Sumario

--> Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 5/1989, 6 julio, derogada por la disposici�n derogatoria de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 5/1997, 25 junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el �mbito de la Comunidad Valenciana (�D.O.G.V.� 4 julio; c.e. 10 julio /�B.O.E.� 12 agosto).

PRE�MBULO

La pol�tica social esta sometida a profundos cambios socio-culturales a los efectos de la situaci�n econ�mica que inciden sobre los modelos de intervenci�n, sobre las necesidades emergentes y sobre los procesos de marginaci�n.

Con la declaraci�n del Estado Social de Derecho la Constituci�n Espa�ola reconoce las demandas exigidas por la nueva conciencia social, posibilita la progresiva realizaci�n del Estado Institucional de Bienestar y afianza una pol�tica de garant�as extensiva a todos los sectores de la sociedad, incluidos los no productivos, seg�n criterios de redistribuci�n de la riqueza.

El Estatuto de Autonom�a atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de asistencia social (art�culo 31.24), de fundaciones y asociaciones de car�cter ben�fico-asistencial (art�culo 31.23), de las Intituciones de protecci�n y ayuda de menores, j�venes, emigrantes, tercera edad. minusv�lidos y dem�s grupos o sectores sociales requeridos de especial protecci�n, incluida la creaci�n de Centros de protecci�n, reinserci�n y rehabilitaci�n (art�culo 31.27). La Generalidad viene, de este modo, obligada a establecer el marco b�sico del sistema de atenci�n que integre de manera coordinada y coherente la red p�blica de Servicios Sociales en las estructuras del Instituto Valenciano de Servicios Sociales, a ordenar y promover aquellos recursos que garanticen los mandatos constitucionales referidos a la protecci�n social. econ�mica y jur�dica de la familia (art�culo 39.1) y a la protecci�n de los hijos (art�culo 39.2), a la previsi�n, tratamiento, rehabilitaci�n e integraci�n de los disminuidos f�sicos, sensoriales y ps�quicos (art�culo 49), a la participaci�n de la juventud en el desarrollo social (art�culo 48), a la promoci�n del bienestar de la tercera edad (art�culo 50) y a superar la dispersi�n legislativa y organizativa que ha afectado el �mbito de la asistencia social.

El objetivo b�sico de la presente Ley es la creaci�n y consolidaci�n del sistema p�blico de Servicios Sociales construido sobre tres ejes fundamentales.

En primer lugar, el desarrollo legislativo de los derechos sociales que la Constituci�n atribuye a todos los ciudadanos.

La Ley establece las bases para sustituir definitivamente el viejo sistema reglamentado por la Ley de Beneficiencia (1849) y por la Ley del Fondo Nacional de Asistencia Social (1960). Dicha sustitucion se produce inicialmente a trav�s de los art�culos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r�gimen local y se consolida definitivamente en la Comunidad Valenciana por medio de la presente Ley que somete los Servicios Sociales a los principios inspiradores del trabajo social, los orienta primariamente a la prevenci�n y se adquiere el compromiso de extender a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y transe�ntes una adecuada satisfacci�n de sus necesidades elementales y las condiciones objetivas que afectan a su calidad de vida.

El reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos ha de conjugarse con la lucha contra la marginaci�n social, con la superaci�n de los desequilibrios territoriales en el interior de la Comunidad Valenciana y con una clara prioridad hacia los grupos sociales que precisan de servicios espec�ficos y compensatorios para lograr sus derechos. Se inicia de este modo un sistema de prestaciones que gira en torno a la atenci�n primaria de competencia municipal y orientada a favorecer el bienestar social de toda la poblaci�n, en especial de aquellos que han sido tradicionalmente excluidos de los beneficios p�blicos.

En segundo lugar, el reconocimiento de la responsabilidad de la Administraci�n en la planificaci�n, gesti�n y evaluaci�n de aquellos recursos que promueven las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas (art�culo 9.2 de la Constituci�n).

La Ley establece las bases para superar las tradicionales inhibiciones por parte de los poderes p�blicos en el �mbito de la asistencia social mediante la aportaci�n de los recursos financieros, t�cnicos y humanos que permitan un eficaz funcionamiento de los servicios. Establece una estructura racional de competencias entre las distintas Entidades p�blicas, inspirada en la descentralizaci�n y desconcentracion de la gesti�n a favor de los municipios reconocida expresamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r�gimen local, y en su momento de las unidades territoriales previstas estatutariamente y en la centralizaci�n de la planificaci�n que se reserva el Consejero de la Generalidad. El reconocimiento del municipio y la comarca como la unidad b�sica de gesti�n los acercar� a los usuarios m�s all� de las complejidades burocr�ticas, facilitar� la participaci�n eficaz del beneficiario sin desresponsabilizar a la poblaci�n afectada y asentar� un proceso de integraci�n org�nica y funcional de la multiplicidad de Organismos que actualmente se ocupan del bienestar social.

La capacidad de planificaci�n y coordinaci�n participativa que se reserva el Consejero de la Generalidad a trav�s del Instituto Valenciano de Servicios Sociales garantizar� las bases para la superaci�n de la actual dispersi�n organizativa entre las Instituciones que act�an en ese �mbito, racionalizar� aquellos recursos y estructuras administrativas ociosas y dotar� a los servicios p�blicos de coherencia. Se impone, igualmente, regular la financiaci�n de las prestaciones sociales y econ�micas y la participaci�n respectiva de las distintas Administraciones P�blicas, abriendo un proceso que unifique los diversos reg�menes de financiaregulaci�n de la iniciativa social en el interior de una planificaci�n ci�n.

En tercer lugar, el sistema p�blico de Servicios Sociales requiere la regulaci�n de la iniciativa social en el interior de una planificaci�n adecuada que sin delegar responsabilidades evite los paralelismos, la desconfianza, la concurrencia o la contraposicion.

Para ello, la ley fija las bases de un modelo estable de colaboraci�n entre Administraci�n y sociedad civil, que permite acceder de las subvenciones graciables a los Convenios y Conciertos, al tiempo que establece aquellos m�nimos que la conciencia hist�rica impone como necesarios en las prestaciones para merecer el t�tulo de p�blicas. tanto si son gestionadas por Entidades p�blicas como privadas. Igualmente. intenta ordenar el sector a trav�s de una planificaci�n democr�tica que canalice el esfuerzo de las iniciativas sociales hacia objetivos generales compartidos, para lo cual obliga a la realizaci�n de aquellos estudios fiables de necesidades y recursos que posibilite abandonar el voluntarismo de la acci�n social y asegurar la participaci�n ciudadana a trav�s de los Consejos de Bienestar Social, en los que est�n representados todos los sectores sociales.

Por �ltimo, establece la vigilancia y el control p�blico que debe ser ejercido por la Administraci�n como defensa de los usuarios que en este �mbito muestran una especial vulnerabilidad.