Conocimiento Artículos doctrinales

Ejecución de hipoteca en procedimiento declarativo (Comentario a la RDGRN de 1 de febrero de 2017)

Este trabajo aborda las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios, y la posibilidad de reclamación del préstamo por parte de la entidad de crédito. El autor se centra en determinados requisitos como la necesidad de tomar anotación de embargo respecto del bien hipotecado y en la posibilidad de cancelar las cargas intermedias (las anotadas en el registro en fecha posterior a la inscripción de hipoteca pero anterior a la anotación de embargo a favor del acreedor hipotecario).

La expropiación forzosa de bienes culturales: supuestos y particularidades

Este artículo aborda el procedimiento de expropiación aplicable a los bienes culturales, resaltando sus particularidades. El bien cultural y, especialmente, el que goza de alto grado de protección -como el declarado de “interés cultural”-, merece, por su importancia histórica, artística o cultural, cierta sensibilidad legislativa al tratar los casos en los que procedería su expropiación, a fin de impedir, en lo posible, su deterioro o destrucción, con el indudable perjuicio para generaciones venideras.

Los procedimientos arbitrales de consumo. Aspectos prácticos.

El arbitraje de consumo es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos llamado a descongestionar a nuestros juzgados de muchos de los litigios que afectan, cada día más, a las personas consumidoras. Lo cierto es que el arbitraje, con un fuerte arraigo desde ya hace muchos años en las administraciones públicas de consumo, sigue siendo hoy por hoy poco utilizado por las empresas y existe aún un cierto desconocimiento de este sistema por parte de estas empresas, de los consumidores y también por parte de algunos operadores jurídicos. El objetivo del artículo es analizar brevemente el funcionamiento del procedimiento arbitral.

Los codemandados en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Su intervención en el proceso y en el procedimiento administrativo. Referencia obligada a la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Para entender el papel del litisconsorcio pasivo en el orden contencioso-administrativo es necesario superar las carencias de la ley reguladora de esta jurisdicción, en una precisión conceptual que nos permitirá conocer su alcance, determinando tanto su necesariedad como la eventual exclusión de otros órdenes de la jurisdicción. La figura del codemandado presenta una íntima relación con el instituto de la responsabilidad patrimonial, lo que exige analizar su intervención desde el mismo procedimiento administrativo. Del mismo modo, se destacan las peculiaridades del pronunciamiento de la sentencia en relación a los codemandados, con expresa mención a las costas procesales.

Prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas

Reducir el gasto público no significa reducir los recursos destinados a la prevención de riesgos laborales. Si los responsables en la toma de decisiones en las distintas Administraciones Públicas pensaran por un momento en destinar menos recursos a la prevención, no solo estarían incumpliendo la Ley, sino que estarían aumentando los gastos a medio y largo plazo. Lo difícil no es documentar todo lo exigido en la normativa de prevención de riesgos laborales, lo complicado es llevarlo a la práctica, pues requiere de un esfuerzo presupuestario destinado ni más ni menos que a preservar la salud y la seguridad de todo el personal al servicio de la Administración Pública.

Mantenimiento Provisional de las Condiciones de Trabajo

21 de julio de 2017 Artículos doctrinales

Este artículo estudia la vigencia del convenio colectivo dentro de una transmisión de empresas. En las transmisiones de empresa el mecanismo subrogatorio exige que el cesionario no aplique una modificación sustancial en las condiciones de trabajo en detrimento de los empleados de la empresa o centro de actividad. Este mantenimiento de las condiciones de trabajo es una garantía que recoge la Directiva 2001/23/CE en sus artículos 3.1 y 4.2. En conclusión la Directiva garantiza los derechos de los trabajadores que entren al servicio del nuevo empresario.

¿La extinción de la sociedad provoca la pérdida de la personalidad jurídica de la misma?

14 de julio de 2017 Artículos doctrinales SOCIEDADES

El presente trabajo se centra en la posible pérdida de la personalidad de la sociedad y por lo tanto de la capacidad para ser parte en un proceso, todo ello, como consecuencia de la extinción de la misma. Ya que las sociedades mercantiles, como consecuencia de su actividad económica son generadoras de distintas obligaciones / responsabilidades, y frecuentemente nos encontramos con el problema que la misma se ha extinguido formalmente con la consiguiente inscripción de la liquidación y cancelación de los asientos registrales en el Registro Mercantil, y algunas de esas obligaciones / responsabilidades persisten tras la extinción.

El concepto de accidente de trabajo en la Unión Europea y en el Derecho Comparado

La definición del accidente de trabajo en los distintos ordenamientos jurídicos configura la responsabilidad empresarial por daños derivados de los mismos. Las diferentes regulaciones en los países de nuestro entorno están armonizadas por el derecho de la Unión Europea, que actúa como el marco común. La autora, después de analizar el derecho comparado, llega a la conclusión de que el sistema que rige nuestro ordenamiento jurídico en la materia es quizá el más complejo de toda la Unión Europea, lo que indudablemente ocasiona unos costes y un desgaste sobrevenidos al trabajador o a sus causahabientes.

Relevancia jurídico penal de la captación de imágenes por drones

07 de julio de 2017 Artículos doctrinales

El pasado 7 de junio se hizo pública la denuncia a un hombre por grabar con un vehículo aéreo no tripulado (dron) a un grupo de mujeres desnudas mientras tomaban el sol en su barco en una zona aislada de Portcolom, Mallorca. Estas denuncias son uno de los múltiples debates jurídicos que plantean los drones. La autora de este artículo analiza desde el punto de vista jurídico penal esta cuestión, planteándose de inicio los siguientes interrogantes ¿se ha vulnerado el derecho a la intimidad de las denunciantes? ¿Constituyen estas conductas un ilícito penal?

¿Qué ocurre con las nuevas adquisiciones de jugadores del Atlético de Madrid después de la sanción de la FIFA? Situación jurídica actual

Después de las sanciones referentes a contratación de menores, confirmadas por el TAS, impuestas por FIFA a los clubes FC Barcelona y Real Madrid CF, el 1 de junio de 2017 cerro este capítulo la confirmación de la sanción al Atlético de Madrid S.A.D. Ahora bien, nos preguntamos ¿Cuál es la situación jurídica actual? Pregunta a la que damos respuesta analizamos el panorama actual y lo que puede ocurrir en temas que son tan importantes en este momento para el club como: las nuevas contrataciones, los jugadores cedidos y los jugadores contratados que pretenden ser renovados.

Cláusulas Suelo o la (des) protección de consumidores y usuarios. ¿Es una solución la creación de los juzgados especializados en cláusulas abusivas?

16 de junio de 2017 Artículos doctrinales OPINIÓN

A propósito de la mediática sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, el autor reflexiona sobre el difícil encaje de la normativa protectora de los derechos de los consumidores y usuarios estatal en contraposición a la comunitaria, lo que, a su juicio, ha conducido a la situación actual en la que los tribunales nacionales, a través de cuestiones prejudiciales remitidas al Tribunal de Luxemburgo, se convierten en los verdaderos impulsores de su aplicación.

La abusividad de la cláusula de intereses moratorios en la contratación bancaria con consumidores: regulación legal y jurisprudencia actual del TJUE y el TS

La declaración del carácter abusivo de la cláusula de intereses moratorios en la contratación bancaria con consumidores requiere la aplicación de parámetros de abusividad que en los últimos cuatro años han sido objeto de interpretaciones muy diferentes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español. Dichas divergencias también han existido y existen respecto a cuáles deban ser las consecuencias de la declaración de nulidad de dicha cláusula. El presente artículo estudia la postura actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español en cuanto a criterios de abusividad y a las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios.

Cómputo del plazo de la prisión provisional en los supuestos de extradición

El autor aborda la problemática relativa al cómputo de los plazos de la prisión provisional en los supuestos de extradición, concluyendo que no procede tener en cuenta para el cómputo de los plazos del art. 504 LECrim el tiempo que el investigado ha estado privado de libertad en el país de detención mientras se tramitaba la extradición, todo ello a fin de no quebrar el principio de seguridad jurídica haciendo depender la institución de la prisión provisional de cómputos inciertos e imprecisos y que escapan del control de los tribunales españoles, postura que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional.

Hacia una cooperación judicial en la Unión Europea: el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el ámbito penal

La Unión Europea ha perseguido desde siempre un importante objetivo: la cooperación judicial en materia civil y penal. Partiendo de la creación de un "espacio de libertad, seguridad y justicia" se quiere garantizar, además de la libre circulación de personas sin fronteras interiores, la lucha conjunta contra la delincuencia. El autor expone cómo el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones se ha convertido en “piedra angular” de la cooperación judicial penal, un principio que va tomando cuerpo jurídico común sobre la base de exigencias mínimas a respetar por todos los Estados miembros.

Articulo 384 Código Penal: delito o sanción administrativa

12 de mayo de 2017 Artículos doctrinales

Conducir sin permiso puede constituir un delito, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, o una infracción administrativa. La autora analiza la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo 37/2013 de 29 de abril, que aplica el principio de intervención mínima del derecho penal. La nueva redacción del artículo 384 el Código Penal está ocasionando más de un quebradero de cabeza para Juzgados de Instrucción de la misma Provincia y por ende para los Letrados, por la aplicación del principio de intervención mínima que antes reseñábamos. La autora muestra sus dudas al respecto de la aplicación de este principio y anima a una reflexión al respecto.

El marco jurídico de la integración de Hong Kong en China y su aplicabilidad al caso de Gibraltar en España

La sorprendente salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, reaviva el interés por este tema, aislando a Gran Bretaña en sus reclamaciones coloniales sobre Gibraltar y sobre todo colocando a la Unión Europea como gran bloque opuesto a las reclamaciones coloniales británicas. El caso de Hong Kong guarda grandes similitudes con la cuestión del peñón, una cuestión para la que los autores del presente análisis proponen un nuevo enfoque jurídico basado en pilares administrativos, económicos y fiscales que pongan los mimbres a la solución del problema.

La publicidad y el derecho a un juicio justo

28 de abril de 2017 Artículos doctrinales

Cada vez con más frecuencia, presenciamos como los procesos judiciales de asuntos notorios son objeto de tratamiento por parte de los medios de comunicación quienes cada vez, exigen mayor protagonismo y detalle. Paralelamente, los dispositivos móviles y las redes sociales han propiciado que cualquier ciudadano se convierta en trasmisor de noticias casi a tiempo real. Así las cosas, en un Estado de derecho no se puede pretender que la información sobre los asuntos judiciales se suspenda hasta que los tribunales dicten sentencia, pero, en ocasiones, dependiendo de cómo se trate dicha información, pueden vulnerarse los derechos fundamentales de los afectados, y este problema se agrava cuando dichos procedimientos son juzgados por el Tribunal del jurado cuyo veredicto puede verse claramente influenciado por las informaciones y opiniones que recibe de personas ajenas al proceso judicial.