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El derecho a la última palabra, ¿incluye la penúltima?

El derecho a última palabra se configura como la manifestación más relevante dentro de la potestad de autodefensa que asiste al acusado en el procedimiento penal. Sin embargo, esta facultad se configura de una manera residual en nuestro ordenamiento procesal, casi relegado al ostracismo. A través de este artículo, hacemos un repaso al derecho de última palabra en conexión con la potestad de autodefensa, proponiendo una reforma que potencie esta capacidad del acusado y refuerce sus garantías procesales.

El Tribunal Supremo desestima los recursos de Puigdemont y Comin contra la decisión de no revocar las órdenes prisión tras ser eurodiputados electos

13 de noviembre de 2019 Noticias PROCÉS

Destaca que los razonamientos del juez Llarena son claros y no arbitrarios al fundar el mantenimiento de las órdenes de detención y prisión en la ‘incuestionable persistencia de la situación de rebeldía de los acusados y en su procesamiento por graves delitos”, y al considerar que para aplicar el privilegio o inmunidad parlamentaria no basta la condición de diputados electos sino que es presupuesto previo haber adquirido la condición de eurodiputados, lo que no ha sucedido.

El juez Llarena emite euroórdenes contra los exconsellers Comin, Ponsatí y Puig

05 de noviembre de 2019 Noticias PROCÉS

En un auto de 59 páginas, el juez Llarena hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del procés, y considera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes contra los tres exconsellers citados, una vez que se ha dictado la sentencia de la Sala II del Supremo en relación a otros 12 procesados en el mismo caso

El Supremo establece que toda absolución da lugar a indemnización al perjudicado que haya sufrido prisión preventiva indebida

16 de octubre de 2019 Noticias INDEMNIZACIÓN PRESOS

La citada indemnización por prisión preventiva indebida se suma a los 6.750 euros de indemnización que ya le reconoció la Audiencia Nacional en primera instancia por las dilaciones indebidas en la tramitación de su proceso penal. Es decir, en total percibirá 9.750 euros. La Sala aplica por primera la doctrina del Constitucional sobre el asunto.