Resolucion

20 entradas

Improcedencia de la moderación judicial de la indemnización impuesta a un arrendador en caso de resolución unilateral del contrato antes de su vencimiento

Si lo pactado no fue una cláusula penal para el caso de incumplimiento de una obligación, sino una cláusula para el caso de producirse lo previsto expresamente en el contrato (la resolución anticipada por la arrendataria), no procede la pretendida moderación judicial del importe de la indemnización pactada, porque lo que se produjo no fue un incumplimiento de lo pactado, sino precisamente, su cumplimiento de acuerdo con la lex contractus.

El TS modifica su doctrina legal sobre el plazo de notificación de una resolución administrativa ex art. 58.4 de la Ley 30/1992

A los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el intento de notificación queda culminado en la fecha en que se llevó a cabo. Por tanto, si dicho intento de notificación se lleva a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, quede debidamente acreditado y se haya practicado respetando las exigencias normativas a que esté sujeto, producirá el concreto efecto que dispone ese artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo.

El TS precisa el alcance de la exigencia de motivación de los veredictos absolutorios del Tribunal del Jurado

10 de enero de 2014 Jurisprudencia Tribunal del jurado

La afirmación del Jurado de que la pruebas indiciarias existentes en un caso se estiman insuficientes para poder atribuir a través de las mismas la autoría del delito a un acusado, no constituye un incumplimiento del deber constitucional de motivación de su resolución, sino una mera apreciación de insuficiencia probatoria. Una cosa es la discrepancia sobre la eficacia de unas pruebas y otra la irrazonabilidad del desenlace probatorio.

El delito de sustracción de menores exige un dolo específico de ignorar una resolución judicial o administrativa, sin admitir una modalidad culposa

Dado que el Código penal no prevé la modalidad culposa de la sustracción de menores, la única fuente de culpabilidad anudada al art. 225 bis CP es el dolo; de ahí que solamente si concurre intencionalidad en la conducta del autor cabrá entonces atribuirle responsabilidad penal por los hechos cometidos. Al no haberse probado que el condenado hubiese ignorado deliberadamente una resolución judicial, procede otorgarle el amparo solicitado, por violación del art. 25.1 de la CE

El TC anula la condena impuesta por el TS a 11 de sus magistrados por inadmisión arbitraria de un recurso

Los magistrados fueron condenados por la Sala de lo Civil del TS a pagar cada uno de ellos una indemnización a un abogado por la inadmisión arbitraria de un recurso. El TC subraya que sus resoluciones "no son susceptible de ningún recurso o control de legalidad por ningún órgano jurisdiccional", ni siquiera el Supremo.

La promotora debe sufrir las consecuencias derivadas del carácter confuso de las cláusulas que incorporó al contrato de venta

Si la parte vendedora, amparándose en una interpretación de una cláusula contractual confusa, defrauda las expectativas de financiación en las que justificadamente confiaba la compradora como aliciente esencial para la compra, procede la resolución del contrato, conforme al art. 1124 del C. Civil.

El Tribunal Supremo falla que el trabajador conserva derecho a la indemnización si deja de acudir al trabajo por incumplimiento empresarial grave

La Sala de lo Social del Alto Tribunal revisa su doctrina sobre la resolución del contrato a instancia del trabajador; en concreto, sobre la exigencia de que dicho contrato no se haya extinguido hasta que exista sentencia. La Sala falla a favor de un trabajador que dejó de prestar sus servicios tras la conciliación y sin que se hubiera dictado aún sentencia.

El Tribunal Supremo declara nulas las licencias de Televisión Digital Terrestre locales otorgadas por la Generalitat de Valencia en 2006

El Alto Tribunal ha anulado las adjudicaciones de televisión digital terrestre adoptadas por la Generalitat Valenciana. En su sentencia, falla que la Mesa de Contratación incumplió de forma flagrante su función de valorar las ofertas, que es “propia e indelegable", y motivó su resolución de manera que no permitía “conocer al recurrente las razones por las que su oferta no fue seleccionada".

El Juzgado ordena la ejecución provisional de la sentencia que condena a SODERCAN a pagar 3,5 millones a SES ASTRA

El titular del Juzgado de lo Primera Instancia e Instrucción nº4 de Santander ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia que dictó el pasado mes de diciembre y en la que se condenaba a SODERCAN a abonar a SES ASTRA 3,5 millones de euros por la resolución unilateral por parte del Gobierno de Cantabria del contrato que éste había suscrito con la compañía SES ASTRA para la implantación del sistema de TDT en la Comunidad Autónoma.

La Audiencia Nacional, pionera al plantear en Europa el 'derecho al olvido' en Internet

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional plantea al Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial de interpretación sobre la protección de datos de un particular frente a Google. Con su resolución, la AN describe jurídicamente la situación creada ante las nuevas tecnologías que traspasan fronteras y límites temporales y que se han desarrollado con posterioridad a las normativas vigentes.

Promociones Framadal vs. Administración Concursal en minuta abusiva y contraria a los intereses de la masa concursal

La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado la sentencia 00030/2012 por la que desestima el recurso presentado por la empresa Promociones Framadal, S.L. contra la resolución de un Juzgado de los Mercantil de Murcia que acordó rebajar el importe de la minuta del abogado de esta empresa, que se encuentra en una situación de concurso de acreedores.

La Audiencia Nacional avala la convocatoria pública para elegir los municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear

16 de febrero de 2012 Jurisprudencia CEMENTERIO NUCLEAR

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso presentado por Greenpeace España contra la resolución del secretario de Estado de Energía, de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se efectuó la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear.

El incumplimiento de la obligación de elevar a público un contrato de compraventa celebrado conforme al art. 1280 CC, no es causa directa de resolución contractual al amparo del art. 1124 CC

El TS fija doctrina sobre la resolución de la compraventa por incumplimiento de la obligación de elevar a escritura pública un contrato privado de compraventa de inmueble, en el sentido de que si las partes quieren otorgarle a dicha exigencia formal un valor determinante para la propia validez del contrato o bien para su eficacia, esta condición esencial debe figurar inequívocamente en el contenido contractual llevado a cabo, pues de otra forma carece de la relevancia requerida a estos efectos.