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Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical acumulado. | |
Don Juan Carlos I,
Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
1. Dos son los problemas fundamentales cuya solución aborda el presente proyecto de Ley; por una parte, el grave y complejo problema de la titularidad de los bienes y derechos procedentes de la antigua organización sindical y de las demás entidades sindicales anteriores al nuevo sistema de libertad y pluralidad sindicales consagrado por la Constitución y, por otra, el contenido historico derivado de la incautación de los bienes de las organizaciones sindicales democraticas, como consecuencia de la guerra civil española, al tener que cumplir, hoy día, con las funciones que la propia Norma Fundamental Española les reconoce y garantiza.
Y al abordar ambas cuestiones, se han tenido siempre presentes los principios de seguridad jurídica y de respeto a esa misma libertad sindical.
Con ello, el Gobierno, al patrocinar esta norma mediante su iniciativa legislativa, cumple el compromiso que adquirio en el acuerdo económico y social, elaborando el oportuno proyecto de Ley, tras haber consultado a las organizaciones sindicales y empresariales mas representativas.
2. Se han venido realizando, desde la administración, asignaciones particulares a los sindicatos y organizaciones empresariales de concretos y determinados bienes, con el fin de permitirles cumplir mejor sus fines propios cerca de los trabajadores o empresarios respectivos. Sin embargo, estas cesiones tenian lugar fuera de un marco general normativo que las regulase adecuadamente y se hacia, consecuentemente, imprescindible llevar a cabo una normación especifica que viniera a configurar de manera clará la posibilidad de asignar a los sujetos de las actividades sindicales el uso de aquellos bienes, en base a las funciones que la propia Constitución les asigna.
3. En primer termino, se persigue dar un unico y coherente tratamiento jurídico al actual Estado de desconexión en que los originarios patrimonios de naturaleza sindical se encuentren y, para ello, bajo una rubrica de Patrimonio Sindical acumulado, consagrada por la continuada practica sindical y reflejada, incluso, en textos internacionales, se integran dos grandes conjuntos patrimoniales que, al desaparecer la antigua organización sindical, habian perdido su anterior relación: el propio de dicha organización sindical, por una parte, y los varios patrimonios de otros tantos variados entes que, pese a depender jerarquica u organizativamente de aquella, tenian, no obstante, un patrimonio separado, propio y exclusivo.
Por otro lado, una vez reunidos todos esos conjuntos patrimoniales, la cuestión de la atribución de la titularidad sobre ellos, con carácter unico aparece como obligado corolario en atención al principio de seguridad jurídica. La solución jurídica a los diferentes patrimonios sindicales, aunados en la categoría del Patrimonio Sindical acumulado, exige atribuir su titularidad unitariamente a la Administración del Estado, mas no con el carácter global de bienes de dominio público por faltar en aquellos elementos patrimoniales la suficiente coherencia interna, cualitativa y teleologica para ello. El régimen jurídico uniforme de tales bienes ha de ser, por el contrario, el derivado de su inclusión dentro del Patrimonio del Estado.
De igual manera, el mismo principio de seguridad jurídica exigira también dejar a salvo de la integración armonizadora que se establece por Ministerio de la Ley para todos los patrimonios de origen o naturaleza sindical, a aquellas titularidades jurídicas que con anterioridad ya se hubieran consolidado legalmente en poder de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, públicas o privadas.
4. El particular régimen jurídico del Patrimonio Sindical acumulado dentro del restante Patrimonio del Estado, habra de estar delimitado por la finalidad de su posible cesión en uso a los sindicatos de trabajadores y a las organizaciones empresariales. La admisibilidad generica de las cesiones gratuitas de bienes a los sindicatos por parte de la administración, ha sido admitida inequivocamente, por lo demás, por el Tribunal Constitucional, quien en su sentencia, de la sala segunda, 99/1983, de 16 de noviembre, fundamento 2, señalo que en si misma considerada la cesión de locales a unas centrales sindicales para el ejercicio de las funciones que les son propias no puede considerarse atentatoria a la libertad sindical. Y, como correlato necesario de esta posibilidad generica de cesión, sera imprescindible definir el completo marco en el que estas especiales cesiones jurídico administrativas habrian de tener cabida. Asimismo, parece conveniente enmarcar este proyecto de Ley dentro de las directrices que establece la Ley Orgánica de libertad sindical, como por la doctrina jurisprudencial mantenida por el Tribunal Constitucional, en su sentencia numero 98/1985, de 29 de julio.
El criterio subjetivo desencadenante de las cesiones habría de ser el que con tal carácter figura en la correspondiente Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Los destinatarios de las cesiones del Patrimonio Sindical acumulado seran congruentemente, los sindicatos y preferentemente los mas representativos, en proporción a su representatividad. El criterio, por lo demás, se complementará con la posterior referencia a las organizaciones empresar en el ámbito formal, la Ley ha configurado un particular régimen jurídico administrativo para estas cesiones, tildandolas de juridicamente limitadas, gratuitas y, sobre todo, causales, sirviendo como pauta de definición jurídica el criterio teleologico o de la finalidad a la que los bienes y derechos constitutivos del Patrimonio Sindical acumulado sirvieron en su momento, criterio este destacado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, singularmente en el caso numero 900. Por lo demás, la articulación formal de estas cesiones obliga, por un lado, a que se forme por la administración un inventario fiel y exacto de todo el activo y pasivo del Patrimonio Sindical acumulado, camino imprescindible para cualquier intento de solución adecuada; y, en segundo lugar, a que se constituya en el seno de la propia organización administrativa un organo encargado de la gestión directa cerca de la autoridad decisoria de todo el régimen de entregas limitadas que se preve, contando con la participación institucional de los sindicatos y organizaciones empresariales.
5. Por otra parte, utilizando el cauce formal que le ofrece la regulación del Patrimonio Sindical acumulado, el legislador ha querido, sin embargo, regular aquellos bienes y derechos que en su día fueron incautados a los sindicatos, de manera que se restituya a estos en el presente lo que otrora se les incauto.
Para ello, se exigira, no obstante, un doble condicinamiento, subjetivo y objetivo. Subjetivamente, la restitución se hará a los sindicatos que acrediten ser los legitimos sucesores de los que en su momento existieron, dando a la expresión sucesor el sentido que le confieren los reiterados informes del propio Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Objetivamente, la restitución alcanzaria a los propios bienes que en su momento se incautaron, de ahí que si esta restitución no fuera ya posible, bien por haber pasado los bienes a poder de terceros, bien por haber aquellos desaparecido o sufrido alteraciones sustanciales que impidan su concordancia integra con los bienes originarios, el Estado compensaria su valor a los sindicatos en cuestión.
6. En definitiva, se ha tratado de solucionar, mediante el instrumento normativo del mayor rango, la cesión a las organizaciones sindicales y empresariales de los bienes integrantes del denominado Patrimonio Sindical acumulado y la devolución o, en su caso, compensación de los bienes del denominado Patrimonio Sindical historico, compatibilizando los principios, por una parte, de libertad y representatividad sindical y, por otra, de seguridad jurídica.
Uno. Constituyen el Patrimonio Sindical acumulado, todos los bienes, derechos y obligaciones de contenido patrimonial, que habiendo pertenecido a la antigua organización sindical se transfirieron integramente al organismo autónomo administración institucional de servicios socio-profesionales por virtud del Real Decreto-ley 19/1976, de 8 de octubre, así como todos aquellos que constituian los patrimonios privativos de los antiguos sindicatos y demás entidades sindicales que, conforme a la Ley sindical 2/1971, de 17 de febrero, tenian personalidad jurídica propia.
Dos. El Patrimonio Sindical acumulado se integra en el Patrimonio del Estado, subrogandose la Administración del Estado en las titularidades activas y pasivas, referidas a tales patrimonios en los mismos terminos que correspondieran a los anteriores entes titulares.
Tres. La certificación administrativa expedida por el Ministerio de trabajo y seguridad social sera título suficiente para inmatricular en el registro de la propiedad a favor de la Administración del Estado los inmuebles que no esten inscritos a favor de persona alguna, con arreglo a lo que dispone la Ley Hipotecaria. Tratandose de bienes inscritos a nombre de personas distintas de la Administración del Estado que, con arreglo a la Ley, hayan pasado a pertenecer a esta, bastará con la solicitud dirigida por el citado Ministerio al registrador de la propiedad para inscribirlos a nombre de la Administración del Estado.
De la integración establecida en el artículo anterior se exceptuarán unicamente los bienes y derechos cuya titularidad dominical con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, hubiera sido legitimamente adquirida por terceros o hubiese sido transferida, con arreglo a las disposiciones vigentes en cada caso.
Los bienes y derechos a que se refiere el artículo primero de la presente Ley, seran objeto de cesión en uso en favor de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales, con preferencia de quienes ostenten la condición de mas representativos con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, y el resto del Ordenamiento Jurídico. Los bienes, derechos y obligaciones del Patrimonio Sindical acumulado que no sean cedidos a los sindicatos y asociaciones empresariales, ni retenidos para la finalidad a que se refiere el artículo 4.1 de la presente Ley, quedarán integrados en el Patrimonio del Estado y sujetos en todo a las disposiciones de su Ley reguladora, previa la realización del inventario a que hace referencia la disposición adicional primera de la presente Ley.
Uno. La distribución entre los distintos adjudicatarios de los bienes integrantes del Patrimonio Sindical acumulado se hará conforme al criterio de finalidad a que estuvieron destinados dichos bienes en la antigua organización sindical y en los demás entes sindicales personificados.
Dos. El objeto de las cesiones a los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales es el de satisfacer directamente sus necesidades de funcionamiento y organización y, en especial, las de aquellos, que por su condición de mas representativos, deban cumplir las funciones que les atribuye la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el resto del Ordenamiento Jurídico.
El régimen jurídico de las cesiones de los bienes y derechos integrantes del Patrimonio Sindical acumulado se ajustará a las reglas siguientes:
Las cesiones atribuiran a las entidades beneficiarias y a las federadas en ellas el derecho a utilizar los bienes conforme a su destino, con arreglo a las normas generales del ordenamiento jurídico administrativo, no pudiendo, el cesionario transmitir o ceder a terceros, por ningún título, todo o parte de los bienes cedidos, ni alterar, en modo alguno, los requisitos y terminos de la cesión. En cualquier caso, la propiedad seguira perteneciendo al Patrimonio del Estado, y así se hará constar, en su caso, en el registro de la propiedad, al inscribir los titulos atributivos de las correspondientes cesiones.
La preferencia a que se refiere el artículo tres y las cesiones efectuadas en virtud de la misma, estarán supeditadas siempre al mantenimiento de la condición de mas representativa de la entidad beneficiaria correspondiente, caducando, en todo caso, por incumplimiento de los requisitos a los que se condiciono su otorgamiento.
Las cesiones tendran carácter gratuito, debiendo reintegrarse los bienes en el mismo Estado originario en el que fueron cedidos. Sin perjuicio de ello, el retorno de los bienes se hará con todas las accesiones y con todas las mejoras necesarias y utiles que hubiesen experimentado, quedando todo ello en favor del Patrimonio del Estado.
Todos los gastos derivados del uso y mantenimiento de los bienes cedidos seran a cargo de los respectivos cesionarios. Sin embargo, si se tratase de cargas o gravamenes de naturaleza tributaria, se estará a lo previsto en cada caso por las respectivas normas tributarias aplicables.
Las cesiones se efectuarán de acuerdo con criterios de distribución geografica por comunidades autónomas, con las correcciones de carácter provincial o, en su caso, local, precisas para asegurar siempre la adecuada distribución entre las diferentes entidades beneficiarias, en atención a su representatividad global.
Si las cesiones comprendieran bienes inmuebles, se efectuarán en las condiciones técnicas y jurídicas que permitan la utilización adecuada de los bienes por los cesionarios conforme a la presente Ley.
El régimen jurídico de la gestión de los bienes y derechos integrantes del Patrimonio Sindical acumulado, se ajustará a las reglas siguientes:
Los actos administrativos de gestión, cesión, alteración y revocación relativos a los bienes y derechos del Patrimonio Sindical acumulado seran dictados por el Ministro de trabajo y seguridad social, oida en todo caso la comisión consultiva.
La comisión consultiva dependera del Ministro de trabajo y seguridad social y se integrará por representantes de la Administración del Estado y de las organizaciones sindicales y empresariales mas representativas
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Corresponde a la comisión consultiva:
Efectuar propuestas de cesiones de los bienes y derechos a que se refiere esta Ley.
Informar las solicitudes de cesiones de bienes y derechos que presenten los interesados.
Informar las alteraciones y revocaciones que hayan de experimentar los actos administrativos de cesión.
Conocer e informar de la gestión que las entidades beneficiarias efectuen, respecto de los bienes cedidos, proponiendo la adopción de las medidas que considere pertinentes.
Conocer de las sustituciones y permutas del patrimonio que se vayan a efectuar.
1. La adquisición a título oneroso de los bienes inmuebles para el cumplimiento de los fines previstos en esta Ley se efectuará por el Ministerio de Trabajo y Seguridad social mediante concurso público, salvo que, en atención a las peculiaridades de las necesidades a satisfacer o la urgencia de la adquisición a efectuar, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social autorice la adquisición directa.
2. La enajenación de bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Sindical acumulado se realizará por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando su valor, según tasación pericial, no exceda de 2.000 millones de pesetas, o por el Gobierno, cuando sobrepasando dicha cuantía no exceda de 4.000 millones de pesetas.
La enajenación de los bienes inmuebles, valorados en mas de 4.000 millones de pesetas, deberá ser autorizada mediante Ley.
La enajenación de los bienes inmuebles se realizará mediante subasta pública, salvo cuando el consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, autorice su enajenación directa.
Cuando se trate de bienes de valor no superior a 1.000 millones de pesetas, la enajenación directa deberá ser autorizada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
3. El importe de la enajenación de bienes integrados en el patrimonio sindical acumulado se destinará a la adquisición de bienes de valor equivalente, obras de construcción, conservación, reforma, acondicionamiento y mejora de los bienes del patrimonio sindical acumulado y, en general, a las finalidades previstas en esta Ley y en su reglamento ejecutivo.
4. Asimismo podrán permutarse, mediante autorización del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Sindical acumulado por bienes de valor equivalente pertenecientes a otras personas con Igual finalidad que la expresada en el numero anterior.
5. La comisión consultiva tripartita será oída, en todo caso, en los actos de disposición a que se refiere el presente artículo.
Todo acto contrario a lo dispuesto en la presente Ley para las cesiones patrimoniales referidas, sera nulo de pleno derecho, tanto si se trata de actos de la administración, como de los cesionarios.
Las cesiones del uso de bienes a los que se refiere la presente Ley, que hubiesen sido efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, deberan ser objeto de la correspondiente regularización mediante resolución dictada por el Ministro de trabajo y seguridad social, previo informe de la comisión consultiva, prevista en el artículo sexto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En el plazo de dieciocho meses, la Administración confeccionará un inventario actualizado de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el Patrimonio Sindical acumulado, oida en todo caso la comisión consultiva del artículo sexto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Se autoriza al Gobierno para desarrollar reglamentariamente cuanto se establece en la presente Ley, pudiendo, incluso, determinar que las cesiones se refieran solo a bienes de naturaleza inmobiliaria. En todo lo no previsto en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, se aplicará supletoriamente la legislación reguladora del Patrimonio del Estado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, el patrimonio de aquellas corporaciones de Derecho público, creadas al amparo de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 31/1977, de 2 de junio, que con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, quedaren extinguidas en virtud de disposición legal, se incorporará al Patrimonio Sindical acumulado una vez practicadas las operaciones que prevea la correspondiente Ley extintiva, aplicandose, en todo caso, para su cesión en uso al criterio de finalidad, establecido en el artículo 4.1 de la presente Ley.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley, quedarán excluidos de esta los bienes y derechos que a la entrada en vigor del Decreto de 13 de septiembre de 1936 pertenecían a las organizaciones sindicales o a personas jurídicas afiliadas, asociadas o vinculadas a aquellas, ya entonces existentes.
Tales bienes y derechos serán reintegrados en pleno dominio a dichas organizaciones debidamente inscritos a su nombre por cuenta del Estado o, en su caso, a aquellos sindicatos de trabajadores que acrediten ser sus legítimos sucesores, previa solicitud de los beneficiarios antes del 31 de enero de 2006.
También serán reintegrados a las mencionadas organizaciones sindicales, con los mismos requisitos y en las mismas condiciones, aquellos bienes y derechos que, habiendo pertenecido a una organización sindical o a una persona jurídica de naturaleza mercantil, cooperativa o fundacional, que hubiera estado afiliada, asociada o vinculada a aquella en el momento de la entrada en vigor del Decreto de 13 de septiembre de 1936, no se incorporaron al patrimonio de la antigua organización sindical por consecuencia o efecto de lo previsto en una disposición legal o reglamentaria.
2. Sin embargo, si los bienes o derechos pertenecientes a las organizaciones sindicales o a las personas jurídicas mencionadas en el apartado anterior no pudieran ser reintegrados, por cualquier causa, conforme a lo dispuesto en dicho apartado, el Estado compensará pecuniariamente su valor, considerando como tal el normal de mercado que a la entrada en vigor de esta Ley tendrían los citados bienes y derechos de haber seguido perteneciendo a aquellas, aplicando a la cantidad resultante el interés legal del dinero desde dicha entrada en vigor hasta el último día del mes anterior al que se acuerde la compensación.
Los bienes muebles situados dentro de los inmuebles se valorarán en un 3% del valor de compensación de estos últimos.
Dicho valor será fijado en cada caso por decisión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previo informe del Ministro de Economía y Hacienda.
3. Los bienes y derechos cuya reintegración no se solicite en el plazo establecido se inscribirán a nombre del Estado y será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y sus normas de desarrollo.
Todos los actos o negocios que hayan de efectuarse, por virtud de lo dispuesto en la presente Ley, estarán exentos de tributación. Los instrumentos públicos y los asientos que, en su caso, se practiquen en el registro de la propiedad u otros registros públicos, gozarán de los mismos beneficios que los establecidos en favor del Estado en la legislación vigente respecto a los honorarios que hubieren de satisfacerse.
Queda suprimido el organismo autónomo administración institucional de servicios socioprofesionales, subrogandose la Administración del Estado en todas las titularidades jurídicas activas y pasivas que con anterioridad correspondian a aquel.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTIMA.
Los cambios de titularidad que se produzcan en los contratos de arrendamiento, como consecuencia de lo dispuesto en la presente Ley, no darán por si solos derecho al arrendador para extinguir o renovar el contrato.
1. Corresponde al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales autorizar, previo informe de la Intervención Delegada en el Departamento, las generaciones de crédito contempladas en los apartados b y c del artículo 71 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, motivadas por ingresos procedentes de la enajenación y de la explotación de los bienes y derechos integrantes del Patrimonio Sindical Acumulado, y las incorporaciones de los créditos generados por las operaciones anteriormente descritas.
2. Los remanentes incorporados según lo prevenido en el apartado anterior podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en que la incorporación se acuerde o en los ejercicios subsiguientes.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletin Oficial del Estado.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
- Juan Carlos R. -
El presidente del Gobierno,
Felipe González Márquez
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