Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia

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Sumario

Pre醡bulo

I

獷l derecho civil de Galicia es una creaci髇 genuina del pueblo gallego. Como derecho regulador de relaciones entre sujetos privados, surge a lo largo de los siglos en la medida en que su necesidad se hace patente, frente a un derecho que, por ser com鷑, negaba nuestras peculiaridades jur韉icas emanadas del m醩 hondo sentir de nuestro pueblo. Es por ello un fruto de la realidad social y, como tal, cambiante a lo largo del tiempo, de forma que mientras unas instituciones pierden vigencia aparecen otras que tratan de acomodarse a la nueva situaci髇. Esta tensi髇 entre la realidad y la supervivencia de formas jur韉icas que van siendo superadas fue dando, asimismo, nuevo sentido a nuevas instituciones, ya que pocas veces podr� encontrarse una relaci髇 funcional tan estrecha entre esas necesidades que las instituciones jur韉icas intentan alcanzar y las realidades de cada momento hist髍ico.

Este proceso de creaci髇 consuetudinario y del derecho civil, como fruto de una realidad concreta en el tiempo y en el espacio, se vio, ciertamente, interrumpido por el movimiento codificador uniformador surgido en el siglo XIX. Es, precisamente, el C骴igo civil de 1889 el que coloca al margen de la legalidad vigente a una buena parte de nuestro derecho civil propio, sin que esta situaci髇 haya sido, ni mucho menos, resuelta con la promulgaci髇, en 1963, de la Compilaci髇 del derecho civil de Galicia, fragmentaria, incompleta, falta de entidad propia de un sistema jur韉ico y, en consecuencia, en buena parte, de espaldas a la realidad social.

El Estatuto de autonom韆 de Galicia de 1981 cre� un nuevo marco, dentro del que puede conservarse, modificarse y desarrollarse el derecho civil gallego, tal como determina en el art韈ulo 27.4, al fijar la competencia exclusiva de la Comunidad Aut髇oma, al amparo de lo previsto en el art韈ulo 149.1.8.) de la Constituci髇 espa駉la de 1978. Sin perjuicio de la competencia estatal en materia de legislaci髇 civil, de acuerdo con lo previsto en la Constituci髇 y en los estatutos de autonom韆, las comunidades aut髇omas podr醤 conservar, modificar y desarrollar sus propios derechos civiles, forales o especiales, all� en donde existan. El marco estatutario se complet� adem醩 con sus previsiones espec韋icas sobre la parroquia rural, de acuerdo con los art韈ulos 27.2 y 40 del Estatuto, que asoma en las disposiciones de esta ley sobre la comunidad vecinal, sobre las comunidades de aguas o sobre el r間imen jur韉ico de los montes vecinales en mano com鷑, incorporados al derecho auton髆ico por raz髇 de lo previsto en dicho art韈ulo 27 del propio Estatuto, entre otras competencias que inciden, naturalmente, sobre los m醩 diversos aspectos de las relaciones jur韉ico-privadas.

De singular trascendencia para el derecho civil gallego es el art韈ulo 38 del Estatuto de autonom韆, expresivo de las fuentes del derecho propio de Galicia. En su p醨rafo tercero dice que 獷n la determinaci髇 de las fuentes del derecho civil el Estado respetar� las normas del derecho civil gallego�. Esta ley, en su t韙ulo preliminar, hace uso de esta facultad y especifica n韙idamente que el derecho civil de Galicia estar� integrado por los usos y costumbres propios y las normas contenidas en la presente ley, as� como por las dem醩 leyes gallegas que lo conserven, desarrollen o modifiquen. En los dem醩 art韈ulos del t韙ulo preliminar se completa el marco de las normas del derecho civil de Galicia dentro de las m醩 estrictas previsiones constitucionales y estatutarias.

La Sentencia del Tribunal Constitucional n鷐ero 182/1992, sobre la Ley 2/1986, de 10 de diciembre, del Parlamento de Galicia, de pr髍roga en el r間imen de arrendamientos r鷖ticos para Galicia, interpret�, muy adecuadamente, las expresiones constitucionales y estatutarias sobre el 醡bito material en que hab韆 de conservarse, modificarse o desarrollarse el derecho civil gallego. Dijo expresa y n韙idamente que, siendo cierto que la vigente Compilaci髇 del derecho civil de Galicia no contiene ninguna regla, directa y expresa, sobre el arrendamiento r鷖tico, no lo es menos -como consideraci髇 de principio- que la competencia auton髆ica para la conservaci髇, modificaci髇 y desarrollo del propio derecho civil puede dar lugar, seg鷑 ya hab韆 dicho en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 121/1992 (fundamento jur韉ico 2.�), a una recepci髇 y formalizaci髇 legislativa de costumbres y usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio auton髆ico, eventualidad, esta 鷏tima, que resulta a鷑 m醩 clara visto el enunciado del referido art韈ulo 27.4 del Estatuto de autonom韆 de Galicia, pues en la idea de 玦nstituci髇� jur韉ica, presente en tal precepto, se integran o pueden integrarse, con naturalidad, posibles normas consuetudinarias. En similar sentido se pronunciaron los distintos congresos de derecho gallego, cuando proclaman que la Compilaci髇 de 1963 no era la expresi髇 completa de nuestro derecho civil y, al contrario, fuera de ella perviv韆n muchas instituciones que esperaban su incorporaci髇 al derecho vigente". (sic)

II

La presente Ley de derecho civil de Galicia intenta, pues, desarrollar, en todos sus aspectos, aquellas instituciones jur韉ico-privadas que realmente estuvieran vivas en el derecho propio de Galicia. Seguramente existen instituciones que la ley no regula y que tienen m閞itos propios para ser incorporadas al derecho escrito de Galicia. Por ello, en previsi髇 de la existencia de tales instituciones, pero tambi閚 de las dudas y problemas que la aplicaci髇 de la presente ley pudiera plantear en la pr醕tica, se establece una f髍mula a fin de que se someta, cuando se estime oportuno, como m醲imo en el plazo de cinco a駉s, a una evaluaci髇 el presente texto mediante el informe de una ponencia especial, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria que puede existir en cualquier momento, de modo que los grupos parlamentarios o la Xunta de Galicia pudieran hacer en su d韆 uso de oportunas iniciativas legislativas que permitan la conservaci髇, modificaci髇 o desarrollo propio del derecho de Galicia.

Estamos ante un derecho vivo de Galicia. Nacido en los campos gallegos, como emanaci髇 singular de un rico derecho agrario, desbordado hoy, incluso en la vida cotidiana de sus urbes. Lejos de la preocupaci髇 de cualquier tentaci髇 arqueol骻ico-jur韉ica, la ley pretende regular instituciones v醠idas para los intereses y necesidades del pueblo gallego. Las comunidades de montes vecinales en mano com鷑, las de aguas, las agras y los vilares tienen una regulaci髇 espec韋ica. La duda sobre la posible incorporaci髇 de una regulaci髇 de los mu眈os de herdeiros como una instituci髇 viva del derecho gallego llev� a la ponencia al convencimiento de la oportunidad de su inclusi髇, por cuanto puede tener de inter閟 como elemento de interpretaci髇 e integraci髇 de un sistema jur韉ico-civil propio de Galicia. El t韙ulo dedicado a las servent韆s ocupa un ancho y largo espacio, ya que las relaciones de vecindad y la propia configuraci髇 del sistema agrario gallego as� lo aconsejan. En cuanto a los contratos, la aparcer韆, el arrendamiento r鷖tico y el lugar acasarado tienen hoy una excelente vitalidad, lo que aconseja su regulaci髇 por medio de la presente ley.

Si vivo y expresivo de un derecho propio es lo se馻lado en el p醨rafo anterior, se completa su riqueza con aquellas instituciones constitutivas de un r間imen econ髆ico familiar con f髍mulas espec韋icas de derecho sucesorio, integradoras de unas relaciones jur韉ico-privadas de gran alcance, pues definen las formas familiares y el papel de la casa en el desarrollo no s髄o del derecho gallego, sino tambi閚 de grandes elementos explicativos de la cultura gallega. Instituciones como el vitalicio, tan vivo en la realidad social gallega, alcanzan ahora un estatuto jur韉ico que las circunstancias de nuestro tiempo reclaman.

Dicha Ley 4/1995, de 24 de mayo, de derecho civil de Galicia, marc� el camino en el ejercicio de la competencia para la conservaci髇, modificaci髇 y desarrollo de las instituciones del derecho civil gallego (art韈ulo 27.3 del Estatuto de autonom韆 de Galicia). No obstante el tiempo transcurrido, la doctrina cient韋ica, la pr醕tica forense y la jurisprudencia pusieron de manifiesto la inexplicable repetici髇 de dos art韈ulos del texto legal, la introducci髇 de algunos preceptos superfluos y la regulaci髇 ambigua de algunas materias que generaron conflictos en su interpretaci髇 o aplicaci髇. Por estas razones, aunque ahora se conserve la regulaci髇 existente de muchas de las instituciones tradicionales, una eficiente pol韙ica legislativa debe intentar mejorar algunos aspectos de las instituciones referidas a los montes vecinales en mano com鷑, las aguas de torna a torna o pilla pillota, el c髆aro, ribazo o arr�, las servent韆s, las servidumbres de paso, la aparcer韆 del lugar acasarado, el derecho de labrar y poseer, la compa耥a familiar gallega, el r間imen econ髆ico familiar y el importante t韙ulo referido a los derechos sucesorios.

Congruentes con esa l韓ea de mejora del texto legislativo vigente, se dieron pasos a favor de la modificaci髇 de algunos art韈ulos relativos a las fuentes del derecho civil (art韈ulo 1), los arrendamientos r鷖ticos -por la incidencia de las leyes estatales 49/2003, de 26 de noviembre, y 26/2005, de 30 de noviembre-, las aparcer韆s y el derecho sucesorio. Se llama la atenci髇 de la nueva regulaci髇 del art韈ulo 234.3.�), el cual extiende la obligaci髇 de prestar alimentos a los hijos y ascendientes que lo precisen, sin tener que reunir la condici髇 de comunes, modificaci髇 que va a incidir en la cuesti髇 de inconstitucionalidad n鷐. 311/2003 con relaci髇 al art韈ulo 123.3.�) de la Ley de 24 de mayo de 1995.

Por 鷏timo, la ponencia estim� oportuno acometer el desarrollo, en el derecho civil de Galicia, de algunas materias no reguladas en la Ley de 24 de mayo de 1995, como son las relativas a la protecci髇 de menores, la adopci髇 y la autotutela, instituciones que se recogen en cuarenta y seis art韈ulos en su vertiente civil, dejando fuera de su 醡bito los aspectos administrativos y procesales. Tambi閚 ha de destacarse la regulaci髇 en el texto legal de las instituciones derivadas de relaciones de vecindad, como son la gavia, el res韔, la venela y los montes abertales, instituciones de derecho consuetudinario reflejadas en el informe del Consejo de la Cultura Gallega y que la ponencia consider� oportuno desarrollar.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprob� y yo, de conformidad con el art韈ulo 13.2 (del Estatuto de Galicia y con el art韈ulo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de derecho civil de Galicia.