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Sumario

V閍se Res. 7 abril 2005, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci髇 p鷅lica (獴.O.E.� 14 abril).LE0000212566

I

El principal objetivo de la pol韙ica econ髆ica desarrollada por el Gobierno es aumentar el bienestar de los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, es preciso impulsar un modelo de crecimiento equilibrado y sostenido, basado en el aumento de la productividad y del empleo, que permita atender las necesidades colectivas y promover una mayor cohesi髇 social, al tiempo que facilite la respuesta a los retos derivados de la cada vez mayor integraci髇 econ髆ica en los mercados europeos y mundiales.

El modelo de crecimiento econ髆ico seguido en los 鷏timos a駉s, aunque ha contribuido a aproximar los niveles de renta per c醦ita de Espa馻 a los de los pa韘es m醩 avanzados de la Uni髇 Europea, presenta carencias que es indispensable afrontar y corregir. Entre ellas destaca la escasa aportaci髇 de la productividad al crecimiento. Esta debilidad ha dado lugar a que el nivel medio de productividad de la econom韆 espa駉la se haya alejado, en los 鷏timos a駉s, del de los pa韘es m醩 avanzados de nuestro entorno, en lugar de converger.

El alejamiento con respecto a los niveles de productividad de los pa韘es m醩 avanzados representa un serio riesgo para la evoluci髇 de la econom韆 espa駉la, tanto a largo plazo como de forma inmediata. A largo plazo, la productividad es el principal determinante del crecimiento econ髆ico y su aumento es esencial para garantizar la sostenibilidad futura del Estado del bienestar, especialmente en el marco de envejecimiento de la poblaci髇 al que se enfrenta nuestra sociedad. De forma inmediata, en el contexto de creciente apertura e integraci髇 de la econom韆 espa駉la en los mercados europeos e internacionales, el aumento de la productividad es indispensable para absorber los incrementos en los costes de producci髇 y evitar as� p閞didas de competitividad que supondr韆n un freno al crecimiento.

En el momento actual, la econom韆 internacional y, en especial, las principales econom韆s comunitarias se encuentran en una senda de recuperaci髇 que, sin embargo, no est� exenta de incertidumbres y riesgos. Es necesario destacar que la econom韆 espa駉la es particularmente vulnerable a algunos de estos riesgos, como los derivados del elevado nivel de los precios de los productos energ閠icos o los asociados a un eventual endurecimiento de las condiciones monetarias.

En este contexto, se requiere la adopci髇 de reformas urgentes que apuesten decididamente por la eficiencia y la competitividad de los mercados financieros y energ閠icos, como mecanismo para contribuir al impulso de la productividad en el conjunto del sistema econ髆ico, y afrontar as� una de las principales debilidades del modelo de crecimiento econ髆ico. Estas reformas constituyen un instrumento indispensable para atenuar los riesgos y aprovechar las oportunidades que presenta el escenario econ髆ico internacional antes descrito.

En la evoluci髇 de la productividad juegan un papel especialmente relevante mercados como el financiero o el energ閠ico, de car醕ter estrat間ico para la evoluci髇 general de la actividad econ髆ica. Los mercados financieros realizan la indispensable labor de canalizar el ahorro hacia la inversi髇 productiva. Su eficiencia es una condici髇 necesaria para potenciar al m醲imo la capacidad de crecimiento de la econom韆. La energ韆 es un insumo b醩ico para la actividad econ髆ica y, en particular, para los sectores industriales, crecientemente expuestos a la competencia exterior. Un sector energ閠ico eficiente es clave para la evoluci髇 de la competitividad de los sectores exportadores.

Tambi閚 es indispensable, para la competitividad de estos sectores, introducir urgentemente reformas en el r間imen del comercio de emisiones de gases de efecto invernadero que doten de plena seguridad jur韉ica a este tr醘ico y permitan que las empresas espa駉las hagan un uso eficiente del mercado comunitario.

Las reformas abordadas en este real decreto ley se completan con una reforma del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que extiende su cobertura a determinados aspectos de las fundaciones del sector p鷅lico y de los convenios firmados con las Administraciones p鷅licas. Se trata, por esta v韆, de reforzar la publicidad y transparencia y as� aumentar la eficiencia en la asignaci髇 del gasto p鷅lico.

Este real decreto ley, que forma parte de un conjunto m醩 amplio de reformas para el impulso de la productividad, recoge una serie de actuaciones que afectan a los mercados financieros y energ閠icos, adem醩 de contener reformas urgentes en el r間imen de comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero, y otras que implican modificaciones de la legislaci髇 de contratos de las Administraciones p鷅licas.

II

Un elemento esencial de la integraci髇 econ髆ica en el marco de la Uni髇 Europea es la que, de forma creciente, se est� produciendo en los mercados financieros de los Estados que la componen. La libertad de movimientos de capital es una pieza clave del mercado financiero integrado y exige de los legisladores especial diligencia y agilidad en la adecuaci髇 de la normativa a las necesidades competitivas de la industria financiera, no s髄o por su relevancia en t閞minos de empleo y producto, sino tambi閚 por su imprescindible labor en la canalizaci髇 del ahorro hacia la inversi髇 productiva. En este proceso, es fundamental no s髄o trasponer adecuadamente las directivas comunitarias que armonizan las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sino tambi閚 eliminar aquellos requisitos, trabas o costes que puedan perjudicar la competitividad del sector financiero. Esta labor debe ser llevada a cabo preservando la seguridad jur韉ica necesaria para garantizar la confianza de los inversores en los mercados financieros y de quienes operan en ellos.

En el 醡bito financiero, este real decreto ley responde a la urgente transposici髇 de dos directivas comunitarias que son clave para la competitividad y el desarrollo de estos mercados, adem醩 de introducir medidas que se consideran irrenunciables para alcanzar los objetivos se馻lados anteriormente.

As�, en primer lugar, se transpone la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta p鷅lica o admisi髇 a cotizaci髇 de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, m醩 conocida como la Directiva de folletos.T閚gase en cuenta que la Directiva 2003/71/CE,燼 la que hace referencia爈a presente disposici髇, ha sido derogada por el art韈ulo 46 del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta p鷅lica o admisi髇 a cotizaci髇 de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (獶.O.U.E.L.� 30 junio).LE0000600638

La directiva tiene como objeto fundamental armonizar las exigencias relativas a todo el proceso de aprobaci髇 del folleto exigido para la admisi髇 a cotizaci髇 de valores en mercados regulados comunitarios y para las ofertas p鷅licas, para hacer efectivo el pasaporte comunitario para dicho documento. Adem醩, la directiva introduce una novedad esencial: la posibilidad de que el emisor de los valores elija libremente, en determinados casos y para determinadas categor韆s de valores, la autoridad competente y, por tanto, el r間imen regulatorio que desea aplicar a la autorizaci髇 del folleto.

Por este motivo, la transposici髇 de la directiva exige, adicionalmente, para poder mantener la posici髇 competitiva del mercado espa駉l, eliminar aquellos requisitos que no tengan justificaci髇 desde el punto de vista de la protecci髇 del inversor o del correcto funcionamiento del mercado.

Dado que la directiva habr� de ser incorporada a la legislaci髇 nacional antes del 1 de julio de 2005, y que su completa transposici髇 exige, adem醩, un adecuado desarrollo reglamentario, se considera imprescindible la adopci髇 de las medidas propuestas.

La transposici髇 de esta directiva se lleva a cabo en el cap韙ulo I del t韙ulo I de este real decreto ley, por el cual se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Las reformas introducidas son necesarias para mantener y mejorar la competitividad de nuestros mercados de valores y evitar que se traslade la actividad a otros mercados extranjeros, lo que supondr韆 una p閞dida de puestos de trabajo y de negocio para los mercados espa駉les.

En segundo lugar, en el cap韙ulo II del t韙ulo I se traspone la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garant韆 financiera, al ordenamiento jur韉ico espa駉l. Con la aprobaci髇 de esta directiva se persigue conseguir una amplia armonizaci髇 comunitaria para todas las garant韆s financieras que formalicen las partes autorizadas, estableciendo ciertas limitaciones al determinarse que, por un lado, una de las partes ha de ser una entidad financiera, sujeta a autorizaci髇 y supervisi髇 p鷅lica, y por otro lado, se determina su aplicaci髇, con car醕ter general, para las personas jur韉icas.

Por otra parte, se pretende ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensaci髇 contractual y a las garant韆s de car醕ter financiero. Se establecen, adem醩, los efectos derivados de las disposiciones de insolvencia sobre dichos acuerdos y garant韆s. Asimismo, se establece la posibilidad de disponer del objeto de la garant韆 (dinero, valores e instrumentos financieros) y la ejecuci髇 directa de las garant韆s cuando se produzca incumplimiento, sin intervenci髇 de ning鷑 tipo de fedatario o de autoridad p鷅lica, e incluso la apropiaci髇 directa del bien aportado en garant韆 por el propio acreedor.

III

En el t韙ulo II, se regulan un conjunto de reformas en el 醡bito energ閠ico. En concreto, se adoptan medidas para profundizar en la liberalizaci髇 ordenada del sector y posibilitar la pronta constituci髇 del Mercado Ib閞ico de Electricidad (MIBEL). Se avanza en la reforma de los mercados energ閠icos, mediante la adopci髇 de medidas para fomentar un comportamiento m醩 eficiente de los agentes y profundizar en una liberalizaci髇 ordenada del sector, que, dado su car醕ter de insumo estrat間ico, debe traducirse en ganancias de productividad para el conjunto de la econom韆.

En este sentido, desde un punto de vista horizontal, se introducen modificaciones al concepto de operador principal de los mercados, teniendo en cuenta exclusivamente a las actividades liberalizadas, adem醩 de introducir la figura del operador dominante en los mercados energ閠icos con el objetivo de poder establecer determinadas obligaciones regulatorias, que faciliten el desarrollo de una competencia efectiva en estos mercados.

Las principales actuaciones se concentran en el sector el閏trico, donde es indispensable y urgente introducir las reformas necesarias para adaptar el mercado al Convenio Internacional relativo a la constituci髇 de un Mercado Ib閞ico de la Electricidad (MIBEL). Adem醩, en este contexto de apertura del sector el閏trico a la competencia exterior, se modifica el sistema de liquidaci髇 de los costes de transici髇 a la competencia (CTC) y se adoptan otras reformas cuyo objetivo es incrementar la competencia en el mercado y garantizar un comportamiento eficiente de los agentes.

La entrada en vigor del MIBEL, prevista para antes del 30 de junio de 2005, exige introducir, de forma inmediata, modificaciones en la regulaci髇 del mercado que adapten su funcionamiento a lo dispuesto en el mencionado convenio. Por otra parte, la reforma del sistema de liquidaci髇 de los CTC, sin prejuzgar su funcionamiento actual, retrasa la liquidaci髇 definitiva correspondiente al a駉 2004 hasta el 1 de enero de 2006, fecha en que el Gobierno pueda haber estudiado las conclusiones del libro blanco que se est� elaborando sobre el mercado de producci髇 en el sector el閏trico y, por tanto, disponga de criterios objetivos para su determinaci髇 efectiva.

Otras reformas adoptadas se orientan a eliminar pr醕ticas ineficientes en el 醡bito de la distribuci髇, como la coexistencia de varios distribuidores en un mismo 醡bito territorial que puede llevar a la existencia de instalaciones redundantes y aumentar los costes de mantenimiento, con la consiguiente p閞dida de eficiencia. A trav閟 de las reformas que se introducen, se evitan estas pr醕ticas, partiendo de la premisa de que la distribuci髇, tanto de electricidad como de gas natural, es una actividad regulada, que tiene car醕ter de monopolio natural, y sin perjuicio de que se habiliten cauces para el acceso de terceros a la red de distribuci髇 o la competencia por las autorizaciones, que eviten comportamientos oportunistas de los distribuidores.

Adicionalmente, se previene la distorsi髇 de precios y se regula un nuevo concepto denominado 玥echo relevante� que determine los casos en los que deban comunicarse comportamientos que puedan afectar a la formaci髇 de precios en el mercado. Por otra parte, se reduce la participaci髇 m醲ima que cualquier accionista individual puede tener en el capital de Red El閏trica de Espa馻, para garantizar su independencia frente a las empresas que desarrollan actividades liberalizadas en el sector el閏trico.

Tambi閚 se crea un registro de instalaciones de distribuci髇 al por menor, que permitir� mejorar la actual base de datos sobre precios de los carburantes, y a la que tendr醤 acceso las comunidades aut髇omas para posibilitar el an醠isis de los niveles de competencia existentes en el nivel local. Por otra parte, se adopta un conjunto de medidas para el sector de hidrocarburos l韖uidos, relativas a los requisitos de informaci髇 que deben aportar los operadores de estaciones de servicio y respecto a la creaci髇 de una base de datos de distribuidores al por menor.

Se completa la regulaci髇 sobre cambios de suministro en el sector de hidrocarburos gaseosos, as� como la posibilidad de exceptuar del r間imen de acceso de terceros y, consecuentemente, del sistema retributivo com鷑 a determinadas infraestructuras gasistas.

Por 鷏timo, se sustituye el sistema de financiaci髇 con cargo a la tarifa el閏trica de los costes de desmantelamiento de centrales nucleares, de la gesti髇 del combustible gastado y de los residuos radiactivos por un sistema en el que los titulares de las explotaciones ser醤 quienes se hagan cargo de dicha financiaci髇 a partir del 1 de abril de 2005. La traslaci髇 de estos costes a las empresas supone un incentivo para una mayor eficiencia en su gesti髇.

IV

En el t韙ulo III se abordan algunas reformas en materia de r間imen de comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero, para garantizar la seguridad en el tr醘ico, y se precisa que las inscripciones en el registro tienen car醕ter constitutivo y, por tanto, los terceros adquirentes est醤 amparados por la publicidad registral, ya que solamente de esta manera es posible asegurar el funcionamiento de un mercado comunitario, en el que el 玞ontrolador� material de todas las operaciones es el Administrador Central dependiente de la Comisi髇.

La aplicaci髇 del Protocolo de Kioto a la Convenci髇 Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Clim醫ico permite introducir en la gesti髇 empresarial una nueva referencia al coste ambiental asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. En los pa韘es de la Uni髇 Europea, la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003 (modificada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004), por la que se establece un r間imen para el comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, establece un marco conjunto de obligaciones y derechos para las instalaciones de los sectores previstos en su anexo I. La r醦ida incorporaci髇 de este nuevo par醡etro en los sectores industriales afectados, as� como el correcto funcionamiento del mercado, permitir醤 incrementar la productividad de nuestro sistema econ髆ico. Para ello resulta imprescindible completar el marco jur韉ico vigente con aquellas novedades que se derivan de dos recientes decisiones comunitarias: la Decisi髇 de la Comisi髇 Europea de 27 de diciembre de 2004, relativa al Plan nacional de asignaci髇 de derechos de emisi髇 presentado por Espa馻 y el Reglamento (CE) n.� 2216/2004 de la Comisi髇, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un r間imen normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo y la Decisi髇 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

En efecto, durante el mes de diciembre de 2004 la Comisi髇 Europea ha adoptado dos importantes decisiones en relaci髇 con el r間imen de comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero.

En primer lugar, la Decisi髇 de 27 de diciembre de 2004, relativa al Plan nacional de asignaci髇 de derechos de emisi髇 presentado por Espa馻, determina que, para considerarlo conforme al derecho comunitario, resulta imprescindible incorporar al 醡bito de aplicaci髇 de la ley espa駉la todas las instalaciones de combusti髇 de m醩 de 20 MW no incluidas con arreglo a la interpretaci髇 inicialmente adoptada por Espa馻.

El calendario previsto para poder llevar a efecto el contenido de la decisi髇 permite establecer la paulatina incorporaci髇 de todas las instalaciones, si bien la definitiva incorporaci髇 de estas instalaciones al sistema debe producirse a m醩 tardar el 1 de enero de 2006.

Ello implica la necesidad de abrir un nuevo plazo para la solicitud de autorizaci髇 y derechos para estas instalaciones, y habilitar al Consejo de Ministros para modificar el plan vigente mediante el establecimiento de nuevos derechos para poder asignarlos a aquellas, l骻icamente eximi閚dolas de las restantes obligaciones establecidas por la ley hasta la fecha estimada -1 de enero de 2006.

En segundo lugar, el Reglamento (CE) n.� 2216/2004 de la Comisi髇, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un r間imen normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo y la Decisi髇 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La aplicaci髇 de este reglamento comunitario, especialmente detallado, requiere modificar el r間imen legal vigente, para garantizar la seguridad en el tr醘ico, precisando que las inscripciones en el registro tienen car醕ter constitutivo y, por tanto, los terceros adquirentes est醤 amparados por la publicidad registral, ya que solamente de esta manera es posible asegurar el funcionamiento de un mercado comunitario, en el que el 玞ontrolador� material de todas las operaciones es el Administrador Central dependiente de la Comisi髇.

V

Por 鷏timo, en el t韙ulo IV se procede a la mejora de la contrataci髇 p鷅lica, adaptando el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, para incluir determinados aspectos de la actividad de las fundaciones del sector p鷅lico e incluir determinados aspectos de los convenios firmados con otras Administraciones.

Se unifica el concepto de sociedad a las expresiones comunes de los art韈ulos 2 y 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado, cuya disposici髇 adicional duod閏ima fue modificada por la redacci髇 establecida en la disposici髇 final primera.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

Tambi閚 se incorpora al 醡bito subjetivo de la ley a las fundaciones del sector p鷅lico para solucionar los problemas derivados de la ausencia de aplicaci髇 por estas de las normas contenidas en las directivas comunitarias sobre procedimiento de adjudicaci髇 de los contratos cuando tales fundaciones gestionan proyectos financiados con fondos europeos, sin alterar su r間imen contractual sujeto al derecho privado.

En cuanto a los principios de contrataci髇 en el sector p鷅lico, se pretende reintegrar a la legalidad anterior al 1 de enero de 2004 a un conjunto de sociedades p鷅licas -de 醡bito estatal, auton髆ico y local- que en estos momentos no est醤 sujetas a la obligaci髇 legal de ajustar sus contratos a los principios de publicidad y concurrencia, incluyendo en tal supuesto a las fundaciones del sector p鷅lico.

La actividad contractual es una faceta importante de la gesti髇 econ髆ica de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones del sector p鷅lico cuyos presupuestos forman parte de los Presupuestos Generales del Estado. La modificaci髇 propuesta tiende, por tanto, a garantizar que la ejecuci髇 de dichos presupuestos se realice en unas coordenadas de mayor publicidad y transparencia que contribuyan al cumplimiento del principio constitucional de eficiencia en la asignaci髇 del gasto. La urgencia de la reforma legislativa explicitada se deriva de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 2005, que obliga a Espa馻 a reformar su normativa referente a la adjudicaci髇 de contratos p鷅licos, adem醩 de derivarse de la correcta adaptaci髇 al derecho espa駉l de los principios y criterios jur韉icos en materia de contrataci髇 p鷅lica.

VI

En lo que se refiere a las reformas introducidas en el 醡bito financiero, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto ley se sustenta en el grave riesgo de inmediata deslocalizaci髇 de la prestaci髇 de garant韆s financieras y de las emisiones y las admisiones a cotizaci髇 de valores hacia mercados con condiciones m醩 favorables, en el caso de que se traspongan con excesivo retraso o no se traspongan en plazo al ordenamiento jur韉ico espa駉l sendas directivas en materia de mercados financieros.

En lo que respecta a las reformas en los mercados energ閠icos, concurren, igualmente, circunstancias de extrema urgencia y necesidad. Estas circunstancias derivan de la necesidad, ya expuesta, de adaptar la regulaci髇 para la puesta en marcha del MIBEL, hasta que posibiliten un comportamiento eficiente de estos mercados, tanto para que las empresas el閏tricas est閚 en condiciones 髉timas para afrontar el incremento de la competencia que supondr� la creaci髇 del MIBEL en el primer semestre del a駉 como para que, a trav閟 de la disciplina que impone la competencia y del consiguiente aumento de la eficiencia, el sector energ閠ico contribuya al indispensable impulso de la productividad en el conjunto del sistema econ髆ico.

Las reformas en materia de medio ambiente exigen una urgente vigencia en nuestro ordenamiento jur韉ico y con car醕ter inmediato. La modificaci髇 introducida debe ser aprobada urgentemente, dado el tiempo requerido para tramitar los procedimientos de autorizaci髇 y asignaci髇, as� como la necesidad de que la decisi髇 del Consejo de Ministros sobre la asignaci髇 de derechos sea notificada a la Comisi髇 para que esta se pronuncie al respecto. La inminente puesta en marcha del mercado de comercio de derechos de emisi髇 requiere ofrecer con la m醲ima urgencia un marco seguro para quienes quieran participar en 閘, por lo que, en congruencia con lo previsto en otros pa韘es de nuestro entorno, se hace imprescindible reconocer car醕ter constitutivo a la inscripci髇 registral.

Se completa la justificaci髇 de la urgencia con el conjunto de reformas en materia de contrataci髇 derivadas de la correcta aplicaci髇 del derecho comunitario, atendiendo a los criterios contenidos en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 2005, que imponen una inmediata y urgente adaptaci髇 del derecho espa駉l a la norma y a la citada sentencia.

Las reformas recogidas en este real decreto ley resultan indispensables para impulsar la competitividad y eficiencia, en el conjunto de la actividad econ髆ica, y, de esta forma, contribuir decididamente al impulso de la productividad. Este impulso, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, debe tener lugar con car醕ter inmediato, como decisivo apoyo a la competitividad de la econom韆 espa駉la que afronte la correcci髇 de sus carencias, reduzca su vulnerabilidad frente a los riesgos e incertidumbres actuales y posibilite el aprovechamiento de las oportunidades que presenta el escenario econ髆ico internacional. En 鷏tima instancia, se contribuye por esta v韆 al bienestar de los ciudadanos, objetivo central de la pol韙ica econ髆ica.

Por tanto, incorporando de manera urgente al ordenamiento jur韉ico espa駉l las citadas reformas, a un mismo tiempo y con car醕ter inmediato, se adopta este conjunto de reformas, cuya extraordinaria y urgente necesidad queda suficientemente justificada.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 concedida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de los Ministros de Econom韆 y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 11 de marzo de 2005,

DISPONGO: