Sumario

Ley [EXTREMADURA] 9/2005, 27 diciembre, derogada por el n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica del DLeg. [EXTREMADURA] 1/2006, 12 diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Aut�noma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado (�D.O.E.� 23 diciembre), el 24 de diciembre de 2006.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el art�culo 49.1 del Estatuto de Autonom�a, vengo a promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

Hace ya tres a�os desde la promulgaci�n de la Ley 8/2002, de Reforma Fiscal de la Comunidad Aut�noma de Extremadura, mediante la cual nuestra Regi�n ejerci�, por primera vez desde la aprobaci�n del nuevo sistema de financiaci�n auton�mica, sus competencias normativas en materia de tributos cedidos en el marco de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas y Ciudades con Estatuto de Autonom�a.

En aquella norma fiscal se introdujeron medidas tan importantes desde el punto de vista econ�mico y social como las deducciones de la cuota �ntegra auton�mica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas para los supuestos de adquisici�n de vivienda habitual protegida por j�venes, y la deducci�n por trabajo dependiente para los contribuyentes con menor nivel de renta. La vivienda habitual protegida tambi�n se foment� mediante la mejora de la reducci�n estatal en las adquisiciones por causa de muerte, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y mediante el establecimiento de un tipo reducido -el 4%- en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para las Viviendas de Protecci�n Oficial.

Sin perder de vista el hecho de que las competencias normativas en materia de tributos cedidos que otorga a las Comunidades Aut�nomas la Ley 21/2001 deben ejercerse con prudencia, a fin de cumplir con el principio de corresponsabilidad fiscal -pilar b�sico de nuestro sistema de financiaci�n-, y de evitar fen�menos de deslocalizaci�n impositiva, es necesario, sin embargo, avanzar en el camino iniciado por la Ley 8/2002.

Con la presente Ley se establece una reforma fiscal tanto en los denominados Impuestos directos como en los indirectos que no se limita, sin embargo, a la mera reducci�n de tipos o al establecimiento de deducciones o bonificaciones tributarias aisladas, sino que pretende configurarse como una verdadera estructuraci�n integral de los instrumentos impositivos que, dentro de las peculiaridades econ�micas y sociales de Extremadura, permita dotar a nuestro sistema fiscal de mayor igualdad, progresividad y de un marcado car�cter redistributivo con el fin de lograr una reducci�n de las diferencias de renta y riqueza de los extreme�os, y, en suma, una mayor justicia econ�mica y social.

II

En efecto, la reforma tributaria que aborda la presente Ley se encuentra presidida, en primer lugar, por el objetivo de favorecer por v�a fiscal el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, especialmente para determinados colectivos. Es decir, se trata de disminuir el coste del acceso a la vivienda habitual por la v�a indirecta de la bonificaci�n fiscal respetando, en todo caso, la compatibilidad de las medidas establecidas en este proyecto con las ayudas o subvenciones directas que al efecto tiene establecidas la Comunidad Aut�noma de Extremadura.

En este sentido, se introduce una nueva deducci�n por alquiler de vivienda habitual en la cuota auton�mica del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas para menores de 35 a�os, familias numerosas y personas con discapacidad, destinada fundamentalmente a facilitar el arrendamiento de vivienda por estos colectivos. Asimismo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se mejora la reducci�n estatal de la base imponible en el caso de adquisiciones �mortis causa� de la vivienda habitual del causante -en los casos en que la misma no est� sometida al r�gimen de protecci�n p�blica que determinar�a la aplicaci�n de la ya existente reducci�n del 100% prevista en el art�culo 5 de la Ley 8/2002, de Reforma Fiscal- de acuerdo con una escala que hace depender el porcentaje de la reducci�n del valor real de la vivienda adquirida, con la finalidad de dar mejor cumplimiento al principio de capacidad contributiva.

En los Impuestos indirectos tambi�n se ha favorecido el acceso a la vivienda: en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas se rebaja del 4% al 3% el tipo impositivo para la adquisici�n de una vivienda habitual que sea de protecci�n oficial y con precio m�ximo legal. Para el resto de las viviendas habituales que no est�n incluidas en la anterior categor�a, se ha optado por un r�gimen que permite, por una parte, aplicar un tipo reducido del 6% siempre que se cumpla un requisito objetivo, referido al valor de la vivienda adquirida, y un requisito subjetivo, que depende de la efectiva capacidad econ�mica del adquirente, y por otra, aplicar una bonificaci�n fiscal del 20% de la cuota para aquellos colectivos -menores de 35 a�os, integrantes de familias numerosas y personas con minusval�a- cuyas circunstancias personales o familiares suponen una mayor carga econ�mica para el acceso a la vivienda habitual en propiedad. La consideraci�n, a efectos de la rebaja del tipo impositivo, de estos dos factores -el valor de la vivienda adquirida y los niveles de renta del adquirente- suponen la introducci�n en la imposici�n indirecta de un elemento de progresividad que redunda en beneficio de los principios de equidad y de justicia social.

En la modalidad de actos jur�dicos documentados tambi�n se introducen medidas para el fomento del acceso a la vivienda habitual a trav�s de la reducci�n a menos de la mitad -del 1% al 0,4%- del tipo aplicable a las escrituras p�blicas que documenten la adquisici�n de la misma, as� como la constituci�n de pr�stamos hipotecarios destinados a su financiaci�n, con los mismos requisitos que en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas determina la aplicaci�n del tipo reducido del 6%.

El segundo eje sobre el que se vertebra la presente reforma tributaria es eminentemente de car�cter social y de ayuda a la familia, con especial atenci�n a la protecci�n de los menores y discapacitados. A ello obedece el establecimiento de dos nuevas deducciones de la cuota auton�mica del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas por cuidado de familiares discapacitados y por acogimiento de menores. En el Impuesto sobre el Patrimonio se eleva el m�nimo exento para personas con minusval�a, de acuerdo con una escala que atiende espec�ficamente al grado de discapacidad. Las mismas razones animan -adem�s de la bonificaci�n en cuota del 20% en transmisiones patrimoniales, ya citada -, el establecimiento en el Impuesto sobre Sucesiones de mejoras sustanciales tanto de la reducci�n personal por parentesco para los causahabientes incluidos en el Grupo I -descendientes menores de 21 a�os-, como la mejora de la reducci�n espec�fica por discapacidad, compatible con la anterior.

En tercer lugar, no es ajeno a esta reforma el deseo de incentivar fiscalmente a la empresa familiar y al sector agrario en nuestra Regi�n, mediante la elevaci�n al 100% de las reducciones estatales en el caso de adquisiciones �mortis causa� de empresas individuales, negocios profesionales, participaciones en entidades societarias y de explotaciones agrarias. Su finalidad es, primordialmente, facilitar la sucesi�n de la empresa familiar y de la explotaci�n agraria a fin de lograr la continuidad de dichas actividades econ�micas en el territorio de la Comunidad Aut�noma de Extremadura.

III

Se dedica un T�tulo independiente a las normas de gesti�n y aplicaci�n de los tributos cedidos, dividido en tres Cap�tulos.

El primero de ellos consta de un solo art�culo, dedicado a la regulaci�n de una disposici�n general de car�cter procedimental en relaci�n con los beneficios fiscales en los tributos cedidos.

El Cap�tulo Segundo regula una serie de extremos comunes a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados.

Por lo que se refiere a la cuesti�n de la comprobaci�n de valores en los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, se da respaldo mediante norma de rango legal a la previsi�n contenida en el art�culo 134 de la vigente Ley General Tributaria, novedoso en relaci�n con la anterior legislaci�n estatal, y referente a la potestad que tiene la Administraci�n actuante -en este caso nuestra Comunidad Aut�noma, como gestora de ambos tributos cedidos- de publicar los valores correspondientes en aplicaci�n de cualquiera de los medios de comprobaci�n del art�culo 57 de la misma Ley, lo que sirve al doble objetivo de dar publicidad a los valores que la Administraci�n utilizar� en sus actuaciones de comprobaci�n y de garantizar al contribuyente la seguridad de que, si se ajusta en sus declaraciones tributarias a dichos valores, se excluye autom�ticamente la actividad comprobatoria.

La publicaci�n de los valores por la Administraci�n proporciona, en suma, una mayor seguridad jur�dica al contribuyente, ya que le ofrece �a priori� tanto la informaci�n necesaria para realizar sus declaraciones tributarias, como una soluci�n de consenso que permite evitar litigios acerca de los actos comprobatorios de valor. Nuestra Comunidad Aut�noma ya se adelant� en buena medida a la actual Ley General Tributaria mediante la publicaci�n de un primer Decreto 21/1998, de Valoraciones Fiscales, posteriormente sustituido por el vigente Decreto 21/2001, el cual, a su vez, ha sido objeto de actualizaci�n mediante Orden de la Consejer�a de Hacienda y Presupuesto de 24 de junio de 2004.

Los coeficientes y valores que se contienen en los Anexos II y IV de la Orden de 24 de junio de 2004 -a los que se remite el art�culo 18 de la presente Ley y que considera valores publicados en aplicaci�n del m�todo de estimaci�n por referencia del art�culo 57.1.b) de la Ley General Tributaria- se han obtenido mediante una estimaci�n, basada en estudios de mercado, de la relaci�n existente entre los valores que se obtienen del registro fiscal de car�cter oficial por excelencia -el Catastro- con el valor de mercado, que se identifica con el valor real que constituye la base imponible en los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados. En concreto, en la valoraci�n de fincas urbanas, dicha estimaci�n por referencia se realiza mediante la aplicaci�n de coeficientes multiplicadores al valor catastral, seg�n el municipio y utilidad, y con relaci�n a las fincas r�sticas, a trav�s del establecimiento de un valor unitario por hect�rea obtenido a partir del tipo evaluatorio asignado por Catastro, valor �ste de referencia que asigna un rendimiento te�rico por hect�rea en funci�n del municipio, cultivo e intensidad productiva.

Por primera vez se regula la posibilidad de que la Administraci�n Auton�mica, en un futuro, haga uso de la facultad de publicar valores de todas o algunas clases de bienes inmuebles o dem�s elementos determinantes de la obligaci�n tributaria, en aplicaci�n del medio de comprobaci�n del art�culo 57.1.c) de la Ley General Tributaria, referente a precios medios en el mercado, publicaci�n que, en todo caso, contendr� la metodolog�a seguida para su obtenci�n.

Se incluyen finalmente otras normas de gesti�n, entre las que destacan las relativas a los informes de valoraci�n vinculantes a que se refiere el art�culo 90 de la Ley General Tributaria, as� como la obligaci�n de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de suministrar informaci�n, que no es otra cosa que la especificaci�n en el �mbito de estos impuestos de la obligaci�n establecida con car�cter general en el art�culo 93.4 de la Ley General Tributaria.

Por �ltimo, el Cap�tulo Tercero incluye normas de aplicaci�n del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El mismo comienza con una declaraci�n de car�cter general por la que se equiparan, a los efectos del Impuesto sobre Sucesiones, los miembros de las parejas de hecho a los c�nyuges. Esta equiparaci�n ya se estableci� en el art�culo 5 de la Ley 8/2002, de Reforma Fiscal en lo que respecta a la reducci�n de la base imponible por adquisici�n �mortis causa� de vivienda sometida a determinado r�gimen de protecci�n p�blica, precepto �ste que se adelant� a la regulaci�n general de las parejas de hecho.

La promulgaci�n de la Ley 5/2003, de Parejas de Hecho, y las declaraciones de equiparaci�n entre los c�nyuges y los miembros de las mismas que se contemplan en sus art�culos 12 y 13, hacen necesario el establecimiento por la Comunidad Aut�noma en esta Ley de una regla general en este sentido en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el c�mputo de los niveles de renta para aplicarse el tipo reducido del 6% en la modalidad de transmisiones patrimoniales, y del 0,4% en actos jur�dicos documentados, en las adquisiciones y documentos notariales referentes a la vivienda habitual, se ha optado por una declaraci�n espec�fica en los propios art�culos reguladores de la rebaja de tipos impositivos.

Por �ltimo, se da soluci�n al problema de los efectos suspensivos de la reserva de la tasaci�n pericial contradictoria, as� como se establece la obligaci�n de los sujetos pasivos de aportar los certificados de los movimientos de cuentas bancarias del causante, a fin de detectar posibles bienes adicionables de conformidad con el art�culo 11 de la Ley 29/1987.