del nivel de protecci髇) de los tratamientos a que estos bienes puedan ser sometidos, cuando est閚 inscritos en el Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico de Andaluc韆.

Este T韙ulo aporta tambi閚, en relaci髇 con la regulaci髇 anterior, un planteamiento m醩 flexible de la vinculaci髇 de los bienes muebles incluidos expresamente en la inscripci髇 de un inmueble como Bien de Inter閟 Cultural, sujetando a autorizaci髇 previa su enajenaci髇 por separado.

V

Los denominados 玃atrimonios especiales�, seg鷑 la terminolog韆 m醩 extendida en la doctrina jur韉ica, se reflejan en los T韙ulos V, VI, VII y VIII de la Ley, dedicados respectivamente a los Patrimonios Arqueol骻ico, Etnol骻ico, Industrial, Documental y Bibliogr醘ico.

Se parte, en primer lugar, de un concepto de Patrimonio Arqueol骻ico basado en la utilizaci髇 de la metodolog韆 arqueol骻ica, estableciendo, en los mismos t閞minos que la legislaci髇 estatal, la naturaleza demanial de los objetos y restos materiales que sean descubiertos. Este car醕ter de bienes de dominio p鷅lico se presumir� tambi閚 de los elementos hallados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, una vez transcurrido el plazo previsto en la Disposici髇 transitoria tercera.

Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueol骻ica y los elementos sustanciales del sistema de autorizaci髇 de las actividades arqueol骻icas. Al mismo tiempo, se sujetan a autorizaci髇 las actividades que permitan la localizaci髇 o detecci髇 de restos arqueol骻icos, circunstancia que deber� reflejarse en los Estatutos de aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la detecci髇 de objetos que se encuentren en el subsuelo. Se trata de un 醡bito en el que deben extremarse los controles administrativos, pues, con independencia del valor de los objetos que puedan hallarse, la destrucci髇 de la estratigraf韆 por excavaciones en las que no se aplica la metodolog韆 arqueol骻ica supone una p閞dida de informaci髇 irreparable.

Especial importancia tienen tambi閚 las actividades arqueol骻icas previas a la intervenci髇 sobre inmuebles protegidos, sobre las que se ha tratado de establecer una regulaci髇 equilibrada que, al mismo tiempo, se adecue a lo establecido por la Ley 7/2002. As� se concretan y especifican las obligaciones del promotor de las obras conforme al aprovechamiento urban韘tico atribuido, si bien la Administraci髇 cultural podr� ampliar a su costa la extensi髇 de la actividad arqueol骻ica por razones de protecci髇 o inter閟 cient韋ico.

El T韙ulo VI se destina al Patrimonio Etnol骻ico, donde la principal novedad consiste en la posibilidad de asociar a una actividad de inter閟 etnol骻ico los bienes muebles y el 醡bito territorial vinculados a su desarrollo. A estos bienes y 醡bitos les ser� de aplicaci髇 el r間imen de protecci髇 correspondiente a la actividad, seg鷑 su modalidad de inscripci髇 en el Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico Andaluz.

El T韙ulo VII da carta de naturaleza en nuestra legislaci髇 de Patrimonio Hist髍ico al Patrimonio Industrial, en cuanto exponente de la historia social y econ髆ica de la Comunidad, distinguiendo dentro de esta tipolog韆 entre muebles e inmuebles, y establece en qu� casos formar醤 parte del Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico Andaluz, si閚doles en tal caso de aplicaci髇 el r間imen de protecci髇 que en funci髇 de la categor韆 asignada les corresponda.

Los Patrimonios Documental y Bibliogr醘ico se contemplan en el T韙ulo VIII, que se remite a la legislaci髇 sectorial y se馻la la aplicaci髇 supletoria de la presente Ley, introduciendo, al mismo tiempo, algunas precisiones en materia de inspecci髇 administrativa y acceso a estos bienes.

VI

El T韙ulo IX de la Ley regula las instituciones del Patrimonio Hist髍ico, donde, adem醩 de las tradicionalmente admitidas, se incorporan los Espacios Culturales, y se clasifican los mismos en Conjuntos y Parques Culturales, cuya identidad vendr� definida en funci髇 de su relevancia patrimonial y de su 醡bito.

Con respecto a los Conjuntos se establece la forma jur韉ica que podr醤 adoptar y las funciones de los mismos, as� como su estructura.

Los Parques Culturales son una Instituci髇 de nueva creaci髇, pensada para gesti髇 de las Zonas Patrimoniales. Dada la presumiblemente amplia extensi髇 territorial de esta tipolog韆, as� como la diversidad de elementos protegidos que ha de reunir, se ha planteado un 髍gano de gesti髇 que pueda integrar a las distintas Administraciones y sectores implicados.

VII

Las medidas de fomento y el dise駉 de la organizaci髇 administrativa que ha de aplicar la Ley mantienen sustancialmente las caracter韘ticas de la regulaci髇 vigente hasta ahora.

Los diferentes 髍ganos de la Administraci髇 del Patrimonio Hist髍ico, regulados en el T韙ulo XI, se estructuran en funci髇 de su car醕ter ejecutivo o consultivo y, a su vez, de acuerdo con su 醡bito de actuaci髇 central o provincial. Se introduce ahora, en relaci髇 a los 髍ganos colegiados de car醕ter consultivo, la necesidad de su composici髇 equilibrada de mujeres y hombres, conforme a las normas que desarrollan el principio de igualdad de g閚ero.

El T韙ulo XII regula la funci髇 inspectora en la materia objeto de la presente Ley, donde se establece la condici髇 de agentes de la autoridad del personal designado para la realizaci髇 de las inspecciones y comprobaciones previstas en la norma y se determinan sus facultades y funciones b醩icas, que ser醤 objeto de desarrollo mediante la regulaci髇 reglamentaria oportuna.

VIII

El T韙ulo XIII se destina a las infracciones administrativas y sus sanciones. Este T韙ulo recoge, en primer lugar, una tipificaci髇 pormenorizada de las infracciones, clasific醤dolas en muy graves, graves y leves.

En materia de responsabilidad se concreta la obligaci髇 de reparaci髇 del da駉 causado en los supuestos de demoliciones no autorizadas, en los que el alcance del deber de reconstrucci髇 se determinar� en la resoluci髇 del expediente sancionador, sin que pueda obtenerse una edificabilidad mayor que la del inmueble demolido. Se trata de una medida fundamental para completar el car醕ter disuasorio de la sanci髇.

En la regulaci髇 de las sanciones ha de destacarse la actualizaci髇 de su cuant韆, efectuada mediante la aplicaci髇 del 韓dice de precios al consumo, y el establecimiento de sanciones accesorias de inhabilitaci髇 para el ejercicio profesional ante la Consejer韆 competente en materia de patrimonio hist髍ico y el destino de las multas a la conservaci髇 y restauraci髇 de los bienes del Patrimonio Hist髍ico de titularidad auton髆ica.

Por 鷏timo, dentro de las prescripciones en materia de procedimiento, se incluye la medida cautelar de decomiso o precintado de los instrumentos intervenidos en el momento de efectuar la denuncia, acord醤dose su destino en la resoluci髇 del expediente sancionador.

IX

Las disposiciones adicionales recogen diversas cuestiones que vienen a completar aspectos concretos de la regulaci髇 contenida en la Ley.

La disposici髇 adicional primera expresa la intenci髇 de promover el retorno de los bienes de valor hist髍ico que se encuentren fuera de la Comunidad Aut髇oma.

Las disposiciones adicionales segunda y tercera integran en la nueva estructura del Cat醠ogo General del Patrimonio Hist髍ico Andaluz los bienes protegidos conforme a Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Hist髍ico Andaluz, y los bienes declarados de inter閟 cultural.

La disposici髇 adicional cuarta establece un entorno cautelar para aquellos inmuebles protegidos sin haberlo delimitado, por no exigirlo la norma vigente en su d韆.

Asimismo, la disposici髇 adicional quinta establece el marco jur韉ico de aplicaci髇 al Patrimonio Hist髍ico Andaluz de la Iglesia cat髄ica, clarificando en este punto el r間imen de los bienes en posesi髇 de la misma, sin perjuicio de lo establecido en los Acuerdos entre el Estado Espa駉l y la Santa Sede de 3 de enero de 1979.

En cuanto a la disposici髇 adicional sexta, trata igualmente de establecer el r間imen jur韉ico de aquellos bienes que, formando parte del Patrimonio Hist髍ico Andaluz, se encuentran en posesi髇 de organismos p鷅licos tales como universidades y entidades locales.

Por 鷏timo, la disposici髇 adicional s閜tima reconoce la importancia del Patrimonio Hist髍ico como recurso tur韘tico de gran inter閟 y la contribuci髇 que su difusi髇 tur韘tica tiene en el desarrollo de una sensibilizaci髇 social para su protecci髇 o mejora, constituyendo el contenido de la disposici髇 adicional novena.

La disposici髇 transitoria primera aplica el r間imen previsto en la presente Ley a la resoluci髇 de los expedientes incoados con anterioridad a su entrada en vigor, evitando, de este modo, disfunciones y asegurando la completa adecuaci髇 a las nuevas figuras de protecci髇.

La disposici髇 transitoria segunda establece el r間imen aplicable a los bienes que deban formar parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Hist髍ico Andaluz hasta la constituci髇 formal del mismo.

La disposici髇 transitoria tercera establece un plazo de tres a駉s para la elaboraci髇 de los planes de descontaminaci髇 visual por parte de los municipios y para la retirada de elementos contaminantes.

Por su parte, la disposici髇 transitoria cuarta establece un plazo de un a駉 para poner en conocimiento de la Administraci髇 competente la posesi髇 de bienes integrantes del Patrimonio Arqueol骻ico, fij醤dose el r間imen jur韉ico aplicable en el supuesto de no llevarse a cabo esta declaraci髇.

La disposici髇 transitoria quinta regula la adaptaci髇 de los Estatutos de las asociaciones dedicadas a la detecci髇 de objetos que se encuentran en el subsuelo a las previsiones de la Ley, para lo que concede un plazo de seis meses.

Por 鷏timo, las disposiciones finales primera y segunda actualizan preceptos de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, modificando la antig黣dad de determinados documentos para que formen parte del Patrimonio Documental Andaluz e introduciendo el concepto de pr閟tamo administrativo de documentos, cerrando el texto la disposici髇 final, referida a la habilitaci髇 al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario de la norma.