Conocimiento Artículos doctrinales

El silencio administrativo. Últimas modificaciones: especial incidencia en los procedimientos que puedan afectar al medio ambiente

El objeto del presente artículo es ofrecer un análisis de las principales novedades introducidas por la nueva normativa en el ámbito administrativo; fundamentalmente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo al silencio administrativo, como institución jurídica propia del Derecho Administrativo; sus particularidades y las principales cuestiones que surgen en la práctica.

El derecho del progenitor no custodio a obtener información acerca de sus hijos

Aún en situaciones de crisis de pareja, aunque los padres vivan separados, la patria potestad es por lo general compartida. Para poder cumplir con los deberes inherentes a dicha patria potestad, el progenitor que no ostenta la guardia y custodia, y que por ello tiene durante una menor fracción de tiempo a sus hijos en su compañía, necesita ser informado por parte del otro progenitor sobre todo aquel detalle que puede influir en el desarrollo y bienestar de los menores. Dicho deber de información al no custodio también recae sobre instituciones como centro educativos y sanitarios.

Análisis del procedimiento del artículo 36.2 de la LAJG para la revisión del beneficio de justicia gratuita por venir su titular a mejor fortuna y su impacto en las costas

14 de septiembre de 2018 Artículos doctrinales

El presente trabajo tiene por objeto analizar los principales aspectos del procedimiento que debe seguirse para lograr la revisión del beneficio de justicia gratuita por haber venido su titular a mejor fortuna, único supuesto en que, según el artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/96 de 10 de enero (en adelante LAJG), quedará obligado a abonar las costas de la parte contraria que le hayan sido impuestas por ver desestimada su pretensión. De esta forma, la obtención de esa declaración constituye un verdadero requisito de procedibilidad o condición sine qua non para poder reclamar en vía judicial el pago de las costas procesales a la parte contraria que goza del beneficio, con el fin de salir así indemne de la contienda judicial. Tras la reforma operada por la Ley 42/2015 se han aclarado algunos aspectos, pero otros siguen planteando dudas y están sujetos a interpretación tal y como se expondrá.  

Reflexiones sobre el sector público desde una perspectiva procesal

La extensión que se viene produciendo en la aplicación del Derecho administrativo al ámbito de las entidades de Derecho privado integrantes del Sector Público plantea numerosos problemas en relación al conocimiento de sus actuaciones por la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de la tradicional limitación de esta jurisdicción a los actos de las Administraciones Públicas en sentido estricto. Igualmente, se suscitan interesantes interrogantes acerca de la naturaleza de sus actos de aplicación de ese Derecho administrativo; todo lo cual debe ser analizado a la luz de la regulación contenida en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.  

Análisis del procedimiento del artículo 36.2 de la LAJG para la revisión del beneficio de justicia gratuita por venir su titular a mejor fortuna y su impacto en las costas

El presente trabajo tiene por objeto analizar los principales aspectos del procedimiento que debe seguirse para lograr la revisión del beneficio de justicia gratuita por haber venido su titular a mejor fortuna, único supuesto en que, según el artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/96 de 10 de enero (en adelante LAJG), quedará obligado a abonar las costas de la parte contraria que le hayan sido impuestas por ver desestimada su pretensión. De esta forma, la obtención de esa declaración constituye un verdadero requisito de procedibilidad o condición sine qua non para poder reclamar en vía judicial el pago de las costas procesales a la parte contraria que goza del beneficio, con el fin de salir así indemne de la contienda judicial. Tras la reforma operada por la Ley 42/2015 se han aclarado algunos aspectos, pero otros siguen planteando dudas y están sujetos a interpretación tal y como se expondrá.  

Algunas cuestiones jurídicas sobre los actos de conciliación administrativos previos a la vía judicial social

Este artículo analiza el intento de conciliación obligatoria que debe efectuarse ante los órganos de las Administraciones Públicas competentes con anterioridad a la interposición de la demanda en los juzgados de lo social. El trámite de conciliación administrativa laboral posee y determina consecuencias jurídicas prácticas que pueden afectar de un modo sustancial al proceso judicial posterior.

Necesidad de la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 5/2018, de desahucio exprés frente a los «okupas»

El presente artículo analiza la Ley 5/2018, de 11 de junio, publicada en el BOE de 12 de junio de 2018, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil,  en materia de desahucios. El objetivo principal de la norma es adecuar el procedimiento al fenómeno "okupa", cuestión de actualidad y que la autora ha enfocado desde la perspectiva de la necesidad de la reforma tras haber analizardo los cauces legales vigentes.    

La negativa a recibir comunicaciones judiciales por terceros en el ámbito del proceso civil. El artículo 161.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley de Enjuiciamiento Civil dedica los artículos 149 a 168 (Capítulo V) a los actos de comunicación judicial. El presente trabajo se centra en el apartado 3 del artículo 161, es decir, en las comunicaciones personales que se realizan a través terceras personas, entendiendo por éstas, aquellas que no son los destinatarios de las mismas, y en la posibilidad de aplicar lo establecido en el apartado 2 de ese mismo artículo a los supuestos en que ese tercero se niegue a hacerse cargo de la comunicación.

Arrendamientos de renta antigua: el pago del IBI y el concurso de acreedores

Los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1985 están sujetos a las normas relativas al contrato de inquilinato, es decir a la LAU de 1964, por la cual existe un régimen de prorroga forzosa o lo que es lo mismo, que el alquiler tiene un carácter indefinido para el inquilino de la vivienda (art. 57 LAU 1964). Sin embargo, existen una serie de causas que pueden hacer que el propietario del inmueble tenga el derecho a solicitar la resolución de este tipo de alquileres, las cuales se desarrollan en el siguiente trabajo.

Diferencia entre el delito de apropiación indebida y de administración desleal a la luz de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo

El presente trabajo analiza los criterios diferenciadores existentes entre delito de apropiación indebida y de administración desleal a partir de su naturaleza y delimitación, y plantea qué precepto aplicar a la luz de la reforma legislativa y la jurisprudencia reciente.  

La rebaja de la deuda por permitir la inspección del inmueble a subastar prevista en el artículo 669.3 LEC: un recurso escasamente utilizado

El presente trabajo tiene por objeto analizar las diversas cuestiones prácticas que se plantean en la aplicación del artículo 669.3 de la LEC, precepto que establece la posibilidad de rebajar la deuda reclamada si el ejecutado facilita la inspección del inmueble a los interesados en participar en la subasta judicial electrónica a fin de que puedan conocer de primera mano cuál es su situación real y efectiva, así como su estado de conservación.

La sentencia de 'La Manada' y la intimidación según el Tribunal Supremo

18 de mayo de 2018 Artículos doctrinales Polémica

La polémica Sentencia 38/2018 de 20 de marzo, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra ha generado una reacción nunca antes vista en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Este artículo pretende partir de los hechos declarados probados en la Sentencia y ponerlos en relación con lo que establece el Código Penal y  la doctrina del Tribunal Supremo respecto a los delitos contra la libertad sexual para analizar, en términos generales, si pudo apreciarse la intimidación y por tanto la existencia del delito de agresión sexual.  

La colación: especial consideración de la STS 738/2014, de 19 de febrero de 2015

La institución de la colación, caracterizable como aquella agregación de bienes que deben ser devueltos o traídos a la masa hereditaria previamente a efectuarse su partición, goza de una larga tradición en nuestro ordenamiento jurídico; tanto en el Derecho común como en los distintos Derechos forales. Pese a ello, presenta determinados aspectos escasamente pacíficos para la doctrina y la jurisprudencia, siendo el de su fundamento uno de los más destacables a este respecto.  

Efectos de la STC nº 143/2017, de 14 de diciembre de 2017, en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana

El régimen competencial del Urbanismo en España encontró un antes y un después desde la STC 61/1997 de 20 de marzo, si por un aparte reconocía al Estado competencias legislativas sobre materias directamente vinculadas al urbanismo. El presente artículo analiza la impugnación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y los efectos sobre la regulación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.

Las ordenanzas locales y sus limitaciones

20 de abril de 2018 Artículos doctrinales

La Constitución Española (CE, 1978), contiene en su Título VIII, la Organización Territorial del Estado, el cual dispone el listado de competencias que son exclusivas de éste, y las que las Comunidades Autónomas, en base a una ley marco, han ido asumiendo a lo largo del tiempo. Respecto a las entidades locales la Constitución guarda silencio, quedando definidas de forma básica  en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (LBRL). En este trabajo se anlizan y describen en qué ámbitos los entes municipales ejercen la potestad reglamentaria, a través de la elaboración de ordenanzas, así como la potestad sancionadora.

IBI de bienes inmuebles considerados urbanos pero sin desarrollo urbanístico efectivo. Propuesta administrativa y judicial para acabar con esta situación.

19 de abril de 2018 Artículos doctrinales

Hablamos de suelos urbanos sin desarrollar que han sido valorados como urbanos y que, por tanto, generan cuantiosos recibos de IBI y liquidaciones de Plusvalía. Las actuales vías de reclamación administrativa y de litigios contencioso-administrativos no están dando los resultados apetecidos en orden a acabar con esta lacra, sino que se presume que esta problemática, ciertamente injusta, y me atrevo a decir inconstitucional, se dilatará enormemente en el tiempo.

El precio del atestado: la tasa por la expedición de informes derivados del accidente de tráfico.

A lo largo de estos últimos 10-15 años la tasa que grava la expedición de atestados ha experimentado un incremento significativo. Sus efectos se han dejado notar en infinidad de municipios. En unos casos a través un incremento sustancial de la cuota tributaria, en otros con la publicación de la correspondiente ordenanza fiscal. ¿Si se trata de un servicio público prestado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todo caso, inherente a su misión más significativa  de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, por qué se grava con una tasa? El autor responde a ésta y otras cuestiones en este análisis.