Primera Objeto

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre la Dirección General de la Policía y Down España en orden a mejorar la protección y seguridad del colectivo de personas con síndrome de Down y promover su inclusión educativa, laboral y social, así como la defensa de sus derechos.

Segunda Ámbito de aplicación, compromiso de las partes

1. En materia de formación.

• • La Policía Nacional realizará, dentro de su ámbito territorial de competencia, actividades formativas dirigidas a dos grupos: por un lado a jóvenes y adultos con síndrome de Down y por otro, a sus familias:
  • – Formación para jóvenes y adultos con síndrome de Down: se establecerá una actividad de formación anual en las asociaciones federadas a Down España que se adscriban al presente convenio, con el objetivo de sensibilizar sobre temas relacionados con la protección frente al abuso y posibles delitos que se puedan cometer contra las personas con síndrome de Down.
  • – Formación a familias: se establecerán igualmente actividades de formación anuales –un mínimo de una actividad anual– en asociaciones federadas a Down España que se adscriban al presente convenio, con la finalidad de informar a las familias sobre posibles delitos y conductas lesivas que se puedan cometer contra las personas con síndrome de Down y adoptar pautas de prevención y seguridad.
  • – Por otro lado, la Dirección General de la Policía realizará, en el marco del Encuentro Nacional de Familias (anual) de Down España, una actividad de formación a las familias presentes en el evento.
• • A su vez Down España realizará actividades de formación dirigidas a la Policía Nacional:
  • – Las actividades que se determinen estarán dirigidas por Down España de acuerdo con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, en el marco del Plan de Formación de la Dirección General de la Policía; al objeto de dar a conocer las características de las personas con síndrome de Down y cómo afrontar situaciones de especial vulnerabilidad.

2. Aspectos de naturaleza policial.

Se establecerán canales de colaboración con los órganos competentes de la Dirección General de la Policía, en aquellos aspectos de carácter policial que afecten particularmente a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. En este sentido, Down España colaborará con la Dirección General de la Policía facilitándole aquellos datos que pudieran ser de interés para la investigación policial de delitos y faltas de los que sean víctima, y la Dirección General de la Policía les informará sobre nuevas técnicas, metodologías y cuantas cuestiones sean de interés para prevenir y proteger a dichas personas de las infracciones.

3. Acción social. Sensibilización.

Ambas partes se reafirman en su deseo de colaborar, estrechar lazos y promover la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, que buscarán de forma proactiva.

En la medida de sus posibilidades, Down España prestará orientación y asesoramiento a la Dirección General de la Policía ante las necesidades que pueda tener en esta materia.

Igualmente, la Dirección General de la Policía facilitará la participación de las personas con síndrome de Down en las actividades y eventos que organice, sobre todo en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down.

Tercera Aportaciones de las partes

El presente convenio no supondrá coste económico alguno para la Dirección General de la Policía ni para Down España.

Cada una de las partes facilitará la participación del personal especializado requerido para llevar a buen término la finalidad del convenio en la parte de Formación y Participación Ciudadana.

Cuarta Comisión de Seguimiento

Con el fin de velar por el buen desarrollo y seguimiento del presente convenio se crea una Comisión de seguimiento integrada por dos representantes de la Dirección General de la Policía y dos representantes de Down España. Deberá quedar constituida dentro del mes siguiente al término del presente convenio.

A la Comisión le corresponde analizar el balance de la cooperación y la consecución de los objetivos fijados en el presente convenio; proponer la aplicación de estrategias coordinadas y planes de formación, así como la dirección y ejecución de los mismos; realizar propuestas sobre el intercambio de información; y resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el desarrollo del convenio.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario o extraordinario, al menos una vez al año en sesión ordinaria y a la solicitud de cualquiera de las partes con carácter extraordinario. Se levantará acta al final de la reunión.

En lo no dispuesto en el presente convenio, la Comisión se regirá según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los órganos colegiados.

Quinta Vigencia

El presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y entrará en vigor una vez suscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Tendrá una vigencia inicial de un año, renovándose tácitamente por períodos sucesivos de un año, con un máximo de cuatro años.

El presente convenio se extinguirá por la conclusión del periodo máximo establecido para su vigencia y por resolución del mismo. Serán causas de resolución el mutuo acuerdo de las partes intervinientes, y la denuncia de cualquiera de las partes, siempre que se comunique con un plazo de preaviso mínimo de tres meses.

La resolución del convenio no impedirá la finalización de las actividades formativas que estuvieran comprometidas hasta la fecha en la que se produzcan.

Sexta Naturaleza y resolución de conflictos

a) El presente convenio tiene naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por aplicación del artículo 4.1c) de dicho texto legal.

b) Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio, de no ser resueltas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula cuarta, serán de conocimiento y competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.