Conocimiento Artículos doctrinales

Prescripción inmemorial de títulos concedidos en las unidades de enterramiento

Existen actualmente títulos de unidades funerarias de cementerios (sepulturas, nichos…) que se adquirieron con carácter de perpetuidad. Ha existido una evolución en el Ordenamiento Jurídico que afecta directamente a la temporalidad de dichos títulos. Procede hacer un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para conocer con qué condiciones jurídicas se reconocen actualmente los mismos y cuál es su temporalidad.

Consejos para gestionar los documentos de una organización (Aspectos básicos de la gestión documental)

Este documento va dirigido a aquellos interesados en mejorar la gestión documental de su organización y pretende introducir algunos conceptos básicos de esta materia. Los consejos recogen la experiencia que Vidimus ha adquirido a lo largo de estos años y creemos que la adopción de todos o de alguno de ellos mejorará la gestión documental de cualquier organización.

La autotutela de las Administraciones Públicas tras la implantación de las tasas judiciales

La autotutela administrativa se encuentra reforzada por una ley como la 10/2012, de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, que ha establecido tributos que gravan el acto iniciador de los procesos contencioso-administrativos, no por una ley de naturaleza administrativa o procesal. Ello resulta muy peligroso, ya que existe el riesgo de que las Administraciones Públicas puedan realizar actuaciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico sabiendo que las mismas devendrán firmes por no poder ser impugnadas ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa por la falta de medios económicos de los ciudadanos.

Las causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo deben ser objeto de decisión preferente a las de nulidad de pleno derecho del acto impugnado (a propósito de la STS de 20 de diciembre de 2013)

En el caso de que en el proceso contencioso-administrativo la parte recurrente invoque causas de nulidad de pleno derecho del acto administrativo impugnado y la Administración alegue, por su parte, causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo ¿que debe ser objeto de examen y decisión en primer lugar, las causas de inadmisibilidad o las de nulidad? La STS de 20 de diciembre de 2013 vuelve a pronunciarse sobre la cuestión

El canon de urbanización en el ámbito de la Comunidad Valenciana

La Ley 6/94, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística creó la figura del canon de urbanización, como medio para hacer viables las urbanizaciones proyectadas con un régimen peculiar, que la citada normativa sólo esbozó y que la doctrina de los Tribunales ha ido perfilando hasta conseguir un cuerpo jurídico que, pese a ciertas críticas, ha configurado de una manera detallada esta institución.

El abono de la prisión preventiva

Una de las cuestiones que más discusión ha generado en el ámbito del cumplimiento de las penas, se refiere al abono de la prisión preventiva en un procedimiento distinto al que se acordó. La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, vino a zanjar la polémica al declarar que en ningún caso un mismo período de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa. Este trabajo analiza el alcance del precepto reformado.

Impuesto de Sucesiones: discriminación. Cuando el heredero es un no residente. Visto para Sentencia

El pasado 8 enero de 2014 quedó vista para Sentencia la demanda de la Comisión Europea contra España por introducir normas discriminatorias en materia de Impuesto Sucesiones y Donaciones que disponen que los no residentes paguen impuestos más altos que los residentes en el país y en las CCAA. Se espera una Sentencia en los próximos meses.

El principio de precaución y el progreso técnico científico

Las presentes líneas reflexionan sobre las relaciones entre el principio de precaución y el asombroso conocimiento técnico científico, alcanzado en nuestros días. Una interpretación adecuada del principio de precaución constituye, sin duda, la mejor herramienta para afrontar los riesgos más perniciosos, razonablemente previsibles y probables, inherentes al progreso técnico científico del presente; debemos abordarlos con la necesaria prudencia y cautela, de manera sensata, sabia y meditada, respetando en todo caso la libertad y los derechos de todos. Y, por supuesto, conforme a las reglas que conforman nuestro sistema jurídico político.

La multa no debe ser un instrumento recaudatorio

28 de abril de 2014 Artículos doctrinales Multa

Una de las medidas aplicadas durante los últimos tiempos para incrementar los ingresos de las Administraciones públicas lo constituye el aumento del número de imposiciones de sanciones pecuniarias, comúnmente conocidas como multas, así como un aumento de la cuantía de las mismas a través de las modificaciones que se están operando en la legislación. Sin embargo esta práctica supone una distorsión que provoca deformidades en nuestro sistema jurídico.

La acción reivindicatoria

La acción reivindicatoria constituye un instrumento de protección del derecho de propiedad frente a terceros que se encuentran en posesión del bien contra la voluntad del titular del dominio. Tiene como objetivos la declaración del dominio, por un lado, y, por otro, la recuperación de la posesión. No obstante, esa acción acarrea, en ocasiones, dificultades probatorias, ya que es el propietario quien tiene que probar tal condición, lo que sitúa al demandado, de partida, en una posición ventajosa en el juicio reivindicatorio.

La liquidación anticipada de planes de pensiones introducida por Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

Este artículo analiza los requisitos y algunas cuestiones problemáticas relacionadas con la posibilidad, de carácter excepcional, de disponer de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual, una de las medidas que contribuyen a aliviar la situación de los deudores hipotecarios, prevista por la Ley 1/2013.

El imputado en el proceso penal

07 de abril de 2014 Artículos doctrinales El imputado

Aunque sea un principio básico que el imputado no tiene que probar su inocencia, pues es el acusador quien tiene que demostrar el hecho y la participación del acusado en el mismo, es cada vez más habitual, la utilización de instrumentos científico-criminales, en los procesos penales, en los cuales, el inculpado, además de sujeto del proceso, se convierte en objeto del mismo. Este trabajo trata de analizar la situación actual del imputado, ante determinadas diligencias de investigación.

El delito de impago de pensiones alimenticias. Breve guía jurídica

La presente guía jurídica intenta sintetizar la diferente casuística que se da en la práctica forense en nuestros Juzgados sobre este tipo de delito, a fin de poder obtener una visión generalizada y práctica posible. Se articula en distintos supuestos que no suponen un numerus clausus. Al contrario, los Derechos Procesal y Sustantivo son amplios en presupuestos aplicables a cada caso concreto, que deben ser completados con el estudio legal que se requiera en cada momento.

La ejecución de las sanciones disciplinarias de los empleados públicos

El objetivo de este artículo es clarificar el criterio que ha de regir en la ejecución de la sanciones disciplinarias y que es el de garantizar la tutela judicial efectiva a los empleados públicos sometidos a una sanción disciplinaria. Este derecho implica que los empleados sancionados puedan acudir a los Tribunales, no sólo para impugnar los actos de la Administración, de acuerdo con lo que establecen los artículos 106.1 y 117.3 CE, sino también para obtener un pronunciamiento sobre esa ejecutividad.

La lucha contra la corrupción en el Cáucaso meridional: acciones e instrumentos

Pese a los esfuerzos jurídicos realizados por los países del Cáucaso Meridional (Georgia, Armenia, Azerbaiyán) en la lucha contra la corrupción, es evidente que aún están muy lejos de una situación plenamente normalizada. La fragilidad de estos Estados respecto a la aplicación del Estado de Derecho y sus graves problemas de orden territorial interno dificultan considerablemente avances prácticos y efectivos en su lucha contra la corrupción.