El pasado 24 de septiembre, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas de finanzas digitales o Digital Finance Package (en adelante DFP) para lograr un marco regulatorio integral de la Unión Europea adecuado a la era digital en la que nos encontramos y eliminar la fragmentación en el mercado único digital. Con ello se busca la promoción de un sector financiero basado en datos y afrontando los retos y riesgos inherentes a la transformación digital.
El impacto de la pandemia ha dejado patente lo importante que son todos los aspectos de la transformación digital en nuestra sociedad. La iniciativa dirigida hacia el sector financiero impulsada por la Comisión Europea llega en un momento crucial para impulsar un sector bancario europeo innovador, resiliente y competitivo a nivel mundial.
Una de las piedras angulares de esta iniciativa ha sido la expansión del Bitcoin, que, desde su nacimiento en el año 2009, tanto su uso como su popularidad no han parado de crecer. Esta moneda digital entra dentro del grupo de criptoactivos definidos en el DFP como una “representación digital de valor o derechos, que puede ser trasferida o almacenada electrónicamente a través de tecnologías de registro distribuido u otras tecnologías similares”, los cuales carecen de una autoridad regulatoria que las supervise y su valor se altera dependiendo de la demanda. Ante el exponencial desarrollo de estos activos y el incipiente uso por parte de ciberdelincuentes dada la facilidad de no dejar ningún rastro, es necesaria una regulación que logre el acceso de los ciudadanos y empresas a productos financieros disruptivos a la vez que se garantice la protección del consumidor y la estabilidad financiera.
El DFP consta de una estrategia de finanzas digitales dirigida a estimular el sector financiero para lograr un progreso y ofrecer la posibilidad de que los proveedores de los productos digitales puedan competir en un mercado europeo único y con un marco regulatorio común. Otra de las medidas, más concreta que la anterior, es la estrategia de pagos minoristas que pretende brindar la máxima seguridad y rapidez en los pagos facilitando el uso del comercio electrónico y dotándolo de un grado de confianza suficiente. Para continuar, de forma muy breve, se incluyen, además, la propuesta sobre resiliencia operativa que busca garantizar una protección frente a los ciberataques y otros riesgos digitales y una propuesta en materia de criptoactivos en la que se hace hincapié en los emisores y proveedores de las criptodivisas.
Esta última propuesta goza de dos proyectos que es pertinente destacar, por un lado, la propuesta de reglamento MICA (por sus siglas en inglés markets in crypto-assets) que persigue la regulación de los criptoactivos que no se consideran por la normativa actual como activos financieros o dinero electrónico, por ejemplo, los conocidos como “tokens de utilidad ” y una propuesta de régimen piloto para permitir que participantes en el mercado de los criptoactivos los reguladores adquieran experiencia en la interacción en un mercado en que la contabilidad y los datos se encuentran descentralizados por bloques, lo que conocemos como blockchain.
La idea principal de este paquete de medidas es lograr un respaldo por parte de una autoridad regulatoria en tanto que los emisores de criptodivisas tales como los stablecoins o tokens, necesitarán un permiso de la institución designada por el estado miembro donde se produzca la emisión, además que deberán cumplir con requisitos más estrictos y estarán sometidos a una notable supervisión.
A pesar de que la criptomoneda surgió con la finalidad de convertirse en una moneda de curso habitual y desplazar la moneda física hacia un segundo plano, la utilidad que tiene a día de hoy es puramente especulativa o de reserva, como dice de Almudena de la Mata, managing partner de Blockchain Intelligence, “se ha convertido en un valor refugio que hoy, es el oro de inversión de los mileniales”. Aquí reside la necesidad de una regulación, esto es, la protección de los consumidores y operadores del sector financiero, así como la aceptación de esta nueva forma de pago por parte de los bancos centrales y otras instituciones que han defendido en todo momento su influencia negativa en el sector financiero dada su falta de control y la evidente facilidad para la compraventa de bienes ilegales, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
La Comisión Europea considera trascendentales estas propuestas para impulsar la recuperación económica de la Unión Europea desbloqueando nuevas formas de encauzar la financiación de las empresas europeas, por ello propone que todas las compañías respeten estándares rigurosos para eludir y limitar el impacto de incidentes y amenazas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación.
En palabras de Eduardo Novella abogado experto en TIC, en el libro Criptoactivos. Retos y desafíos (de reciente publicación por Wolters Kluwer y dirigido por Moisés Barrio) “es altamente probable que el DFP será cumplido en su totalidad, o casi en su totalidad, por la Comisión Europea durante este mandato”. Nos encontramos ante una puerta abierta hacia una industria joven y prácticamente intransitada que promete generar un importante debate en los próximos años.
