Ley Org醤ica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupci髇 voluntaria del embarazo

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Sumario

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de junio de 2023, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 3630-2023, contra los siguientes preceptos de la Ley Org醤ica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Org醤ica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupci髇 voluntaria del embarazo: art韈ulo 鷑ico, apartados tres, seis, siete, ocho y nueve [correspondientes con los arts. 3.1.c), 5.1.f), 7 bis k), 10 ter, 11.3 y 4 p醨rafo segundo y 11 bis 1 y 2 LO 2/2010]; apartados seis y veintid髎 (correspondientes con los arts. 6 y 26, incisos finales, LO 2/2010); apartado ocho [correspondiente con el art. 9.1.a) LO 2/2010]; apartado once (correspondiente con el art. 13 bis 1 LO 2/2010); apartado doce (correspondiente con el art. 14 LO 2/2010), disposici髇 final segunda (modificaci髇 del art. 145 bis de la Ley Org醤ica 10/1995, de 10 de noviembre, del C骴igo Penal); apartado trece (correspondiente con el art. 16.1 inciso final LO 2/2010); apartado catorce (correspondiente con el art. 17.2, 3 y 5 segundo p醨rafo LO 2/2010); y apartado diecinueve (correspondiente con el art. 19 ter 1 y 3 LO 2/2010) (獴.O.E.� 28 junio).LE0000764283

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org醤ica.

PRE罬BULO

I

El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreaci髇 est醤 directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protecci髇 a trav閟 de distintos derechos fundamentales, se馻ladamente, de aquellos que garantizan la integridad f韘ica y moral y la intimidad personal y familiar. La decisi髇 de tener hijos y cu醤do tenerlos constituye uno de los asuntos m醩 韓timos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un 醡bito esencial de la autodeterminaci髇 individual. Los poderes p鷅licos est醤 obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, tambi閚, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atenci髇 sanitaria, asesoramiento o informaci髇.

La protecci髇 de este 醡bito de autonom韆 personal tiene una singular significaci髇 para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relaci髇 de los derechos de las mujeres con la protecci髇 de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos internacionales. As�, en el 醡bito de Naciones Unidas, la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resoluci髇 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su art韈ulo 12 que 獿os Estados Partes adoptar醤 todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci髇 contra la mujer en la esfera de la atenci髇 m閐ica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atenci髇 m閐ica, incluidos los que se refieren a la planificaci髇 familiar�. Por otro lado, la Plataforma de Acci髇 de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que 玪os derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminaci髇 y violencia�. En el 醡bito de la Uni髇 Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resoluci髇 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepci髇, embarazos no deseados y educaci髇 afectivo sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constataci髇 de las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepci髇 y a la interrupci髇 voluntaria del embarazo en funci髇 de sus ingresos, su nivel de renta o el pa韘 de residencia.

Por su parte, la Convenci髇 sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por Espa馻, establece la obligaci髇 de los Estados Partes de respetar 玡l derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el n鷐ero de hijos que quieren tener [...] a tener acceso a informaci髇, educaci髇 sobre reproducci髇 y planificaci髇 familiar apropiada para su edad y a que se provean los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos�, as� como a que 玬antengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que los dem醩�.

La presente Ley pretende adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta materia, mediante la actualizaci髇 de las pol韙icas p鷅licas y la incorporaci髇 de nuevos servicios de atenci髇 de la salud sexual y reproductiva. La Ley parte de la convicci髇, avalada por el mejor conocimiento cient韋ico, de que una educaci髇 afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a pr醕ticas cl韓icas efectivas de planificaci髇 de la reproducci髇, mediante la incorporaci髇 de anticonceptivos de 鷏tima generaci髇, cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia cient韋ica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo m醩 efectivo de prevenir, especialmente en personas j髒enes, las infecciones de transmisi髇 sexual, los embarazos no deseados y los abortos.

La Ley aborda la protecci髇 y garant韆 de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento las definiciones de la Organizaci髇 Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva y prev� la adopci髇 de un conjunto de acciones y medidas tanto en el 醡bito sanitario como en el educativo. Establece, asimismo, una nueva regulaci髇 de la interrupci髇 voluntaria del embarazo fuera del C骴igo Penal que, siguiendo la pauta m醩 extendida en los pa韘es de nuestro entorno pol韙ico y cultural, busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal.

II

El primer deber del legislador es adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular, procurando siempre que la innovaci髇 normativa genere certeza y seguridad en las personas a quienes se destina, pues la libertad s髄o encuentra refugio en el suelo firme de la claridad y precisi髇 de la Ley. Ese es el esp韗itu que inspira la nueva regulaci髇 de la interrupci髇 voluntaria del embarazo.

Hace un cuarto de siglo, el legislador, respondiendo al problema social de los abortos clandestinos, que pon韆n en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres y atendiendo a la conciencia social mayoritaria que reconoc韆 la relevancia de los derechos de las mujeres en relaci髇 con la maternidad, despenaliz� ciertos supuestos de aborto. La reforma del C骴igo Penal supuso un avance al posibilitar el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro cuando concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas: grave peligro para la vida o la salud f韘ica y ps韖uica de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violaci髇 o cuando se presumiera la existencia de graves taras f韘icas o ps韖uicas en el feto. A lo largo de estos a駉s, sin embargo, la aplicaci髇 de la ley ha generado incertidumbres y pr醕ticas que han afectado a la seguridad jur韉ica, con consecuencias tanto para la garant韆 de los derechos de las mujeres como para la eficaz protecci髇 del bien jur韉ico penalmente tutelado y que, en contra del fin de la norma, eventualmente han podido poner en dificultades a los profesionales sanitarios de quienes precisamente depende la vigilancia de la seguridad m閐ica en las intervenciones de interrupci髇 del embarazo.

La necesidad de reforzar la seguridad jur韉ica en la regulaci髇 de la interrupci髇 voluntaria del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de marzo de 2007 en la que se afirma, por un lado, que 玡n este tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posici髇 jur韉ica de la mujer embarazada� y, por otro lado, que 玼na vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo�.

En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador, dentro del marco de opciones que la Constituci髇 deja abierto, desarrollar los derechos fundamentales de acuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento hist髍ico. La experiencia acumulada en la aplicaci髇 del marco legal vigente, el avance del reconocimiento social y jur韉ico de la autonom韆 de las mujeres tanto en el 醡bito p鷅lico como en su vida privada, as� como la tendencia normativa imperante en los pa韘es de nuestro entorno, abogan por una regulaci髇 de la interrupci髇 voluntaria del embarazo presidida por la claridad en donde queden adecuadamente garantizadas tanto la autonom韆 de las mujeres, como la eficaz protecci髇 de la vida prenatal como bien jur韉ico. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resoluci髇 1607/2008, de 16 abril, reafirm� el derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad f韘ica y a la libre disposici髇 de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisi髇 鷏tima de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, ha invitado a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestaci髇 razonables.

En la concreci髇 del modelo legal, se ha considerado de manera especialmente atenta la doctrina constitucional derivada de las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia. As�, en la sentencia 53/1985, el Tribunal, perfectamente dividido en importantes cuestiones de fondo, enunci� sin embargo, algunos principios que han sido respaldados por la jurisprudencia posterior y que aqu� se toman como punto de partida. Una de esas afirmaciones de principio es la negaci髇 del car醕ter absoluto de los derechos e intereses que entran en conflicto a la hora de regular la interrupci髇 voluntaria del embarazo y, en consecuencia, el deber del legislador de 玴onderar los bienes y derechos en funci髇 del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podr韆 admitirse la prevalencia de uno de ellos� (STC 53/1985). Pues si bien 玪os no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el art韈ulo 15 de la Constituci髇� esto no significa que resulten privados de toda protecci髇 constitucional (STC 116/1999). La vida prenatal es un bien jur韉ico merecedor de protecci髇 que el legislador debe hacer eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garant韆 se configure e instrumente estar� siempre intermediada por la garant韆 de los derechos fundamentales de la mujer embarazada.

La ponderaci髇 que el legislador realiza ha tenido en cuenta la doctrina de la STC 53/1985 y atiende a los cambios cualitativos de la vida en formaci髇 que tienen lugar durante el embarazo, estableciendo, de este modo, una concordancia pr醕tica de los derechos y bienes concurrentes a trav閟 de un modelo de tutela gradual a lo largo de la gestaci髇.

La presente Ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisi髇 inicial sobre su embarazo y que esa decisi髇, consciente y responsable, sea respetada. El legislador ha considerado razonable, de acuerdo con las indicaciones de las personas expertas y el an醠isis del derecho comparado, dejar un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisi髇 libre e informada sobre la interrupci髇 del embarazo, sin interferencia de terceros, lo que la STC 53/1985 denomina 玜utodeterminaci髇 consciente�, dado que la intervenci髇 determinante de un tercero en la formaci髇 de la voluntad de la mujer gestante, no ofrece una mayor garant韆 para el feto y, a la vez, limita innecesariamente la personalidad de la mujer, valor amparado en el art韈ulo 10.1 de la Constituci髇.

La experiencia ha demostrado que la protecci髇 de la vida prenatal es m醩 eficaz a trav閟 de pol韙icas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad. Por ello, la tutela del bien jur韉ico en el momento inicial de la gestaci髇 se articula a trav閟 de la voluntad de la mujer, y no contra ella. La mujer adoptar� su decisi髇 tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de las consecuencias m閐icas, psicol骻icas y sociales derivadas de la prosecuci髇 del embarazo o de la interrupci髇 del mismo, as� como de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y despu閟 de la intervenci髇. La Ley dispone un plazo de reflexi髇 de al menos tres d韆s y, adem醩 de exigir la claridad y objetividad de la informaci髇, impone condiciones para que 閟ta se ofrezca en un 醡bito y de un modo exento de presi髇 para la mujer.

En el desarrollo de la gestaci髇, 玹iene -como ha afirmado la STC 53/1985- una especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre�. El umbral de la viabilidad fetal se sit鷄, en consenso general avalado por la comunidad cient韋ica y basado en estudios de las unidades de neonatolog韆, en torno a la vig閟imo segunda semana de gestaci髇. Es hasta este momento cuando la Ley permite la interrupci髇 del embarazo siempre que concurra alguna de estas dos indicaciones: 玵ue exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada�, o 玵ue exista riesgo de graves anomal韆s en el feto�. Estos supuestos de interrupci髇 voluntaria del embarazo de car醕ter m閐ico se regulan con las debidas garant韆s a fin de acreditar con la mayor seguridad posible la concurrencia de la indicaci髇. A diferencia de la regulaci髇 vigente, se establece un l韒ite temporal cierto en la aplicaci髇 de la llamada indicaci髇 terap閡tica, de modo que en caso de existir riesgo para la vida o salud de la mujer m醩 all� de la vig閟imo segunda semana de gestaci髇, lo adecuado ser� la pr醕tica de un parto inducido, con lo que el derecho a la vida e integridad f韘ica de la mujer y el inter閟 en la protecci髇 de la vida en formaci髇 se armonizan plenamente.

M醩 all� de la vig閟imo segunda semana, la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupci髇 del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en que 玸e detecten anomal韆s fetales incompatibles con la vida�, en que decae la premisa que hace de la vida prenatal un bien jur韉ico protegido en tanto que proyecci髇 del art韈ulo 15 de la Constituci髇 (STC 212/1996). El segundo supuesto se circunscribe a los casos en que 玸e detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagn髎tico y as� lo confirme un comit� cl韓ico�. Su comprobaci髇 se ha deferido al juicio experto de profesionales m閐icos conformado de acuerdo con la evidencia cient韋ica del momento.

La Ley establece adem醩 un conjunto de garant韆s relativas al acceso efectivo a la prestaci髇 sanitaria de la interrupci髇 voluntaria del embarazo y a la protecci髇 de la intimidad y confidencialidad de las mujeres. Con estas previsiones legales se pretende dar soluci髇 a los problemas a que hab韆 dado lugar el actual marco regulador tanto de desigualdades territoriales en el acceso a la prestaci髇 como de vulneraci髇 de la intimidad. As�, se encomienda a la Alta Inspecci髇 velar por la efectiva igualdad en el ejercicio de los derechos y el acceso a las prestaciones reconocidas en esta Ley.

Asimismo se recoge la objeci髇 de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupci髇 voluntaria del embarazo, que ser� articulado en un desarrollo futuro de la Ley.

Se ha dado nueva redacci髇 al art韈ulo 145 del C骴igo Penal con el fin de limitar la pena impuesta a la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los casos permitidos por la ley eliminando la previsi髇 de pena privativa de libertad, por un lado y, por otro, para precisar la imposici髇 de las penas en sus mitades superiores en determinados supuestos. Asimismo se introduce un nuevo art韈ulo 145 bis, a fin de incorporar la penalidad correspondiente de las conductas de quienes practican una interrupci髇 del embarazo dentro de los casos contemplados por la ley, pero sin cumplir los requisitos exigidos en ella.

Finalmente, se ha modificado la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, B醩ica Reguladora de la Autonom韆 del Paciente con el fin de que la prestaci髇 del consentimiento para la pr醕tica de una interrupci髇 voluntaria del embarazo se sujete al r間imen general previsto en esta Ley y eliminar la excepcionalidad establecida en este caso.

III

La Ley se estructura en un T韙ulo preliminar, dos T韙ulos, tres disposiciones adicionales, una disposici髇 derogatoria y seis disposiciones finales.

El T韙ulo Preliminar establece el objeto, las definiciones, los principios inspiradores de la ley y proclama los derechos que garantiza.

El T韙ulo Primero, bajo la r鷅rica 獶e la salud sexual y reproductiva, se articula en cuatro cap韙ulos. En el cap韙ulo I se fijan los objetivos de las pol韙icas p鷅licas en materia de salud sexual y reproductiva. El cap韙ulo II contiene las medidas en el 醡bito sanitario y el cap韙ulo III se refiere a las relativas al 醡bito educativo. El cap韙ulo IV tiene como objeto la previsi髇 de la elaboraci髇 de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como instrumento de colaboraci髇 de las distintas administraciones p鷅licas para el adecuado desarrollo de las pol韙icas p鷅licas en esta materia.

En el T韙ulo Segundo se regulan las condiciones de la interrupci髇 voluntaria del embarazo y las garant韆s en el acceso a la prestaci髇.

La disposici髇 adicional primera mandata que la Alta Inspecci髇 verifique el cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley.

La disposici髇 adicional segunda impone al Gobierno la evaluaci髇 del coste econ髆ico de los servicios y prestaciones incluidos en la Ley as� como la adopci髇 de medidas previstas en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesi髇 y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, la disposici髇 adicional tercera se refiere al acceso a los m閠odos anticonceptivos y su inclusi髇 en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

La disposici髇 derogatoria deroga el art韈ulo 417 bis del C骴igo Penal introducido en el C骴igo Penal de 1973 por la Ley Org醤ica 9/1985, de 5 de julio, y cuya vigencia fue mantenida por el C骴igo Penal de 1995.

La disposici髇 final primera da nueva redacci髇 al art韈ulo 145 del C骴igo Penal e introduce un nuevo art韈ulo 145 bis, y la disposici髇 final segunda modifica el apartado cuarto del art韈ulo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b醩ica reguladora de la autonom韆 del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci髇 y documentaci髇 cl韓ica. Finalmente, las restantes disposiciones finales se refieren al car醕ter org醤ico de la ley, la habilitaci髇 al Gobierno para su desarrollo reglamentario, el 醡bito territorial de aplicaci髇 de la Ley y la entrada en vigor que se fija en cuatro meses desde su publicaci髇, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para su plena aplicaci髇.