Derecho

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Las causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo deben ser objeto de decisión preferente a las de nulidad de pleno derecho del acto impugnado (a propósito de la STS de 20 de diciembre de 2013)

En el caso de que en el proceso contencioso-administrativo la parte recurrente invoque causas de nulidad de pleno derecho del acto administrativo impugnado y la Administración alegue, por su parte, causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo ¿que debe ser objeto de examen y decisión en primer lugar, las causas de inadmisibilidad o las de nulidad? La STS de 20 de diciembre de 2013 vuelve a pronunciarse sobre la cuestión

El principio de precaución y el progreso técnico científico

Las presentes líneas reflexionan sobre las relaciones entre el principio de precaución y el asombroso conocimiento técnico científico, alcanzado en nuestros días. Una interpretación adecuada del principio de precaución constituye, sin duda, la mejor herramienta para afrontar los riesgos más perniciosos, razonablemente previsibles y probables, inherentes al progreso técnico científico del presente; debemos abordarlos con la necesaria prudencia y cautela, de manera sensata, sabia y meditada, respetando en todo caso la libertad y los derechos de todos. Y, por supuesto, conforme a las reglas que conforman nuestro sistema jurídico político.

La acción reivindicatoria

La acción reivindicatoria constituye un instrumento de protección del derecho de propiedad frente a terceros que se encuentran en posesión del bien contra la voluntad del titular del dominio. Tiene como objetivos la declaración del dominio, por un lado, y, por otro, la recuperación de la posesión. No obstante, esa acción acarrea, en ocasiones, dificultades probatorias, ya que es el propietario quien tiene que probar tal condición, lo que sitúa al demandado, de partida, en una posición ventajosa en el juicio reivindicatorio.

El delito de impago de pensiones alimenticias. Breve guía jurídica

La presente guía jurídica intenta sintetizar la diferente casuística que se da en la práctica forense en nuestros Juzgados sobre este tipo de delito, a fin de poder obtener una visión generalizada y práctica posible. Se articula en distintos supuestos que no suponen un numerus clausus. Al contrario, los Derechos Procesal y Sustantivo son amplios en presupuestos aplicables a cada caso concreto, que deben ser completados con el estudio legal que se requiera en cada momento.

La ejecución de las sanciones disciplinarias de los empleados públicos

El objetivo de este artículo es clarificar el criterio que ha de regir en la ejecución de la sanciones disciplinarias y que es el de garantizar la tutela judicial efectiva a los empleados públicos sometidos a una sanción disciplinaria. Este derecho implica que los empleados sancionados puedan acudir a los Tribunales, no sólo para impugnar los actos de la Administración, de acuerdo con lo que establecen los artículos 106.1 y 117.3 CE, sino también para obtener un pronunciamiento sobre esa ejecutividad.

La lucha contra la corrupción en el Cáucaso meridional: acciones e instrumentos

Pese a los esfuerzos jurídicos realizados por los países del Cáucaso Meridional (Georgia, Armenia, Azerbaiyán) en la lucha contra la corrupción, es evidente que aún están muy lejos de una situación plenamente normalizada. La fragilidad de estos Estados respecto a la aplicación del Estado de Derecho y sus graves problemas de orden territorial interno dificultan considerablemente avances prácticos y efectivos en su lucha contra la corrupción.

La futura reforma del Código Penal y los delitos racistas o xenófobos

Los delitos de racismo y xenofobia son objeto de especial modificación y regulación en el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, concretamente los preceptos 510 y 607. De esta manera, se dota de una nueva regulación a la materia en base principalmente a dos fuentes del derecho: la negativa, representada por la STC 235/2007, de 7 de noviembre y la positiva, consecuencia de la Decisión Marco 2008/913/JAI, de 28 de noviembre.

De nuevo sobre las Entidades de Gestión de los derechos de la propiedad intelectual

A finales del pasado año, una de las múltiples entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual existentes en España interpuso un relevante número de demandas ante los Juzgados de lo Mercantil, en reclamación de cantidades a favor de los artistas intérpretes que dice representar, abriendo con ello el enésimo frente judicial entre las Entidades de Gestión y un concreto sector económico. La actual tramitación parlamentaria de una nueva LPI sugiere una serie de reflexiones sobre estas figuras.

La fusión de sociedades desde el punto de vista del derecho mercantil

En este trabajo se analiza la fusión de sociedades como modificación estructural, estudiando la legislación vigente, las opiniones de la doctrina y las aportaciones que ha realizado la jurisprudencia sobre esta operación desde el punto de vista del Derecho Mercantil, teniendo en cuenta que esta figura tiene incidencia en otras ramas del ordenamiento jurídico como el Derecho Financiero o el Derecho del Trabajo.

Análisis de la reclamación administrativa previa

La reclamación administrativa previa a la vía judicial, regulada por los arts. 120 y ss. de la Ley 30/1992, es un requisito para toda acción judicial que, sustentándose en Derecho Privado o Laboral, se vaya a ejercitar contra una Administración pública. Siendo una garantía para la Administración, implica una carga para el ciudadano que quiera interponer una demanda ante ella, en la medida en que tiene que llevar a cabo una actividad preceptiva que no tendría que realizar en el caso de que deseara demandar a otro sujeto de carácter privado, ya fuera persona física o persona jurídica.

El régimen legal de la transferencia de resultados del empleado público investigador

En España, gran parte del esfuerzo innovador y creativo se realiza en el ámbito de las Universidades y centros públicos de investigación, ya que nuestro tejido productivo en muchas ocasiones no tiene el tamaño adecuado para afrontar importantes inversiones en investigación. Por eso es imprescindible que se establezca un régimen claro de atribución de derechos sobre los resultados de la investigación, además de un régimen adecuado de recompensa al personal funcionario o laboral que se dedica a ello, con el fin de hacer esta tarea más atractiva.

Intervención de las comunicaciones y escuchas telefónicas (I)

Análisis estructurado en dos partes diferenciadas: la primera dedicada a una breve reseña legislativa de las intervenciones telefónicas en nuestro ordenamiento jurídico, para a continuación recoger la posición de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habida cuenta de la insuficiente regulación de las escuchas telefónicas en nuestro ordenamiento jurídico.

Ley de violencia de género ¿Una contradicción a la Constitucion Española?

Desde el inicio de la creación de esta ley, una nube gris dejaba entrever entre el profesional cercano al derecho una sensación de diferencia con el resto de las leyes. Algo que en principio prometían sería una solución para la mujer desprotegida, dio paso a una defensa a la mujer desamparada que es maltratada, pero también a un arma ilegal e inconstitucional que contradecía 3 pilares fundamentales de nuestra constitución española, cuando se realiza la denuncia falsamente: el derecho a la igualdad, el derecho a un juicio justo y el derecho a la presunción de inocencia

El principio de precaución y la responsabilidad jurídica

Las presentes líneas ofrecen un breve comentario introductorio en torno al llamado “principio de precaución”, desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica; el objeto de lo dicho en este apartado es el de ofrecer al lector un conjunto de ideas básicas que, a modo de panorámica general, le sitúen ante la materia aquí estudiada. La llamada a tal principio ha ido ganando un creciente reconocimiento en ciertas materias –sobretodo, medio ambiente y salud pública-, no solo en el plano del Derecho Internacional sino, también, por parte de algunos países europeos –especialmente, Francia, que incluyó dicho principio en su propio Texto Constitucional en 2004-; en cuanto a los Medios de Comunicación (prensa, radio, TV), tanto en formato analógico como digital, raro es el día en el cual alguno de ellos no nos ofrece un “Titular de Impacto”, basado en dicho principio y llamativo hasta lo indecible, que sirva para desatar la más grave/generalizada alarma entre la “atónica y aterrorizada” audiencia. Abundan las noticias que hablan del aumento exagerado de la inseguridad y degradación de la vida cotidiana en cualquier ciudad del mundo; sin duda, parece como si la mayoría de las personas vivieran con los nervios a flor de piel, incapaces de dominar sus más negativas emociones de frustración, ansiedad y miedo.

Mediación Concursal tras la nueva Ley de Emprendedores.

17 de octubre de 2013 Artículos doctrinales

La Ley de Emprendedores aprobada en el congreso, institucionaliza la llamada Mediación Concursal para ello introduce los artículos 231 a 242 de la Ley Concursal y también dos disposiciones adicionales la séptima referida a los créditos de derecho público y la octava referida a la remuneración del Mediador Concursal. Se crea la figura del Mediador Concursal, cuya finalidad será la consecución de la aprobación de un acuerdo de pagos que permita la supervivencia de la empresa. También, como hecho relevante, se introduce en esta ley una limitación de la responsabilidad universal por deudas que tradicionalmente regía en nuestro derecho y que tenía su reflejo en el artículo 1.911 del Código Civil. Así nuestro derecho de insolvencia se equipara a otras legislaciones como la alemana o la norteamericana que recogían instituciones como el fresh start discharge o la liberación por deudas, recogido en el derecho alemán y otras instituciones europeas.