ANEXO

PREÁMBULO

I

Asumido por la Comunidad Autónoma de Extremadura de ejercicio de su autogobierno y ultimado el proceso de transferencias se hace necesario regular la Función Pública mediante el Estatuto del Personal al servicio de la misma, dentro del marco legislativo básico del Estatuto de Autonomía en desarrollo y ejecución de su artículo 8.10.

En base al rigor con que se aborde el contenido de la norma que regula la Función Pública y a los principios en que la misma se inspire, depende en gran medida el funcionamiento y efectividad de la Administración Autónoma Extremeña, y la calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos, pues es clara y terminante la importancia e influencia que las personas tienen en las instituciones que rigen o de las que forman parte.

La Comunidad Autónoma de Extremadura no sólo ha venido asumiendo la incorporación de personal mediante el traspaso de los correspondientes servicios transferidos, sino que también ha iniciado la dotación de sus Servicios Centrales y Periféricos con el personal necesario, a través de la Oferta de Empleo Público, suponiendo ello la presencia de un colectivo importante, que hace necesaria su regulación estatutaria y de la Función Pública.

El mandato expreso de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su artículo II, dictada en desarrollo del artículo 149,1.10 de la Constitución que establece la procedencia de ordenar, mediante Ley de la Asamblea de Extremadura, la Función Pública que ha de ser propia, y que, igualmente marca una serie de bases que han de ser soporte de la Ley que se aborda, permite poder dar cumplimiento no sólo a una necesidad sentida por la Junta de Extremadura, sino también a la voluntad institucional expresada a través del artículo 8.10 del Estatuto de Autonomía.

El modelo seguido por la Ley al regular las distintas situaciones relativas al personal que preste servicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura es el del Estado, no en vano la Ley 30/1984, establece una serie de bases, pero modulando sus concreciones, ya que se trata de armonizar los principios marcados en la reforma emprendida por la Administración Estatal con las peculiaridades propias de una Administración Autonómica naciente, que conlleva, además, la necesidad de respetar situaciones preexistentes del personal asumido por la Comunidad Autónoma.

Se trata, pues, de establecer un Régimen Jurídico propio que caracterice una Función Pública comprensiva no sólo de las situaciones y relaciones jurídicas de los colectivos funcionariales al servicio de la Junta de Extremadura, sino también de aquellas otras al servicio de la Administración Local, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y sus normas de desarrollo.

Todo ello nos lleva a la posibilidad de facilitar el principio de movilidad de los funcionarios entre las distintas Administraciones Públicas, sin que suponga quebranto de los principios básicos de Régimen Jurídico que deben prevalecer en todas ellas, conservando y compatibilizando las peculiaridades propias que se derivan de la identidad de la Comunidad Autónoma y de sus competencias.

Su estructura se fundamenta en la relación de puestos de trabajo y en ella se integran, clasificados por Grupos, tanto los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas como los de nuevo ingreso en la Comunidad Autónoma. A los solos efectos de organización de los sistemas de acceso, dentro de cada Grupo, se crea un Cuerpo de funcionarios, pudiéndose establecer las Clases y Escalas que correspondan en virtud de la clasificación de los puestos de trabajo y de las necesidades de selección de personal.

Esto permite recoger las distintas circunstancias que concurren en una integración de funcionarios procedentes de distintos Cuerpos, Escalas y Plazas, y de Administraciones Públicas diversas, su engranaje con aquellos de nuevo acceso y, aquellas otras que puedan concurrir, permitiendo soluciones técnicas a todas ellas, sin que se vea vulnerado el interés o las características propias de la Comunidad Autónoma de Extremadura en beneficio de otros que le son ajenos.

Son factores esenciales para el logro de los principios que se desean mantener en base al establecimiento de una Función Pública única, los siguientes:

• a) El establecimiento y aplicación de un Régimen Jurídico unitario a todos los funcionarios que presten sus servicios en las Instituciones propias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• b) Creación de una Administración que base su efectividad en los puestos de trabajo y no en una estructura corporativa del personal.
• c) Regular los procedimientos necesarios para facilitar la movilidad y promoción de los funcionarios de la Comunidad Autónoma y el acceso
• d) Posibilitar que la Administración Local opte porque su personal sea seleccionado por la Junta de Extremadura.

De acuerdo pues con los criterios anteriormente apuntados, la Ley es de aplicación a todo el personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto de la Administración Autónoma como de la Administración Local, en concordancia con lo establecido en el punto décimo del artículo octavo del Estatuto de Autonomía, con las salvedades propias del personal laboral y la exclusión de la Asamblea de Extremadura que tiene capacidad de autoorganización en materia de personal, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Tercera del Reglamento de la Cámara.

Los funcionarios de la Administración Local de la Comunidad Autónoma, con excepción de los habilitados de carácter nacional, quedan plenamente integrados en esta Ley. Ello debe ser así, con absoluto respeto a la autonomía de los Entes Locales pues la norma debe ser respetuosa y congruente con la Ley 30/1984, que consagra el principio de movilidad de funcionarios de las distintas Administraciones Públicas, bien entre Corporaciones Locales bien entre éstas y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Para posibilitar esta consecución, poder lograr una mejor utilización de los recursos humanos que prestan sus servicios en la Comunidad Autónoma y hacer realidad la movilidad funcionarial deseada es preciso que exista una Función Pública única, y no hay tal sin un Régimen Jurídico único o, en su caso, unitario.

Pero no es sólo la unidad jurídica la que perfecciona el sistema aunque sea quien la posibilite pues concurren otros elementos que se derivan de la propia condición de los sujetos que lo han de cumplimentar, y para ello es conveniente una buena formación y selección común de éstos. Sin invadir la esfera de autonomía de los Entes Locales, la Ley permite que éstos puedan acogerse al sistema de selección y formación previsto en la misma lo que dará indudablemente un carácter de unidad mayor y más completa que la simplemente normativa. Sin embargo, este logro dependerá de la voluntad de los Entes Locales que serán quienes determinen que la necesidad existe y que el sistema es conveniente.

II

El Título III aborda los Organos Superiores de la Función Pública y determina con carácter general las atribuciones que a cada uno corresponden, haciéndolo de forma genérica, pero a la vez enumerativa pues en aras de la perdurabilidad y efectividad, la Ley ha obviado el entrar en una descripción exhaustiva de las mismas que sólo llevaría a un encorsetamiento y rigidez conducente a demoras y lentitud de las resoluciones especialmente en una materia tan viva y compleja como ésta, que requiere sin duda de una actuación clara, precisa, fluida y coordinada, por lo que su desarrollo es más propio de regulación reglamentaria.

Como Organo máximo de coordinación y consulta en materia de personal entre las distintas Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y entre ésta y la Administración Pública del Estado, se destaca la creación y competencias de la Comisión Regional de la Función Pública.

III

La clasificación del personal al servicio de la Comunidad Autónoma se regula por la Legislación Básica del Estado.

El sistema de acceso del personal a la Función Pública que establece el Título IV de esta Ley se produce a través de los procedimientos de oposición, concurso-oposición y concurso, dejando al desarrollo reglamentario su aplicación de acuerdo con los principios constitucionales previstos en la Ley 30/1984.

IV

El Título V basado en el carácter de Función Pública única adoptado por esta Ley, estructura la formación de una Administración Pública organizada en base a puestos de trabajo, facilitada por la no existencia de Cuerpos funcionariales estancos, pues la técnica seguida es la pertenencia a los distintos Grupos clasificatorios de acuerdo con su titulación. Este sistema conlleva un proceso continuado de clasificación y valoración de puestos que conducen a la formación de las plantillas de personal, y consecuentemente, implica una regularización de la carrera administrativa y de la movilidad funcionarial, sistemas de selección y formación, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, etc.

Este modelo de organización administrativa respetuoso con la seguida por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, permite una racionalización administrativa más acorde con la realidad actual tendente a lograr una mayor y mejor efectividad de los servicios, dada su flexibilidad y economicidad, y sin que ello pueda dar lugar a actuaciones arbitrarias por su carácter reglado. Su desarrollo base es minucioso; así, en la clasificación de los puestos de trabajo no sólo debe quedar determinado cuáles corresponden a personal funcionario, eventual o laboral, sino también los requisitos y condiciones de cada uno de ellos, sistema de provisión y selección, dotación económica, clasificación por Grupos y requisitos para desempeñarlos, y en relación con ellos su provisión, estableciéndose como sistema normal el concurso de méritos y siempre mediante convocatoria pública.

V

El Título VI de esta Ley regula el Régimen Jurídico de los funcionarios al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la Administración Local, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Ordenamiento Jurídico Estatal.

Es de destacar el Capítulo V, la Carrera Administrativa, como garantía de la movilidad del funcionario de un puesto de trabajo a otro de mayor nivel o de un Grupo a otro superior.

El acceso a un puesto de trabajo de nivel superior, siempre dentro del Grupo al que se pertenece, será por concurso de méritos o por libre designación, siempre con convocatoria pública. En cuanto al acceso de un Grupo a otro superior, se produce especialmente a través de reservas de vacantes en las correspondientes pruebas selectivas para quienes reúnan los requisitos exigidos.

Por lo que respecta al acceso por libre designación se introducen unas limitaciones que funcionan como garantía de la pureza del sistema, que si bien es discrecional no es arbitrario. La primera de ellas supone el que ningún funcionario pueda ser designado para un puesto de trabajo superior o inferior en más de dos niveles a su Grado Personal, salvo las limitaciones que se establecen, y la segunda que en una convocatoria no puede quedar vacante un puesto de trabajo si existe algún aspirante que reúna los requisitos exigidos.

El Grado Personal como elemento de la carrera administrativa supone el reconocimiento de una aspiración generalizada del funcionario que le permite mantener un nivel profesional alcanzado, con su repercusión económica en el desarrollo de su carrera administrativa. Ello supone no sólo el desterrar situaciones de injusticia, provocadas por circunstancias cambiantes, sino también poder estimular el celo profesional y la perfección en el trabajo que, fuera de toda duda, repercutirá en la Administración más eficaz y profesionalizada en beneficio de los administrados.

Los cursos de perfeccionamiento, los recoge la Ley no sólo como sistema permanente de formación y actualización de sus conocimientos administrativos, sino también como cauce de superación en su carrera administrativa al suponer la adquisición de Grados Superiores y por tanto repercutir en la consecución de puestos de trabajo de nivel superior con la consiguiente mejora económica. Es un estímulo permanente el perfeccionamiento y mejora del trabajo que se realiza y un poder primar a aquel funcionario que siente inquietud por mejorar sus conocimientos. A tal efecto la Ley contiene un mandato imperativo a la Junta de Extremadura para que organice los correspondientes cursos, y no quede en una mera declaración de intenciones.

Como garantía de que los cursos de perfeccionamiento han de suponer aprovechamiento real y positivo para aquellos funcionarios que los sigan y no una mera asistencia sin esfuerzo que consolide su virtualidad de promoción, se exige que se obtenga con carácter necesario un certificado de aprovechamiento para poder acceder a un puesto de trabajo, si tal constituye requisito para ello.

Asimismo, se recoge la aplicación del Régimen Jurídico del personal funcionario al resto del personal, interino o eventual, con las matizaciones que les son propias.

Igualmente se hace la declaración de equiparar las retribuciones de todo el personal laboral, tan disperso en distintos convenios colectivos o reglamentaciones de trabajo, como consecuencia de las transferencias de los mismos por el Estado desde diversos Servicios u Organismos, mediante el establecimiento de un Convenio Marco que recoja y unifique las distintas situaciones.

Las Disposiciones Adicionales y Transitorias contemplan distintas situaciones que serán objeto de regulación legal o reglamentaria en aras al cumplimiento de los principios básicos que la presente Ley consagra.

TITULO I

Objeto y ámbito de aplicación