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Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Ficha:
  • Órgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 19 de Julio de 1985. Esta revisión vigente desde 11 de Marzo de 2004

Sumario

Norma afectada por
Corregido por
BOE 11 Diciembre. Corrección de erratas de la Ley 16/1985, de 25 Jun. (ley del Patrimonio Histórico Español)
Afectaciones recientes
1/1/2014
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Téngase en cuenta que se prorroga por un año a partir del 1 de enero de 2014, el plazo a que se refiere la disposición adicional octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público y, a su vez, en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y con la disposición transitoria quinta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, conforme establece la disposición adicional quinta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre). Ir a Norma
1/1/2013
Ir a Norma L 17/2012 de 27 Dic. (Presupuestos Generales del Estado para el año 2013)
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Téngase en cuenta que se prorroga por un año a partir del 1 de enero de 2013, el plazo a que se refiere la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público y, a su vez, en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y con la disposición transitoria quinta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, conforme establece la disposición adicional octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 («B.O.E.» 28 diciembre). Ir a Norma
1/1/2005
Ir a Norma L 4/2004 de 29 Dic. (modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público)
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Téngase en cuenta que el plazo a que se refiere la presente disposición, se ha vuelto a prorrogar por siete años más conforme establece la disposición adicional segunda de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público («B.O.E.» 30 diciembre), a partir de la entrada en vigor de la misma. Ir a Norma
11/3/2004
Ir a Norma RDLeg. 3/2004 de 5 Mar. (TR Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
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Párrafo 2.º del artículo 73 derogado por la letra b) del número 1 de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («B.O.E.» 10 marzo). Ir a Norma
1/1/2004
Ir a Norma L 62/2003 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Número 4 del artículo 32 introducido por el artículo 110 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma
27/11/2003
Ir a Norma L 46/2003 de 25 Nov. (reguladora del Museo Nacional del Prado)
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Número 1 de la disposición adicional novena redactado por la disposición final segunda de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado («B.O.E.» 26 noviembre). Ir a Norma
6/8/2003
Ir a Norma OM CTE/2211/2003 de 23 Jul. (Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del M.º de Ciencia y Tecnología)
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Téngase en cuenta que conforme dispone el apartado séptimo de la O.M. CTE/2211/2003, de 23 de julio, por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se delegan en el Secretario general Técnico las facultades que este apartado atribuye al titular del departamento, referidas a la autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública («B.O.E.» 5 agosto). Ir a Norma
1/1/2002
Ir a Norma L 24/2001 de 27 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Artículo 73 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2002, por la Disposición Adicional 1ª de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma
20/12/2001
R Hacienda 20 Sep. 2001 (conversión en euros de los valores de infracciones y sanciones, así como de los precios y tarifas correspondientes a las competencias ejercidas por el M.º de Hacienda)
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Véase Res. 20 septiembre 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la conversión en euros de los valores de infracciones y sanciones, así como de los precios y tarifas correspondientes a las competencias ejercidas por el Ministerio de Hacienda («B.O.E.» 30 noviembre). Ir a Norma Véase Res. 20 septiembre 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la conversión en euros de los valores de infracciones y sanciones, así como de los precios y tarifas correspondientes a las competencias ejercidas por el Ministerio de Hacienda («B.O.E.» 30 noviembre). Ir a Norma
7/10/1999
L 42/1994 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y de orden social)
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Téngase en cuenta que el plazo a que se refiere la presente disposición se prorroga por diez años, conforme establece la disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre),a partir de la entrada en vigor de la misma. Ir a Norma
Ir a Norma L 30/1992 de 26 Nov. (régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)
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Téngase en cuenta que dicho capítulo fue derogado por la Ley 30/1992, 26 noviembre («B.O.E.», 27 noviembre), Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ir a Norma
Sentencia 17/1991 de 31 de Ene. (recursos de inconstitucionalidad 830/1985, 847/1985, 850/1985 y 858/1985 -acumulados- promovidos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por la Junta de Galicia, por el Gobierno Vasco y por el Parlamento de Cataluña, contra determinados preceptos de la L 16/1985 de 25 Jun., reguladora del Patrimonio Histórico - Se declara que los arts. 2.3, 9.1, sexta, 9.2, 9.5, párr. final, 49, párr. 5.º y Disposición Transitoria Primera no son inconstitucionales, interpretados en ciertos términos)
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Número 3 del artículo 2 declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, 31 enero («B.O.E.» 25 febrero), si se interpreta en el sentido y alcance fijado en su Fundamento de Derecho 6º. Ir a Norma Número 1 del artículo 9 declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, 31 enero («B.O.E.» 25 febrero), si se interpreta en el sentido fijado en su Fundamento de Derecho 10. Ir a Norma Numero 2 del artículo 9 declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, 31 enero ("B.O.E." 25 febrero), si se interpreta en el sentido fijado en su Fundamento de Derecho 10. Ir a Norma Párrafo final del número 5 del artículo 9 declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, 31 enero («B.O.E.» 25 febrero), si se interpreta en el sentido fijado en su Fundamento de Derecho 10. Ir a Norma Número 5 del artículo 49 declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, 31 enero («B.O.E.» 25 febrero), si se interpreta en el sentido y alcance fijado en su Fundamento de Derecho 11. Ir a Norma Número 1 de la Disposión Transitoria 6ª declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, 31 enero («B.O.E.» 25 febrero), si se interpreta en el sentido fijado en su Fundamento de Derecho 10. Ir a Norma
Ir a Norma L 4/1989 de 27 Mar. (conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestres)
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Téngase en cuenta que esta Ley fue derogada por Ley 4/1989, 27 marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Ir a Norma
Otras afectaciones anteriores
Ir a Norma L 50/1998 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Número 2 del artículo 32 redactado por Ley 50/1998, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ir a Norma L 43/1995 de 27 Dic. (impuesto sobre sociedades)
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Artículo 71 derogado por Ley 43/1995, 27 diciembre («B.O.E.» 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades. Disposición Transitoria 4ª derogada por Ley 43/1995, 27 diciembre («B.O.E.» 28 diciembre), del Impuesto sobre Sociedades.
L 42/1994 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y de orden social)
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Disposición Adicional 9.ª redactada por Ley 42/1994, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).
Ir a Norma L 30/1994 de 24 Nov. (fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general)
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Artículo 73 redactado por Ley 30/1994, 24 noviembre («B.O.E.» 25 noviembre), de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general.
L 21/1993 de 29 Dic. (presupuestos generales del Estado para 1994)
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Disposición Adicional 9ª redactada por Ley 21/1993, 29 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1994.
L 37/1988 de 28 Dic. (Presupuestos Generales del Estado para 1989)
L 33/1987 de 23 Dic. (Presupuestos Generales del Estado para 1988)
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Letra I) del artículo 30 redactada por Ley 33/1987, 23 diciembre («B.O.E.» 24 diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1988.
Ley 16/1985, 25 junio, rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 11 diciembre).

El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la Contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional.

Exigencias, que en el primer tercio del siglo constituyeron para el Legislador un mandato similar, fueron ejemplarmente cumplidas por los protagonistas De nuestra mejor tradición intelectual, jurídica y democrática, como es buena muestra el positivo legado recibido de la Ley de 13 de mayo de 1933.Pese a este reconocimiento, lo cierto es que la recuperación por nuestro pueblo de su libertad determinó que, desde los primeros momentos en que tan feliz proceso histórico se consumó, se emprendiera la tarea de elaborar una nueva y más amplia respuesta legal a tales exigencias, un verdadero código de nuestro Patrimonio Histórico, en el que los proyectos de futuro se conformaran a partir de las experiencias acumuladas.

Su necesidad fue sentida, en primer término, a causa de la dispersión normativa que, a lo largo del medio siglo transcurrido desde la entrada en vigor de la venerable Ley, ha producido en nuestro ordenamiento jurídico multitud de fórmulas con que quisieron afrontarse situaciones concretas en aquel momento no previstas o inexistentes. Deriva asimismo esta obligación de la creciente preocupación sobre esta materia por parte de la comunidad internacional y de sus organismos representativos, la cual ha generado nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los bienes históricos y culturales, que se han traducido en Convenciones y Recomendaciones, que España ha subscrito y observa, pero a las que su legislación interna no se adaptaba. La revisión legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de competencias entre el Estado y Comunidades Autónomas que, en relación a tales bienes, emana de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La presente Ley es dictada, en consecuencia, en virtud de normas contenidas en los apartados 1 y 2 del artículo 149 de nuestra Constitución, que para el legislador y la Administración estatal suponen tanto un mandato como un título competencial.

Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquélla como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico.

Ello no supone que las medidas de protección y fomento se desplieguen de modo uniforme sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes, en virtud de la Ley, de nuestro Patrimonio Histórico. La Ley establece distintos niveles de protección que se corresponden con diferentes categorías legales. La más genérica y que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio Histórico Español, constituido éste por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal. En torno a ese concepto se estructuran las medidas esenciales de la Ley y se precisan las técnicas de intervención que son competencia de la Administración del Estado, en particular su defensa contra la exportación ilícita y su protección frente a la expoliación.

En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los cuales recae.

La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa valoración sea posible, pues la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.

Así la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al que ahora se contempla en países próximos al nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por su acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una política adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico Español. Una política que complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él, pero también cuantas más ayudas se establezcan para atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes públicos quienes facilitan aquéllas.

El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando.

En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos.