El último Boletín Oficial del Estado de 2021 vio la publicación del Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que se configura como el marco político-estratégico de referencia de la política de Seguridad Nacional. La norma deroga el Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, que aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.

El real decreto entró en vigor el 1 de enero de 2022, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez aprobada, la Estrategia será presentada en las Cortes Generales, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional. Estas son sus principales novedades. 

Revisión anticipada

Aunque la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 habría debido llevarse a cabo pasados cinco años, el Ejecutivo entiende que el impacto de la pandemia de la COVID-19 y el incremento en el empleo de estrategias híbridas aconsejan una revisión estratégica que permita enfrentar los riesgos y las amenazas en un contexto de globalización, condicionado por una mayor incertidumbre y un cambio acelerado. Según afirma el texto, las pandemias, el cambio climático, los ciberataques o las crisis financieras son todos riesgos y amenazas complejas, a menudo interconectadas, que pueden desencadenar crisis en cascada.

Entre las nuevas actuaciones pueden destacarse la modernización del sistema de vigilancia epidemiológica, el desarrollo de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, la elaboración de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación, la creación de una Agencia Espacial Española con una componente dedicada a la Seguridad Nacional o la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible.

El texto está dividido en cinco capítulos respectivamente dedicados a:

— Seguridad global y vectores de transformación

— Una España segura y resiliente

— Riesgos y amenazas

— Un planeamiento estratégico integrado

— El Sistema de Seguridad Nacional y la Gestión de Crisis

Seguridad global y vectores de transformación

El primer capítulo analiza el contexto internacional de seguridad. La Estrategia identifica la pandemia de la COVID-19 como un factor que ha producido una aceleración de las principales dinámicas globales que afectan a la seguridad. En opinión del Gobierno, "sin poder afirmar categóricamente que se trata de un cambio de era, sí que se percibe el momento actual como etapa de transición". La característica predominante es la incertidumbre sobre un futuro donde la transformación digital y la transición ecológica se configuran como las principales palancas de cambio en un escenario de mayor competición geopolítica.

Al analizar el contexto geopolítico, el Gobierno destaca el aumento del uso de las estrategias híbridas que, mediante acciones coordinadas y multidimensionales, tratan de explotar las vulnerabilidades de los Estados y sus instituciones con un objetivo de desestabilización o coerción política, social o económica. Estas estrategias se caracterizan por la dificultad de atribuir su autoría y por emplear medios que pueden incluir, además de acciones convencionales, otras como campañas de desinformación, ciberataques, espionaje, subversión social, sabotaje, coacción económica o el uso asimétrico de medios militares.

Una España segura y resiliente

El segundo capítulo traza un perfil de España y su seguridad. Desde su identificación como país de condición europea, mediterránea y atlántica, se realiza un recorrido geográfico, donde Europa, Magreb y Oriente Próximo, África Subsahariana, América del Norte, América Latina y el Caribe, y Asia-Pacífico se analizan desde el prisma de la Seguridad Nacional.

Riesgos y amenazas

El tercer capítulo recoge los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, cuyas principales características son su interrelación y dinamismo. La principal actualización en el mapa de riesgos es la inclusión de las campañas de desinformación. Además, la tecnología y las estrategias híbridas son elementos transversales al conjunto de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional.

El texto analiza, entre otros aspectos, las amenazas derivadas del terrorismo y radicalización violenta; las epidemias y pandemias; las amenazas a las infraestructuras críticas; el espionaje e injerencias desde el exterior; las campañas de desinformación; la vulnerabilidad del ciberespacio, del espacio marítimo y la vulnerabilidad aeroespacial; la inestabilidad económica y financiera; el crimen organizado y delincuencia grave; los flujos migratorios irregulares; la vulnerabilidad energética, y los efectos del cambio climático y de la degradación del medio natural.

En relación con las campañas de desinformación, el Gobierno afirma que tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional, que deben diferenciarse de la información falsa –fake news– y de la información errónea –misinformation– y que tienen como elementos inherentes la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque, por lo que suponen una grave amenaza para los procesos electorales.

Sobre la vulnerabilidad del ciberespacio, el documento elaborado por el Ejecutivo insiste en que, en la denominada sociedad virtual, el dato constituye un nuevo ámbito de poder que afecta tanto a la relación entre Estados como entre el sector público y el privado, al ser las compañías tecnológicas las que poseen un mayor acceso a los datos. Así, la protección y garantía del uso adecuado de los datos y las redes por las que transitan es un aspecto clave de la Seguridad Nacional, con impacto directo sobre la privacidad personal.

Respecto a los flujos migratorios irregulares, la Estrategia afirma que España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta al desafío que supone el esperado aumento de los flujos migratorios hacia Europa en los próximos años y que, en su condición de frontera exterior de la Unión Europea, España afronta la gestión de los flujos migratorios irregulares como un reto que requiere una política migratoria común, basada en el justo equilibrio entre solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados.

Al analizar la vulnerabilidad energética, el documento señala que, si bien la dependencia de hidrocarburos provenientes del exterior seguirá siendo un factor de vulnerabilidad en los próximos años, la transición hacia un nuevo modelo energético económicamente sostenible y respetuoso con el medioambiente es el principal desafío de un sector clave para la economía y la seguridad, donde el cambio climático es considerado como un riesgo sistémico a nivel global.

Un planeamiento estratégico integrado

El cuarto capítulo establece tres objetivos, que marcan las prioridades de la Seguridad Nacional para este ciclo estratégico. El primero es avanzar en materia de gestión de crisis; el segundo, favorecer la dimensión de la seguridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos, y el tercero, desarrollar la capacidad preventiva, de detección y respuesta frente a las estrategias híbridas.

La Estrategia establece tres ejes estratégicos sobre los que se articulan diferentes líneas de acción de la política de Seguridad Nacional:

— Una España que protege la vida de las personas y sus derechos y libertades, así como el orden constitucional.

— Una España que promueve la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos.

— Una España que participa en la preservación de la paz y la seguridad internacional y defiende sus intereses estratégicos.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 plantea iniciativas como, por ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial o el desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla.

Dentro de las actuaciones frente a situaciones de crisis, la Estrategia propone la lucha contra las epidemias y pandemias basada en la modernización del sistema de vigilancia epidemiológica nacional, a partir de las lecciones aprendidas en la gestión de la pandemia de la COVID-19, que permita una respuesta ágil y acertada.

A propósito del ciberespacio y su relación con la Administración pública, la Estrategia propone avanzar en el modelo de gobernanza de la ciberseguridad nacional, sobre la base de una mayor eficiencia en los recursos y la integración de las capacidades nacionales. En este sentido, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad permitirá, mediante la prestación de servicios horizontales, aumentar las capacidades de vigilancia, detección y respuesta ante ciberataques contra la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como contra las administraciones autonómicas y locales.

En relación con el espacio aéreo y ultraterrestre, se establece como línea de acción crear la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.

En el plano internacional, España apuesta por una mayor autonomía estratégica europea y un mayor protagonismo de la Unión Europea en la gestión de crisis transfronterizas. Además, en materia de seguridad colectiva, el Ejecutivo considera que la revisión estratégica de la OTAN supondrá un hito importante, que incluirá la colaboración con la Unión Europea como una de sus líneas de acción.

El Sistema de Seguridad Nacional y la gestión de crisis

El quinto capítulo está dedicado a la gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, con un enfoque que parte de una visión del principio de resiliencia que incluye la progresión desde una situación de normalidad hasta la recuperación después de una situación de crisis. El avance en la integración del Sistema se materializa en diversas actuaciones:

— La elaboración de un catálogo de recursos de la Seguridad Nacional

— La preparación de planes de respuesta para determinados escenarios

— El desarrollo de un sistema de alerta temprana y análisis con indicadores que faciliten la toma de decisiones basada en datos objetivos concretos

— La integración de la información de la Seguridad Nacional a través de soluciones tecnológicas

— La mejora de las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno

— La integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional