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Sumario

LE0000232224 Ley [GALICIA] 4/1995, 24 mayo, derogada por la Disposici�n Derogatoria de la Ley [GALICIA] 2/2006, 14 junio, de derecho civil de Galicia (�D.O.G.� 29 junio) el 19 de julio de 2006.

Pre�mbulo

El derecho civil de Galicia es una creaci�n genuina del pueblo gallego. Como derecho regulador de relaciones entre sujetos privados, surge a lo largo de los siglos en la medida en que su necesidad se hace patente, frente a un derecho que, por ser com�n, negaba nuestras peculiaridades jur�dicas emanadas del m�s hondo sentir de nuestro pueblo. Es por ello un fruto de la realidad social y, como tal, cambiante a lo largo del tiempo, de forma que mientras unas instituciones pierden vigencia aparecen otras que tratan de acomodarse a la nueva situaci�n. Esta tensi�n entre la realidad y la supervivencia de formas jur�dicas que van siendo superadas fue dando, asimismo, nuevo sentido a nuevas instituciones, ya que pocas veces podr� encontrarse una relaci�n funcional tan estrecha entre esas necesidades que las instituciones jur�dicas intentan alcanzar y las realidades de cada momento hist�rico.

Este proceso de creaci�n consuetudinario y del derecho civil, como fruto de una realidad concreta en el tiempo y en el espacio, se vio, ciertamente, interrumpido por el movimiento codificador uniformador surgido en el siglo XIX. Es, precisamente, el C�digo Civil de 1889 el que coloca al margen de la legalidad vigente a una buena parte de nuestro derecho civil propio, sin que esta situaci�n haya sido, ni mucho menos, resuelta con la promulgaci�n en 1963, de la Compilaci�n del derecho civil de Galicia, fragmentaria, incompleta, falta de entidad propia de un sistema jur�dico y, en consecuencia, en buena parte, de espaldas a la realidad social.

El Estatuto de autonom�a de Galicia de 1981 cre� un nuevo marco, dentro del que puede conservarse, modificarse y desarrollarse el derecho civil gallego, tal como determina en el art�culo 27.4, al fijar la competencia exclusiva de la Comunidad Aut�noma, al amparo de lo previsto en el art�culo 149.1.8.� de la Constituci�n espa�ola de 1978. Sin perjuicio de la competencia estatal en materia de legislaci�n civil, de acuerdo con lo previsto en la Constituci�n y en los estatutos de autonom�a, las Comunidades Aut�nomas podr�n conservar, modificar y desarrollar sus propios derechos civiles, forales o especiales, all� en donde existan. El marco estatutario se complet� adem�s con sus previsiones espec�ficas sobre la parroquia rural, de acuerdo con los art�culos 27.2 y 40 del Estatuto, que asoma en las disposiciones de esta ley sobre la comunidad vecinal, sobre las comunidades de aguas o sobre el r�gimen jur�dico de los montes vecinales en mano com�n, incorporados al derecho auton�mico por raz�n de lo previsto en dicho art�culo 27 del propio Estatuto, entre otras competencias que inciden, naturalmente, sobre los m�s diversos aspectos de las relaciones jur�dico-privadas.

De singular trascendencia para el derecho civil gallego es el art�culo 38 del Estatuto de autonom�a, expresivo de las fuentes del derecho propio de Galicia. En su p�rrafo tercero dice que �en la determinaci�n de las fuentes del derecho civil, el Estado respetar� las normas del derecho civil gallego�. Esta ley, en su t�tulo preliminar hace uso de esta facultad y especifica n�tidamente que el derecho civil de Galicia estar� integrado por los usos y costumbres propios y por las normas contenidas en la presente ley, as� como por las dem�s leyes gallegas que lo conserven, desarrollen o modifiquen. En los dem�s art�culos del t�tulo preliminar se completa el marco de las normas del derecho civil de Galicia dentro de las m�s estrictas previsiones constitucionales y estatutarias.

La sentencia del Tribunal Constitucional n�mero 182/1992, sobre la Ley 2/1986, de 10 de diciembre del Parlamento de Galicia, de pr�rroga en el r�gimen de arrendamientos r�sticos para Galicia, interpret� muy adecuadamente, las expresiones constitucionales y estatutarias sobre el �mbito material en que hab�a de conservarse, modificarse o desarrollarse el derecho civil gallego. Dijo expresa y n�tidamente que, siendo cierto que la vigente Compilaci�n del derecho civil de Galicia no contiene ninguna regla, directa y expresa, sobre el arrendamiento r�stico, no lo es menos -como consideraci�n de principio- que la competencia auton�mica para la conservaci�n, modificaci�n y desarrollo del propio derecho civil puede dar lugar, seg�n ya hab�a dicho en la reciente STC 121/1992 (fund. jur�dico 2.�), a una recepci�n y formalizaci�n legislativa de costumbres y usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio auton�mico, eventualidad, esta �ltima, que resulta a�n m�s clara visto el enunciado del referido art�culo 27.4 del Estatuto de autonom�a de Galicia, pues en la idea de �instituci�n� jur�dica, presente en tal precepto, se integran o pueden integrarse, con naturalidad, posibles normas consuetudinarias. En similar sentido se pronunciaron los distintos congresos de derecho gallego, cuando proclaman que la Compilaci�n de 1963 no era la expresi�n completa de nuestro derecho civil y, al contrario, fuera de ella perviv�an muchas instituciones que esperaban su incorporaci�n al derecho vigente.

La presente Ley de derecho civil de Galicia intenta, pues, desarrollar, en todos sus aspectos, aquellas instituciones jur�dicos-privadas que realmente estuviesen vivas en el derecho propio de Galicia. Seguramente existen instituciones que la ley no regula y que tienen m�ritos propios para ser incorporadas al derecho escrito de Galicia. Por ello, en previsi�n de la existencia de tales instituciones, pero tambi�n de las dudas y problemas que la aplicaci�n de la presente ley pudiese plantear en la pr�ctica, se establece una f�rmula a fin de que se someta, cuando se estime oportuno, como m�ximo en el plazo de cinco a�os, a una evaluaci�n el presente texto mediante el informe de una Ponencia especial, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria que puede existir en cualquier momento, de modo que los grupos parlamentarios o la Xunta de Galicia pudiesen hacer en su d�a uso de oportunas iniciativas legislativas que permitan la conservaci�n, modificaci�n o desarrollo propio del derecho de Galicia.

Estamos ante un derecho vivo de Galicia. Nacido en los campos gallegos, como emanaci�n singular de un rico derecho agrario, desbordado hoy, incluso en la vida cotidiana de sus urbes. Lejos de la preocupaci�n de cualquier tentaci�n arqueol�gica-jur�dica, la ley pretende regular instituciones v�lidas para los intereses y necesidades del pueblo gallego. Las comunidades de montes vecinales en mano com�n, las de aguas, las agras y los vilares tienen una regulaci�n espec�fica. La duda sobre la posible incorporaci�n de una regulaci�n de los mu��os de herdeiros como una instituci�n viva del derecho gallego llev� a la Ponencia al convencimiento de la oportunidad de su inclusi�n por cuanto puede tener de inter�s como elemento de interpretaci�n e integraci�n de un sistema jur�dico-civil propio de Galicia. El t�tulo dedicado a las servent�as ocupa un ancho y largo espacio, ya que las relaciones de vecindad y la propia configuraci�n del sistema agrario gallego as� lo aconsejan. En cuanto a los contratos, la aparcer�a, el arrendamiento r�stico y el lugar acasarado tienen hoy una excelente vitalidad, lo que aconseja su regulaci�n por medio de la presente ley.

Si vivo y expresivo de un derecho propio es lo se�alado en el p�rrafo anterior, se completa su riqueza con aquellas instituciones constitutivas de un r�gimen econ�mico familiar con f�rmulas espec�ficas de derecho sucesorio, integradoras de unas relaciones jur�dico-privadas de gran alcance, pues definen las formas familiares y el papel de la casa en el desarrollo no s�lo del derecho gallego, sino tambi�n de grandes elementos explicativos de la cultura gallega. Instituciones como el vitalicio, tan vivo en la realidad social gallega, alcanzan ahora un estatuto jur�dico que las circunstancias de nuestro tiempo reclaman.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprob� y yo, de conformidad con el art�culo 13.2.� del Estatuto de Galicia y con el art�culo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre de El Rey, la Ley de derecho civil de Galicia.