Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoci髇, atenci髇 y protecci髇 a la infancia en Castilla y Le髇

Art韈ulo 43 Concepto de protecci髇

1.- La protecci髇 de los menores comprende el conjunto de actuaciones y medidas de intervenci髇 en situaciones de desprotecci髇 tendentes a su reparaci髇 en el menor tiempo posible para garantizar la integraci髇 de aquellos en los grupos naturales de convivencia, de manera definitiva, segura y estable y en las condiciones b醩icas suficientes que posibiliten su participaci髇 normalizada en la vida familiar, social, econ髆ica y cultural, y su pleno desarrollo y autonom韆 como personas.

2.- Constituyen situaciones de desprotecci髇 las de riesgo, contempladas en los art韈ulos 47 y 48 de esta Ley, y las de desamparo reguladas en los art韈ulos 55 y 56 de la misma.

Art韈ulo 44 Criterios de actuaci髇

La actuaci髇 administrativa en Castilla y Le髇 en materia de protecci髇 al menor, orientada por el principio de prevalencia del inter閟 de 閟te sobre cualquier otro concurrente y desde la observancia de los principios rectores contemplados en el art韈ulo 11 de la Ley Org醤ica 1/1996, de Protecci髇 Jur韉ica del Menor, se regir� por los siguientes criterios:

• a) El respeto a la autonom韆 personal de los menores, a su libertad y dignidad, y a sus se馻s de identidad individuales y colectivas.
• b) La prioridad de la intervenci髇 en el entorno familiar del menor, procurando la participaci髇 de los padres y dem醩 miembros de ese n鷆leo en el proceso de integraci髇 y normalizaci髇 que, siempre que sea posible, debe facilitar su mantenimiento y la permanencia de aquel en el mismo.
• c) Cuando sea precisa la separaci髇 del menor de la familia se dispondr醤 recursos alternativos, considerando su retorno con la familia en cuanto las circunstancias lo permitan. Si la separaci髇 es definitiva, se gestionar� su incorporaci髇, en el m醩 breve plazo, a otro n鷆leo familiar lo m醩 adecuado a sus necesidades y caracter韘ticas, as� como lo m醩 estable posible, procurando entonces, siempre que no resulte perjudicial para ellos, que los hermanos permanezcan juntos, que puedan mantenerse contactos con el grupo de origen y con otras personas significativas. En ambos casos se garantizar� al menor una calidad de vida y una educaci髇 mejores de las que tendr韆 en su propia familia.
• d) La necesaria consideraci髇 acerca de la adopci髇 de las medidas precisas para tratar adecuadamente las consecuencias de la desprotecci髇.
• e) La circunscripci髇 de la intervenci髇 administrativa al m韓imo necesario para asegurar la adecuada protecci髇, interfiriendo lo menos posible en la vida del menor y en la de su familia, as� como en el ejercicio de los derechos de que es titular, interpret醤dose siempre de forma restrictiva las limitaciones a su capacidad de obrar.
• f) La participaci髇 del menor, en funci髇 de sus capacidades, y la de sus padres siempre que sea conveniente para los intereses de aquel, en la toma de decisiones sobre su situaci髇 y sobre las medidas y actuaciones de posible aplicaci髇, as� como en el desarrollo de estas.
• g) La interdisciplinariedad en el diagn髎tico de los casos, en la toma de decisiones y en la intervenci髇.
• h) El sometimiento de la actuaci髇 administrativa a procedimientos reglados que garanticen la seguridad jur韉ica.
• i) El seguimiento y control de la ejecuci髇 y la peri骴ica revisi髇 de las medidas y actuaciones en curso a fin de resolver en cada caso sobre su mantenimiento, modificaci髇 o cese.
• j) La coparticipaci髇 de las distintas Administraciones P鷅licas en el desarrollo de las acciones y programas de car醕ter general y en las actuaciones de caso en el 醡bito de sus respectivas competencias y responsabilidades, asegur醤dose el acceso del menor a los recursos p鷅licos normalizados para la atenci髇 de sus necesidades b醩icas y principales.

Art韈ulo 45 Derechos especiales de los menores protegidos

El menor, en relaci髇 con la actividad de protecci髇 de la Administraci髇 y junto a los derechos que el ordenamiento jur韉ico y esta Ley reconocen a todos los ni駉s y adolescentes, ser� titular espec韋icamente de los siguientes:

• a) A ser protegido, aun con la oposici髇 de sus padres, una vez se constate la situaci髇 de riesgo o de desamparo, y a que se considere especialmente su voluntad, en relaci髇 con la preparaci髇 para la vida independiente, cuando haya alcanzado los diecis閕s a駉s de edad.
• b) A recibir noticia de la Administraci髇 y conocer acerca de su situaci髇 personal, de las medidas y actuaciones a adoptar, su duraci髇 y contenido, y de los derechos que le corresponden y asisten, espec韋icamente los recogidos en el presente art韈ulo, para todo lo cual se le facilitar� una informaci髇 veraz, comprensible, adecuada a sus condiciones, continua y lo m醩 completa posible a lo largo de todo el proceso de intervenci髇.
• c) A ser o韉o por la Administraci髇, y en su caso por las entidades colaboradoras, para expresar su opini髇 y, siempre que tenga doce a駉s cumplidos o madurez y capacidad suficientes, a participar en la toma de decisiones sobre su caso, todo ello a salvo de los supuestos en los que deba prestar su consentimiento conforme a lo establecido en el C骴igo Civil o en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La denegaci髇 del ejercicio de este derecho deber� acordarse en resoluci髇 motivada.
• d) A ser considerado sujeto activo en la b鷖queda y satisfacci髇 de sus necesidades, debiendo todas las Administraciones promover y garantizar, social y jur韉icamente, su autonom韆 personal.
• e) A un tratamiento adecuado de las consecuencias de la desprotecci髇, desde el 醡bito que corresponda a cada Administraci髇.
• f) A un plan de integraci髇 definitiva, segura y estable y al acceso prioritario a los recursos p鷅licos para, sobre la base de aquel, cubrir adecuadamente sus necesidades f韘icas, emocionales, cognitivas, educativas y sociales.
• g) A la seguridad jur韉ica y emocional proporcionadas por una tramitaci髇 formalmente reglada, sin dilaciones innecesarias, que impida la prolongaci髇 de las medidas de car醕ter provisional, evite las intromisiones en la esfera de su intimidad m醩 all� de lo estrictamente preciso y restrinja al m韓imo imprescindible las limitaciones a su capacidad de obrar y las interferencias en su vida y en la de su familia, asegurando la autorizaci髇 y el control judicial de las medidas que afecten a sus derechos fundamentales.
• h) A permanecer en su familia siempre que sea posible y, caso de haber sido separado de ella, a que se considere su retorno a aquella en cuanto las circunstancias lo permitan y, si ello no fuera viable, a incorporarse cuanto antes a otro n鷆leo familiar, as� como a mantener contactos con el grupo de origen y con otras personas significativas para 閘, siempre que ello no interfiera o perjudique la finalidad protectora.
• i) A disponer de los medios que faciliten su integraci髇 social desde el respeto a su identidad cultural y de idioma.
• j) A que su familia reciba la ayuda y apoyo suficientes para que pueda atenderle en condiciones m韓imas adecuadas.
• k) A conocer, en funci髇 de su edad y capacidad, su historia personal y familiar, y, si ha sido separado de su familia de origen de manera definitiva, sus antecedentes culturales y sociales, que ser醤 en todo caso respetados. Alcanzada la mayor韆 de edad, el derecho a acceder a su expediente y a conocer los propios or韌enes, incluida entre 閟tos la identidad de la madre biol骻ica, no tendr� otras limitaciones que las derivadas de la necesidad de mantener el anonimato de las personas denunciantes de la situaci髇 de desprotecci髇 y de respetar los derechos leg韙imos de terceros.
• l) A la total confidencialidad y reserva acerca de sus circunstancias personales y las de su familia, salvo en lo estrictamente necesario para asegurar una intervenci髇 eficaz y siempre en su inter閟.
• m) A relacionarse directamente con el Ministerio Fiscal y con los responsables t閏nicos y administrativos de su protecci髇.

Art韈ulo 46 Deber de comunicaci髇 y denuncia

1.- Cualquier persona que detecte una situaci髇 de riesgo o posible desamparo de un menor, y en especial quienes conozcan de ella por su profesi髇, funci髇 o responsabilidad, sin perjuicio de prestarle de inmediato el auxilio que precise y del deber de denunciar formalmente los hechos que puedan ser constitutivos de delito, lo comunicar� a la mayor brevedad a las autoridades competentes o a sus agentes m醩 pr髕imos, a fin de que se proceda a la adopci髇 de las medidas y actuaciones adecuadas conforme a lo establecido en la presente Ley.

2.- Esta obligaci髇 de comunicaci髇 y el deber de denuncia competen particularmente a los centros y servicios sociales, sanitarios y educativos, y se extiende a todas las instituciones y entidades, tanto p鷅licas como privadas, que tuvieran conocimiento de alguna de las situaciones se馻ladas por su relaci髇 con el menor, debiendo en tales casos realizarse la notificaci髇 de los hechos con car醕ter de urgencia.

3.- Los respectivos Colegios Profesionales impulsar醤 especialmente la sensibilizaci髇 de sus colegiados sobre la transcendencia de la detecci髇 de las situaciones de riesgo o posible desamparo que afecten a menores y de las que conozcan en raz髇 de su actividad, as� como de la inmediata y adecuada comunicaci髇 de las mismas.

4.- Los principios de reserva y confidencialidad presidir醤 la actuaci髇 de la Administraci髇 en relaci髇 con los actos de comunicaci髇, notificaci髇 o denuncia.

Art韈ulo 47 Concepto de riesgo

Se considera situaci髇 de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias personales o familiares del menor, o por influencia de su entorno, se ve perjudicado su desarrollo personal o social de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentar韆n la declaraci髇 de desamparo y la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervenci髇 de las Administraciones competentes para, a trav閟 de los distintos servicios especializados de apoyo a la familia, y en su caso mediante la asunci髇 de la guarda de aquella petici髇 de sus padres o tutores, eliminar, reducir o compensar las dificultades y evitar el desamparo.

Art韈ulo 48 Situaciones de riesgo

Constituyen situaciones de riesgo:

• a) La falta de atenci髇 f韘ica o ps韖uica del menor por parte de sus padres, tutores o guardadores que suponga perjuicio leve para su salud f韘ica o emocional, descuido no grave de sus necesidades principales u obstaculizaci髇 para el ejercicio de sus derechos, cuando se estime, por su naturaleza o por la repetici髇 de los episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.
• b) La dificultad seria que las personas referidas en el apartado anterior tengan para dispensar adecuadamente al menor la referida atenci髇 f韘ica y ps韖uica, no obstante su voluntad de hacerlo, cuando ello suponga los efectos descritos en dicho apartado.
• c) La utilizaci髇 del castigo f韘ico o emocional sobre el menor que, sin constituir episodio severo o patr髇 cr髇ico de violencia, perjudique su desarrollo.
• d) Las carenciales de todo orden que, no pudiendo ser adecuadamente compensadas en el 醡bito familiar, ni impulsadas desde 閟te para su tratamiento a trav閟 de los servicios y recursos normalizados, conlleven, no obstante su incipiencia o levedad, un efecto prodr髆ico, desencadenarte o favorecedor de la marginaci髇, la inadaptaci髇 o la desprotecci髇 del menor.
• e) Cualesquiera otras de las contempladas en el art韈ulo anterior que, de persistir, pudieran evolucionar y derivar en desamparo del menor.

Art韈ulo 49 Objetivo de la actuaci髇 administrativa

La actuaci髇 administrativa ante las situaciones de riesgo, que comprender� tambi閚 la evaluaci髇 del caso y el seguimiento de la evoluci髇 del menor en la familia, garantizar� los derechos que le asisten y estar� orientada a conseguir.

• a) La mejora del medio familiar, con la colaboraci髇 de los padres, tutores o guardadores y del propio menor.
• b) La eliminaci髇, neutralizaci髇 o disminuci髇 de los factores de riesgo y dificultad social mediante la capacitaci髇 de los padres para atender adecuadamente las necesidades del menor, proporcion醤doles los medios tanto t閏nicos como econ髆icos y ayuda necesaria que permitan la permanencia de 閟te en el hogar.
• c) La satisfacci髇 adecuada de las necesidades principales del menor por los servicios y recursos normalizados, propiciando las acciones compensatorias adicionales que su caso requiera para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.
• d) El complemento a la actuaci髇 de los padres hasta donde sea necesario, propiciando el regreso del menor cuando se haya asumido su guarda.

Art韈ulo 50 Valoraci髇 de la situaci髇 de riesgo

1.- En las situaciones de riesgo de cualquier 韓dole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor y no requieran la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley, corresponde a las Entidades Locales, en el marco de lo dispuesto en la legislaci髇 estatal y auton髆ica reguladora del r間imen local, en la Ley de Acci髇 Social y Servicios Sociales y en la presente norma, la detecci髇 y valoraci髇 de las mismas, as� como las actuaciones para, desde la cooperaci髇 necesaria y mediante la activaci髇 de sus propios recursos o en colaboraci髇 con las dem醩 Administraciones y servicios p鷅licos y privados, garantizar los derechos que a dicho menor asisten, disminuir los factores de riesgo y dificultad social que puedan afectarle y promover los factores de protecci髇 del mismo y de su familia.

2.- Corresponder� a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma la adopci髇 de medidas en los siguientes casos:

• a) Cuando de la evaluaci髇 de la situaci髇 de riesgo se concluya la necesidad de la separaci髇 de la familia y la asunci髇 de la guarda a solicitud de los padres, tutores o guardadores.
• b) Cuando la intervenci髇, orientada a evitar la separaci髇 de la familia, implique actuaciones sobre 閟ta para las que no se cuente con la colaboraci髇 o el acuerdo de los padres o tutores.
• c) Cuando las actividades de verificaci髇 y valoraci髇 y las actuaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del presente art韈ulo, corresponden a las Entidades Locales no sean llevadas a cabo por una de 閟tas, no obstante haber sido requerida al efecto, comunic醤dose en tal caso a dicha Entidad la resoluci髇 tomada para la ejecuci髇 de las medidas acordadas de entre las que reglamentariamente se establezcan.
• d) Cuando a la finalizaci髇 de un acogimiento se estime necesario prolongar los apoyos facilitados durante el mismo o iniciar nuevas medidas, lo que ser� adoptado inmediatamente y por el tiempo m醲imo que reglamentariamente se determine.
• e) Cuando, siendo precisa la activaci髇 de dispositivos espec韋icos dependientes de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma o de recursos de los que sean titulares otras Administraciones, as� se establezca en las normas de desarrollo de la presente ley.
• f) Cuando, atendiendo a criterios de actuaci髇 espec韋icos establecidos en la planificaci髇 general o en la programaci髇 especial de actuaciones para grupos determinados de casos, as� se determine.

3.- Corresponde a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, como Entidad P鷅lica competente, la coordinaci髇 general en esta materia, a cuyos efectos recibir� de las Entidades Locales informaci髇 peri骴ica sobre las actuaciones adoptadas y el desarrollo de las mismas.

Art韈ulo 51 Normas generales de procedimiento para la valoraci髇 del riesgo

1.- Cuando los servicios sociales de las Entidades Locales tengan conocimiento, por s� o a trav閟 de la comunicaci髇 de terceros, de que un menor pueda encontrarse en situaci髇 de riesgo, iniciar醤 las actuaciones oportunas para su comprobaci髇 y evaluaci髇, comunicando los resultados a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma para la adopci髇 de medidas cuando tal proceda de acuerdo con las normas establecidas en el art韈ulo anterior.

2.- Dicha comunicaci髇 se llevar� a cabo mediante informe protocolizado que en todo caso recoger� las opiniones de la familia, y del menor con capacidad para emitirla, sobre la situaci髇 descrita y concluir� con una propuesta de intervenci髇.

3.- A la vista de tal informe y de los resultados de las actuaciones y declaraciones adicionales que puedan considerarse oportunas, y siempre que no sea precisa la adopci髇 de medidas, las Entidades Locales, una vez valorada la situaci髇 de riesgo, establecer醤 el programa de intervenci髇.

Art韈ulo 52 Intervenci髇 administrativa

1.- La intervenci髇 administrativa en las situaciones de riesgo se llevar� a cabo mediante el recurso prioritario del apoyo a la familia, regulado en los art韈ulos 77 y siguientes, que ser� dispensado, en el propio entorno de 閟ta, por los servicios t閏nicos especializados de las Administraciones competentes y los servicios b醩icos en su caso.

2.- A los efectos de lo dispuesto en el art韈ulo 50.2 de esta Ley, constituyen medidas de posible adopci髇 en situaciones de riesgo, que ser醤 acordadas de conformidad con el procedimiento ordinario fijado al efecto, la asunci髇 temporal de la guarda del menor a solicitud de sus padres o tutores, y las ayudas de apoyo a la familia para las que se resuelva tal car醕ter de entre las contempladas en el art韈ulo 78.

Art韈ulo 53 Deber de colaboraci髇

1.- Valorada la situaci髇 de riesgo y establecida la necesidad de la actuaci髇 administrativa, los padres, tutores o guardadores del menor vendr醤 obligados a colaborar activamente en la ejecuci髇 de las medidas y actuaciones acordadas.

2.- La negativa a colaborar por parte de dichas personas que propicie o coadyuve a la persistencia, cronificaci髇 o agravamiento de la situaci髇 de riesgo podr� fundamentar la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo, lo que se acordar� en todo caso cuando tal negativa tuviera lugar una vez producida la separaci髇 del menor de su familia a petici髇 de 閟ta.

Art韈ulo 54 Cese en la situaci髇 de riesgo

1.- La situaci髇 de riesgo cesar�:

• a) Cuando las circunstancias que dieron lugar a la misma desaparezcan ose entiendan debidamente compensadas.
• b) Cuando se adopten otras medidas de protecci髇 de las previstas en el art韈ulo 75 de la presente Ley.

2.- El cese en la situaci髇 de riesgo se pondr� en conocimiento de las personas y entidades a las que se notific� en su d韆 el inicio de las mismas.

Art韈ulo 55 Concepto de desamparo

Constituye situaci髇 de desamparo la considerada como tal en el art韈ulo 172.1, p醨rafo segundo del C骴igo Civil.

Art韈ulo 56 Situaciones de desamparo

Para apreciar las situaciones de desamparo se considerar醤 las circunstancias que, teniendo su origen en las causas establecidas en el art韈ulo 172.1, p醨rafo segundo del C骴igo Civil, determinen, por su entidad, intensidad, persistencia o repetici髇, la privaci髇 a los menores de la necesaria asistencia moral y material, y especialmente las siguientes:

• a) La falta de las personas a las que por ley corresponde ejercer las funciones de guarda del menor.
• b) La ausencia de reconocimiento de la filiaci髇 materna y paterna del menor, as� como la renuncia de ambos progenitores a mantener cualquier derecho sobre 閘.
• c) La imposibilidad de ejercer los deberes de protecci髇, cualquiera que sea la causa.
• d) El abandono voluntario o gravemente negligente del menor.
• e) Los malos tratos, f韘icos o ps韖uicos, y los abusos sexuales cometidos por familiares o responsables del menor, o por terceros si aquellos los consienten u omiten activar los medios a su alcance para impedirlos.
• f) La inducci髇 a la delincuencia o a las conductas antisociales o desviadas, as� como el consentimiento de su desarrollo por el menor.
• g) El ejercicio inadecuado de los deberes de protecci髇 por los responsables del menor con peligro grave para 閟te.
• h) La drogadicci髇 o el alcoholismo del menor inducidos, consentidos o tolerados por los responsables de su guarda.
• i) La obstaculizaci髇 por los responsables del menor de las actuaciones acordadas para la averiguaci髇 o comprobaci髇 de las situaciones de desprotecci髇, cuando se ponga en riesgo la seguridad de 閟te, o la falta de colaboraci髇 en la ejecuci髇 de las medidas acordadas en situaciones de riesgo que propicie su persistencia, cronificaci髇 o agravamiento.
• j) La explotaci髇 econ髆ica del menor, as� como el consentimiento de la misma.
• k) La negativa de los padres o tutores a la recuperaci髇 de la guarda del menor una vez desaparecidas las circunstancias que fundamentaron su asunci髇 por la Administraci髇.
• l) La desatenci髇 f韘ica o ps韖uica del menor grave o cronificada.
• m) La existencia de circunstancias en el hogar o en el entorno sociofamiliar del menor que deterioren gravemente o perjudiquen seriamente su desarrollo o el ejercicio de sus derechos.
• n) Las situaciones de riesgo que, al persistir o agravarse, determinan la privaci髇 al menor de la necesaria asistencia moral o material.
• o) Cualesquiera otras situaciones de desprotecci髇 que conlleven una privaci髇 de la necesaria asistencia al menor y tengan su origen en el incumplimiento o en el inadecuado ejercicio de la patria potestad o de los deberes de guarda o supongan la inexistencia de la colaboraci髇 m韓ima por parte de los padres o tutores para garantizar la seguridad del mismo.

Art韈ulo 57 Necesidad del procedimiento

Tanto la declaraci髇 de la situaci髇 de desamparo como la adopci髇 de cualquier medida de protecci髇 deber醤 ser acordadas mediante resoluci髇 motivada que revestir� forma escrita, previa propuesta o informe de la Comisi髇 de Valoraci髇 y, salvo lo previsto en el art韈ulo 62 para los supuestos de urgencia, con observancia del procedimiento regulado en los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo 58 Iniciaci髇 del procedimiento

1.- El procedimiento se iniciar� de oficio por la Entidad P鷅lica, en raz髇 de orden judicial, a iniciativa del Ministerio Fiscal, a demanda del menor, a solicitud de los padres o tutores, o cuando aquella, por s�, a trav閟 de sus servicios o mediante notificaci髇, informe o comunicaci髇 de la autoridad o sus agentes, funcionarios, profesionales o ciudadanos, tenga conocimiento de que un menor puede encontrarse en una situaci髇 de riesgo o de desamparo.

2.- Las notificaciones de la autoridad o sus agentes y los informes de funcionarios y profesionales deber醤 cursarse por escrito, y la demanda del menor, la solicitud de los padres y tutores y la comunicaci髇 de cualquier otra persona en su condici髇 de simple ciudadano podr醤 ser realizadas por escrito, verbalmente o de cualquier otra forma que permita su comprensi髇 y comprobaci髇, debiendo dejarse constancia fehaciente de su recepci髇.

3.- Con anterioridad a la iniciaci髇 del procedimiento se llevar醤 a cabo las comprobaciones iniciales y la investigaci髇 previa a que se hace referencia en el art韈ulo 60.

Art韈ulo 59 Asignaci髇 del caso

Cada caso tendr� asignado siempre, y desde el primer momento, un t閏nico que coordinar� la investigaci髇 y evaluaci髇, elaborar� la propuesta del Plan de Caso, impulsar� la intervenci髇, controlar� la ejecuci髇 de las medidas y actuaciones, el seguimiento de las mismas y su eventual revisi髇, y emitir� los informes que procedan, pudiendo ser asistido en el desarrollo de su actividad por otros profesionales.

Art韈ulo 60 Comprobaciones iniciales e investigaci髇 previa

1.- En funci髇 de los datos disponibles o de la comunicaci髇 recibida, y de acuerdo con lo dispuesto reglamentariamente, se determinar醤 los casos y plazos en el que deban llevarse a cabo las primeras averiguaciones para la comprobaci髇 inicial de los hechos y la investigaci髇 previa para la obtenci髇 de toda la informaci髇 que sobre el caso pueda ya reunirse, todo ello a fin de confirmar la posible concurrencia de una situaci髇 de desprotecci髇, avanzar una primera valoraci髇 sobre su entidad, alcance y consecuencias, y establecer en su caso la necesidad de actuar de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo siguiente.

2.- Si aparecieran indicios que permitieran concluir la urgencia de la intervenci髇, estas comprobaciones iniciales, que incluir醤 la primera investigaci髇 del caso, se completar醤 en el m醩 breve plazo.

3.- Siempre que sea posible, las comprobaciones iniciales comprender醤 un primer encuentro con el menor y el contacto con sus padres, tutores o guardadores por parte de un profesional t閏nico, procurando en todo caso evitar innecesarias intromisiones en la esfera de la intimidad, as� como interferir o dificultar el desarrollo de otras investigaciones o procesos en curso.

4.- Todas las actuaciones iniciales descritas en los apartados anteriores, de las que quedar� completa y puntual constancia por escrito, deber醤 concluirse en el menor tiempo posible dentro del plazo m醲imo que se determine, d醤dose de inmediato por suficientes y completadas en cuanto se constate que la situaci髇 del menor es cr韙ica, exige una intervenci髇 urgente o conlleva un riesgo grave e inminente para su integridad f韘ica o ps韖uica, procedi閚dose entonces de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 62. Cuando, conforme a lo previsto reglamentariamente, se concluya que el supuesto no es urgente, no existe riesgo actual para el menor, ni se prev� el agravamiento de la situaci髇 a corto plazo, esta fase previa podr� prolongarse durante el tiempo necesario, dentro del m醲imo que se determine, para abordar una evaluaci髇 del caso.

Art韈ulo 61 Archivo o continuaci髇 de las actuaciones

1.- Finalizada la fase de comprobaci髇 inicial e investigaci髇 previa, si no se confirma la situaci髇 de desprotecci髇, se acordar� el cierre de las actuaciones, ordenando su archivo mediante resoluci髇 motivada, que ser� comunicada a los interesados, impugnable ante la jurisdicci髇 civil sin necesidad de reclamaci髇 previa en v韆 administrativa.

2.- Si se confirma la existencia o posibilidad de desprotecci髇, se acordar� la iniciaci髇 del procedimiento y la continuaci髇 de las actuaciones, disponi閚dose lo oportuno para completar la evaluaci髇 del caso.

Art韈ulo 62 Medidas de urgencia y procedimiento sumario

1.- Cuando, de la primera informaci髇 disponible o a resultas de lo concluido en las comprobaciones iniciales e investigaci髇 previa, se constate la situaci髇 cr韙ica en la que se encuentra el menor, se considere la existencia de un riesgo grave e inminente para su integridad f韘ica o ps韖uica o se deduzca la necesidad de una intervenci髇 sin demora, se proceder� a la urgente adopci髇 de un plan de urgencia que integrar� cuantas medidas cautelares sean precisas, disponi閚dose para ello la tramitaci髇 de un procedimiento abreviado sumario.

2.- La obstaculizaci髇 por los responsables del menor de esas primeras actuaciones de averiguaci髇 o comprobaci髇, o su falta de colaboraci髇, cuando tales comportamientos pongan en riesgo la seguridad de 閟te, as� como la negativa a participar en la ejecuci髇 de las medidas acordadas para las situaciones de desprotecci髇, cuando ello propicie su persistencia, cronificaci髇 o agravamiento, podr� fundamentar la declaraci髇 formal de la situaci髇 de desamparo mediante el referido procedimiento abreviado sumario.

3.- Verificadas la existencia y entidad de alguna de las circunstancias descritas en los dos apartados anteriores o la necesidad de una intervenci髇 sin dilaciones, se dictar� resoluci髇 motivada por escrito declarando, en su caso, la situaci髇 de desamparo y acordando la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley.

4.- La tramitaci髇 continuar� despu閟 de conformidad con lo establecido en los art韈ulos siguientes a fin de completar la instrucci髇, confirmar la condici髇 de desamparo o declarar la extinci髇 de la tutela inicialmente constituida.

Art韈ulo 63 Fase de evaluaci髇

1.- Adoptadas en su caso las medidas de urgencia mediante el procedimiento sumario o iniciado el procedimiento conforme a lo establecido en el art韈ulo 58 una vez completadas en su caso las primeras averiguaciones sin que se estime la necesidad de tales actuaciones urgentes y confirmada indiciariamente la posible existencia de una situaci髇 de desprotecci髇, se abrir� una fase de evaluaci髇 en la que se recabar醤 cuantos datos relevantes puedan aportar las personas y organismos que conozcan de las circunstancias del menor y de su familia.

2.- No obstante lo anterior, podr� prescindirse de esta fase cuando la evaluaci髇 del caso se haya llevado a cabo previamente en los supuestos a que hace referencia el inciso segundo del apartado 4 del art韈ulo 60 de la presente Ley.

3.- Todos los profesionales que tengan por su actividad relaci髇 con el caso vendr醤 obligados a colaborar con los servicios de protecci髇, proporcion醤doles toda la informaci髇 que pueda ser relevante para esta fase.

4.- La evaluaci髇 tendr� por objeto el conocimiento, lo m醩 exhaustivo posible, de la situaci髇 del menor, sus necesidades y sus circunstancias socio-familiares.

5.- El estudio del menor, que se llevar� a cabo por profesionales especializados, y las comprobaciones acerca de su situaci髇 personal se realizar醤 en la forma y condiciones menos traum醫icas para aquel.

6.- La fase de evaluaci髇 deber� concluirse en los plazos que reglamentariamente se determinen, d醤dose cuenta de sus resultados en un informe cuyo contenido m韓imo ser� igualmente fijado en la normativa de desarrollo.

Art韈ulo 64 Entrevistas y otras pruebas

1.- En el procedimiento ser� o韉o el menor que haya cumplido doce a駉s y el que, sin alcanzar dicha edad, tenga madurez y capacidad suficientes, pudiendo ejercer este derecho por s� mismo o por medio de representante por 閘 designado.

2.- Ser醤 igualmente o韉os los padres, tutores o guardadores del menor, que podr醤 efectuar las alegaciones que estimen pertinentes.

3.- Cuando las personas referidas en los dos apartados anteriores no hayan podido ser o韉as, se dejar� constancia en el expediente de los motivos a que tal hecho obedezca.

4.- Se practicar醤 en esta fase las pruebas que se estimen pertinentes y en especial, adem醩 de las aludidas en los apartados 1 y 2 de este art韈ulo, la pericial, la documental y la testifical, observando las prevenciones contempladas en el art韈ulo 60.3 de esta Ley.

Art韈ulo 65 Comisiones de Valoraci髇

1.- En cada provincia, dependiente del 髍gano que en ese 醡bito tenga asignadas las funciones de protecci髇 a la infancia existir�, al menos, una Comisi髇 de Valoraci髇, 髍gano colegiado de car醕ter interdisciplinar, cuya composici髇 y funcionamiento ser醤 determinados reglamentariamente.

2.- En dicha Comisi髇 podr醤 participar, en la forma y condiciones que se determinen, los menores, sus familias, los responsables de su guarda y los profesionales de los centros y servicios que est閚 ejecutando medidas de protecci髇 o conozcan el caso.

3.- Corresponder醤 a esta Comisi髇 las funciones de valorar las medidas m醩 apropiadas para el menor, que ser醤 recogidas en el Plan de Caso, elaborar las propuestas para su adopci髇 y elevarlas al 髍gano que haya de resolver, y cuantas otras le sean encomendadas reglamentariamente.

Art韈ulo 66 Plan de Caso

1.- Como consecuencia de la evaluaci髇 y para aquellos supuestos en que se determine la necesidad de adopci髇 de alguna medida de protecci髇, se elaborar� un Plan de Caso que recoger� las principales decisiones acordadas para proteger al menor con vistas a proporcionarle una integraci髇 definitiva, segura y estable.

2.- A tal efecto, el documento, que ser� 鷑ico, recoger� al menos las decisiones, t閏nicas y administrativas, y las medidas adoptadas, as� como los criterios y actuaciones de car醕ter t閏nico a desplegar para la protecci髇 del menor hasta su integraci髇 definitiva, e incluir� los motivos y objetivos de la acci髇 protectora, su modalidad, los contenidos y programaci髇 de la intervenci髇, y los recursos y actuaciones precisos para llevarla a cabo.

3.- En la elaboraci髇 del Plan de Caso se procurar� la implicaci髇 y colaboraci髇 de la familia y del menor, y se considerar� la voluntad manifestada por 閟te, especialmente cuando haya cumplido los diecis閕s a駉s.

Art韈ulo 67 Resoluci髇

1.- La apreciaci髇 de la situaci髇 de desamparo y la adopci髇 de medidas en situaciones de desprotecci髇 ser� acordada mediante resoluci髇 motivada en la que se expresar醤 los supuestos de hecho que configuran cada caso y las medidas y actuaciones de protecci髇 adoptadas.

2.- El plazo m醲imo para dictar resoluci髇 y notificarla ser� de tres meses a partir del conocimiento o noticia del caso por cualquiera de los medios contemplados en el art韈ulo 58.1 de esta Ley. Excepcionalmente, atendida la especial complejidad del caso o la imposibilidad probada para llevar a cabo alguna de las actuaciones o tr醡ites esenciales y siempre que la situaci髇 del menor lo permita, podr� acordarse una pr髍roga por igual tiempo.

Art韈ulo 68 Notificaci髇 de la resoluci髇

1.- Las resoluciones a que se refieren los art韈ulos 62 y 67 deber醤 ser comunicadas al Ministerio Fiscal y notificadas a los padres, tutores o guardadores del menor en el m醩 breve plazo, y en todo caso dentro de las cuarenta y ocho horas cuando se declare la situaci髇 de desamparo en que 閟te se encuentra y se asuma su tutela.

2.- Siempre que sea posible, la notificaci髇 a los responsables del menor se llevar� a cabo de forma presencial, a fin de poder explicarles, de forma clara y comprensible, las causas que dan lugar a la intervenci髇 administrativa, los posibles efectos de 閟ta, las medidas adoptadas y los recursos que proceden. No siendo posible esta notificaci髇 presencial, se practicar� por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

Art韈ulo 69 Recursos

La resoluciones dictadas ser醤 recurribles ante la jurisdicci髇 civil en los t閞minos establecidos en la legislaci髇 vigente.

Art韈ulo 70 Ejecuci髇 de las medidas y actuaciones

1.- Las medidas y actuaciones adoptadas conforme a lo dispuesto en los art韈ulos anteriores ser醤 ejecutadas, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Caso aprobado y bajo la coordinaci髇 del t閏nico responsable del mismo, por los correspondientes servicios t閏nicos especializados y por los servicios comunitarios, cada uno de ellos en el 醡bito de sus respectivas competencias.

2.- La Entidad P鷅lica podr� recabar de otros organismos, instituciones y entidades, p鷅licos o privados, que adopten las medidas oportunas o presten los servicios que legalmente les corresponden, a fin de atender con suficiencia las necesidades de los menores en situaci髇 de desprotecci髇.

Art韈ulo 71 Seguimiento de la ejecuci髇 y revisi髇 del Plan de Caso

1.- Se dispondr� lo necesario para llevar a cabo un seguimiento permanente de la ejecuci髇 de las medidas y actuaciones previstas en el Plan de Caso, as� como un control peri骴ico del curso de la situaci髇 que la dio origen y de la evoluci髇 del menor protegido.

2.- Se revisar� el Plan de Caso al menos cada seis meses, sin perjuicio de que puedan acordarse revisiones m醩 frecuentes en aquellos casos en los que el inter閟 del menor o sus circunstancias concretas as� lo aconsejen.

3.- Toda revisi髇 incluir� necesariamente la informaci髇 suministrada por las entidades y personas que colaboran y participan en su ejecuci髇.

4.- A resultas del informe de revisi髇, se mantendr醤 las medidas y actuaciones inicialmente adoptadas o se resolver� sobre su modificaci髇, sustituci髇 o cese.

5.- La modificaci髇 del Plan de Caso se llevar� a cabo con observancia de los tr醡ites procedimentales regulados en los art韈ulos 64 a 66 de la presente Ley.

Art韈ulo 72 Finalizaci髇 de la actuaci髇 protectora

La actuaci髇 protectora cesar� por los siguientes motivos:

• a) Por acuerdo de la Entidad P鷅lica, cuando se entiendan desaparecidas las circunstancias que motivaron su adopci髇, o debidamente cubiertas o compensadas las necesidades del menor, as� como cuando lo aconseje el inter閟 de 閟te.
• b) Por vencimiento del t閞mino o plazo inicialmente fijado, o de la pr髍roga acordada, en su caso.
• c) Por resoluci髇 judicial firme, en los casos legalmente previstos.
• d) Por la mayor韆 de edad o emancipaci髇 del menor protegido.
• e) Por fallecimiento, desaparici髇 o cambio de residencia con car醕ter estable fuera de la Comunidad del menor protegido.

Art韈ulo 73 Actuaciones complementarias

1.- Cuando, tras la finalizaci髇 de la medida de protecci髇, se constate que el hasta entonces protegido precisa de apoyo, ayuda u orientaci髇 para abordar o completar su proceso de integraci髇, as� como para garantizar la atenci髇 debida cuando sus condiciones de discapacidad dificulten o imposibiliten su vida independiente y especialmente si apareciera afectada su capacidad de obrar, en cuyo caso se llevar醤 a cabo las acciones conducentes a promover su incapacitaci髇 y el nombramiento de tutor al alcanzar la mayor韆 de edad, la Administraci髇 Auton髆ica podr� prolongar las acciones que integraban aquella, o iniciar otras, en los casos y por el tiempo que se establezca en la normativa de desarrollo de esta Ley.

2.- Asimismo, una vez finalizada la medida de protecci髇, la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma desplegar� actuaciones de seguimiento, en los supuestos y con el contenido que las normas de desarrollo de esta Ley determinen, al objeto de constatar la evoluci髇 del proceso de integraci髇 y prevenir, en su caso, futuras situaciones de riesgo.

3.- Las actuaciones referidas en los apartados anteriores podr醤 prolongarse m醩 all� del cumplimiento de la mayor韆 de edad para favorecer, cuando as� se precise, la integraci髇 socio-laboral y la vida independiente de quienes han estado bajo la guarda de la Administraci髇, en cuyo caso las acciones se centrar醤 en la formaci髇 y orientaci髇 laboral y en el apoyo personal mediante ayudas y dispositivos espec韋icos, asegurando el acceso prioritario a los recursos sociales previstos para personas con discapacidad a aquellos que se encuentren en dichas circunstancias.

4.- Al objeto de hacer efectivo el derecho que el art韈ulo 45, a) reconoce a los menores que hayan alcanzado los diecis閕s a駉s de edad a que se considere especialmente su voluntad, y desde la atenci髇 a su inter閟, cuando aquellos no puedan convivir con su familia, muestren un grado suficiente de autonom韆 y rechacen los habituales recursos espec韋icos de protecci髇, podr醤 acordarse las medidas y actuaciones precisas y los apoyos que se estimen necesarios para favorecer su proceso de maduraci髇 y propiciar su vida independiente.

Art韈ulo 74 Auxilio judicial y policial

1.- Cuando por la oposici髇 de los padres, tutores o guardadores del menor, o por la existencia de otro impedimento grave, se obstaculizara o imposibilitara la investigaci髇 del caso o la ejecuci髇 de las medidas de protecci髇 ya acordadas, se solicitar� de la Autoridad judicial que disponga lo necesario para hacerlas efectivas, todo ello sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que puedan llevarse a cabo a fin de evitar los riesgos inminentes para la vida o integridad del menor y garantizar el ejercicio de sus derechos esenciales.

2.- Asimismo, podr� recabarse la cooperaci髇 y asistencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando las actuaciones de investigaci髇 no puedan practicarse o las medras ejecutarse con los solos medios de que disponga la Administraci髇.

Art韈ulo 75 Medidas y actuaciones de protecci髇

1.- A los efectos de la acci髇 de protecci髇 se consideran medidas de protecci髇 las siguientes:

• a) El apoyo a la familia cuando en la resoluci髇 que lo adopte se determine su car醕ter de medida.
• b) La asunci髇 de la guarda del menor por medio del acogimiento familiar, en las distintas modalidades contempladas en el C骴igo Civil, y del acogimiento residencial.
• c) La tutela.
• d) La adopci髇.

2.- Se consideran actuaciones con efectos protectores:

• a) El apoyo a la familia en los casos no contemplados en el apartado 1,a) de este art韈ulo.
• b) El ejercicio de las acciones civiles o penales que resulten procedentes.
• c) Cualesquiera otras de car醕ter compensatorio, de control, asistencial, educativo o terap閡tico que se estimen convenientes, redunden en inter閟 del menor y faciliten la adecuada atenci髇 de sus necesidades personales, familiares y sociales.

Art韈ulo 76 Criterios generales para la aplicaci髇 de las medidas y actuaciones de protecci髇

1.- Se entender醤 prioritarias las medidas y actuaciones de apoyo a la familia dirigidas a promover el bienestar y el desarrollo del menor en su medio familiar de origen, preservar la integraci髇 familiar y evitar la separaci髇 o, si 閟ta se produjo, procurar la reunificaci髇 una vez se hayan superado, compensado o aminorado suficientemente las circunstancias que la determinaron.

2.- Las separaciones de la familia biol骻ica que no sean definitivas durar醤 lo menos posible.

3.- Cuando se concluya la imposibilidad de una reunificaci髇 futura, se procurar� la b鷖queda de una integraci髇 estable mediante la adopci髇 del menor o la promoci髇 ante el Juzgado de la tutela ordinaria. En otro caso, se formalizar� un acogimiento familiar permanente, preferentemente con miembros de su familia extensa o con personas con las que tuviera una relaci髇 previa adecuada, solicitando del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempe駉 de sus responsabilidades.

4.- Se procurar� evitar el ingreso de los menores de doce a駉s en centros residenciales y, cuando no sea posible, se tratar� de que no permanezcan en ellos m醩 tiempo del que, con car醕ter general y en funci髇 de la edad, se fije reglamentariamente, salvo que la mejor atenci髇 de sus necesidades requiera espec韋icamente este tipo de recurso.

5.- Se establecer醤 programas especiales de apoyo y preparaci髇 para la vida adulta dirigidos a aquellos adolescentes para los que no sea posible o conveniente el regreso con su familia o la aplicaci髇 de otra medida de integraci髇 familiar estable.

6.- Se evitar� en cualquier caso la prolongaci髇 de situaciones de inseguridad, inestabilidad o provisionalidad que pudieran afectar al desarrollo del menor.

Art韈ulo 77 Concepto y contenido

1.- El apoyo a la familia, orientado esencialmente a evitar la separaci髇 y a procurar el retorno si la misma se hubiese producido, tiene como objetivo proporcionar a 閟ta las ayudas econ髆icas, materiales, de apoyo social, educativas y terap閡ticas, que, activadas en grado y por tiempo razonables, permitan la mejora del medio familiar y la atenci髇 de las necesidades del menor en condiciones m韓imas adecuadas.

2.- El apoyo se llevar� a cabo mediante la intervenci髇 t閏nica de los servicios b醩icos y especializados dependientes de las Entidades Locales, as� como de los especiales de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma o que puedan ser dispuestos por la misma, y podr� integrar, como principales o complementarias, una o varias de las medidas y actuaciones enumeradas en el art韈ulo siguiente.

Art韈ulo 78 Medidas y actuaciones de apoyo a la familia

1.- Constituyen actuaciones de apoyo a la familia:

• a) El asesoramiento y la orientaci髇 t閏nica para facilitar el adecuado ejercicio de las funciones parentales y una din醡ica familiar normalizada.
• b) La educaci髇 familiar para capacitar a las figuras parentales en sus funciones de atenci髇, educaci髇 y cuidado de los hijos.
• c) Los programas de intervenci髇 familiar para la preservaci髇 o reunificaci髇 de la familia, y para la normalizaci髇 de la convivencia en la misma.
• d) El seguimiento de la evoluci髇 del menor en la familia.
• e) La atenci髇 en centros de d韆 y en centros de atenci髇 a la primera infancia.
• f) Las ayudas y prestaciones econ髆icas temporales.
• g) La ayuda a domicilio para permitir la permanencia en el mismo de los menores y favorecer su cuidado y atenci髇.
• h) La intervenci髇 de voluntarios en tareas de colaboraci髇 y apoyo al menor y a su familia.
• i) Cualquier otra que contribuya a la consecuci髇 de los fines previstos en el art韈ulo anterior.

2.- A los efectos de lo contemplado en los art韈ulos 75.1,a) y 77.2 en relaci髇 con las previsiones contenidas en los art韈ulos 50.2 y 86.6, todos de esta Ley, podr醤 tener la consideraci髇 de medidas aquellas de las actuaciones de apoyo contempladas en el apartado anterior que se determinen reglamentariamente.

Art韈ulo 79 Cooperaci髇 de la familia beneficiaria

1.- La familia que resulte beneficiaria de las medidas y actuaciones de apoyo vendr� obligada a cooperar en la consecuci髇 de los objetivos fijados parada intervenci髇.

2.- La ausencia de una cooperaci髇 m韓ima por parte de la familia beneficiaria o la obstaculizaci髇 al desarrollo de las medidas y actuaciones podr醤 fundamentar el cese de las mismas y la consideraci髇 sobre la posible adopci髇 de otras, incluida la declaraci髇 de desamparo.

Art韈ulo 80 Criterios de aplicaci髇

1.- Cualquier acci髇 que pueda acordarse inicialmente, durante el tiempo necesario para evaluar la situaci髇 concreta de la familia y las necesidades de 閟ta y del menor, responder� al principio de intervenci髇 m韓ima, adopt醤dose luego las medidas o actuaciones definitivas.

2.- Antes de acordar la separaci髇 definitiva de un menor de su familia, cuando haya oposici髇 por parte de 閟ta, se procurar� llevar a cabo una primera intervenci髇 mediante la activaci髇, en grado y por tiempo razonables, de los recursos disponibles de entre los enumerados en el art韈ulo 78, de manera que a su t閞mino pueda concluirse sobre la posibilidad o imposibilidad de atender las necesidades de aquel en su entorno familiar de origen.

Art韈ulo 81 Asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley

1.- Cuando la Comunidad de Castilla y Le髇 constate que un menor se encuentra en situaci髇 de desamparo acordar�, motivadamente y con observancia del procedimiento establecido en el Cap韙ulo IV del presente T韙ulo, su declaraci髇 y asumir� su tutela por ministerio de la ley en cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 172.1 del C骴igo Civil.

2.- La asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley tendr� los efectos que las leyes civiles determinen.

3.- Una vez asumida la tutela se proceder� de inmediato a la evaluaci髇 regulada en el art韈ulo 63 de esta Ley.

Art韈ulo 82 Inventario de bienes y derechos del menor

1.- Los 髍ganos de la Comunidad de Castilla y Le髇 competentes en materia de protecci髇 de menores llevar醤 a cabo las actuaciones oportunas previstas en la legislaci髇 vigente en relaci髇 con el inventario de los bienes y derechos del menor y con la adopci髇 de las disposiciones pertinentes para su conservaci髇 y administraci髇.

2.- La adopci髇 de tales disposiciones deber� ser notificada al Ministerio Fiscal, as� como a los padres, tutores o guardadores del menor.

Art韈ulo 83 Promoci髇 del nombramiento judicial de tutor

Los 髍ganos de la Comunidad de Castilla y Le髇 competentes en materia de protecci髇 de menores promover醤 ante la autoridad judicial el expediente de nombramiento de tutor, conforme a las reglas y en los supuestos contemplados en los art韈ulos 234 y siguientes del C骴igo Civil.

Art韈ulo 84 Contenido

La asunci髇 de la guarda conllevar� las obligaciones previstas en el C骴igo Civil.

Art韈ulo 85 Ejercicio de la guarda como modalidad de protecci髇

La Comunidad de Castilla y Le髇 adoptar� como medida de protecci髇 el ejercicio de la guarda de un menor en los supuestos siguientes:

• a) Cuando asuma la tutela del mismo por ministerio de la ley.
• b) Cuando los titulares de la patria potestad, tutores o guardadores as� se lo soliciten, justificando no poder atenderle por circunstancias graves, una vez se compruebe dicha imposibilidad.
• c) Cuando as� lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.

Art韈ulo 86 Ejercicio, duraci髇 y objetivos

1.- La guarda de un menor regulada en esta Secci髇 se llevar� a cabo en los t閞minos y mediante las figuras previstas en la legislaci髇 vigente.

2.- El ejercicio de la guarda conllevar� una intervenci髇 individualizada sobre cada menor que se llevar� a cabo en colaboraci髇 activa con el personal t閏nico de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma y en el marco del correspondiente Plan de Caso.

3.- La actuaci髇 de la guarda estar� orientada en primer t閞mino a facilitar al menor el adecuado tratamiento de las consecuencias de la desprotecci髇 y la mitigaci髇 de los efectos de la separaci髇, y comprender� asimismo la atenci髇 de sus necesidades f韘icas, educativas, psicol骻icas y sociales, procurando el desarrollo de sus facultades, autonom韆 y capacidad de integraci髇 social.

4.- El ejercicio de la guarda de un menor durar� el tiempo imprescindible mientras perduren las circunstancias que dieron lugar a su asunci髇.

5.- Durante ese tiempo y si conviene a su inter閟, se procurar� que las relaciones familiares y sociales del menor sufran las menores alteraciones, manteni閚dole lo m醩 cerca posible de su entorno y atendiendo en todo momento a su reintegraci髇 en la propia familia de origen, comunicando de inmediato al Ministerio Fiscal, y al Juez para su aprobaci髇, cualquier limitaci髇 de tales relaciones que, en funci髇 del Plan de Caso, pudiera acordarse.

6.- En los casos en los que en el Plan de Caso se prevea el retomo del menor con su familia, se trabajar� desde los primeros momentos con ese objetivo, proporcionando a 閟ta los apoyos necesarios mediante las medidas y actuaciones previstas en el art韈ulo 78.

7.- Podr醤 acordarse limitaciones al menor respecto de aquellas situaciones, actividades o conductas que puedan ser perjudiciales para 閘 mismo o para otros, ponder醤dolas siempre, de manera razonable y moderada, con medidas de naturaleza pedag骻ica y evitando que supongan menoscabo de la atenci髇 a sus necesidades y derechos b醩icos o amenaza para su integridad f韘ica o ps韖uica.

8.- Se establecer醤 los cauces para que las personas que ejerzan materialmente la guarda colaboren estrechamente con los 髍ganos a los que corresponde decidir sobre la medida y determinar la intervenci髇 a realizar, garantiz醤dose la consideraci髇 y valoraci髇 de sus opiniones.

9.- Cualquier variaci髇 de la forma de ejercicio de la guarda, incluido el traslado de centro, ser� acordada motivadamente, previa audiencia del menor, as� como de la familia en su caso, y notificada a los padres o tutores, y comunicada al Ministerio Fiscal y a la Autoridad judicial cuando la hubiera acordado.

10.- Sin perjuicio de las competencias de superior vigilancia que incumben al Ministerio Fiscal, corresponde a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 el seguimiento y vigilancia de la medida de guarda adoptada, para lo que se recabar� peri骴icamente cuanta informaci髇 resulte precisa.

11.- La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, sin perjuicio de la superior vigilancia que corresponde al Ministerio Fiscal, llevar� a cabo un seguimiento de cada acogimiento en el que se evaluar� y documentar� la situaci髇 y evoluci髇 del menor y de su familia biol骻ica, as� como el funcionamiento de la medida.

12.- Finalizado el acogimiento, podr� valorarse sobre la conveniencia y oportunidad de prolongar los apoyos previstos en el apartado 6 de este art韈ulo o de iniciar nuevas medidas o actuaciones concretas que faciliten o refuercen el proceso de integraci髇 del menor.

Art韈ulo 87 De la guarda voluntaria

1.- Ante la presentaci髇 de solicitud formal por las personas que ejerzan la responsabilidad parental para que la Entidad P鷅lica asuma la guarda del menor y de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 63, se ordenar� por 閟ta la comprobaci髇 y evaluaci髇 de las causas alegadas, que habr醤 de ser graves, impeditivas del cuidado del menor, de imposible atenci髇 por otros medios y transitorias, deviniendo la situaci髇 en desamparo si se constatara su persistencia o permanencia.

2.- El ejercicio de la guarda en estos casos podr� ser asumido por las Entidades Locales en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 126.2,a) de la presente Ley.

3.- Aceptada la guarda del menor, su entrega deber� formalizarse por escrito, recogi閚dose las condiciones generales en las que se establece y la forma de su ejercicio, as� como las responsabilidades, gen閞icas y espec韋icas, que siguen manteniendo respecto de aqu閘 sus padres o tutores, dejando constancia de que 閟tos consienten la medida y han sido informados de los anteriores extremos.

4.- Los padres o tutores conservar醤 en todo caso los derechos de representaci髇, administraci髇 de bienes y visitas sobre el menor.

5.- Se procurar� que los padres se impliquen en la atenci髇 a sus hijos y, a tal efecto, aquellos que dispongan de medios deber醤 contribuir al sostenimiento de las cargas derivadas de su cuidado, satisfaciendo a la Administraci髇 las cantidades econ髆icas que, en funci髇 de sus posibilidades, 閟ta determine o asumi閚dolas directamente.

6.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 72 de esta Ley, la guarda cesar� a petici髇 de las mismas personas que la solicitaron, una vez se compruebe la desaparici髇 de las causas que motivaron su asunci髇.

Art韈ulo 88 De la guarda consecuente a la asunci髇 de la tutela por ministerio de la ley o acordada por el Juez

La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma velar� por que la guarda que se derive de la declaraci髇 de desamparo del menor y asunci髇 de la tutela sobre el mismo por ministerio de la ley, as� como la guarda acordada por el Juez en los casos en que legalmente proceda tengan el contenido, condiciones y efectos que establezcan, respectivamente, aquella declaraci髇 o la resoluci髇 judicial.

Art韈ulo 89 Cese de la guarda

La guarda de un menor cesar� cuando cese la acci髇 protectora, as� como en los siguientes casos:

• a) Por las causas a que hace referencia el art韈ulo 173.4 del C骴igo Civil.
• b) Por vencimiento del t閞mino o plazo inicialmente fijado, o de la pr髍roga acordada, en su caso.
• c) Cuando se entienda que la medida ha alcanzado los objetivos previstos, que ha devenido inapropiada o que puede ser sustituida por otra de aplicaci髇 preferente.

Art韈ulo 90 Concepto y contenido del acogimiento familiar

1.- El acogimiento familiar es una forma de ejercer la guarda como medida de protecci髇 mediante el que se otorga la custodia y atenci髇 de un menor a una persona o familia que asume las obligaciones se馻ladas expresamente en el art韈ulo 173 del C骴igo Civil.

2.- El acogimiento familiar tiene como finalidad procurar al menor separado de su familia la atenci髇 en un contexto familiar o de convivencia adecuado, ya sea con car醕ter provisional, temporal, permanente o como paso previo para la adopci髇.

3.- Las personas acogedoras vendr醤 obligadas a colaborar con la Administraci髇 en las actuaciones contempladas en el Plan de Caso con el objetivo de conseguir la integraci髇 definitiva del menor.

Art韈ulo 91 Criterios de aplicaci髇 del acogimiento familiar

El acogimiento familiar se regir� por los siguientes criterios:

• a) Ser� de aplicaci髇 preferente para los menores separados de su familia, tanto m醩 cuanto menor sea su edad, y se procurar� su utilizaci髇 en la modalidad de provisional cuando los padres no presten su consentimiento.
• b) Se facilitar醤 las relaciones entre el menor y su familia de origen siempre que no obstaculicen la acci髇 protectora o resulten perjudiciales para su desarrollo e integraci髇.
• c) Se favorecer� la permanencia del menor en su propio ambiente, procurando que el acogimiento se produzca en la familia extensa y que aquel pueda continuar en sus actividades anteriores, salvo que, en ambos casos, no resulte aconsejable en atenci髇 a su inter閟 primordial.
• d) Se procurar� atribuir a una misma persona o familia la guarda de todos los hermanos cuando ello no sea contrario al inter閟 de estos.

Art韈ulo 92 Clases y modalidades del acogimiento familiar

1.- El acogimiento familiar ser� acordado en los casos, con las modalidades y con el procedimiento previstos en el C骴igo Civil.

2.- Cuando el inter閟 del menor aconseje la modificaci髇 de la modalidad del acogimiento, ser� necesario promover conjuntamente el cese del preexistente y la constituci髇 del nuevo con observancia de los tr醡ites procedimentales regulados en los art韈ulos 64 a 66 de la presente Ley.

Art韈ulo 93 Promoci髇, selecci髇 y formaci髇 de familias y personas acogedoras

1.- La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma promover� campa馻s de sensibilizaci髇 social e informaci髇 para la b鷖queda de personas y familias que puedan colaborar en el acogimiento de menores, especialmente para aquellos casos en los que 閟tos presenten caracter韘ticas y necesidades especiales.

2.- Los acogedores ser醤 seleccionados en funci髇 del inter閟 primordial del menor, teniendo en cuenta las actitudes y aptitudes educativas que presenten, as� como su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda 韓dole que aquel manifieste, consider醤dose finalmente los criterios espec韋icos que puedan establecerse en funci髇 de las distintas modalidades y contenido de los acogimientos.

3.- En los acogimientos cuya finalidad no sea la adopci髇 se dar� preferencia a familiares o personas que tengan o hayan tenido con el menor una previa y positiva relaci髇, siempre que demuestren suficiente capacidad para ocuparse de su atenci髇 y desarrollo.

4.- Cualquiera que sea la modalidad del acogimiento, las personas que vayan a acoger por primera vez a un menor, sin tener con 閘 una especial y cualificada relaci髇 previa, deber醤 recibir antes una formaci髇 espec韋ica.

Art韈ulo 94 Apoyo en el acogimiento familiar

La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma prestar� a las personas acogedoras, as� como a la familia de origen en su caso, la colaboraci髇 para hacer efectivos los objetivos de la medida, as� como los apoyos de car醕ter t閏nico, jur韉ico, social o, en su caso, econ髆ico, que sean precisos en funci髇 de las necesidades que presente el menor, de las caracter韘ticas del acogimiento y de las dificultades para su desempe駉.

Art韈ulo 95 Concepto y contenido del acogimiento residencial

1.- El acogimiento residencial es una forma de ejercer la guarda como medida de protecci髇 que consiste en el alojamiento y atenci髇 del menor en un centro.

2.- El acogimiento residencial tiene como finalidad contribuir a la creaci髇 de las condiciones que garanticen la adecuada cobertura de las necesidades f韘icas, ps韖uicas, emocionales y sociales del menor y el efectivo ejercicio de sus derechos, favorezcan su integraci髇 familiar y social y permitan su desarrollo adecuado, todo ello en el marco del Plan de Caso y de un Plan de Intervenci髇 Individualizado de car醕ter socio-educativo.

Art韈ulo 96 Criterios de aplicaci髇 del acogimiento residencial

1.- La medida de acogimiento residencial se acordar� en ausencia de otros recursos, cuando 閟tos resulten inviables, insuficientes o inadecuados, o cuando constituya la mejor manera de que las necesidades del menor sean atendidas.

2.- Se procurar� que el menor permanezca bajo esta medida el menor tiempo posible, evitando que la misma se prolongue m醩 all� de lo que sea imprescindible o rebase los l韒ites a que se refiere en el art韈ulo 76.4 de esta Ley.

3.- El acogimiento del menor se llevar� a cabo en el centro que pueda proporcionarle el estilo de vida m醩 normalizado y adecuado a sus necesidades y circunstancias, tratando, siempre que sea factible y acorde con lo previsto en el Plan de Caso, de mantener la proximidad al entorno familiar y social, a fin de no alterar ni interferir sus relaciones y actividades anteriores.

4.- El acogimiento residencial ordinario a los menores con expedientes de protecci髇 podr� llevarse a cabo tanto en los centros espec韋icos a ellos destinados, como en los dispositivos normalizados disponibles para la poblaci髇 infantil general, en las condiciones que se establezcan.

5.- Para el acogimiento residencial de menores con necesidades especiales, por presentar graves discapacidades, toxicoman韆s, trastornos psiqui醫ricos o enfermedades cr髇icas de car醕ter grave, u otros problemas de similar naturaleza y entidad, se dispondr� de recursos especializados en las redes respectivas, debiendo garantizarse una calidad y nivel de las prestaciones asistenciales, educativas y terap閡ticas adecuados a las necesidades que aquellos presenten.

6.- Para menores con graves problemas de socializaci髇, inadaptaci髇 o desajuste social existir醤 dispositivos especiales en los que, en el marco de la acci髇 protectora, se llevar� a cabo una intervenci髇 intensiva de naturaleza socio-educativa y/o terap閡tica, de car醕ter integral, centrada en el 醨ea personal del menor y dirigida a la modificaci髇 de sus actitudes y al favorecimiento de su proceso de socializaci髇, orient醤dose a la inserci髇 de aquellos en los dispositivos normalizados lo antes posible.

7.- En los supuestos del apartado anterior que reglamentariamente se determinen, cuando los menores presenten los problemas que el mismo contempla en un grado tal que supongan un riesgo evidente de da駉s o de perjuicios graves a s� mismos o a terceros, se dispondr醤 dispositivos especiales que permitan una intervenci髇 educativa de orientaci髇 preventiva, intensiva, inmediata y de corta duraci髇, en un ambiente estructurado y de seguridad, y en los que aquellos podr醤 ser ingresados dando cuenta al Ministerio Fiscal en el plazo m醩 breve posible, todo ello sin perjuicio de poder instar, cuando proceda y de acuerdo con lo previsto en el C骴igo Civil, el internamiento judicialmente autorizado en establecimiento de salud mental o en centro de educaci髇 o formaci髇 especial.

8.- Cuando las circunstancias y el inter閟 del menor lo hicieren necesario, podr醤 ser utilizados centros ubicados en otras Comunidades Aut髇omas para la atenci髇 de los supuestos considerados en los apartados anteriores.

9.- Se procurar� que todos los hermanos puedan alojarse y ser atendidos en el mismo centro cuando ello no sea contrario a su inter閟.

Art韈ulo 97 Tipos, requisitos y caracter韘ticas generales de los centros

1.- Los centros destinados a la atenci髇 de menores con medidas de protecci髇 podr醤 ser de diverso tipo de acuerdo con las caracter韘ticas de la poblaci髇 que atiendan y de las funciones que cumplan.

2.- La Junta de Castilla y Le髇 regular� los requisitos, caracter韘ticas y funcionamiento de los centros.

3.- Todos los centros ubicados en la Comunidad, cuya finalidad espec韋ica sea el alojamiento y atenci髇 de menores con medidas de protecci髇, ya sean de titularidad de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma o dependientes de una entidad legalmente reconocida, deber醤 estar autorizados seg鷑 la normativa vigente, regul醤dose a tal fin los requisitos que han de reunir en cuanto a sus condiciones arquitect髇icas, de seguridad, sanitarias, de equipamiento, de personal, organizativas, de funcionamiento interno, de programaci髇 e intervenci髇 socio-educativa, de atenci髇 y participaci髇, y cualesquiera otras que se estimen de inter閟.

4.- Todos los centros contar醤 con un Plan General que favorezca el cumplimiento de sus fines, la convivencia y la participaci髇 de los menores acogidos, y se regir醤 por un reglamento de funcionamiento, debiendo ambos acomodarse a las disposiciones generales que para su homologaci髇 dicte la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma.

V閍se Res [CASTILLA Y LE覰] 14 abril 2009, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Le髇, por la que se aprueba el Modelo Marco de Reglamento de Funcionamiento Interno de los Centros Espec韋icos destinados a la Atenci髇 Residencial de Menores con Medidas o Actuaciones de Protecci髇 (獴.O.C.L.� 24 abril).LE0000358065_20090425

5.- Los centros se organizar醤 en unidades de convivencia reducidas que favorezcan la atenci髇 integral de las necesidades y el desarrollo del menor, respeten su intimidad e identidad, y permitan un trato afectivo y una vida cotidiana personalizada.

6.- A todo menor se le proporcionar�, conforme a su Plan de Intervenci髇 Individualizado, una atenci髇 personalizada acorde a sus necesidades, facilit醤dole asimismo figuras de referencia lo m醩 estables posible.

7.- El personal de los centros deber� tener la competencia y preparaci髇 adecuadas, a cuyos efectos se asegurar� su formaci髇 continuada.

8.- Sin perjuicio de la superior vigilancia que corresponde al Ministerio Fiscal, corresponde a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 la autorizaci髇, la inspecci髇 y supervisi髇 peri骴icas, y el control de todos los centros destinados a la atenci髇 de menores con medidas de protecci髇.

V閍se D [CASTILLA Y LE覰] 54/2005, 7 julio, por el que se regula el r間imen de organizaci髇 y funcionamiento de los centros espec韋icos destinados a la atenci髇 residencial de menores con medidas o actuaciones de protecci髇 (獴.O.C.L.� 13 julio).LE0000216366_20050714

V閍se D [CASTILLA Y LE覰] 37/2004, 1 abril, por el que se regulan los requisitos m韓imos y espec韋icos de autorizaci髇 para la apertura y funcionamiento de los centros destinados a la atenci髇 de menores con medidas o actuaciones de protecci髇 (獴.O.C.L.� 7 abril).LE0000199870_20150113

Art韈ulo 98 Concertaci髇

1.- Para llevar a cabo adecuadamente la medida de acogimiento residencial, podr醤 concertarse plazas con entidades p鷅licas y privadas.

2.- A tal efecto existir� una normativa reguladora del 醡bito, los criterios, las condiciones y la financiaci髇 de la acci髇 concertada en relaci髇 con dichas plazas.

Art韈ulo 99 Procedimiento de ingreso en los centros

1.- El acogimiento residencial ser� acordado por decisi髇 judicial o mediante resoluci髇 administrativa en la que se determinar� el ingreso del menor en el centro correspondiente.

2.- Excepcionalmente, en los casos de urgencia en los que no pueda acudirse a la autoridad administrativa o judicial, el ingreso ser� no obstante llevado a efecto, comunic醤dose luego la incidencia al 髍gano competente tan pronto como sea posible, a fin de que se proceda al estudio de la situaci髇 del menor y se resuelva definitivamente.

3.- Todo ingreso en acogimiento de un menor en un centro ser� notificado por escrito, de forma inmediata, a los padres no privados de la patria potestad, tutores o guardadores, e igualmente comunicado al Ministerio Fiscal.

Art韈ulo 100 Contenido

1.- Mediante la propuesta de adopci髇 la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma promueve la plena integraci髇 del menor en una nueva familia, una vez constatada la inviabilidad de su permanencia definitiva o reintegraci髇 en la de origen.

2.- Una vez constituida la adopci髇 por resoluci髇 judicial, producir� los efectos previstos en las leyes civiles.

Art韈ulo 101 Criterios de aplicaci髇

1.- Se promover� la adopci髇 del menor cuando, efectuada la exhaustiva valoraci髇 de su situaci髇 y circunstancias, y constatada la inviabilidad de la permanencia definitiva o reintegraci髇 en la familia de origen, responda al inter閟 de aqu閘 y constituya la medida adecuada para atender sus necesidades.

2.- Con independencia de las actuaciones que hayan de celebrarse ante el Juez, la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma constatar� previamente la voluntad del adoptando mayor de doce a駉s y valorar� la opini髇 del que, no alcanzando dicha edad, tuviera madurez y capacidad suficientes.

3.- Siempre que se entienda necesario en funci髇 de las circunstancias del menor adoptando, se le preparar� y se establecer� un programa de acoplamiento a la nueva familia.

Art韈ulo 102 La actuaci髇 administrativa

1.- Corresponde a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 la gesti髇 de los procedimientos para la declaraci髇 de idoneidad de los solicitantes de adopci髇, selecci髇 de adoptantes y propuesta de adopci髇 ante la Autoridad judicial competente.

2.- La declaraci髇 de idoneidad de los solicitantes y la selecci髇 de adoptantes se ajustar醤 a las normas y requisitos existentes sobre esta materia.

3.- La propuesta de adopci髇 se llevar� a efecto de acuerdo con lo dispuesto en las leyes civiles.

4.- Todas las actuaciones administrativas se llevar醤 a cabo con la necesaria reserva y confidencialidad, evitando especialmente que la familia de origen conozca a la adoptiva o preadoptiva.

5.- La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, en inter閟 del menor y al objeto de facilitar el ejercicio del derecho reconocido en el art韈ulo 45,k) de esta Ley, facilitar� a las personas adoptantes toda la informaci髇 disponible, no sujeta a especial protecci髇, sobre el mismo y la familia de origen.

Art韈ulo 103 Promoci髇, informaci髇 y formaci髇 de los solicitantes de adopci髇

1.- La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma llevar� a cabo campa馻s de sensibilizaci髇 social dirigidas a la captaci髇 de adoptantes y destinar� recursos activos y permanentes para promover la adopci髇 de menores con caracter韘ticas, circunstancias o necesidades especiales.

2.- Quienes soliciten la adopci髇 de un menor tienen derecho a recibir una informaci髇 general previa sobre el procedimiento, las caracter韘ticas de los menores y los criterios de valoraci髇 de la idoneidad y de selecci髇 de adoptantes, as� como a ser mantenidos informados una vez iniciadas las actuaciones.

3.- Todos los solicitantes habr醤 de completar, como requisito previo para la declaraci髇 de idoneidad, un proceso de formaci髇 acerca de las responsabilidades parentales, el contenido e implicaciones de la adopci髇 y las caracter韘ticas diferenciales de 閟ta en relaci髇 a otras formas de paternidad.

V閍se O [CASTILLA Y LE覰] FAM/585/2015, de 1 julio, por la que se regulan los contenidos, duraci髇, organizaci髇 y desarrollo de la formaci髇 previa exigible a los solicitantes de adopci髇 en Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 17 julio).LE0000556740_20150718

Art韈ulo 104 Valoraci髇 y selecci髇 de los solicitantes de adopci髇

1.- El proceso de valoraci髇 se iniciar� de oficio por la Administraci髇 de la Comunidad, teniendo en cuenta para ello el n鷐ero de ni駉s susceptibles de adopci髇 inscritos en el registro existente al efecto y el de familias pendientes de asignaci髇.

2.- Los criterios de valoraci髇 de la idoneidad de los solicitantes, o del solicitante cuando se trate de familia monoparental, de regulaci髇 reglamentaria, incluir醤 al menos los aspectos relativos a la diferencia de edad con el adoptando; sus condiciones de salud f韘ica y ps韖uica, integraci髇 social y situaci髇 socioecon髆ica; la habitabilidad de la vivienda y la infraestructura de la zona de residencia; la motivaci髇, actitud y expectativas adecuadas para la adopci髇; las aptitudes y disponibilidad para la educaci髇, la comprensi髇 y aceptaci髇 de los hechos diferenciales de ser padre o madre adoptivos y la capacidad para hacerlos frente de manera adecuada; la existencia, en su caso, de una relaci髇 estable y positiva entre la pareja, y la voluntad compartida de cara a la adopci髇; y la disposici髇 para informar al menor acerca de su condici髇 de adoptado, respetar sus antecedentes personales y familiares y aceptar, cuando se considere necesario en atenci髇 a su inter閟, las relaciones con la familia biol骻ica o con personas significativas en su vida.

3.- El proceso de valoraci髇 durar� como m醲imo seis meses a contar desde el momento de inicio establecido en el apartado 1 de este art韈ulo y finalizar� con la resoluci髇 acerca de la idoneidad, entendi閚dose que, vencido dicho plazo sin que la referida resoluci髇 se notifique, la valoraci髇 se entender� negativa.

4.- El orden de valoraci髇 se establecer� atendiendo a la antig黣dad en la presentaci髇 de la solicitud y en funci髇 de las caracter韘ticas de los ni駉s que los solicitantes demanden, exceptu醤dose los casos en los que se acepten menores con caracter韘ticas, circunstancias o necesidades especiales.

5.- La resoluci髇 de idoneidad, que no supone el derecho a acoger o adoptar a un menor y que podr� revisarse si cambian las circunstancias de los solicitantes, especificar� aquella y, cuando la misma se reconozca, la aptitud en relaci髇 con la edad del posible adoptando, con sus caracter韘ticas y circunstancias, y en particular, entre ellas, con la situaci髇 jur韉ica del mismo y el n鷐ero de hermanos.

6.- La selecci髇 de los adoptantes se orientar� a la determinaci髇 del m醩 adecuado de entre los declarados id髇eos, atendiendo siempre al inter閟 del menor y en base a los criterios reglamentariamente establecidos.

Art韈ulo 105 Acogimiento preadoptivo

A fin de favorecer la adaptaci髇 del menor a la nueva familia, podr� formalizarse, por el tiempo que reglamentariamente se establezca, un acogimiento familiar preadoptivo supervisado por profesionales, que comprobar醤 los aspectos relativos a la adecuada atenci髇 e integraci髇 de aquel en la misma.

Art韈ulo 106 Sistema de registro de solicitantes de adopci髇 y de menores susceptibles de ser adoptados

1.- Existir� un sistema de registro 鷑ico, de 醡bito regional, para los solicitantes de adopci髇, siendo 閟tos inscritos por orden de presentaci髇 de la solicitud.

2.- Existir� igualmente un sistema de registro 鷑ico para los menores susceptibles de ser adoptados, anot醤dose los mismos en funci髇 de sus caracter韘ticas, circunstancias y necesidades.

3.- La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma regular� la organizaci髇 y funcionamiento de estos sistemas.

Art韈ulo 107 Apoyo post-adopci髇

La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma fomentar� las actuaciones de apoyo dirigidas a los adoptantes, a los adoptados y a las familias biol骻icas, prest醤dose particular atenci髇 a las personas que hayan adoptado a menores con caracter韘ticas o necesidades especiales.

Art韈ulo 108 Servicios de mediaci髇

A fin de hacer efectivo el derecho de las personas adoptadas a conocer sus or韌enes, regulado en el art韈ulo 45,k) de esta Ley, dispensarles el apoyo necesario que requiera su ejercicio y facilitar, en su caso, la mediaci髇 en el encuentro entre aquellas y la familia biol骻ica, se regular醤 las actividades profesionales que puedan llevarse a cabo con tal objeto, garantizando los principios de voluntariedad de las partes, respeto al derecho de ambas a la intimidad y cualificaci髇 e imparcialidad de la actuaci髇, estableci閚dose igualmente los requisitos que hayan de reunir las entidades que realicen estas funciones.

V閍se O [CASTILLA Y LE覰] FAM/1990/2008, 10 noviembre, por la que se regulan la habilitaci髇 y autorizaci髇 de profesionales, y la inscripci髇 y autorizaci髇 de entidades para dispensar los servicios de asesoramiento y de mediaci髇 en el ejercicio del derecho de las personas adoptadas a conocer los propios or韌enes, y la organizaci髇 y funcionamiento de dichos servicios (獴.O.C.L.� 24 noviembre).LE0000344373_20150113

Art韈ulo 109 Criterios generales de actuaci髇 y normativa aplicable

1.- En su actuaci髇 en materia de adopci髇 internacional la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 buscar� siempre el inter閟 del menor y el pleno respeto de sus derechos, y velar� por la observancia de las normas y principios que la regulan, exigiendo la debida intervenci髇 de los correspondientes organismos administrativos y judiciales.

2.- A la adopci髇 internacional le ser醤 aplicables, junto a las normas internacionales que regulan esta materia y las dem醩 de car醕ter general, las disposiciones contenidas en los apartados 1, 2 y 3 del art韈ulo 102, en los apartados 2 y 3 del art韈ulo 103, en el apartado 2 del art韈ulo 104, y en el art韈ulo 107 de esta Ley.

3.- La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 apoyar� con informaci髇, asesoramiento t閏nico y medidas de conciliaci髇 con la vida laboral los procesos de adopci髇 internacional. Adem醩, al objeto de garantizar que la carencia de recursos econ髆icos no suponga para los solicitantes un motivo de discriminaci髇 de hecho, establecer� sistemas para la reducci髇 de los gastos de tramitaci髇 de dichos procesos o ayudas para hacer frente a los mismos.

Art韈ulo 110 Seguimiento de la adopci髇

Los adoptantes de un menor extranjero vendr醤 obligados a comunicar a la Entidad P鷅lica la llegada de 閟te a Espa馻, y a someterse a las actuaciones de seguimiento que exija la normativa del pa韘 de origen del adoptado.

Art韈ulo 111 Entidades colaboradoras

Corresponde a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇 la habilitaci髇 de las entidades colaboradoras que realicen funciones de mediaci髇 en materia de adopci髇 internacional, la regulaci髇 de sus funciones y actuaci髇, la determinaci髇 de sus obligaciones y su inspecci髇 y control, estableciendo indicadores de funcionamiento cuya publicidad sirva de referencia a los usuarios.

V閍se D [CASTILLA Y LE覰] 38/2005, 12 mayo, por el que se regula la acreditaci髇 y funcionamiento de las entidades colaboradoras con funciones de mediaci髇 en materia de adopci髇 internacional (獴.O.C.L.� 19 mayo).LE0000214098_20150113