El 16 y 17 de noviembre de 2023 asistí a la Cumbre del Derecho de la Unión Europea organizada por el Colegio de Abogados de Madrid en la Galeria de Colecciones Reales del Palacio Real de Madrid.  

Entre los interesantes paneles de profesionales organizados para la ocasión, el 17 de noviembre tuvo lugar el panel relativo a Los Sistemas de Justicia Gratuita en Europa, comparativa entre los sistemas de Justicia de la Unión Europea, Especial referencia al caso español. 

En este contexto, D. Jesús M. Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, destacó la función social de los abogados que actúan en el turno de oficio y la importancia de la función para el conjunto de la ciudadanía. Por su parte, D. José Antonio Perales Gallego, director general del Consejo General de la Abogacía Española, presentó un análisis comparado muy completo de los distintos sistemas y propugno por una uniformidad de sistemas de justicia gratuita en la Unión Europea. 

Es aquí donde los sistemas deben, no solo uniformarse, sino también atender a las particularidades de los abogados transfronterizos que deben lidiar con asuntos transfronterizos en distintos idiomas y manejando dos, o más, sistemas jurídicos. 

En mi caso, soy abogada en Francia y en España, pero mi actuación en turno de oficio se concentra en Francia, pues no estoy inscrita en las listas de turno de oficio de España. 

Cuando en Francia soy designada por el turno de oficio para defender a clientes extranjeros en el marco de la sustracción internacional de menores, por ejemplo, dicha designación se realiza a título de la asistencia jurídica gratuita. 

Los progenitores que desencadenan el procedimiento en sus países de origen frente a un progenitor que ha desplazado a los menores a Francia, actúan a través de las autoridades centrales designadas por cada estado en el marco del artículo 6 y siguientes del Convenio de Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que se encargan de dicha tramitación. 

Una vez nombrada, y cuando ya se sabe la fecha de la audiencia según la demanda presentada por el Procureur de la République francés (Ministerio Fiscal), agendada en un plazo muy breve de tiempo, hay que contactar al cliente, que generalmente no habla francés sino español o inglés, explicarle el procedimiento, y su importante intervención voluntaria en el mismo, y recopilar toda la prueba necesaria para acreditar los fundamentos del retorno del menor a su país de origen. 

Dicha prueba, constituida exclusivamente por prueba documental, no está redactada en francés.  

Es necesario traducirla, con el elevado coste que ello va a tener para un cliente que resulta beneficiario de la justicia gratuita, que no cubre los gastos de traducción. En Francia sí cubre, empero, los gastos de interprete, si el cliente se desplaza a la vista. 

Huelga decir que cuando un cliente se encuentra al otro lado del océano Atlántico y va a tener que sufragar los gastos de retorno del menor, no puede permitirse el coste de un billete de avión en tan corto plazo para asistir a la vista.

Ello implica que el abogado plurilingüe preste su concurso para traducir dichos documentos sin repercutir coste alguno a su cliente. 

Tras ello, procede redactar el escrito de defensa y solicitud de retorno del menor, fundándose en el Convenio de la Haya aplicable y del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional menores, que dan base legal a la solicitud, aplicando la normativa procesal francesa, presentando la prueba recopilada.

No hay duda de que, cobrando tal honorario, si el abogado de turno de oficio no tiene una vocación de servicio público, poca motivación va a encontrar en su trabajo, al margen del aliciente de trabajar una materia apasionante pero que no le compensa económicamente

Finalmente, la asistencia al juicio y comunicación de la sentencia al cliente, dictada en un idioma que éste no entiende y que es necesario, o traducirla para su mejor comprensión directa o explicarla en un correo electrónico que finalmente adquirirá la dimensión de un informe jurídico en una lengua distinta de aquella en la que se ha dictado la sentencia.  O las dos actuaciones en simultaneo. 

La totalidad de las actuaciones mencionadas se facturan por la módica suma de 576,42 euros, sin IVA. 

No hay duda de que, cobrando tal honorario, si el abogado de turno de oficio no tiene una vocación de servicio público, poca motivación va a encontrar en su trabajo, al margen del aliciente de trabajar una materia apasionante pero que no le compensa económicamente. 

En este sentido se hace urgente crear, en el marco pendiente de uniformizar del sistema de justicia gratuita en la Unión Europea, un estatuto especial para los abogados de turno de oficio transfronterizo, que manejan una legislación europea e internacional compleja, conocen varios idiomas y deben ejercer, no solo como abogados, sino también como traductores y asumir cualquier gasto de traducción inherente al procedimiento. 

Lucía Ekaizer, abogada del Colegio de Abogados de Nîmes y del Colegio de la Abogacía de Madrid