Si hay un tema estrella durante esta y todas las citas electorales recientes es la vivienda. En concreto los jóvenes, y en general la gran mayoría de la población, tienen serias dificultades para hacer frente al pago de una hipoteca. En muchas ciudades y regiones de España, los costos de las propiedades han aumentado desproporcionadamente en comparación con los ingresos de los jóvenes trabajadores, dificultando mucho el sueño de tener una vivienda propia. La nueva ley de la vivienda incorpora algunos beneficios importantes para los arrendatarios, pero sigue ofreciendo dudas y, de hecho, en el escenario post electoral, no queda clara si aplicación real.

La sensación de aprovechar mejor el dinero y la esperanza de que se convierta en un gran activo en el futuro conducen a muchas personas a una hipoteca, muchas veces sin la seguridad en el largo plazo de poder hacer frente a los pagos. En estos casos, cuando no hay estabilidad laboral ni experiencia financiera, la historia acaba siendo siempre la misma: préstamos hipotecarios con condiciones desfavorables o préstamos a corto plazo con altas tasas de interés. Un plan que puede servir en el corto plazo, pero puede tener consecuencias muy desfavorables en el largo.

La nueva ley de vivienda promete avances notables en cuanto a protección del deudor frente a la institución bancaria o la propiedad, es cierto, pero al entrar en el detalle de la norma vemos como la mayoría de las medidas se centran en el contexto de alquiler. En este sentido, se ofrecen pocas alternativas a las ya existentes en materia de protección ante una ejecución hipotecaria.

Por si esto fuera poco, la realidad es que la aplicación de esta ley ya aprobada aún está por ver. Muchas comunidades autónomas han cambiado de partido en el poder y ven como los nuevos líderes desestiman su aplicación. Castilla La Mancha, Asturias o Canarias son algunos ejemplos. Los nuevos ejecutivos van a recurrir la ley y no tienen previsto aplicarla porque la consideran contraproducente y prefieren impulsar la promoción de vivienda. Sobra mencionar que esta sería una de las primeras leyes en caer en caso de que haya un relevo en el ejecutivo central el próximo 23 de julio.

Con este escenario debemos tener un optimismo cauto por el impredecible futuro de la ley de la vivienda. Y es que, por suerte, no todo depende de ella. Existen fórmulas alternativas para proteger al deudor ante una ejecución hipotecaria.

Hay que actuar cuanto antes: en España el plazo para responder es de tan solo 10 días hábiles. Es importante tener en cuenta que una de las claves para revertir una situación de ejecución hipotecaria son las posibles irregularidades en el procedimiento de ejecución, como las cláusulas abusivas. En este caso, la persona afectada puede solicitar la nulidad de las cláusulas abusivas ante un juez y, en consecuencia, reducir el saldo pendiente de la hipoteca o incluso cancelarla por completo.

Mientras, esperemos que, en un futuro no muy lejano, las hipotecas tengan más importancia en las nuevas propuestas de ley, y se creen alternativas más protectoras hacia la ciudadanía.