Ley 22/1988, 28 julio, de Costas

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Sumario

T閚gase en cuenta que disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar韙ima del Estado (獴.O.E.� 28 marzo), declara que su aplicaci髇 se llevar� a cabo sin perjucio de la vigencia de la presente Ley.LE0000102707

Exposici髇 de Motivos

I.

Espa馻 tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 7.880 kil髆etros, de los que el 24 por 100 corresponden a playas, con un patrimonio p鷅lico de unas 13.560 hect醨eas, valioso por las grandes posibilidades que ofrece, pero escaso ante las crecientes demandas que soporta, y muy sensible y de dif韈il recuperaci髇 en su equilibrio f韘ico.

Nuestra costa est� afectada, como ocurre en otros pa韘es del mundo, por un fuerte incremento de la poblaci髇 y la consiguiente intensificaci髇 de usos tur韘ticos, agr韈olas, industrial, de transporte, pesquero y otros.

En efecto, en la orla litoral, de un anchura de unos cinco kil髆etros, que significa el 7 por 100 de nuestro territorio, la poblaci髇 espa駉la, que era a principios del presente siglo del orden del 12% de la poblaci髇 total, es actualmente alrededor del 35 por 100 de 閟ta, con una densidad cuatro veces superior a la media nacional. Esta proporci髇 llega a su vez a triplicarse estacionalmente en ciertas zonas por la poblaci髇 tur韘tica, ya que el 82 por 100 de 閟ta se concentra en la costa.

En resumen, puede decirse que se est� produciendo un acelerado proceso de traslado de poblaci髇 desde las zonas interiores hacia el litoral, de forma que alrededor de un 40 por 100 de la costa espa駉la ya est� urbanizada o tiene la calificaci髇 de urbanizable, un 7 por 100 de ella est� dedicada a instalaciones industriales, y un 8% a usos agr韈olas, no teniendo a鷑 el 42 por 100 usos claramente definidos o irreversibles. A esta situaci髇 se ha llegado, en general, en actuaciones inconexas, sin la necesaria coordinaci髇 entre la legislaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo y la del suelo, sin tener en cuenta la interacci髇 tierra-mar, ni la necesidad de establecer medidas que garanticen la conservaci髇 de estos espacios singularmente sensibles al deterioro, ni los costes externos a la propia acci髇 ni la rentabilidad o valor social del medio.

Diversos son los factores que han incidido negativamente sobre la conservaci髇 de este escenario natural, revalorizado por el cambio en las costumbres humanas y por la civilizaci髇 del ocio como fen髆eno de masas. Por una parte, la disminuci髇 de los aportes s髄idos de los r韔s y arroyos ha ocasionado la regresi髇 del 17 por 100 de l韓ea de costa, debido a que por los embalses construidos y las repoblaciones forestales realizadas, el 80 por 100 del territorio nacional, que incluye los terrenos abruptos y, por tanto, los principales suministradores de sedimentos, ya no aporta 醨idos a aqu閘la, a lo que hay que a馻dir en otros casos su reducci髇 por la disminuci髇 de caudal, debido a las captaciones de agua. A este olvido de que los 醨idos son un recurso escaso, con un largo y costoso proceso de renovaci髇, hay que a馻dir la destrucci髇 de dunas litorales, las extracciones abusivas de 醨idos y, en muchas ocasiones, la ejecuci髇 de obras mar韙imas sin tener en cuenta sus perjudiciales efectos, con barreras que bloquean el flujo de arena a lo largo de la costa.

Se ha producido adem醩 con demasiada frecuencia la desnaturalizaci髇 de porciones de dominio p鷅lico litoral, no s髄o porque se ha reconocido la propiedad particular, sino tambi閚 por la privatizaci髇 de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia de accesos p鷅licos, con el resultado de que ciertas extensiones de la ribera del mar han quedado injustificadamente sustra韉as al disfrute de la colectividad.

Entre los casos m醩 lamentables de degradaci髇 f韘ica puede citarse la destrucci髇 de los m醩 importantes n鷆leos generadores de vida en el medio marino, las marismas. Muchos de estos espacios vitales para la producci髇 org醤ica y biol骻ica han sido destruidos bajo pretendidos motivos sanitarios, econ髆icos o agr韈olas, incluso con subvenciones econ髆icas y exenciones tributarias, habiendo sido dedicados realmente a una edificaci髇 especulativa.

Las consecuencias del creciente proceso de privatizaci髇 y depredaci髇, posibilitado por una grave dejaci髇 administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace m醩 de treinta a駉s, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar, v韆s de transporte de gran intensidad de tr醘ico demasiado pr髕imas a la orilla, y vertidos al mar sin depuraci髇 en la mayor韆 de los casos.

Este doble fen髆eno de destrucci髇 y privatizaci髇 del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una soluci髇 clara e inequ韛oca, acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de su equilibrio y su progreso f韘ico, la protecci髇 y conservaci髇 de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garant韆 de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el inter閟 colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopci髇 de las adecuadas medidas de restauraci髇.

II.

La insuficiencia de la legislaci髇 vigente para la consecuci髇 de los objetivos descritos es tan notoria que resulta superfluo insistir sobre ella. La Ley de Costas de 26 de abril de 1969, se redujo a un esfuerzo codificador de car醕ter competencial, de asignaci髇 de las atribuciones de los diversos Departamentos y Entidades llamados a actuar sobre el dominio p鷅lico mar韙imo. La Ley de Protecci髇 de las Costas Espa駉la, de 1980, s髄o vino a llenar, y de forma no plenamente satisfactoria, una de las importantes lagunas de la anterior, al tipificar las infracciones en esta materia y determinar las correspondientes sanciones, as� como el procedimiento para su imposici髇. Pero es obvio que ni la perspectiva competencial ni la sancionadora son, por s� solas, el punto de partida adecuado para un regulaci髇 completa de los bienes de dominio p鷅lico en cuesti髇.

M醩 a鷑, el car醕ter fragmentario de la legislaci髇 vigente obliga a aplicar, como derecho supletorio, disposiciones legales del siglo XIX. De una parte, la legislaci髇 sobre puertos, procedente de la de aguas y centrada, como su propia denominaci髇 indica, en la construcci髇 y explotaci髇 de las infraestructuras portuarias. De otra, la de obras p鷅licas, que, por su car醕ter general, desconoce los asuntos espec韋icos del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, est� inspirada por una configuraci髇 del papel del Estado, hoy claramente desfasada y, comprensiblemente, dada su 閜oca, no tiene la preocupaci髇 por la conservaci髇 de la Naturaleza, que es necesaria actualmente ante el n鷐ero e intensidad de las agresiones producidas.

Y, as�, son fallos graves de la vigente legislaci髇, puestos de relieve por los expertos y tratadistas del tema, la escasa definici髇 de zona mar韙imo-terrestre y de playa, que no llega a cubrir la realidad natural; la prevalencia de la poblaci髇 particular amparada por el Registro de la Propiedad, con reivindicaci髇 a cargo del Estado, y la adquisici髇 privada del dominio p鷅lico; las servidumbres obsoletas e insuficientes; la ausencia total de medidas de protecci髇 en el territorio colindante; la usucapi髇 veintenal como t韙ulo legitimador del uso; la actitud meramente pasiva de la Administraci髇 en el otorgamiento de t韙ulos de ocupaci髇 y uso; el tratamiento indiferenciado de autorizaciones y concesiones, y la generalizaci髇 de 閟tas, con lo que ello supone de ampliaci髇 de los derechos de sus titulares sobre el dominio p鷅lico; la falta de garant韆s eficaces para la conservaci髇 del medio por parte de los mismos, y el levantamiento de las ocupaciones a costa del Estado; la ausencia de determinaciones y normas conservacionistas del paisaje y del medio; la lentitud del procedimiento sancionador, e incluso la obsolescencia de algunas competencias por la nueva organizaci髇 del Estado.

Ante la simultaneidad de una gran presi髇 de usos y la falta de una legislaci髇 adecuada, los hechos evidencian que Espa馻 es uno de los pa韘es del mundo donde la costa, en el aspecto de conservaci髇 del medio, est� m醩 gravemente amenazada, y hora es ya de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio.

La presente Ley viene, adem醩, a cumplir el mandato expreso de nuestra Constituci髇, que en su art韈ulo 132.2 ha declarado que son bienes de dominio p鷅lico estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona mar韙imo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona econ髆ica y la plataforma continental. Esta es la primera vez en nuestra historia legislativa que por una disposici髇 del m醲imo rango se clasifican determinados bienes como de dominio p鷅lico, con la particularidad de que los 鷑icos a los que la Constituci髇 atribuye directamente esa definici髇 pertenecen precisamente al dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre. Y es evidente que ello ha sido para cortar, de una vez por todas, las anteriores confusiones y actitudes contrarias a la demanialidad de espacios tan importantes.

En esta Ley, referida b醩icamente a la gesti髇 y conservaci髇 de este patrimonio natural, se desarrollan asimismo los principales establecimientos en el art韈ulo 45 del texto constitucional y se recogen los criterios contenidos en la Recomendaci髇 29/1973 del Consejo de Europa, sobre protecci髇 de zonas costeras, en la Carta del Litoral de 1981 de la Comunidad Econ髆ica Europea y en otros planes y programas de la misma.

En este contexto, en modo alguno se puede considerar la presente Ley como una mera reforma de la actual. Se trata, en rigor, de una Ley nueva, con una concepci髇 distinta de la regulaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, sin perjuicio de lo que para materias concretas se establezca en las correspondientes leyes especiales a las que 閟ta se remite. No obstante su mayor 醡bito, la Ley dedica su principal atenci髇 a la costa o litoral, que es donde se plantea los mayores problemas. De ah� su denominaci髇.

La Ley es, pues, en muchos puntos, profundamente innovadora. Se han recogido las ense馻nzas de nuestra propia experiencia y la de pa韘es con problemas an醠ogos al nuestro. En algunos casos la innovaci髇 consiste en restaurar en toda su pureza principios de hondo arraigo en nuestro Derecho hist髍ico pero que hab韆n quedado debilitados en su aplicaci髇. En otros casos, en cambio, se incorporan preceptos y t閏nicas de nuevo cu駉, con los que se trata de dar soluci髇 a los problemas derivados de la congesti髇 y degradaci髇 del litoral a que antes se ha hecho referencia.

III.

Quedan fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la Ley los puertos de inter閟 general, que aun formando parte de los bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre de titularidad estatal, continuar醤 rigi閚dose por su legislaci髇 espec韋ica, en atenci髇 a la sustantividad y peculiaridades de estas grandes obras p鷅licas. Tampoco se regulan, por no ser competencia del Estado, los puertos de titularidad de las Comunidades Aut髇omas, en virtud de sus respectivos Estatutos. Ahora bien, como la construcci髇 o ampliaci髇 de los puertos de competencia auton髆ica requiere la ocupaci髇 de una parte de los bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre estatal de los regulados en la presente Ley, ha parecido oportuno establecer en ella el r間imen de adscripci髇 de dichos bienes a las Comunidades Aut髇omas, siguiendo la pauta marcada por los Decretos de traspaso de servicios en materia de puertos, que ahora se aplica no s髄o a las obras espec韋icamente portuarias de las Comunidades Aut髇omas, sino tambi閚 a la construcci髇 de v韆s de transporte de la competencia de aqu閘las que, por su configuraci髇, requieran la ocupaci髇 del dominio mar韙imo-terrestre estatal.

IV.

En las cuestiones de dominio, adem醩 de definir la ribera del mar de forma m醩 acorde con su realidad natural, se vuelve a los or韌enes de nuestra tradici髇, recogida en el Derecho romano y medieval, al reafirmar la calificaci髇 del mar y su ribera como patrimonio colectivo, siguiendo el mandato constitucional, en concordancia con el art韈ulo 339.1 del C骴igo Civil. La Ley cierra el par閚tesis de signo privatizador que inici� la Ley de Aguas de 1866, con un equ韛oco respeto a los derechos leg韙imamente adquiridos, que no deber韆n ser otros que los concesionales, continuado por las Leyes de Puertos de 1880, as� como por la Ley de Costas de 1969, a pesar de los graves problemas que ya exist韆n en esta 閜oca y de la postura contraria y pr醕ticamente un醤ime de la doctrina. La presente Ley establece la prevalencia de la publicidad de este dominio natural, y posibilita adem醩 su inscripci髇 registral, arbitr醤dose tambi閚 otras medidas para coordinar la actuaci髇 de la Administraci髇 y el Registro de la Propiedad, con el fin de evitar los perjuicios ocasionados por su inexistencia. De este modo, se excluye la posibilidad de consolidar la apropiaci髇 por particulares de terrenos de dominio p鷅lico.

En esta l韓ea, se ha considerado conveniente eliminar la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porci髇 del dominio p鷅lico como consecuencia de la realizaci髇 de obras, ya que estas actuaciones proporcionan frecuentemente cobertura a operaciones de especulaci髇 inmobiliaria, y en todo caso van en detrimento del dominio p鷅lico. Con la derogaci髇 adem醩 de la Ley de 1918 sobre Paseos Mar韙imos, y derogado ya, por la nueva Ley de Aguas, la de Desecaci髇 y Saneamiento de Marismas, de aquella misma fecha, la presente Ley se propone justamente lo contrario; no s髄o mantener en este dominio p鷅lico los espacios que re鷑en las caracter韘ticas naturales del medio, sino adem醩 establecer mecanismos que favorezcan la incorporaci髇 de terrenos al dominio p鷅lico, ampliando la estrecha franja costera que actualmente tiene esta calificaci髇 demanial.

A este respecto, conviene destacar tambi閚 que la denominaci髇 de dominio mar韙imo-terrestre utilizada en esta Ley, se considera m醩 adecuada que la hasta ahora empleada de mar韙imo, precisamente porque pone de relieve la existencia y necesidad de un espacio terrestre complementario de aqu閘, para cuya denominaci髇 gen閞ica se vuelve a utilizar la expresi髇 tradicional de ribera del mar.

En resumen, se han desarrollado los principios del art韈ulo 132.1 de la Constituci髇 sobre la imprescriptibilidad e inalienabilidad del dominio p鷅lico, con la facultad administrativa de su reintegro posesorio de oficio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

De especial novedad e inter閟, porque el tiempo act鷄 en contra de la conservaci髇 de los espacios naturales, y a favor de la extensi髇 de las 醨eas urbanas, es el t韙ulo dedicado a la protecci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre. Este t韙ulo establece, como es tradicional en la legislaci髇 espa駉la reguladora de bienes de dominio p鷅lico, una serie de limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes, que tienen el car醕ter de regulaci髇 m韓ima y complementaria de la que dicten las Comunidades Aut髇omas en el 醡bito de sus competencias, por lo que la presente Ley se contrae a la definici髇 de las condiciones b醩icas para el ejercicio de ese derecho en los mencionados terrenos y trata de asegurar la efectividad del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, as� como el deber de conservarlo, siguiendo pautas ya establecidas en otros pa韘es europeos y tambi閚 en el nuestro en relaci髇 a los terrenos colindantes con otros pa韘es de dominio p鷅lico. La mayor parte de esas limitaciones ven韆n ya establecidas por la legislaci髇 hasta ahora vigente, pero la nueva Ley, en coherencia con sus objetivos de conservaci髇 de la integridad del dominio p鷅lico, configura la vieja servidumbre de salvamento, obsoleta en cuanto a la finalidad espec韋ica que indica su denominaci髇, como una servidumbre de protecci髇 del citado dominio, que comporta la prohibici髇 general de determinadas actividades y, sobre todo, construcciones consideradas perjudiciales para la adecuada protecci髇 de un medio natural tan sensible, como la experiencia ha puesto de relieve. En efecto, la garant韆 de la conservaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre no puede obtenerse s髄o mediante una acci髇 eficaz sobre la estrecha franja que tiene esa calificaci髇 jur韉ica, sino que resulta tambi閚 imprescindible la actuaci髇 sobre la franja privada colindante, para evitar que la interrupci髇 del transporte e髄ico de los 醨idos y el cierre de las perspectivas visuales para la construcci髇 de edificaciones en pantalla, la propia sombra que proyectan los edificios sobre la ribera del mar, el vertido incontrolado y, en general, la incidencia negativa de la presi髇 edificatoria y de los usos y actividades que ella genera sobre el medio natural puedan causar da駉s irreparables o de muy dif韈il y costosa reparaci髇. La anchura de esta zona de servidumbre de protecci髇 ha de ser, l骻icamente, convencional, si bien debe fijarse conjugando con car醕ter general una profundidad de 100 metros, si bien en las zonas ya urbanizadas se mantiene la anchura de 20 metros de la anterior servidumbre de salvamento, como se indicar� m醩 adelante al comentar el r間imen transitorio. Estas dimensiones est醤 entre las menores que recoge el derecho comparado.

Sin el car醕ter estricto de servidumbre, se define tambi閚 una zona de influencia, en la que se marcan determinadas pautas dirigidas al planificador con objeto de evitar la formaci髇 de pantallas arquitect髇icas en el borde de la zona de servidumbre de protecci髇, o que se acumulen en dicho espacio eventuales compensaciones que puedan considerarse convenientes o 鷗iles en la ordenaci髇 urban韘tica, lo que implica la ventaja a馻dida de reanimar econ髆icamente una franja m醩 amplia de terrenos. Todo ello sin perjuicio de las medidas adicionales de protecci髇 que promulguen las Comunidades Aut髇omas en materia de medio ambiente, as� como de las que adopten las citadas Comunidades y los Ayuntamientos en ejercicio de sus competencias en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo.

Asimismo se actualiza la denominaci髇 y el r間imen de la anterior servidumbre de vigilancia, sustituy閚dola por la de tr醤sito p鷅lico, y se mantiene la de paso o acceso al mar, previendo la existencia de los necesarios para garantizar el uso p鷅lico del mar y su ribera. Como novedad significativa debe mencionarse la limitaci髇 de extracciones de 醨idos en los tramos finales de los cauces, que trata de paliar la grave situaci髇 producida por la disminuci髇 de aportaciones de 醨idos a la costa, obligando a soluciones alternativas para la continuidad de su aprovisionamiento, as� como otorgando a la Administraci髇 derecho preferente para la explotaci髇, a este fin, de yacimientos de 醨idos.

Con respecto a la utilizaci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, se establece una regulaci髇 eficaz de los diferentes usos, que incluye, tanto el uso com鷑 natural, libre y gratuito, como el uso especial, objeto de autorizaci髇, que abarca los casos de intensidad, peligrosidad, rentabilidad y las instalaciones desmontables y las ocupaciones con obras fijas, objeto de concesi髇.

Con mayor motivo que en las zonas afectadas por la servidumbre de protecci髇, se impide el privilegio que significar韆 la ocupaci髇 del dominio p鷅lico por parte de aquellas actividades cuyo emplazamiento en el mismo no sea necesario; se faculta a la Administraci髇 para convocar concursos para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones que considere de especial inter閟, abandonando as� su papel meramente pasivo y se reduce el plazo m醲imo de otorgamiento desde 99 a 30 a駉s, suficiente para la amortizaci髇 de cualquier instalaci髇.

El r間imen de financiaci髇 de las obras y actuaciones se establece en t閞minos flexibles que contemplan la posibilidad de que se formalicen convenios en los que se detallar� la aportaci髇 de las Entidades interesadas en los supuestos de financiaci髇 compartida. La Ley regula los c醤ones y tasas exigibles como equitativa contraprestaci髇 por el derecho a la ocupaci髇 del dominio p鷅lico otorgado por la Administraci髇, as� como las indemnizaciones por rescate.

En materia de infracciones y sanciones, se han regulado con mayor concreci髇 criterios ya contenidos en la Ley de Protecci髇 de Costas de 1980, introduciendo una simplificaci髇 en los tr醡ites del procedimiento sancionador y diversas medidas pr醕ticas que hacen frente a actitudes de menosprecio a las normas jur韉icas, con una mayor celeridad y eficacia en la respuesta a las infracciones, sin menoscabo de las garant韆s de los presuntos infractores. Importante novedad es el reconocimiento de la acci髇 p鷅lica para facilitar la colaboraci髇 de todos en la observancia de los preceptos de la Ley y de las disposiciones que la desarrollen y complementen.

El 鷏timo t韙ulo de la Ley trata de las competencias administrativas. En 閘 se detallan s髄o las que corresponden a la Administraci髇 del Estado y a los Municipios, mientras que las propias Comunidades Aut髇omas son objeto de una menci髇 gen閞ica, remitiendo su alcance y contenido a lo establecido en los respectivos Estatutos. En cuanto a las competencias de la Administraci髇 del Estado ha parecido conveniente dejar al desarrollo reglamentario la concreci髇 de los Departamentos y Organismos que deben ejercerlas en cada caso, ya que de otro modo hubiera sido necesario entrar en un grado de detalle impropio de un texto legal y, adem醩, inoportuno por las modificaciones a que est� sujeta la organizaci髇 administrativa. Todo ello sin perjuicio de mantener inalterada la atribuci髇 de competencias realizadas por otras leyes espec韋icas en materias relacionadas con el objeto de la presente. En todo caso y habida cuenta de la concurrencia de competencias que se produce sobre el espacio litoral, se ha procurado favorecer la coordinaci髇 con los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica mediante un sistema de consultas e informes rec韕rocos, que, siguiendo esquemas ya dise馻dos en la normativa vigente, salva las competencias de las respectivas Entidades y permite su articulaci髇 en un marco de colaboraci髇.

Finalmente se establece un cuidadoso r間imen transitorio que permita la adaptaci髇 de las situaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley a la nueva regulaci髇 contenida en la misma.

En el marco del respeto general a los derechos legalmente adquiridos, el criterio b醩ico que se utiliza consiste en establecer la plena aplicabilidad de las disposiciones de la Ley sobre la zona de servidumbre de protecci髇 y de influencia 鷑icamente a los tramos de costa que todav韆 no est醤 urbanizados y en los que los propietarios del suelo no tienen un derecho de aprovechamiento consolidado conforme a la legislaci髇 urban韘tica. En cambio, en las zonas urbanas o urbanizables, en las que s� se han consolidado tales derechos de aprovechamiento, no se aplican las determinaciones sobre la zona de influencia y la anchura de la servidumbre de protecci髇 se limita a 20 metros, es decir, la misma extensi髇 que correspond韆 a la servidumbre de salvamento seg鷑 la legislaci髇 de Costas que ahora se deroga. Con los criterios de la nueva Ley se evita, por una parte, la incidencia sobre derechos adquiridos en t閞minos que pudieran originar una carga indemnizatoria que gravitar韆 fundamentalmente sobre la Administraci髇 Urban韘tica y, por otra parte, se excluye tambi閚 la necesidad de afrontar un proceso de revisi髇 del planeamiento que introducir韆 un factor de inseguridad en las expectativas de edificaci髇.

En este contexto, se regula con precisi髇 la situaci髇 de las edificaciones existentes que resulten incompatibles con las disposiciones de la nueva Ley. Si se construyeron ilegalmente, se abre la posibilidad de legalizarlas, cuando sea posible por razones de inter閟 p鷅lico. Si se construyeron legalmente, se respetan los derechos adquiridos, atemperando la situaci髇 de la obra a la naturaleza del terreno en que se emplaza. Si est� en el dominio p鷅lico, se mantiene la concesi髇 hasta su vencimiento; si est� en la zona de servidumbre de tr醤sito, queda fuera de ordenaci髇 con las consecuencias previstas en la actual legislaci髇 urban韘tica; por 鷏timo, si est� en el resto de la zona de servidumbre de protecci髇, se permiten obras de reparaci髇 y mejora de cualquier tipo, siempre que l骻icamente, no supongan aumento de volumen de las ya existentes.

V.

Estos son, en s韓tesis, los motivos que justifican la promulgaci髇 de la presente Ley, para afrontar los graves problemas que hoy afectan a las costas espa駉las, como instrumento indispensable para que este patrimonio colectivo especialmente valioso como espacio natural de libertad sea preservado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Es responsabilidad ineludible del legislador de esta hora proteger la integridad de estos bienes, conservarlos como propiedad de todos y legarlos en esta condici髇 a las generaciones futuras.

Por encima de los intereses contrapuestos que confluyen en muchas ocasiones sobre el dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, un doble prop髎ito se alza como la idea cardinal de esta Ley: garantizar su car醕ter p鷅lico y conservar sus caracter韘ticas naturales conciliando las exigencias de desarrollo con los imperativos de protecci髇 y derogando cuantas normas legales se opongan a dicho prop髎ito.