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El TS reconoce a un embajador legitimación para recurrir la extradición de un ciudadano de su país

El Tribunal Supremo ha establecido que el embajador de Turquía en España, como representante de un Estado, está legitimado para recurrir ante los tribunales del Estado de destino la extradición de un ciudadano de su país sin necesidad de contar con una decisión al respecto de la autoridad competente del estado que representa.      

Aragón se proclama nacionalidad histórica y reivindica la derogación de los Decretos de Nueva Planta de Felipe V

12 de julio de 2018 Noticias Derechos históricos

La Ley 8/2018, de 28 de junio, pretende proteger la identidad aragonesa y dar un nuevo impulso al proceso de construcción de su autogobierno mediante la actualización de sus derechos históricos. Declara que las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por el Estado o entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas. Insta a suscribir en el plazo de seis meses un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado y clama por la recuperación del patrimonio aragonés expoliado.

La denominación "ibérico de cebo" no limita la comercialización de productos de cerdo de otros Estados de la UE con distinto

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el hecho de que la normativa española regule que los productos de cerdo sólo podrán tener la denominación de venta «ibérico de cebo» si cumplen determinados requisitos, no limita la importación o comercialización de otros productos de cerdo de otros Estados miembro con distinta denominación de venta.

El TJUE falla en contra de las multas desproporcionadas impuestas conforme a la normativa antiblanqueo española

En respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que juzga el caso de un nacional chino que no declaró 92.000 euros con los que viajaba y al que sancionaron con 91.900 euros, el Tribunal de Justicia declara que el Tratado de Funcionamiento de la UE se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren en el territorio de ese Estado o salgan de él se sancionará con una multa que podrá ascender hasta el doble del importe no declarado.