Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detenci髇 europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privaci髇 de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privaci髇 de libertad

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea y, en particular, su art韈ulo 82, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Previa consulta al Comit� de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) El art韈ulo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo denominada 獵arta�), el art韈ulo 6 del Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y el art韈ulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos (en lo sucesivo denominado 玃acto�) consagran el derecho a un juicio imparcial. El art韈ulo 48, apartado 2, de la Carta garantiza el respeto de los derechos de la defensa.
• (2) La Uni髇 se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Seg鷑 las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los d韆s 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 33, el principio del reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de autoridades judiciales debe convertirse en la piedra angular de la cooperaci髇 judicial en materia civil y penal en la Uni髇, puesto que un mayor reconocimiento mutuo y la necesaria aproximaci髇 de las legislaciones facilitar韆n la cooperaci髇 entre autoridades competentes y la protecci髇 judicial de los derechos individuales.
• (3) En virtud del art韈ulo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), 玪a cooperaci髇 judicial en materia penal en la Uni髇 se basar� en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales�.
• (4) La aplicaci髇 del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal presupone que los Estados miembros conf韆n en los sistemas judiciales penales de los dem醩 Estados miembros. El grado de reconocimiento mutuo depende en gran medida de una serie de factores, entre los que se incluyen los mecanismos de protecci髇 de los derechos de los sospechosos o acusados y la definici髇 de normas m韓imas comunes necesarias para facilitar la aplicaci髇 del principio de reconocimiento mutuo.
• (5) Aunque los Estados miembros son partes en el CEDH y en el Pacto, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por s� sola, esa circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas judiciales penales de los dem醩 Estados miembros.
• (6) El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judiciales, sino tambi閚 todos los participantes en el proceso penal consideren las decisiones de las autoridades judiciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en lo adecuado de las normas de los otros Estados miembros, sino tambi閚 en que dichas normas se aplican correctamente. El refuerzo de la confianza mutua exige normas detalladas para la protecci髇 de las garant韆s y los derechos procesales derivados de la Carta, del CEDH y del Pacto. Tambi閚 requiere, a trav閟 de la presente Directiva y de otras medidas, un mayor desarrollo dentro de la Uni髇 de las normas m韓imas establecidas en la Carta y en el CEDH.
• (7) El art韈ulo 82, apartado 2, del TFUE prev� el establecimiento de normas m韓imas aplicables en los Estados miembros a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperaci髇 policial y judicial en asuntos penales con dimensi髇 transfronteriza. Dicho art韈ulo menciona 玪os derechos de las personas durante el proceso penal� entre los 醡bitos en los que pueden establecerse normas m韓imas.
• (8) Las normas m韓imas comunes deben conducir a una mayor confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros, lo cual, a su vez, debe dar lugar a una cooperaci髇 judicial m醩 eficaz en un clima de confianza rec韕roca y al fomento de una cultura de derechos fundamentales en la Uni髇. Dichas normas m韓imas comunes deben asimismo eliminar los obst醕ulos a la libre circulaci髇 de los ciudadanos dentro del territorio de los Estados miembros. Dichas normas m韓imas comunes, deben establecerse por lo que se refiere al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales, al derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privaci髇 de libertad, y al derecho a la comunicaci髇 con terceros y con autoridades consulares durante la privaci髇 de libertad.
• (9) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adopt� una Resoluci髇 relativa al plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos y acusados en los procesos penales (en lo sucesivo, 玴lan de trabajo�) (3) . Mediante un enfoque gradual, dicho plan reclama la adopci髇 de medidas relativas al derecho a la traducci髇 e interpretaci髇 (medida A), el derecho a ser informado de sus derechos y de la acusaci髇 (medida B), el derecho a asistencia letrada y asistencia jur韉ica gratuita (medida C) y el derecho a la comunicaci髇 con familiares, empleadores y autoridades consulares (medida D), as� como a salvaguardias especiales para aquellos sospechosos o acusados que sean personas vulnerables (medida E). En el plan de trabajo se subraya que el orden en el que se mencionan los derechos es solamente indicativo, por lo que puede modificarse en funci髇 de las prioridades. El plan de trabajo est� concebido para funcionar como un conjunto; solo cuando se ejecutan todos sus componentes se alcanzan plenamente sus beneficios.
• (10) El 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogi� favorablemente el plan de trabajo y lo incorpor� al Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (4) (punto 2.4). El Consejo Europeo subray� el car醕ter no exhaustivo del plan de trabajo, e invit� a la Comisi髇 a examinar nuevos elementos de los derechos procesales m韓imos de los sospechosos y acusados y a evaluar la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunci髇 de inocencia, para fomentar una mejor cooperaci髇 en este 醡bito.
• (11) Hasta ahora se han adoptado dos medidas en virtud del plan de trabajo, a saber, la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretaci髇 y a traducci髇 en los procesos penales (5) , y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informaci髇 en los procesos penales (6) .
• (12) La presente Directiva establece normas m韓imas relativas al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos de ejecuci髇 de una orden de detenci髇 europea, conforme a la Decisi髇 Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenci髇 europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (7) (procedimientos de la orden de detenci髇 europea), al derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privaci髇 de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privaci髇 de libertad. De ese modo, promueve la aplicaci髇 de la Carta y, en particular, de sus art韈ulos 4, 6, 7, 47 y 48, desarrollando lo establecido en los art韈ulos 3, 5, 6 y 8 del CEDH, conforme a la interpretaci髇 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en su jurisprudencia, establece con frecuencia normas sobre el derecho a la asistencia de letrado. Dicha jurisprudencia establece, entre otras cosas, que la imparcialidad del proceso exige que el sospechoso o acusado pueda obtener toda la gama de servicios que se asocian espec韋icamente con la asistencia letrada. En tal sentido, el letrado del sospechoso o acusado debe poder ejercer sin restricciones los aspectos fundamentales de la defensa.
• (13) Sin perjuicio de las obligaciones contra韉as por los Estados miembros en virtud del CEDH de garantizar el derecho a un proceso imparcial, no se consideran procesos penales a efectos de la presente Directiva ni los procedimientos relativos a infracciones leves cometidas dentro de una prisi髇, ni los procedimientos relativos a infracciones cometidas en un contexto militar y tramitadas por un oficial de mando.
• (14) La presente Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta las disposiciones de la Directiva 2012/13/UE, que exige que todo sospechoso o acusado reciba con prontitud informaci髇 sobre el derecho a tener acceso a un abogado (asistencia de letrado), y que todo sospechoso o acusado que sea detenido o privado de libertad reciba con prontitud una declaraci髇 de derechos por escrito, que contenga informaci髇 sobre el derecho a la asistencia de letrado.
• (15) En la presente Directiva se entiende por 玪etrado� cualquier persona que, con arreglo al Derecho nacional, est� cualificada y facultada, tambi閚 mediante su acreditaci髇 por parte de un 髍gano autorizado, para prestar asesoramiento y asistencia jur韉icos a sospechosos o acusados.
• (16) En algunos Estados miembros una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal puede ser competente para imponer sanciones que no sean la privaci髇 de libertad cuando se trata de infracciones relativamente leves. As� puede suceder, por ejemplo, con las infracciones de tr醘ico que se cometen en gran n鷐ero y de las que puede quedar constancia mediante un control de tr醘ico. En tales situaciones, no ser韆 razonable exigir que la autoridad competente garantice todos los derechos que ampara la presente Directiva. Por lo tanto, en los casos en que la normativa de un Estado miembro contemple que esas autoridades impongan una sanci髇 con respecto a infracciones leves, y exista o bien el derecho de recurso, o bien, de no ejercerse este, la posibilidad de que el expediente se remita a un tribunal competente en materia penal, la presente Directiva se aplica 鷑icamente al proceso incoado ante ese tribunal a ra韟 de dicho recurso o remisi髇.
• (17) En algunos Estados miembros se consideran infracciones penales ciertas infracciones leves, en particular infracciones leves de tr醘ico, infracciones leves de ordenanzas municipales generales e infracciones leves del orden p鷅lico. En tales situaciones, no ser韆 razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que ampara la presente Directiva. As� pues, en los casos en que con arreglo a la normativa de un Estado miembro no puedan imponerse sanciones que conlleven privaci髇 de libertad para infracciones leves, la presente Directiva se aplica 鷑icamente a los procesos incoados ante tribunales competentes en materia penal.
• (18) El 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva en relaci髇 con ciertas infracciones leves no debe ser 骲ice para que los Estados miembros respeten las obligaciones que hayan contra韉o en virtud del CEDH a fin de garantizar el derecho a un proceso imparcial, lo que incluye la obtenci髇 de asistencia letrada.
• (19) Los Estados miembros deben asegurarse de que los sospechosos o acusados tengan derecho a la asistencia de letrado sin demora injustificada, de conformidad con la presente Directiva. En cualquier caso, debe concederse a los sospechosos o acusados asistencia de letrado durante el proceso penal ante un tribunal, siempre que no hayan renunciado a ese derecho.
• (20) A efectos de la presente Directiva, el interrogatorio no incluye los interrogatorios preliminares que efect鷈n la polic韆 u otras fuerzas o cuerpos de seguridad con el prop髎ito de identificar a la persona de que se trate, comprobar la posesi髇 de armas u otras cuestiones de seguridad similares, o determinar si debe abrirse una investigaci髇, por ejemplo en el trascurso de un control de carreteras, o con motivo de controles aleatorios rutinarios cuando no se haya identificado a鷑 al sospechoso o acusado.
• (21) En caso de que una persona que no sea sospechoso ni acusado, por ejemplo un testigo, se convierta en sospechoso o acusado, dicha persona debe gozar de protecci髇 contra la autoinculpaci髇 y tener derecho a guardar silencio, seg鷑 lo confirma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, la presente Directiva hace referencia expresa a la situaci髇 concreta en que esa persona se convierte en sospechoso o acusado, en el curso del interrogatorio por parte de la polic韆 u otras fuerzas o cuerpos de seguridad en el contexto de un proceso penal. En caso de que, en el curso de tal interrogatorio, una persona que no sea sospechoso ni acusado se convierta en sospechoso o acusado, se ha de suspender de inmediato todo interrogatorio. No obstante, el interrogatorio puede proseguir si se ha informado a la persona de que se trate de que es sospechoso o acusado y si puede ejercer plenamente los derechos que se otorgan en la presente Directiva.
• (22) Los sospechosos o acusados deben tener derecho a reunirse en privado con el letrado que les represente. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones relativas a la duraci髇 y frecuencia de las reuniones entre un sospechoso o acusado y su letrado, atendiendo a las circunstancias de cada proceso, en particular a la complejidad del caso y las fases procesales de que se trate. Los Estados miembros tambi閚 pueden adoptar disposiciones pr醕ticas para garantizar la seguridad y la protecci髇, en especial del letrado y del sospechoso o acusado, en el lugar en que se celebre la reuni髇. Esas disposiciones pr醕ticas no deben ir en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho del sospechoso o acusado a reunirse con el letrado.
• (23) Los sospechosos o acusados deben tener derecho a comunicarse con el letrado que los represente. Esta comunicaci髇 puede tener lugar en cualquier momento del proceso, inclusive antes de ejercer el derecho a reunirse con el letrado. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones pr醕ticas sobre la duraci髇, la frecuencia y los medios de dicha comunicaci髇, incluido el uso de la videoconferencia y otras tecnolog韆s de la comunicaci髇 con el fin de que pueda tener lugar tal comunicaci髇, siempre que dichas disposiciones pr醕ticas no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho de esas personas a comunicarse con sus letrados.
• (24) Respecto de ciertas infracciones leves, la presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros dispongan que el derecho del sospechoso o acusado a la asistencia de un letrado se ejerza por v韆 telef髇ica. No obstante, debe restringirse este modo limitado de ese derecho a aquellos casos en los que ni la polic韆 ni otras fuerzas o cuerpos de seguridad vayan a interrogar al sospechoso o acusado.
• (25) Los Estados miembros han de velar por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que el letrado est� presente y participe efectivamente cuando lo interrogue la polic韆 u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucci髇 o judiciales, as� como durante la vista. Esa participaci髇 debe ser ejercida de manera acorde con aquellos procedimientos de la normativa nacional que regulen la participaci髇 de un letrado en los interrogatorios de la polic韆 u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucci髇 o judiciales, as� como durante las vistas, siempre que esos procedimientos no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial de los derechos correspondientes. Durante el interrogatorio del sospechoso o acusado por parte de la polic韆 u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucci髇 o judiciales, o en el curso de la vista, el letrado puede, entre otras cosas y ateni閚dose a las reglas del procedimiento, formular preguntas, pedir aclaraciones y efectuar declaraciones de los que se debe dejar constancia de conformidad con la normativa nacional.
• (26) El sospechoso o acusado tiene derecho a la presencia del letrado durante los actos de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas, en la medida en que as� se disponga en la normativa nacional pertinente y en la medida en que se exija o se permita la presencia del sospechoso o acusado. Dichos actos deben incluir al menos las ruedas de reconocimiento, en las que un sospechoso o acusado figura entre otras personas con el fin de poder ser identificado por una v韈tima o un testigo; los careos, en los que se confronta a un sospechoso o acusado con uno o m醩 testigos o v韈timas cuando hay desacuerdo entre ellos respecto de hechos o cuestiones importantes; y las reconstrucciones de los hechos, en presencia de un sospechoso o acusado, con el fin de comprender mejor la forma y las circunstancias en las que se cometi� un delito y estar en condiciones de hacer preguntas concretas al sospechoso o acusado. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones pr醕ticas relativas a la presencia del letrado durante los actos de investigaci髇 u otros actos de obtenci髇 de pruebas. Dichas disposiciones pr醕ticas no deben ir en detrimento del ejercicio efectivo ni el contenido esencial de los derechos correspondientes. Cuando el letrado est� presente durante un acto de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas, se ha de dejar constancia de este extremo, de acuerdo con el procedimiento espec韋ico que prevea para ello la normativa del Estado miembro de que se trate.
• (27) Los Estados miembros deben procurar que se disponga de informaci髇 general, por ejemplo en un sitio de internet o por medio de un folleto disponible en las comisar韆s, con el fin de facilitar a los sospechosos o acusados un letrado. Sin embargo, no es necesario que los Estados miembros tomen medidas de modo activo para garantizar que un sospechoso o acusado que no est� privado de libertad sea asistido por un letrado, en caso de que la persona de que se trate no se lo procure por s� misma. El sospechoso o acusado debe tener la posibilidad de ponerse en contacto, consultar y ser asistido libremente por dicho letrado.
• (28) En los casos en que un sospechoso o acusado sea privado de libertad, los Estados miembros han de adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que la persona de que se trate est� en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistido por un letrado, incluso organizando la asistencia de letrado cuando la persona no tenga uno, a menos que haya renunciado a ese derecho. Dichas disposiciones podr韆n suponer, entre otras cosas, que las autoridades competentes tramiten la asistencia de un letrado a partir de una lista de letrados disponibles de la que el sospechoso o acusado podr韆 elegir a uno. Si procede, dichas disposiciones podr韆n incluir las relativas a la asistencia jur韉ica gratuita.
• (29) Las condiciones en las que se encuentran los sospechosos y acusados privados de libertad deben respetar plenamente, cuando proceda, las normas establecidas en el CEDH y en la Carta, as� como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 玊ribunal de Justicia�) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando se preste asistencia en virtud de la presente Directiva a un sospechoso o acusado que se encuentre privado de libertad, el letrado debe tener la posibilidad de interpelar a las autoridades competentes sobre las condiciones en las que dicha persona est� privada de libertad.
• (30) En caso de lejan韆 geogr醘ica del sospechoso o acusado, como por ejemplo, en territorios de ultramar o cuando el Estado miembro lleva a cabo o participa en operaciones militares fuera de su territorio, los Estados miembros pueden establecer una excepci髇 temporal al derecho del sospechoso o acusado a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privaci髇 de libertad. Durante la vigencia de una excepci髇 temporal por este motivo, las autoridades competentes no deber韆n interrogar al interesado ni llevar a cabo ninguno de los actos de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas establecidos en la presente Directiva. En caso de que, debido a la lejan韆 geogr醘ica del sospechoso o acusado, no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, los Estados miembros deben facilitar la comunicaci髇 telef髇ica o por videoconferencia, salvo que dicha comunicaci髇 sea imposible.
• (31) Los Estados miembros pueden establecer una excepci髇 temporal al derecho a la asistencia de letrado en la fase de instrucci髇, cuando exista una necesidad urgente, con el fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad f韘ica de una persona. Durante la vigencia de una excepci髇 temporal por este motivo, las autoridades competentes pueden interrogar a un sospechoso o acusado sin la presencia del letrado, a condici髇 de que se haya informado al sospechoso o acusado de su derecho a guardar silencio, de que pueda ejercer ese derecho y de que el interrogatorio no menoscabe los derechos de la defensa, incluida la protecci髇 frente a la autoinculpaci髇. 趎icamente puede efectuarse el interrogatorio con el objetivo y en la medida necesaria para obtener informaci髇 que resulte indispensable a fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad f韘ica de una persona. En principio, el recurso abusivo a esta excepci髇 supondr韆 un perjuicio irremediable para los derechos de la defensa.
• (32) Debe permitirse tambi閚 a los Estados miembros establecer una excepci髇 temporal al derecho a ser asistido por un letrado en la fase de instrucci髇, cuando resulte indispensable una actuaci髇 inmediata de las autoridades de instrucci髇 para evitar comprometer de modo grave el proceso penal, en particular con el fin de impedir la destrucci髇 o la alteraci髇 de pruebas esenciales o de impedir la manipulaci髇 de los testigos. Durante la vigencia de una excepci髇 temporal por este motivo, las autoridades competentes pueden interrogar a un sospechoso o acusado sin la presencia del letrado, a condici髇 de que se haya informado al sospechoso o acusado de su derecho a guardar silencio, de que pueda ejercer ese derecho y de que el interrogatorio no menoscabe los derechos de la defensa, incluida la protecci髇 frente a la autoinculpaci髇. 趎icamente puede efectuarse el interrogatorio con el objetivo y en la medida necesaria para obtener informaci髇 que resulte indispensable a fin de evitar comprometer de modo grave el proceso penal. En principio, el recurso abusivo a esta excepci髇 supondr韆 un perjuicio irremediable para los derechos de la defensa.
• (33) La confidencialidad de las comunicaciones entre un sospechoso o acusado y su letrado es indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa, y constituye una parte esencial del derecho a un juicio justo. Por consiguiente, los Estados miembros deben respetar, sin excepci髇 alguna, la confidencialidad de las reuniones y otras formas de comunicaci髇 entre el letrado y el sospechoso o acusado en el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado contemplado en la presente Directiva. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos aplicables a la situaci髇 en que se sospeche, a partir de indicios objetivos y f醕ticos, que el letrado est� implicado junto con el sospechoso o acusado en la comisi髇 de una infracci髇 penal. Una actividad delictiva del letrado no puede reputarse asistencia leg韙ima a los sospechosos o acusados en el marco de la presente Directiva. La obligaci髇 de respeto de la confidencialidad implica no solo que los Estados miembros deben abstenerse de obstaculizar dichas comunicaciones o de acceder a ellas, sino tambi閚 que, en caso de que el sospechoso o acusado est� privado de libertad o se encuentre sujeto al control del Estado de otra forma, los Estados miembros deben velar por que las disposiciones en materia de comunicaci髇 sustenten y protejan la confidencialidad. Ello se entiende sin perjuicio de los mecanismos existentes en las instalaciones de detenci髇 para impedir que el detenido reciba env韔s il韈itos, como puede ser el cribado de la correspondencia, siempre que tales mecanismos no permitan a las autoridades competentes leer las comunicaciones entre el sospechoso o acusado y su letrado. La presente Directiva se entiende asimismo sin perjuicio de los procedimientos de la normativa nacional en virtud de los cuales pueda denegarse la transmisi髇 de la correspondencia si el remitente no admite que dicha correspondencia se presente previamente ante un 髍gano jurisdiccional competente.
• (34) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de un posible menoscabo incidental del derecho de confidencialidad que resulte de una operaci髇 legal de vigilancia por parte de las autoridades competentes. La presente Directiva se entiende asimismo sin perjuicio de la labor llevada a cabo, por ejemplo, por los servicios nacionales de inteligencia, a fin de garantizar la seguridad nacional de conformidad con el art韈ulo 4, apartado 2, del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE), o de toda labor que se incluya en el art韈ulo 72 del TFUE, en virtud de cual el t韙ulo V, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumban a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden p鷅lico y la salvaguardia de la seguridad interior.
• (35) Los sospechosos o acusados privados de libertad tienen derecho a que, sin demora injustificada, se informe de su privaci髇 de libertad al menos a una persona, como un familiar o empleador, designada por ellos, sin perjuicio del buen desarrollo del proceso penal contra la persona de que se trate o de cualquier otro proceso penal. Debe ser posible para los Estados miembros adoptar disposiciones pr醕ticas relativas a la aplicaci髇 de ese derecho. Dichas disposiciones pr醕ticas no deber韆n ir en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho. No obstante, en circunstancias limitadas y excepcionales, es posible apartarse temporalmente de la aplicaci髇 de este derecho cuando est� justificado, a la luz de las circunstancias particulares del caso, por alguna de las razones imperiosas previstas en la presente Directiva. En caso de que las autoridades competentes prevean establecer una excepci髇 temporal de esta 韓dole respecto de un tercero determinado, han de estudiar en primer lugar si cabr韆 informar a otro tercero, designado por el sospechoso o acusado, de la privaci髇 de libertad.
• (36) Los sospechosos o acusados, mientras est閚 privados de libertad, deben tener derecho a comunicarse sin demora injustificada con al menos un tercero de su elecci髇, por ejemplo un familiar. Los Estados miembros pueden limitar o aplazar el ejercicio de ese derecho por razones imperiosas o necesidades pr醕ticas proporcionadas. Entre esas necesidades debe incluirse la de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad f韘ica de una persona, evitar que se perjudique el proceso penal, prevenir una infracci髇 penal, aguardar que se celebre una vista y proteger a las v韈timas de un delito. Cuando las autoridades competentes prevean la limitaci髇 o aplazamiento del derecho de comunicaci髇 respecto de un tercero determinado, han de estudiar en primer lugar si cabr韆 que el sospechoso o acusado pudiera comunicarse con otro tercero de su elecci髇. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones pr醕ticas relativas al momento, los medios, la duraci髇 y la frecuencia de la comunicaci髇 con terceros, atendiendo a la necesidad de mantener el orden, la seguridad y la protecci髇 en el lugar de detenci髇 del interesado.
• (37) El derecho a la asistencia consular de los sospechosos o acusados a los que se haya privado de libertad est� consagrado en el art韈ulo 36 de la Convenci髇 de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, que confiere a los Estados el derecho a tener acceso a sus nacionales. La presente Directiva confiere un derecho equivalente a los sospechosos o acusados o a las personas que se haya privado de libertad, si as� lo desean. Las autoridades diplom醫icas pueden ejercer la protecci髇 consular cuando act鷈n en calidad de autoridades consulares.
• (38) Los Estados miembros deben estipular claramente en su normativa nacional los motivos y criterios por los que se aplique cualquier excepci髇 temporal a los derechos reconocidos en la presente Directiva, y deben hacer un uso restringido de la excepci髇. Toda excepci髇 temporal debe ser proporcionada, estrictamente limitada en el tiempo, no basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad del presunto delito y no ir en perjuicio de la imparcialidad general del proceso. Los Estados miembros deber韆n velar por que, cuando una autoridad judicial que no sea un juez o un tribunal haya autorizado una excepci髇 temporal en el marco de la presente Directiva, un 髍gano jurisdiccional pueda examinar la resoluci髇 de autorizaci髇 de la excepci髇 temporal, al menos durante la fase del juicio.
• (39) El sospechoso o acusado debe tener la posibilidad de renunciar a un derecho reconocido en la presente Directiva siempre que se le haya facilitado, verbalmente o por escrito, informaci髇 clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las posibles consecuencias de renunciar a 閘. Cuando se proporcione la informaci髇, deben tenerse en cuenta las condiciones espec韋icas del sospechoso o acusado de que se trate, incluida su edad y condici髇 mental y f韘ica.
• (40) La renuncia y las circunstancias de esta deben consignarse con arreglo a la normativa del Estado miembro de que se trate. Ello no debe suponer para los Estados miembros ninguna obligaci髇 adicional de introducir nuevos mecanismos o cualquier otra carga administrativa adicional.
• (41) Cuando un sospechoso o acusado revoque su renuncia de conformidad con la presente Directiva, no debe ser necesario proceder de nuevo al interrogatorio ni repetir cualquier acto procesal que se haya realizado durante el per韔do en que se hab韆 renunciado al derecho.
• (42) Para poder ejercer efectivamente los derechos que le amparan en virtud de la Decisi髇 Marco 2002/584/JAI, toda persona sujeta a una orden de detenci髇 europea (en lo sucesivo, 玴ersona reclamada�) debe tener derecho a la asistencia de un letrado en el Estado miembro de ejecuci髇. Cuando el letrado participe en la toma de declaraci髇 de una persona reclamada por parte de una autoridad judicial de ejecuci髇, el letrado podr�, entre otras cosas y de conformidad con los procedimientos previstos en la normativa nacional, hacer preguntas, solicitar aclaraciones y realizar declaraciones. Se dejar� constancia de la participaci髇 del letrado en dicha toma de declaraci髇, de conformidad con la normativa del Estado miembro de que se trate.
• (43) Las personas reclamadas deben tener derecho a mantener una entrevista privada con el letrado que las represente en el Estado de ejecuci髇. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones pr醕ticas sobre la duraci髇 y la frecuencia de tales reuniones, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso. Los Estados miembros pueden tambi閚 adoptar disposiciones pr醕ticas para garantizar la seguridad y la protecci髇, en especial del letrado y de la persona reclamada, en el lugar en que se celebre la reuni髇. Dichas disposiciones pr醕ticas no deben ir en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho de la persona reclamada a entrevistarse con su letrado.
• (44) Las personas reclamadas deben tener derecho a comunicarse con el letrado que las represente en el Estado miembro de ejecuci髇. Esta comunicaci髇 debe poder tener lugar en cualquier momento, inclusive antes de ejercer el derecho a entrevistarse con el letrado. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones pr醕ticas sobre la duraci髇, la frecuencia y los medios de comunicaci髇 entre la persona reclamada y su letrado, incluido el recurso a videoconferencias y otras tecnolog韆s de la comunicaci髇 con el fin de que pueda tener lugar dicha comunicaci髇. Esas disposiciones pr醕ticas no deben ir en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho de la persona reclamada a comunicarse con su letrado.
• (45) Los Estados miembros de ejecuci髇 deben adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que la persona reclamada est� en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a la asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecuci髇, incluso organizando la asistencia de un letrado cuando la persona reclamada no tenga uno, a menos que haya renunciado a este derecho. Estas medidas, incluidas en su caso las relativas a la asistencia jur韉ica gratuita, deben regirse por la normativa nacional. Podr韆n suponer, entre otras posibilidades, que las autoridades competentes tramiten la asistencia letrada a partir de una lista de letrados disponibles de la que la persona reclamada pueda elegir a uno.
• (46) Sin demora injustificada a partir del momento en que tiene conocimiento de que la persona reclamada desea designar a un letrado en el Estado miembro emisor, la autoridad competente de dicho Estado miembro debe suministrar a la persona reclamada informaci髇 destinada a facilitarle la designaci髇 de un letrado en dicho Estado miembro. Esta informaci髇 podr韆 abarcar, por ejemplo, una lista vigente de letrados, o el nombre del letrado de guardia en el Estado miembro emisor, que pueda facilitar informaci髇 y asesoramiento en asuntos relacionados con la orden de detenci髇 europea. Los Estados miembros podr韆n solicitar que la elaboraci髇 de esta lista corra a cargo del colegio de abogados correspondiente.
• (47) El procedimiento de entrega es crucial para la cooperaci髇 en materia penal entre Estados miembros. La observancia de los plazos contenidos en la Decisi髇 Marco 2002/584/JAI es esencial para dicha cooperaci髇. Por consiguiente, si bien las personas reclamadas deben tener la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos a tenor de la presente Directiva en procedimientos relativos a la orden de detenci髇 europea, dichos plazos deben respetarse.
• (48) En tanto no se adopte un acto legislativo de la Uni髇 sobre asistencia jur韉ica gratuita, los Estados miembros deben aplicar su normativa nacional en la materia, que debe ajustarse a la Carta, al CEDH y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• (49) De conformidad con el principio de eficacia del Derecho de la Uni髇, los Estados miembros deben establecer v韆s de recurso adecuadas y efectivas para la protecci髇 de los derechos que la presente Directiva confiere a las personas.
• (50) Los Estados miembros deben garantizar que se respeten los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo a la hora de sopesar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado, o en aquellos casos para los que se establezca una excepci髇 a este derecho de conformidad con la presente Directiva. En este contexto, debe tenerse presente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos seg鷑 la cual los derechos de la defensa se ver醤 en principio irrevocablemente lesionados si se utilizan para la obtenci髇 de una condena declaraciones inculpatorias efectuadas durante los interrogatorios policiales sin posibilidad de acceso a un letrado. Ello debe entenderse sin perjuicio de la utilizaci髇 de las declaraciones con otros fines permitidos por la normativa nacional, como la necesidad de llevar a cabo actos de instrucci髇 urgentes o de evitar la perpetraci髇 de otros delitos o de graves consecuencias adversas para cualquier persona, o en relaci髇 con una necesidad urgente de evitar comprometer de modo grave el proceso penal en caso de que la instrucci髇 en curso sobre un delito grave fuese a verse irremediablemente perjudicada por el hecho de que se permita la asistencia de letrado o se retrase la investigaci髇. Por otro lado, ello se entiende sin perjuicio de las disposiciones o sistemas nacionales sobre la admisibilidad de pruebas, y no debe impedir que los Estados miembros mantengan un sistema con arreglo al cual puedan presentarse ante un tribunal o un juez todas las pruebas existentes, sin que se realice una valoraci髇 independiente o previa sobre la admisibilidad de dicha prueba.
• (51) El deber de velar por los sospechosos o acusados que se encuentran en una posible situaci髇 vulnerable est� en la base de una administraci髇 equitativa de justicia. Por tanto, la fiscal韆 y las autoridades policiales y judiciales deben propiciar que dichas personas puedan ejercer de manera efectiva los derechos que se establecen en la presente Directiva, por ejemplo teniendo en cuenta cualquier posible vulnerabilidad que afecte a su capacidad de ejercer el derecho a la asistencia de letrado y de que se informe a un tercero en el momento de su privaci髇 de libertad, y tomando las medidas necesarias para garantizar dichos derechos.
• (52) La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta, incluidos la prohibici髇 de la tortura y del trato inhumano o degradante, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integraci髇 de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunci髇 de inocencia y los derechos de defensa. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.
• (53) Los Estados miembros deben asegurarse de que las disposiciones de la presente Directiva, cuando correspondan a derechos garantizados por el CEDH, se apliquen de manera coherente con las disposiciones de ese Convenio y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• (54) La presente Directiva establece normas m韓imas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva para ofrecer un mayor nivel de protecci髇. Este mayor nivel de protecci髇 no debe ser 骲ice al reconocimiento rec韕roco de las resoluciones judiciales que estas normas m韓imas pretenden facilitar. El nivel de protecci髇 nunca debe ser inferior al dispensado por la Carta y el CEDH, seg鷑 la interpretaci髇 de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• (55) La presente Directiva promueve los derechos de los menores, para lo que se tienen en cuenta las Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los menores y, en particular, sus disposiciones en lo que respecta a la informaci髇 y asesoramiento que deben darse a los menores. La Directiva garantiza que a los sospechosos y acusados, incluidos los menores, se les proporcione informaci髇 adecuada para que comprendan las consecuencias de renunciar a alguno de los derechos previstos en la presente Directiva, y que la renuncia sea voluntaria e inequ韛oca. Cuando el sospechoso o acusado sea un menor la persona en quien recaiga la responsabilidad parental debe ser informada lo antes posible de la privaci髇 de libertad de aquel y de las razones que la han motivado. Si la comunicaci髇 de dicha informaci髇 a la persona en quien recae la responsabilidad parental del menor es contraria a los intereses de este 鷏timo, debe informarse en su lugar a otro adulto, como por ejemplo a un familiar. Este extremo se entiende sin perjuicio de las disposiciones de la normativa nacional que exijan que determinadas autoridades, instituciones o personas espec韋icas, en especial las que sean responsables de la protecci髇 o del bienestar de los menores, sean asimismo informadas de la privaci髇 de libertad de un menor. Excepto en circunstancias sumamente excepcionales, los Estados miembros deben abstenerse de limitar o aplazar el ejercicio del derecho de comunicaci髇 con un tercero en lo que respecta a menores sospechosos o acusados que se encuentren privados de libertad. En caso de que se aplique un aplazamiento en relaci髇 con el menor, no debe mantenerse incomunicado a este en ning鷑 caso, sino que se le debe permitir comunicarse, por ejemplo, con una instituci髇 o una persona responsable de la protecci髇 o del bienestar de los menores.
• (56) De conformidad con la Declaraci髇 pol韙ica com鷑, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisi髇, sobre los documentos explicativos (8) , los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificaci髇 de sus medidas de transposici髇, en aquellos casos en que est� justificado, uno o varios documentos que expliquen la relaci髇 entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposici髇. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisi髇 de tales documentos est� justificada.
• (57) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer normas m韓imas comunes en cuanto al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detenci髇 europea, y al derecho a que se informe a un tercero de la privaci髇 de libertad y a comunicarse con terceros y con las autoridades consulares durante la misma, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido a la dimensi髇 de las medidas, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art韈ulo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
• (58) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del art韈ulo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopci髇 de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicaci髇.
• (59) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci髇.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Art韈ulo 15 Transposici髇

1. Los Estados miembros pondr醤 en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a m醩 tardar el 27 de noviembre de 2016. Informar醤 inmediatamente de ello a la Comisi髇.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se, respecto a la incorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea, el n鷐ero 1 de la disposici髇 final cuarta de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni髇 Europea, para regular la Orden Europea de Investigaci髇 (獴.O.E.� 12 junio).LE0000622897_20180702

V閍se la disposici髇 final tercera de la L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garant韆s procesales y la regulaci髇 de las medidas de investigaci髇 tecnol骻ica (獴.O.E.� 6 octubre).LE0000560107_20151206