Orden de 23/02/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de las entidades que presten servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, se regula su Registro Regional de Castilla-La Mancha y se establece el régimen de concesión de ayudas a su implantación, adaptación y utilización.

Las entidades privadas o sus uniones o federaciones interesadas en prestar servicios de asesoramiento deberán tener personalidad jurídica así como incluir en el objeto social definido en sus estatutos la prestación de asistencia y asesoramiento a agricultores y ganaderos, y acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo siguiente.

• e) Respecto a otras materias de gestión económica y ambiental de la explotación que abarque a los nuevos retos, se asesorará en su caso, en materia de modernización de explotaciones, ahorro de medios de producción, aplicación de las medidas agroambientales, fomento de herramientas e innovaciones tecnológicas, comercialización, gestión empresarial y diversificación de las actividades agrarias e impulso de cultivos y técnicas que compatibilicen la mayor productividad y competitividad agraria con la preservación del medio ambiente, además de en materias como cambio climático, biodiversidad, energías renovables y gestión del agua y sector vacuno de leche.

3. Las entidades que prestan servicios de asesoramiento deberán disponer de un sistema de registro informatizado, en su domicilio social y en cada una de sus oficinas, en el que consten los servicios de asesoramiento prestados, con indicación, al menos, de los datos del demandante, de la explotación, los temas de consulta, el técnico o técnicos que realicen el asesoramiento, la fecha de las visitas a la explotación o de las consultas y el consejo o propuesta de mejora. Este sistema de registro permitirá a la autoridad competente el seguimiento y control de las actuaciones que realiza la entidad de asesoramiento.

• g) Ámbito de asesoramiento: integral.

Con carácter general, para poder solicitar y acceder a las ayudas para la utilización de los SAE, será necesario que las personas físicas o jurídicas cumplan en el momento de presentar la solicitud:

• a) ser titular de una explotación agraria, conforme a las definiciones establecidas en el artículo 2 de esta Orden.
• b) solicitar el asesoramiento para la totalidad de su explotación agraria.
• c) no haber obtenido ayudas para la utilización de los servicios de asesoramiento en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud. Para el cómputo del citado plazo se tendrá en cuenta la fecha del fin de plazo de presentación de solicitudes de ayuda de cada convocatoria.
• d) no estar incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con mención expresa de hallarse al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de ayudas.
• e) en los casos en que el beneficiario esté sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, deberá acreditar que está en posesión de un plan de prevención de riesgos laborales y que no ha sido sancionado en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme o falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención, mediante la presentación de declaración responsable, de conformidad con el Anexo correspondiente de cada convocatoria.
• f) No estar incurso la persona física o los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas en las incompatibilidades previstas en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

2. La ayuda para la utilización de los servicios de asesoramiento se limitará a un máximo del 80 por ciento del coste subvencionable por servicio de asesoramiento completo, siendo el importe máximo subvencionable de 1.500 euros por servicio de asesoramiento y explotación en un periodo de 3 años conforme al artículo 19.c, abonable en un solo pago.

5. Asimismo, sólo se podrá presentar una solicitud de ayuda por entidad al amparo del Capítulo IV y una por beneficiario al amparo del Capítulo V.