Patricia Esteban.- Desde que el 1 de enero de 2016 entrase en vigor, Lexnet ha sido objeto de no pocas críticas. Ahora, un par de abogados han pasado a la acción interponiendo sendas denuncias ante la Comisión Europea por lo que consideran un sistema "no solo ineficaz", sino también "de dudosa legalidad"

El abogado sevillano Joaquín Moeckel ha hecho pública recientemente la denuncia interpuesta ante la Comisión Europea para que se abra un procedimiento de infracción a España por el uso del sistema de comunicaciones telemáticas Lexnet por la Administración de Justicia.

No es la primera, puesto que el letrado Javier de la Cueva ya interpuso con anterioridad, el día 13 de mayo, la denuncia originaria en el mismo sentido. En ella, el abogado considera que el sistema Lexnet es contrario al principio de división de poderes del Estado, vulnera el principio de independencia judicial, y también la privacidad de los ciudadanos, con base en el artículo art. 47 y el art. 8, apartados 1 y 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter personal.

Independencia judicial

El letrado Javier de la Cueva ha señalado que el "quid" de la cuestión está en quién debe ser responsable del tratamiento de los datos incorporados al sistema. En su opinión, el control que el Poder Ejecutivo tiene sobre los flujos de entrada y salida de datos del Poder Judicial es total. El Ministerio debe proporcionar los medios y equipamiento para el funcionamiento del sistema, pero no debería poder hacer un tratamiento de los datos, que incluso le permitiría trazar perfiles, que, a su juicio, correspondería al poder judicial. Confía que la Comisión admita a trámite su denuncia, y ha anunciado que, de todas formas, continuará con las acciones legales en España.

Moeckel considera, por su parte, que la división de poderes se ve amenazada pues el Gobierno puede conocer al momento cualquier dato registrado o almacenado (nombres de los litigantes, datos de particulares, pruebas propuestas, contenido de las demandas...), asegurando que el sistema se asemeja a un "Gran Hermano" en el que el Ministerio controla todos los datos de los procedimientos judiciales.

Preguntado por quién debería almacenar o custodiar estos datos, Moeckel ha contestado que debería ser responsabilidad del CGPJ. De esta forma se respetaría la división constitucional de poderes.

Privacidad

Otra cuestión que se plantean, es la posible vulneración del derecho a la privacidad, preguntándose los letrados ¿por cuánto tiempo es posible que estos datos estén almacenados?. Citan al respecto recientes sentencias del TJUE como la STJUE de 8 de abril de 2014, en el caso Digital Rights Ireland, donde se declaró nula la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones.

Ministerio de Justicia: no hay un pronunciamiento oficial

El Ministerio de Justicia no se ha pronunciado oficialmente sobre la presentación de estas denuncias, pero fuentes del Ministerio han asegurado que con el nuevo sistema de comunicaciones telemáticas existe más seguridad, puesto que el intento ilícito de acceso a los datos registrados siempre deja rastro y podría detectarse inmediatamente quién ha cometido la infracción.

La abogacía colabora con Lexnet

Por otro lado, desde el CGAE se desconoce la presentación de estas denuncias y los términos en los que se han sustanciado, y afirman la colaboración de la Abogacía con la implementación del sistema Lexnet, que si bien tuvo ciertas incidencias en los primeros meses de andadura, consideran resueltas en la actualidad.

En el blog de la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, contiene un post en relación a Lexnet en el que se puede leer "Estoy convencida, creo que lo estamos todos, de que el objetivo de Lexnet es positivo".