• INTRODUCCION
• Artículo 1
• Artículo 2
• Artículo 3
• Artículo 4
• Artículo 5
• Artículo 6
• Artículo 7

Artículo 1

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo se aplican a la persecución transfronteriza en las fronteras terrestres comunes entre las Partes, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen, en adelante designado Convenio, y especialmente su artículo 41.

Artículo 2

Quedan autorizadas operaciones de persecución transfronteriza siempre que, tras haber ocurrido en el territorio de una de las Partes alguno de los hechos previstos en el párrafo 4.ª del artículo 41 del Convenio, las personas presuntamente involucradas se trasladen al territorio de la otra Parte, atravesando las fronteras terrestres comunes a ambas Partes, siempre que la persecución se realice de conformidad con lo previsto en los párrafos 1 y 5 del artículo 41 del citado Convenio.

Artículo 3

1. La persecución transfronteriza en el territorio de la otra Parte puede realizarse hasta 50 kilómetros de la frontera común o durante un período de tiempo no superior a las dos horas a partir del cruce de la frontera común.

2. Los agentes perseguidores no tienen derecho de interpelación según la modalidad recogida en el artículo 41.2 del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen.

Artículo 4

A los efectos del presente Acuerdo serán autoridades y agentes competentes los siguientes:

• a) Por la Parte portuguesa:
  • a.i) Para efectuar las operaciones de persecución transfronteriza y, en colaboración con los agentes policiales perseguidores de la otra Parte, para determinar la identidad del perseguido o proceder a su detención, los miembros de la Policía Judicial, Guardia Nacional Republicana, Policía de Seguridad Pública, Servicio de Extranjeros y Fronteras y los funcionarios de la Dirección General de Aduanas y de los Impuestos Especiales de Consumo, en lo referente al ámbito de su competencia en materia de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, tráfico de armas, explosivos y transporte ilícito de productos tóxicos.
  • a.ii) Para recibir la solicitud de autorización para iniciar la persecución o la comunicación del inicio de la persecución o el informe sobre su resultado, el Gabinete del Ministro de Administración Interna o la entidad por él designada, conforme al procedimiento previsto en el artículo 5 del presente Acuerdo.
• b) Por la Parte española:
  • b.i) Para efectuar las operaciones de persecución transfronteriza y, en colaboración con los agentes policiales perseguidores de la otra Parte, para determinar la identidad del perseguido o proceder a su detención, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los funcionarios de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, en lo referente al ámbito de su competencia en materia de tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas, tráfico de armas, explosivos y transporte ilícito de productos tóxicos.
  • b.ii) Para recibir la solicitud de autorización para iniciar la persecución o la comunicación del inicio de la persecución, así como para recibir el informe sobre su resultado, la Subdirección Operativa de la Dirección General de la Policía.

Artículo 5

En caso de designación de otra entidad competente por los Ministros de Administración Interna y del Interior, con arreglo a lo previsto en los párrafos a.ii) y b.ii) del artículo 4 del presente Acuerdo, las Partes se notificarán esta designación con una antelación mínima de setenta y dos horas.

Artículo 6

Una vez presentada por una de las Partes una solicitud de detención provisional a efectos de extradición, se aplicarán los Acuerdos suscritos por ambas Partes en materia de extradición.

Artículo 7

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que ambas Partes se hayan notificado el cumplimiento de los trámites exigidos por su ordenamiento jurídico.

El presente Acuerdo entra en vigor el 13 de febrero de 2000, treinta días después del intercambio de notificaciones entre las Partes, comunicando el cumplimiento de los trámites exigidos por los respectivos ordenamientos jurídicos, según se establece en su artículo 7.º

Lo que se hace público para conocimiento general.