Sumario

--> Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 3/1999, 31 marzo, derogada por el n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 5/2014, 9 octubre, de Protecci�n Social y Jur�dica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha (�D.O.C.M.� 17 octubre), el 17 de noviembre de 2014.

Exposici�n de Motivos

I.

En toda sociedad moderna, madura y democr�ticamente avanzada la defensa y protecci�n de los menores se ha convertido en un objetivo esencial de las pol�ticas de bienestar y en la consecuci�n de una aut�ntica igualdad de oportunidades.

En las �ltimas d�cadas se ha producido un cambio en la conciencia social, fundamentalmente en el mundo occidental, sobre el papel que corresponde a los menores, reconoci�ndose el hecho de que los menores, adem�s de ser sujetos de los derechos que a toda persona, por el hecho de serio, corresponden, deben de ser sujetos de aquellos derechos derivados de la especial protecci�n que, por su propia dependencia de otros, les es debida. Para ello las administraciones p�blicas deben adoptar y arbitrar todas las medidas y mecanismos necesarios para, en primer lugar, prevenir y, en caso necesario, eliminar aquellos riesgos que afectan al desarrollo integral de los menores.

Esta nueva concepci�n del menor y la preocupaci�n por dotarle de un adecuado marco jur�dico de protecci�n ha sido reconocida por diversas, instituciones internacionales, destacando por su transcendencia la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, que marca el inicio real de esa nueva filosof�a en relaci�n con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que �ste desempe�a en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo del mismo.

Ya en el �mbito europeo debe resaltarse la Resoluci�n A3-0172/92 del Parlamento Europeo que aprob� la Carta Europea de los Derechos del Ni�o y que supuso la traslaci�n al ordenamiento europeo de la Resoluci�n de las Naciones Unidas.

En nuestro pa�s la Constituci�n Espa�ola de 1978 establece en su art�culo 39, como uno de los principios rectores de la pol�tica social y econ�mica, la protecci�n de la familia y de la infancia.

Esta nueva concepci�n del menor llev� a cambiar sustancialmente en nuestro pa�s el ordenamiento jur�dico, como la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificaci�n de la Filiaci�n, Patria Potestad y R�gimen Econ�mico del Matrimonio, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela; la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados art�culos del C�digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopci�n, en la cual se sustituy� el antiguo concepto del abandono por la instituci�n del desamparo, cambio que produjo una important�sima transformaci�n del sistema de protecci�n de menores, al permitir la asunci�n autom�tica de la tutela, por parte de la entidad p�blica competente, en los supuestos de desprotecci�n grave del menor; asimismo introdujo figuras nuevas de protecci�n del menor, como el acogimiento familiar, la generalizaci�n del principio del inter�s superior del menor y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en relaci�n con los menores.

La Ley Org�nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci�n Jur�dica del Menor, culmin� la instauraci�n de esta nueva concepci�n de la protecci�n de los menores, suponiendo no s�lo una reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de protecci�n del menor reguladas en el C�digo Civil, sino la construcci�n de un marco jur�dico que vincula a todos los Poderes P�blicos, a las instituciones espec�ficamente relacionadas con los menores, a los padres y familia, y a los ciudadanos en general.

Fue con la Ley Org�nica 1/1996 con la que se inici� la distinci�n entre situaci�n de riesgo y situaci�n de desamparo, como dos situaciones distintas de desprotecci�n del menor que implican un grado distinto de intervenci�n de la entidad p�blica. Mientras en la situaci�n de riesgo, caracterizada por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separaci�n del n�cleo familiar, la citada intervenci�n se limita a intentar eliminar dentro de la instituci�n familiar los factores de riesgo, en las situaciones de desamparo la entidad p�blica asume la tutela del menor y la consiguiente suspensi�n de la patria potestad.

II.

En este sentido, el Estatuto de Autonom�a de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Org�nica 9/1982, de 10 de agosto, establece en su art�culo 31.1.20� y 31� como competencia exclusiva de la Administraci�n Auton�mica la Asistencia social y servicios sociales, as� como la protecci�n y tutela de menores.

Asimismo, el Estatuto de Autonom�a atribuye a la Junta de Comunidades competencia exclusiva en las siguientes materias: "fomento de la cultura y la investigaci�n" (Art. 31.1,17); "promoci�n del deporte y de la adecuada utilizaci�n del ocio" (Art. 31.1.19); "espect�culos p�blicos" (Art. 31.1.23); 1undaciones" (Art. 31.1.25); "procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organizaci�n propia" (Art. 31.1.28) y "publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios espec�ficos, de acuerdo con los n�meros 1, 6 y 8 del apartado 1 del art�culo 149 de la Constituci�n Espa�ola" (Art. 31.1.29).

En base a la previsi�n estatutaria citada en primer lugar, mediante los Reales Decretos 283/1985, de 6 de febrero, y 2057/1985, de 9 de octubre, se traspasaron a la Comunidad Aut�noma de Castilla-La Mancha las funciones y servicios de la Administraci�n del Estado en materia de Protecci�n de Menores.

La Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha establece dentro del Sistema P�blico de Servicios Sociales la atenci�n espec�fica a la Familia, la Infancia y la Juventud como �reas integradas en los Servicios Sociales Especializados en consonancia con los principios rectores de la pol�tica social contenidos en el Cap�tulo III del T�tulo I de la Constituci�n.

La Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha, reconoce que para el fortalecimiento de la cohesi�n social en nuestra Comunidad Aut�noma era necesario el fomento de la solidaridad con las personas m�s necesitadas, siendo necesario para ello la promoci�n de medidas de acci�n positiva que potencian su libre desarrollo y plena participaci�n en la sociedad en condiciones de igualdad. As�, el T�tulo I, de la Solidaridad con los ciudadanos de Castilla-La Mancha para promover la igualdad de oportunidades, propicia el acceso de los colectivos desfavorecidos a los recursos sociales, promoviendo su desarrollo integral y garantizado el respeto a su identidad diferencia, mediante planes integrales de acci�n positiva; en este sentido, en el Cap�tulo II de este Titulo I se recogen los siguientes principios rectores que orientan la pol�tica de actuaci�n con los menores:

- Garantizar los derechos individuales y colectivos de todos, los menores.

- La primac�a del inter�s general de los menores sobre cualquier otro inter�s leg�timo, interpretando las limitaciones a su capacidad de obrar de forma restrictiva.

La promoci�n de las condiciones necesarias para que la responsabilidad de los padres o tutores, en el efectivo cumplimiento de sus obligaciones para con sus hijos, pueda realizarse adecuadamente.

- Garantizar la acci�n protectora de la Administraci�n para aquellos, menores que se encuentran en situaci�n de desamparo.

- Promover que los menores y sus familias puedan participar en la resoluci�n de sus conflictos.

- Potenciar la participaci�n plena en cualquier actividad de tipo cultural, social, art�stica o recreativa de su entorno, de acuerdo a su desarrollo personal y evolutivo.

- Impulsarla implicaci�n y participaci�n de la sociedad en las iniciativas de atenci�n a menores.

Para el cumplimiento de estos principios se vienen desarrollando cinco programas espec�ficos:

- Atenci�n de los menores en su familia.

- Garantizar la acci�n protectora de la Administraci�n para aquellos, menores que se encuentran en situaci�n de desamparo.

- Promover que los menores y sus familias puedan participar en la resoluci�n de sus conflictos.

- Potenciar la participaci�n plena en cualquier actividad de tipo cultural, social, art�stica o recreativa de su entorno, de acuerdo a su desarrollo personal y evolutivo.

- Impulsarla implicaci�n y participaci�n de la sociedad en las iniciativas de atenci�n a menores.

Para el cumplimiento de estos principios se vienen desarrollando cinco programas espec�ficos:

- Atenci�n de los menores en su familia.

- Atenci�n a los menores que no pueden permanecer en su propia familia.

- Accesibilidad de los menores con problemas de integraci�n a los recursos sociales.

- La inserci�n socio-familiar y laboral de menores en situaci�n de alto riesgo o infractores.

- Sensibilizaci�n de la sociedad sobre la problem�tica espec�fica de los menores.

Con este marco normativo la Administraci�n Auton�mica ha venido desarrollando las funciones que en materia de protecci�n de menores tiene encomendadas, habiendo acumulado una valiosa experiencia, as[ como llevando a cabo los programas espec�ficos de protecci�n de menores necesarios para la promoci�n y adecuada atenci�n de los mismos en nuestra Comunidad Aut�noma. No obstante, por la pr�ctica totalidad de las instituciones implicadas en la protecci�n de menores, as� como de sus profesionales, se considera conveniente la aprobaci�n de una norma de car�cter general en nuestra Comunidad Aut�noma que, adapt�ndose a la realidad social castellano-manchega, regule el ejercicio de las competencias respecto de la protecci�n de los derechos de los menores, todo ello con el objetivo de lograr un mayor bienestar de los mismos en Castilla-La Mancha.

Por ello, con la presente Ley no se pretende establecer s�lo el marco regulador de las actividades que en materia de protecci�n de menores en situaci�n de desamparo deba desarrollar la Administraci�n Auton�mica, sino que se desea determinar un marco general, que desde el contexto de nuestro ordenamiento jur�dico auton�mico fije las garant�as de calidad y control p�blico de los servicios de los que ser�n usuarios los menores de nuestra Comunidad, que garantice la capacidad de los menores de ejercer cuantos derechos al ordenamiento en su conjunto les concede, como personas y ciudadanos que son.

III.

La presente Ley del Menor de Castilla-La Mancha se estructura en seis T�tulos, siete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El T�tulo Preliminar recoge el objetivo de la Ley, el �mbito personal y territorial de aplicaci�n de la misma, extendiendo la actuaci�n de la Junta de Comunidades m�s all� de la mayor�a de edad con el objetivo de lograr la plena autonom�a personal de los menores sobre los que se ha ejercido alguna medida administrativa o judicial.

En este t�tulo se recogen, asimismo, los principios rectores que informar�n la actuaci�n de todas las entidades p�blicas y privadas en materia de protecci�n y atenci�n a los menores, destacando la primac�a del inter�s del menor, el car�cter eminentemente educativo y socializador de todas las medidas que se adopten, fomentando la prevenci�n de las situaciones de riesgo y desamparo, as� como la b�squeda de la integraci�n sociofamiliar del mismo y fijando la atenci�n en centro como �ltima medida del sistema aplicable. Es necesario destacar la obligaci�n de toda persona que detecte una situaci�n de riesgo o posible desamparo de un menor de prestarle el auxilio inmediato que precise y comunicarlo a las autoridades competentes o sus agentes m�s pr�ximos.

El T�tulo I, de los Derechos y Deberes del menor, consta de tres cap�tulos. El Cap�tulo I, de los Principios Generales, trata de la protecci�n de los Derechos, la divulgaci�n de los mismos y la subsidiariedad de la actuaci�n de los poderes p�blicos de Castilla-La Mancha.

La defensa de los derechos del menor es la base de la presente Ley, y por ello se contemplan todos los medios necesarios para cubrir tal fin, sin excluir la necesidad futura de crear una figura espec�fica a estos efectos.

En el Cap�tulo II se contiene una enumeraci�n de los derechos del menor, en consonancia con lo establecido en la Convenci�n de los Derechos del Ni�o de Naciones Unidas y en la Ley Org�nica 1/1996, as� como las actuaciones que desde la Administraci�n Auton�mica se llevar�n a cabo para garantizar, proteger y promover el cumplimiento de los mismos.

Asimismo aparecen en el Cap�tulo III los deberes de los menores con especial referencia a su contribuci�n al desarrollo de la vida familiar y de comportamiento c�vico.

El T�tulo II, de Protecci�n Social y Jur�dica del Menor, consta de once cap�tulos, y recoge el conjunto de medidas destinadas a prevenir e intervenir en las situaciones de riesgo, desamparo y conflicto en que el menor pueda verse implicado.

El Cap�tulo I trata de las disposiciones generales. De �stas cabe destacar la fijaci�n de los equipos interdisciplinares en la Consejer�a competente en materia de menores, como �rgano colegiado que garantizar� la imparcialidad y objetividad.

Dentro del Cap�tulo II de este T�tulo se recogen las medidas de prevenci�n y apoyo a la familia, no limit�ndose estas �ltimas a las t�picas ayudas de car�cter econ�mico, sino que adem�s se prev�n otras de car�cter t�cnico, entendi�ndose �stas prioritarias y m�s eficaces dentro del sistema de protecci�n de menores.

Se define en el Cap�tulo III la situaci�n de riesgo, regul�ndose el procedimiento para su apreciaci�n, as� como las medidas que se llevar�n a cabo dentro del oportuno programa de intervenci�n familiar, destacando la necesidad de que en cada programa exista un profesional responsable del caso.

El Cap�tulo IV trata de la guarda, con expresa remisi�n a lo que sobre dicha figura se contempla en la legislaci�n civil.

En el Cap�tulo V, de la Situaci�n de Desamparo se definen aquellas situaciones que dan lugar al desamparo y se establece el procedimiento para proceder a su declaraci�n.

En el Cap�tulo VI, de la Tutela, se recoge la necesidad de que en la propia resoluci�n administrativa por la que se asume la tutela deben constar las medidas de protecci�n a adoptar con el menor, garantiz�ndose asimismo la atenci�n inmediata de los mismos a trav�s de los centros de primera acogida o familias acogedoras.

El Cap�tulo VI, regula el Acogimiento, como medida para ejercer la tutela, marc�ndose como criterio general la prioridad del acogimiento en familia extensa y del acogimiento familiar respecto al residencial. Dentro del Acogimiento Familiar es necesario destacar la necesaria formaci�n de las familias acogedoras y las medidas de apoyo a las mismas, regul�ndose la figura del Acogimiento Familiar profesionalizado como instrumento que profundizar� en la desinstitucionalizaci�n de los menores y en la atenci�n profesionalizada de los mismos, requiri�ndose para ello una especial cualificaci�n de los acogedores.

Respecto del acogimiento residencial destaca el hecho de que esta medida pueda ser complementada con la estancia del menor con familias acogedoras durante periodos de tiempo, incidiendo de nuevo en evitar la institucionalizaci�n de los menores; asimismo se exige que los centros se organicen en unidades de convivencia reducidas, debiendo contar los mismos con figuras de referencia estables, as� como que el personal que presta sus servicios en estos centros deber� contar con una formaci�n muy especializada y de car�cter continuado.

El Cap�tulo VIII, de la Adopci�n, regula, dentro de los t�rminos previstos por la legislaci�n civil del Estado el procedimiento de declaraci�n de idoneidad de los mismos, dentro del cual se recoge como imprescindible la realizaci�n de un proceso de formaci�n de los solicitantes, con una doble finalidad: en primer lugar de autoevaluaci�n de las capacidades, para continuar con el proceso y, en segundo lugar, como preparaci�n para que se adquieran las habilidades necesarias que disminuyan y eviten los riesgos de fracaso tras la culminaci�n del proceso de adopci�n, no haci�ndose ninguna distinci�n entre la adopci�n regional y la internacional. Se regula, asimismo, el Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha en el que se inscribir�n todos los solicitantes que hayan superado el periodo de formaci�n y selecci�n.

En el Cap�tulo IX, de los Menores en Conflicto Social, se recogen las actuaciones que la Administraci�n Auton�mica llevar� a cabo con aquellos menores que pudieran causar perjuicios a s� mismos o a otras personas, as� como los que han, cometido hechos tipificados como delitos o faltas y no tienen edad para exigirles responsabilidad penal.

El Cap�tulo X, de los Programas de Autonom�a Personal, recoge el compromiso de la Administraci�n Auton�mica de continuar apoyando a aquellas personas que, durante su minor�a de edad, han tenido alguna actuaci�n protectora o judicial, debido a su situaci�n de riesgo, desamparo o conflicto social, hasta lograr su plena autonom�a personal y su integraci�n social.

El Cap�tulo XI regula el Registro de las situaciones del menor en el que se van a inscribir todas las actuaciones llevadas a cabo con el mismo, garantiz�ndose, por un lado la confidencialidad de los datos, y por otro que s�lo se pueden utilizar en beneficio del propio menor.

El T�tulo III, de la Ejecuci�n de Medidas Judiciales, regula los criterios que va a seguir la Administraci�n Auton�mica en la ejecuci�n material de las medidas adoptadas por los jueces de menores en aplicaci�n de la normativa estatal reguladora de la jurisdicci�n de menores, tanto si se trata de medidas a ejecutar en el medio abierto, c�mo si son medidas en centros, recogi�ndose en el primer caso la figura del coordinador de Medidas como figura clave en la supervisi�n de la ejecuci�n de las mismas y en la coordinaci�n con los �rganos judiciales.

El T�tulo IV, de la Distribuci�n de Competencias, regula las funciones que ejercer� la propia Administraci�n Auton�mica, as� como las que se atribuyen a los municipios, haciendo compatible el principio recogido en la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha de descentralizaci�n de servicios en los municipios, con la necesaria profesionalizaci�n de las actuaciones a llevar a cabo en el sistema de protecci�n de menores; en este sentido se ha optado por distinguir, a la hora de asignar competencias municipales, entre aquellos municipios que cuentan con servicios sociales b�sicos propios y en los que dichos servicios son prestados desde la Administraci�n Auton�mica, asign�ndoles a los primeros competencias en materia de prevenci�n, de intervenci�n en situaciones de riesgo, de corresponsabilidad en el desarrollo de determinados programas en situaciones de desamparo y conflicto social y de colaboraci�n en la ejecuci�n de medidas judiciales en medio abierto.

No obstante, con el fin de potenciar el proceso de descentralizaci�n de los servicios sociales en los municipios, la Disposici�n Adicional Segunda prev� la posibilidad de que determinadas competencias de la Comunidad Aut�noma se puedan delegar en los municipios mayores de 10.000 habitantes.

En el Cap�tulo III de este T�tulo se regula el funcionamiento y la acreditaci�n de las entidades colaboradoras de atenci�n a menores, como elemento fundamental de implicaci�n de la sociedad civil en la promoci�n y presentaci�n de los derechos de los menores.

El T�tulo V, del R�gimen Sancionador, recoge las infracciones y sanciones administrativas en materia de atenci�n a menores, as� como el procedimiento sancionador y los �rganos competentes.

En definitiva, la presente Ley viene a regular un sistema de protecci�n de menores moderno y profesionalizado, en el que se reconoce al menor no s�lo como sujeto de los derechos de toda persona, sino que adem�s lo es de aquellos derivados de la especial protecci�n que le es debida, garantiz�ndole el respeto y la promoci�n personal, todo ello con el objetivo de lograr el mayor nivel de bienestar para los menores de Castilla-La Mancha.