Plazos

20 entradas

Logística judicial y plan de choque: una oportunidad para el consenso

La elaboración de un programa conjunto de medios y actuaciones que evite el temible —y muy posible— colapso judicial es imprescindible y urgente; no obstante, quizá sea este el momento de que la organización judicialtenga en cuenta, como no se ha hecho nunca antes, todas las opiniones y necesidades que la comunidad jurídico-económica en su conjunto —abogados, procuradores, autoridades, patronales…—.

Modificaciones en el real decreto de declaración del estado de alarma por coronavirus

18 de marzo de 2020 Noticias LEGISLACIÓN

El Consejo de Ministros ha corregido este martes alguno de los errores que contenía el decreto inicial de estado de alarma. Entre otras medidas, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, amplía la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso público a otros espacios de uso público, como por ejemplo las playas. La circulación de personas permitida deberá realizarse de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores o personas mayores y se limita la actividad de peluquería a los servicios a domicilio. La suspensión de los trámites administrativos no afectará a los de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social, ni a los plazos tributarios, en particular a los de presentación de declaraciones y autoliquidaciones.

Durante la vigencia del estado de alarma se suspende el plazo de caducidad de los asientos registrales

18 de marzo de 2020 El sector legal PLAZOS

Los trámites como recursos gubernativos, notificaciones de defectos, notificaciones del art 199 LH, etc., quedan suspendidos por tratarse de trámites administrativos. Lo mismo procede decir respecto de los trámites referidos al Registro Mercantil y de Bienes Muebles, si bien en el Decreto se ocupan de algunos de ellos referidos a la vida societaria. Los asientos registrales que se suspenden son aquellos que se pueden cancelar por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos se reanudará cuando finalice el estado de alarma.  

El presidente del TS y del CGPJ advierte del colapso judicial y aboga por una gran reforma

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes afirma que más del 60 % de los Juzgados están “claramente sobrecargados” y dice que si la situación se prolonga “puede provocar que el propio sistema se resienta”. Confía en que la renovación de los veinte vocales del CGPJ y de su presidente, que se activará en unas semanas, se desarrolle “dentro de los plazos establecidos por la ley”.

Castilla y León promueve la reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial

26 de octubre de 2017 Noticias

La finalidad de la Ley 6/2017, de 20 de octubre, publicada ayer en el Boleín oficial de la comunidad autónoma, es favorecer la implantación de empresas en Castilla y León reduciendo los costes administrativos mediante la rebaja del régimen de intervención, el acortamiento de los plazos asociados a su creación y consolidación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Se simplifica además, la creación e implantación de empresas dee servicios de restauración y las industrias vinculadas con recursos forestales.  

Modificación del Reglamento del impuesto catalán sobre estancias en establecimientos turísticos

16 de junio de 2017 Noticias IMPUESTOS

Hoy entra en vigor el Decreto 60/2017, de 13 de junio, modifica el actual periodo trimestral de liquidación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos para que se correspondan con las temporadas de invierno y de verano, propias del sector. Este cambio tiene como consecuencia la modificación de los plazos de presentación y de ingreso de la autoliquidación.

Cómputo del plazo de la prisión provisional en los supuestos de extradición

El autor aborda la problemática relativa al cómputo de los plazos de la prisión provisional en los supuestos de extradición, concluyendo que no procede tener en cuenta para el cómputo de los plazos del art. 504 LECrim el tiempo que el investigado ha estado privado de libertad en el país de detención mientras se tramitaba la extradición, todo ello a fin de no quebrar el principio de seguridad jurídica haciendo depender la institución de la prisión provisional de cómputos inciertos e imprecisos y que escapan del control de los tribunales españoles, postura que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional.