Reparacion

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Abogado General del TJUE: El Derecho de la UE no exige la concesión de daños punitivos a la víctima de un despido discriminatorio por razón de sexo

El Abogado General señala que, si bien la Directiva da libertad a los Estados en la configuración de la reparación adecuada del daño, en Estados en cuyos ordenamientos jurídicos no existe la figura de los daños punitivos, como en España, la garantía de obtener una reparación íntegra ya se concibe, en sí misma, como un medio disuasorio frente a la discriminación.

Conculca la buena fe procesal desistir de un recurso de casación el día anterior a la fecha prevista para deliberación y fallo por el pleno de la Sala

18 de marzo de 2015 Jurisprudencia Buena fe procesal

Es contrario al deber de lealtad que todo litigante debe observar respecto del órgano judicial y a la conducta racionalmente exigible a quien formula una pretensión ante un tribunal, presentar escrito de desistimiento del recurso cuando necesariamente los integrantes de la Sala tenían que haber dedicado su tiempo y esfuerzo a la preparación de la deliberación y votación del recurso y, en el caso del ponente, a la preparación de los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho que había de someter a deliberación del Pleno.

El Congreso aprueba de forma definitiva la nueva Ley de metrología, que actualiza el sistema de pesos y medidas

12 de diciembre de 2014 Noticias Ley de metrología

La ley recoge la obligatoriedad de utilizar el Sistema Internacional de Medidas, adoptando no sólo las unidades de medida, su nombre y definición, sino también los símbolos, las reglas de escritura y el uso de múltiplos y submúltiplos. También se define el alcance del control metrológico del Estado, los elementos que se someten a control, las fases que comprende, sus procedimientos de vigilancia e inspección, el tratamiento de las modificaciones y reparaciones realizadas durante la vida útil de los instrumentos y la regulación metrológica de los productos preenvasados.

Las empresas que participan en un cártel son responsables del perjuicio que otras personas puedan sufrir por su política de fijación de precios

En la medida en que se demuestre que, atendidas las circunstancias del caso y, especialmente las especificidades del mercado en cuestión, un cártel pudo provocar un aumento de los precios fijados por los competidores no participantes en el mismo, las víctimas de dicho aumento deben tener la posibilidad de reclamar a los miembros del cártel la reparación del perjuicio sufrido.

Los viajeros de tren tienen derecho al reembolso parcial del precio del billete en caso de retraso significativo, incluso cuando este se deba a un supuesto de fuerza mayor.

27 de septiembre de 2013 Jurisprudencia Transporte por ferrocarril

Una sentencia del TUE establece que las compañías ferroviarias deben reembolsar el billete por retraso aunque no sean responsables del mismo. El transportista no puede invocar, para eludir su obligación de reembolso, las normas de Derecho internacional que le exoneran, en caso de fuerza mayor, de la reparación del daño causado por un retraso.

Las empresas que participan en un cártel son responsables del perjuicio que otras personas puedan sufrir por su política de fijación de precios

En la medida en que se demuestre que, atendidas las circunstancias del caso y, especialmente las especificidades del mercado en cuestión, un cártel pudo provocar un aumento de los precios fijados por los competidores no participantes en el mismo, las víctimas de dicho aumento deben tener la posibilidad de reclamar a los miembros del cártel la reparación del perjuicio sufrido.

Los viajeros de tren tienen derecho al reembolso parcial del precio del billete en caso de retraso significativo, incluso cuando este se deba a un supuesto de fuerza mayor.

27 de septiembre de 2013 Jurisprudencia Transporte por ferrocarril

Una sentencia del TUE establece que las compañías ferroviarias deben reembolsar el billete por retraso aunque no sean responsables del mismo. El transportista no puede invocar, para eludir su obligación de reembolso, las normas de Derecho internacional que le exoneran, en caso de fuerza mayor, de la reparación del daño causado por un retraso.

Las empresas que participan en un cártel son responsables del perjuicio que otras personas puedan sufrir por su política de fijación de precios

En la medida en que se demuestre que, atendidas las circunstancias del caso y, especialmente las especificidades del mercado en cuestión, un cártel pudo provocar un aumento de los precios fijados por los competidores no participantes en el mismo, las víctimas de dicho aumento deben tener la posibilidad de reclamar a los miembros del cártel la reparación del perjuicio sufrido.

Los viajeros de tren tienen derecho al reembolso parcial del precio del billete en caso de retraso significativo, incluso cuando este se deba a un supuesto de fuerza mayor.

27 de septiembre de 2013 Jurisprudencia Transporte por ferrocarril

Una sentencia del TUE establece que las compañías ferroviarias deben reembolsar el billete por retraso aunque no sean responsables del mismo. El transportista no puede invocar, para eludir su obligación de reembolso, las normas de Derecho internacional que le exoneran, en caso de fuerza mayor, de la reparación del daño causado por un retraso.

La oposición al auto de cuantía máxima

En materia de responsabilidad derivada de accidente de circulación, el legislador ha fijado un mecanismo de determinación de indemnizaciones cuando el Juez del orden penal no puede determinar responsabilidad penal, a fin de obtener pronta reparación ante la jurisdicción civil por medio de un título judicial ejecutivo. Pero ha sido praxis de las aseguradoras promover dentro de estos procesos ejecutivos toda una serie de argucias legales para discutir todo el accidente, desnaturalizando el proceso ejecutivo.

El mecanismo normal de reparación de resoluciones defectuosas en el ámbito judicial

Cuando alguna cosa esta mal se debe corregir; lo dicta la lógica y la razón. Y así debe ser también en el mundo jurídico; por ello, cuando una resolución judicial o decreto de los Secretarios Judiciales padece algún error o adolece de algún defecto, en un breve plazo tras su dictado y notificación a las partes, podemos llamar la atención de su autor para que proceda a su corrección; también su autor, de oficio, puede proveer a su rectificación. A veces la corrección es sencilla, pues se trata de meros descuidos o pretericiones involuntarias, que se pueden intuir o considerar comprendidas en el fallo de la Resolución; pero que es mejor aclarar y corregir a fin de que el mandato contenido resulte completo y coherente con la resolución. Sin embargo, en otras ocasiones, ni la corrección es tan sencilla, ni el cambio que la aclaración representa es fácilmente asimilable; pero, como veremos, este aspecto dramático de la aclaración también forma parte del sistema o recurso de aclaración.

Procedimiento sancionador administrativo en materia forestal en Andalucía; el instituto prescriptivo en relación con la acción de la administración para exigir la reparación del daño

La Constitución afirma el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo, considerándose un derecho-deber de carácter general pues se refiere a “todos”, encomienda a los poderes públicos el deber de velar porque los recursos naturales se utilicen racionalmente con el fin de mejorar y proteger la calidad de vida, establece igualmente, como principio rector de las políticas de los poderes públicos la defensa y restauración del medio ambiente con apoyo en la solidaridad colectiva, y finalmente, en el apartado tercero dispone sanciones tanto penales como administrativas para quienes violen las leyes de protección del medio ambiente, afirmando la obligación de reparar el daño causado.

El TC admite a trámite los recursos del Gobierno y suspende la Ley de consultas catalana y la convocatoria del 9-N, así como sus actos de preparación

29 de septiembre de 2014 Noticias Consulta catalana

El TC ha explicado que la rapidez en la admisión de los recursos se ha debido a "la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana" y que su decisión se ha limitado a "comprobar la concurrencia de las condiciones procesales de admisibilidad de los recursos, sin consideración alguna respecto al fondo de los mismos". Las providencias explicitan que la suspensión alcanza también a las "actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ellas", así como a los actos o resoluciones que hayan podido dictarse en aplicación de los preceptos de la Ley de consultas.