• Expandir / Contraer índice sistemático
• INTRODUCCION
• Artículo 1  Objeto
• Artículo 2  Aportación de documentos
• Artículo 3  Plazos para resolver
• Artículo 4  Efectos de la falta de resolución expresa
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICION TRANSITORIA UNICA  Régimen transitorio de los procedimientos
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA UNICA  Derogación normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICION FINAL UNICA  Entrada en vigor
• ANEXO

Artículo 1 Objeto

El presente Real Decreto tiene por objeto la adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los procedimientos en materia de Agricultura, Pesca y Alimentación que se relacionan en el anexo.

Artículo 2 Aportación de documentos

Cuando los documentos exigidos a los interesados por la normativa aplicable ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, debidamente justificada en el expediente, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Artículo 3 Plazos para resolver

1. Los plazos máximos para resolver los procedimientos enumerados en el anexo serán los indicados en el mismo.

2. Sin perjuicio de la duración máxima total asignada a cada procedimiento conforme al apartado anterior, en los procedimientos tramitados por otras Administraciones Públicas en los que la resolución corresponda a la Administración General del Estado o a las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquélla, el órgano competente deberá resolver en el plazo de tres meses, que se computará a partir del momento en que aquél disponga de la correspondiente propuesta de resolución.

Artículo 4 Efectos de la falta de resolución expresa

1. Transcurrido el plazo fijado para resolver el procedimiento sin que haya recaído la resolución expresa, se podrá entender estimada o desestimada la solicitud, de acuerdo con lo establecido para cada supuesto en el anexo.

2. Para la eficacia de las resoluciones presuntas a que se refiere el apartado anterior, se requiere la emisión de la certificación prevista en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días desde que fue solicitada o que, habiéndose solicitado dicha certificación, ésta no se haya emitido transcurrido el citado plazo.

En el transcurso del plazo para la emisión de la certificación, se podrá resolver expresamente sobre el fondo, de acuerdo con las normas aplicables, y sin vinculación con los efectos atribuidos a la resolución presunta cuya certificación se ha solicitado.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Régimen transitorio de los procedimientos

1. Los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto que se hayan iniciado con anterioridad a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior.

2. A las resoluciones de los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, adoptadas con posterioridad a su entrada en vigor, se les aplicará el sistema de recursos establecido en el capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones, cualquiera que sea su rango, se opongan o contradigan a lo previsto en el presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL UNICA Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».