Sociedad

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Condenado por apropiación indebida un empleado de la SGAE que gastó casi 40.000 euros en locales de altere, con la tarjeta de crédito de la entidad

12 de noviembre de 2014 Jurisprudencia Apropiación indebida

La prueba practicada permite reconstruir sin duda de ningún género, una secuencia prolongada en el tiempo de la que resulta que el acusado acudía en solitario a unas casas de lenocinio, satisfaciendo los gastos que en ellas producía, de manera desmesurada, con cargo a la tarjeta corporativa de la SGAE, ocasionando a esta Sociedad el correspondiente perjuicio económico que jamás debía haber soportado pues, evidentemente, eran gastos estrictamente particulares.

El administrador de una comunidad de propietarios no tiene la consideración de administrador social a efectos del delito de administración desleal

04 de noviembre de 2014 Jurisprudencia Administración desleal

Un administrador de fincas es un profesional liberal que tiene por cometido prestar los servicios correspondientes a comunidades de propietarios y vecinos, con los que les une un arrendamiento de servicios, por lo que en modo alguno puede considerarse que las comunidades de propietarios sean sociedades --ni mercantiles ni civiles--, ni el administrador de las mismas puede ser estimado como administrador de la sociedad a efectos del art. 297 CP.

Firmar un contrato sin haberlo leído o haberse asesorado sobre el mismo, es contrario a la diligencia de un ordenado empresario

13 de octubre de 2014 Jurisprudencia Error invencible

Firmar un documento contractual sin comprender su contenido o sin leerlo es una omisión de la diligencia mínima de un ordenado empresario, porque, si bien un administrador de sociedad mercantil no está obligado a ser omnisciente, sabe que en aquello que no conoce de modo suficiente puede y debe pedir el asesoramiento preciso. De no hacerlo así, no puede pretenderse la nulidad del contrato con base en un vicio del consentimiento.

La motivación de las resoluciones judiciales requiere dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión

18 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Prevaricación

Incurre en prevaricación el juez que adopta la medida cautelar de precinto de un local de negocio, sin averiguación alguna sobre los hechos y sin audiencia al denunciado, empleando por toda argumentación un "presumible delito flagrante societario" para, a continuación, y sin motivación, levantar el precinto y nombrar administrador de la sociedad a un letrado con quien mantenía amistad íntima.

Incompatibilidad de la condición de magistrado con la de socio al 50%, junto con su cónyuge, de una sociedad mercantil dedicada al ejercicio de la abogacía

26 de diciembre de 2013 Jurisprudencia Jueces y magistrados

La mera tenencia de la mitad de las participaciones sociales conlleva el ejercicio de la actividad de la sociedad y supone un ejercicio de actividad mercantil por otro, que resulta incompatible con la condición de magistrado. Además, al tratarse de una sociedad cuya actividad principal es el ejercicio de la Abogacía bajo el apellido del cónyuge de la recurrente, con domicilio y ejercicio en la propia ciudad en la que la Magistrado despliega su actividad jurisdiccional, puede afectar a la apariencia de imparcialidad objetiva para el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

El Supremo establece que la atribución del uso de la vivienda familiar que no sirve a los fines del matrimonio debe limitarse al tiempo necesario para liquidar la sociedad de gananciales

10 de diciembre de 2013 Jurisprudencia Divorcio

Si bien el artículo 96 del Código Civil establece de manera taxativa que, en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, no resulta posible atribuir a los hijos y al progenitor custodio en calidad de domicilio familiar un inmueble que no sirve a estos fines, más allá del tiempo que se necesita para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos cónyuge.

El presidente del consejo de administración no puede levantar la sesión para evitar su destitución

Si bien formalmente, le corresponde al presidente convocar la reunión, dar por constituido el consejo, presidirlo y concluirlo, constituye un abuso de facultades abortar la toma de una decisión que le afecta directamente, levantando la sesión, cuando la mayoría de los consejeros había votado a favor de la discusión de este asunto.

El arrendamiento concluido por uno solo de los cónyuges es un derecho personal que no forma parte de los bienes gananciales del matrimonio

Reiterando su anterior doctrina, el TS confirma que dada su naturaleza generadora de derechos personales, el contrato de arrendamiento no forma parte de la sociedad de gananciales, por lo que, para que el cónyuge viudo pueda continuar ocupando la vivienda, debe utilizarse el mecanismo legal de subrrogación por causa de muerte previsto en la LAU.

Un vendedor de viajes aéreos no puede incluir por defecto un seguro de anulación de vuelo en la venta de billetes de avión a través de Internet

05 de septiembre de 2012 Jurisprudencia Seguro de anulación

Una asociación alemana de protección de los consumidores demandó a una sociedad que gestiona un portal de Internet a través del cual comercializa viajes aéreos, ante los tribunales alemanes para que abandonara la práctica consistente en incluir por defecto un seguro de anulación en la tarifa aérea. En este contexto, el Oberlandesgericht Köln (Tribunal de apelación de Colonia) preguntó al Tribunal de Justicia si los precios de esos servicios prestados por terceros, facturados al cliente por la sociedad que vende el vuelo junto a la tarifa aérea, en forma de un precio global, constituyen «suplementos opcionales de precio», de manera que los servicios controvertidos deban proponerse sobre una base de opción de inclusión.

Procedimiento habeas corpus desde un contexto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

04 de noviembre de 2014 Artículos doctrinales Habeas corpus

La sociedad actual demanda de los funcionarios policiales la máxima profesionalidad en el ejercicio de sus funciones. La detención policial es una medida que afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la libertad personal, por ello exige que en su adopción se adopten las mayores cautelas. En este sentido, el procedimiento de habeas corpus está destinado a someter al control judicial aquellas privaciones de libertad ilícitas en origen o que se desarrollan en condiciones de ilegalidad.

Reacciones sociales frente al ilícito penal. Cerebro y Concepto de Justicia

¿Y si el Derecho fuera menos Derecho?, ¿Y si su evolución tuviera que ver con otras partes del conocimiento como la Biología y Antropología? ¿Y si nuestra evolución hubiera influido en la misma evolución de nuestros conceptos jurídicos? Derecho que no sólo depende de la sociedad de la que emana y de la cultura a la que pertenece. Derecho que se ve influenciado, no sólo por la manera de pensar de los ciudadanos a los que aplica, sino también, he aquí el cambio, por sus propias capacidades mentales, cerebrales, por su mismo desarrollo. Y Derecho que, a pesar de evolucionar, guarda vestigios de épocas anteriores en la misma medida que nosotros, sujetos pasivos del mismo, nos comportamos conforme a la lógica de otras épocas. Un enfoque distinto, una perspectiva nueva, en que conceptos normalmente separados se presentan unidos.

La fusión de sociedades desde el punto de vista del derecho mercantil

En este trabajo se analiza la fusión de sociedades como modificación estructural, estudiando la legislación vigente, las opiniones de la doctrina y las aportaciones que ha realizado la jurisprudencia sobre esta operación desde el punto de vista del Derecho Mercantil, teniendo en cuenta que esta figura tiene incidencia en otras ramas del ordenamiento jurídico como el Derecho Financiero o el Derecho del Trabajo.

El término multipropiedad

La anterior ley reguladora de la materia, la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, ya rechazó por inadecuado el término de multipropiedad y la actual Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, sigue en la misma línea desechando dicho término así como cualquier otra forma que contenga la palabra propiedad. Sin embargo, este término está muy arraigado en la sociedad y sigue usándose de forma habitual al amparo de la costumbre. Por esta razón, se echa de menos que el legislador, paralelamente a la prohibición de la palabra, no haya previsto un término concreto para esta institución jurídica. Es una muestra más del uso de una terminología jurídica deficiente que hay que superar.

Las penas privativas de libertad, resocialización y su incidencia en derechos de los reclusos

Aunque pueda resultarnos algo extraño las prisiones constituyen un fenómeno relativamente reciente, casi contemporáneo, al menos con la finalidad con la que la que conocemos hoy a los centros penitenciarios. Si originariamente su finalidad era la retención de retención y custodia de los presos aguardando su juicio o por mejor decir su castigo; la irrupción de las llamadas Escuelas penales supuso la atribución a las prisiones de lugar de cumplimiento de las penas privativas de libertad ya en su función de castigo por el mal causado (doctrinas expiatorias o retribucionistas) ya en su función de prevenir la comisión de delitos por la sociedad en general (doctrinas de la prevención general) o por quien ya había delinquido (prevención especial).