Derecho

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Los trabajadores empleados en plataformas de extracción de gas situadas en el mar, sobre la plataforma continental adyacente a un Estado miembro, están en principio sujetos al Derecho de la Unión

17 de enero de 2012 Jurisprudencia SEGUROS SOCIALES

En efecto, para la aplicación del Derecho de la Unión, debe considerarse que un trabajo efectuado en una plataforma de perforación -en el marco de actividades de exploración y/o de explotación de los recursos naturales- ha sido efectuado en el territorio de dicho Estado.

Sólo los períodos de residencia que reúnen las condiciones enunciadas por el Derecho de la Unión permiten adquirir el derecho de residencia permanente

22 de diciembre de 2011 Jurisprudencia DERECHO DE RESIDENCIA

Los períodos de residencia de un nacional de un tercer Estado transcurridos antes de la adhesión de ese tercer Estado a la Unión, que se hayan cubierto de conformidad con las condiciones enunciadas en el Derecho de la Unión, deben computarse a efectos del cálculo del período mínimo de cinco años.

La «Directiva retorno» se opone a una normativa nacional que impone una pena de prisión a un nacional de un tercer país en situación irregular en el curso del procedimiento de retorno

09 de diciembre de 2011 Jurisprudencia DIRECTIVA RETORNO

Dicha Directiva no se opone a que se impongan sanciones penales, con arreglo a las normas nacionales y respetando los derechos fundamentales, a nacionales de terceros países a los que se aplique dicho procedimiento y que se encuentren en situación irregular sin que exista un motivo justificado para el no retorno.

El Tribunal de Justicia precisa las condiciones para que las autoridades aduaneras de los Estados miembros retengan mercancías –imitaciones o copias de productos protegidos en la Unión por los derechos de propiedad intelectual– procedente

Cuando dichas mercancías están en depósito aduanero o en tránsito en la Unión, pueden calificarse de «mercancías falsificadas» o de «mercancías piratas» si se acredita que están destinadas a ser comercializadas en la Unión.

Según el Abogado General Sr. Bot, ni las funcionalidades de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación pueden acogerse a la protección del derecho de autor

30 de noviembre de 2011 Jurisprudencia PROGRAMAS DE ORDENADOR

El Abogado General considera que el lenguaje de programación no puede, como tal, acogerse a la protección del derecho de autor. En la medida en que el lenguaje de programación es un elemento que permite dar instrucciones a la máquina, debe asimilarse, por ejemplo, al lenguaje empleado por el autor de una novela. Por lo tanto, el lenguaje de programación es el medio que permite expresarse y no la expresión propiamente dicha.

Las “diferentes” fuentes del derecho de la Unión Europea

12 de marzo de 2015 Artículos doctrinales

Recorrido práctico por las principales sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pone de manifiesto no solo el profundo efecto que el ordenamiento jurídico comunitario tiene sobre los ordenamientos nacionales y los jueces nacionales, sino también cómo la configuración jurisprudencial no siempre delimita de forma nítida las características de cada fuente del Derecho Comunitario.

Procedimiento habeas corpus desde un contexto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

04 de noviembre de 2014 Artículos doctrinales Habeas corpus

La sociedad actual demanda de los funcionarios policiales la máxima profesionalidad en el ejercicio de sus funciones. La detención policial es una medida que afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la libertad personal, por ello exige que en su adopción se adopten las mayores cautelas. En este sentido, el procedimiento de habeas corpus está destinado a someter al control judicial aquellas privaciones de libertad ilícitas en origen o que se desarrollan en condiciones de ilegalidad.

Restitución Internacional de Menores: el aporte de la Mediación

09 de septiembre de 2014 Artículos doctrinales Menores

La Mediación Familiar como una herramienta sumamente eficaz y complementaria al proceso en general que lleva el Juez, a la hora de colaborar para lograr hacer efectivos los Derechos del Niño, en un contexto altamente conflictivo como el que subyace en una situación de Restitución Internacional de Menores, que se produce cuando un menor es trasladado ilícitamente a un país distinto al de su residencia habitual.

El régimen de guarda y custodia en España. Derecho común y Comunidades Autónomas con Derecho civil propio

La custodia compartida ha ido ganando fuerza en España en los últimos años. Tanto que varias Comunidades Autónomas con derecho civil propio han decidido regular la custodia de los hijos en caso de ruptura de la convivencia de sus padres con su propia ley autonómica. Este artículo examina estas regulaciones diferentes de la común.

Contradicción entre los ordenamientos jurídicos nacional y comunitario. El papel del juez nacional y la cuestión prejudicial

En caso de contradicción entre una norma europea y una nacional, sea orgánica o incluso constitucional, un juez nacional debe inaplicar la norma interna en favor de la comunitaria por aplicación del principio de primacía del derecho de la Unión. Si albergase dudas en cuanto a la interpretación o efectos de una norma comunitaria en relación al derecho nacional, tiene la facultad de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. Dicha facultad se convierte en obligación cuando la resolución en cuestión no es susceptible de ulterior recurso ordinario, salvo que el asunto sea de evidente solución o ya haya sido resuelta una cuestión análoga por el TJUE.

El Tribunal de Justicia Europeo respalda el Derecho al Olvido

Un fallo de la justicia europea resuelve finalmente la cuestión sobre la interpretación del Derecho al Olvido en los buscadores de Internet. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha publicado hoy una Sentencia que aclara la larga disputa entre la responsabilidad de los buscadores, la aplicabilidad de la normativa de protección de datos y los derechos de los ciudadanos.

El aprendizaje del inglés jurídico y la enseñanza del Derecho Español en lengua Inglesa. Sobre una experiencia pionera en España

Si para ejercer la abogacía queremos utilizar la lengua inglesa habrá que tener en cuenta:a) que la lengua es el principal vehículo de comunicación de otra cultura, b) que la OtraCultura —la del Common Law— tiene un sistema legal que no tiene una constitución escrita, ni un código civil, ni penal, ni mercantil, etc.  En esa cultura, la equidad prevalece sobre el “Case Law” o jurisprudencia. Toda esta complejidad podría aclararse si nos centramos en las diferencias culturales (en las leyes y sus convenciones textuales, en las instituciones, en los tribunales, en los profesionales de la justicia) y en los rasgos propios del lenguaje jurídico  y su terminología (préstamos, frases hechas y términos equívocos).  En este artículo se subraya la importancia del estudio del inglés jurídico en un mundo cada vez más globalizado y se profundiza en una experiencia innovadora que se ofrece por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).  Nuestra estrategia es la enseñanza online del inglés jurídico mediante el estudio del Derecho español.

Intervención de las comunicaciones y escuchas telefónicas (II). Especial referencia a los centros penitenciarios

El derecho a la intimidad de los recluidos en un centro penitenciario se ve mermado por la entrada en aquél. Sin embargo, corresponde a la Administración penitenciaria y, muy especialmente, a los órganos jurisdiccionales encargados de velar por la correcta ejecución de las penas (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) la misión de impedir que “justicia se detenga en la puerta de las prisiones” (Sentencia del TEDH, caso Campell y Fell v. Reino Unido de 28 de junio de 1984, que nuestro Alto Tribunal reprodujo por primera vez en la STC 2/1987, de 21 de enero). De ello se deduce que determinadas medidas acordadas en sede judicial, como ordenar la grabación sonora de un encuentro vis a vis de una reclusa, pueden ser calificadas de degradantes al conculcar derechos fundamentales de los internos, que siguen siendo sujetos de derechos  

La averiguación patrimonial del ejecutado, el artículo 95 de la Ley General Tributaria y la cesión de datos a los tribunales

Ni desde el punto de vista de la protección de datos, ni desde ámbito tributario existe problema alguno en la cesión al Juzgado de datos sobre los bienes y derechos del ejecutado, ni si quiera cuando se trata de datos de terceros no intervinientes en el proceso, por lo que no puede entenderse el recelo, que en muchas ocasiones, muestra la AEAT a dicha cesión, cuya solicitud viene amparada por una resolución judicial, que previamente habrá ponderado todas las circunstancias concurrentes para adoptar la solicitud.

Reacciones sociales frente al ilícito penal. Cerebro y Concepto de Justicia

¿Y si el Derecho fuera menos Derecho?, ¿Y si su evolución tuviera que ver con otras partes del conocimiento como la Biología y Antropología? ¿Y si nuestra evolución hubiera influido en la misma evolución de nuestros conceptos jurídicos? Derecho que no sólo depende de la sociedad de la que emana y de la cultura a la que pertenece. Derecho que se ve influenciado, no sólo por la manera de pensar de los ciudadanos a los que aplica, sino también, he aquí el cambio, por sus propias capacidades mentales, cerebrales, por su mismo desarrollo. Y Derecho que, a pesar de evolucionar, guarda vestigios de épocas anteriores en la misma medida que nosotros, sujetos pasivos del mismo, nos comportamos conforme a la lógica de otras épocas. Un enfoque distinto, una perspectiva nueva, en que conceptos normalmente separados se presentan unidos.

Recogida de muestras biológicas para la obtención de un perfil ADN, desde la perspectiva policial

Las modernas formas de criminalidad demandan que la ciencia se ponga al servicio de la Justicia. Obtener muestras biológicas del sospechoso para determinar su perfil ADN, es un acto de investigación que puede determinar su participación en el hecho punible. La falta de regulación específica exige conocer, de modo pleno y actual, la doctrina y la jurisprudencia, dados los derechos fundamentales que entran en juego.