Procedimientos

20 entradas

La interpretación jurisprudencial del criterio de afectación general en el recurso de suplicación.

El artículo 191 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) determina el ámbito de aplicación del recurso de suplicación con ciertas aunque no profundas modificaciones al anterior artículo 189 del Texto Refundido de la Ley 271995, de 7 de abril, de Procedimiento Laboral (en adelante LPL). Junto a la cuantía mínima de acceso al recurso que pasa de 1.800 a 3.000 euros, aparecen señalados cambios en cuanto a la recurribilidad de los autos y en lo referente al régimen de excepciones. Es respecto a esta materia en la que el punto 2 del citado artículo establece un nuevo régimen de excepciones en el que se equiparan, a efectos de suplicación, todos los supuestos de extinción del contrato con el despido, y se incluyen como recurribles: los procedimientos de subsanación de la mediación cuando ésta sea obligatoria, aquéllos que impugnen la falta de competencia territorial y funcional, los procedimientos de oficio, y los recursos de impugnación de resoluciones administrativas cuando la cuantía no sea susceptible de determinación económica o, de serlo, supere los 18.000 euros.

Hacia una nueva directiva de contratos públicos: luces y sombras de una reforma que se aproxima.

Según el art. 92 de la futura Directiva de contratos públicos, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma a más tardar el 30 de junio de 2014. Ese es, pues, el margen de tiempo de que disponemos para ir haciéndonos a la idea de las novedades de una norma que está llamada a sustituir a la ampliamente conocida Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

A propósito de la publicación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la jurisdicción social

El Informe sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social planteaba mejorar la protección judicial de los derechos de los trabajadores, agilizar y reducir los costes de los procedimientos judiciales, ampliar la base social de la economía, aumentar la seguridad jurídica en el mercado laboral y una nueva norma y no una simple reforma basándose en que el orden social ofrece garantías suficientes para asumir la redistribución competencial en base a una jurisdicción ágil y eficaz, una jurisdicción bien dotada y con medios suficientes y una jurisdicción reforzada y con capacidad de respuesta.

La prueba y el derecho a la dispensa del deber de declarar por la testigo-víctima en los procedimientos de violencia de género

En los procedimientos judiciales de violencia de género la prueba de los hechos denunciados no resulta tarea fácil y ello porque estamos ante delitos que normalmente transcurren en la más estricta intimidad del hogar familiar o en un lugar donde probablemente se encontraba tan sólo la víctima con el agresor. Esta es la razón por la que reviste especial importancia el testimonio de la perjudicada frente a la versión del maltratador, quien en su defensa probablemente niegue todos los hechos e intente mediatizar a la víctima para que ceda ante sus presiones (o las de la familia) y retire la denuncia o silencie su testimonio, con el fin de controlar también el curso del proceso judicial.

El Registro de Protección de las Víctimas de Violencia doméstica en la actualidad

El Registro para Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica , en adelante RCVD, consiste en un registro informático constituido en el seno del Ministerio de Justicia, donde los juzgados hacen constar en tiempo real los procedimientos que se siguen por delitos de violencia de género y violencia doméstica así como los datos de los imputados y víctimas, las medidas adoptadas cautelarmente, órdenes de protección y penas impuestas, y también la actualización de todos estos datos y del estado de los procedimientos , de forma que los demás juzgados, cuerpos de policía y oficinas de atención a las víctimas conozcan todo esto con solo acceder a la aplicación informática de este registro.

Las reclamaciones de derechos y honorarios ante los órganos penales

01 de noviembre de 2010 Artículos doctrinales HONORARIOS

No abundan los estudios sobre los procedimientos de reclamación de derechos del procurador y honorarios del abogado. Entre ellos sobresalen las obras de Marina Cedeño Hernán y de María José Achón Bruñén2 , quienes han profundizado en las singularidades del procedimiento establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en la práctica forense se conoce por la añeja y arraigada denominación de jura de cuentas.

La Publicidad de los Procedimientos Concursales

El objetivo de este artículo es analizar la situación actual de la publicidad de los concursos de acreedores y especialmente la incidencia de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 3/2009. La nueva redacción dada al art 23 pfo.1 de la LC da primacía a que la publicidad de la declaración del concurso se realice preferentemente por medios telemáticos, informáticos y electrónicos.

Algunos aspectos polémicos de la conformidad “premiada” del art. 801 de la LECRIM: los modos de obtenerla y la competencia inicial para la ejecución de la pena

En el presente artículo pretendo esclarecer, teniendo en cuenta la práctica diaria de los juzgados, algunas cuestiones que se han planteado desde la entrada en vigor de la reforma del procedimiento abreviado y los juicios rápidos por la Ley 38/2002 , L.O. 8/2002 y L.O. 15/2003. La primera de ellas consiste en analizar si la gran novedad legislativa de la conformidad “premiada” puede aplicarse a procedimientos que no se siguen por el ámbito de las llamadas “Diligencias Urgentes”. La segunda consiste en delimitar qué Juez es competente para comenzar los actos de ejecución de la pena objeto de conformidad, y comprobar la disfunción legal existente en la actualidad, a mi modo de ver.

los menores con suficiente madurez y, en todo caso, cuando tengan más de 12 años, deben ser oídos en los procedimientos sobre custodia compartida

11 de noviembre de 2014 Noticias Custodia compartida

Según el TS, cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guardia y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla en su caso el juez de oficio.

Las empresas y familias en quiebra registran su cifra más baja en cuatro años

06 de noviembre de 2014 Noticias Concurso de acreedores

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas, disminuyeron casi un 29% durante el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2013, hasta alcanzar su cifra más baja desde el tercer trimestre de 2010. Las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 131, un descenso del 21,6% respecto al mismo trimestre de 2013 y su menor cifra en seis años, mientras que las empresas concursadas bajaron un 29,5%, hasta sumar 1.270 procedimientos de quiebra.

La Comisión Europea analiza la legislación procesal española sobre desahucios después de la sentencia del TJUE de julio pasado

04 de septiembre de 2014 Noticias Notas de prensa

En respuesta a la pregunta dirigida a la Comisión por un de un eurodiputado español, sobre la necesidad de que España modifique su legislación sobre el procedimiento de ejecución hipotecario, en cumplimiento de la reciente jurisprudencia europea, la comisaria de Justicia, Martine Reicherts ha señalado que "La Comisión trabaja desde mayo de 2013, tras la adopción de la Ley española 1/2013 sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria, en el examen de las repercusiones globales de esa Ley, especialmente en lo referido a las condiciones de ejecución, incluidos los procedimientos judiciales y los derechos de la defensa".

Toxo y Méndez denuncian ante la Fiscalía y el CGPJ el aumento de casos penales contra sindicalistas

28 de mayo de 2014 Noticias Sindicatos

En sendas cartas enviadas este martes a Torres-Dulce y a Lesmes, los líderes sindicales critican que en los procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales derivados del ejercicio del derecho de huelga, el Ministerio Fiscal esté solicitando penas privativas de libertad "excesivas y desproporcionadas", en algunos casos superiores a los tres años, y ello "a pesar de que en general no existen fenómenos de violencia ni se menoscaban bienes jurídicos relevantes".

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Sociedades de Capital para mejorar el gobierno corporativo de las empresas

23 de mayo de 2014 Noticias Gobierno corporativo

Se permite a la junta general de accionistas impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria de los estatutos y se le atribuye la decisión sobre operaciones esenciales (aquellas en las que el volumen supere el 25% del total de activos del balance). Se propone extender a todas las sociedades la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en casos muy claros de conflicto de interés. Desaparece la distinción entre acuerdos de la junta nulos y anulables y se amplía el plazo de su impugnación a un año. En cuanto a los administradores sociales, se tipifican de forma más precisa los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés. Se amplía el alcance de la responsabilidad, más allá del resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del enriquecimiento injusto. Se definen las facultades indelegables del consejo de administrción. La remuneración de los administradores deberá ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas. Se obliga a publicar en la memoria de las cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores.  Las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán además esta información en su página web, si la tienen. Las sociedades anónimas  cotizadas deberán publicar en su página web el periodo medio de pago a sus proveedores.