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El TS confirma la privación de la patria potestad y el cese de las visitas a un padre por grave desatención personal y económica

19 de junio de 2019 Jurisprudencia PATRIA POTESTAD

La falta de relación con el hijo -durante 8 años- y la falta de pago o pago incompleto de la pensión alimenticia a la que venía obligado son razones suficientes para la fijación de tan grave medida en interés del niño. Según el Supremo, la Audiencia motivó concienzuda y meticulosamente los hechos probados y la prueba practicada.

El TC anula el artículo de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recopilar las opiniones ideológicas de los ciudadanos

22 de mayo de 2019 Noticias PRIVACIDAD

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que permite a los partidos políticos recoger datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos. 

¿Cuál es la retención aplicable al contratado en prácticas por un despacho de abogados?

04 de mayo de 2019 Noticias

La determinación del importe de la retención debe realizarse conforme con el procedimiento general regulado en el artículo 82 del Reglamento del Impuesto, estableciéndose en consonacia con el apartado 2 del artículo 86 del citado texto legal para la relación laboral de carácter especial entre la que se encuentra la de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos un tipo mínimo de retención del 15 por ciento.  

El TEDH dicta sentencia en un caso sobre un presunto trato discriminatorio en el pago de un complemento salarial

30 de abril de 2019 Jurisprudencia

En diciembre de 2007, dos trabajadores nterpusieron una demanda en el Tribunal del Condado por una “prima de fidelidad” de su salario, que, desde diciembre de 2004, no estaban percibiendo, pero el resto del personal sí cobraba.En febrero de 2008, el Tribunal del Condado aceptó la demanda y ordenó que se pagara a los demandantes una compensación por discriminación, basándose en las leyes que regulan las “primas de confidencialidad”.