• Expandir / Contraer índice sistemático
• Exposición de Motivos
• CAPITULO PRIMERO.  AMBITO DE APLICACION
  • Artículo 1
  • Artículo 2
  • Artículo 3
• CAPITULO II.  NORMAS GENERALES SOBRE ENTRADA Y PERMANENCIA
  • Artículo 4
  • Artículo 5
  • Artículo 6
  • Artículo 7
  • Artículo 8
  • Artículo 9
  • Artículo 10
  • Artículo 11
  • Artículo 12
  • Artículo 13
• CAPITULO III.  MEDIDAS APLICABLES POR RAZONES DE ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD PUBLICA Y SALUD PUBLICA
  • Artículo 14
  • Artículo 15
  • Artículo 16
  • Artículo 17
  • Artículo 18
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disp. Adic. 1
  • Disp. Adic. 2
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disp. Transit. 1
  • Disp. Transit. 2
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disp. Fin. 1
  • Disp. Fin. 2
  • Disp. Fin. 3

Artículo 1

1 El presente Real Decreto regula las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en España, por parte de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en el número 1 del artículo 1 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

2. El contenido del presente Real Decreto se entenderá sin perjuicio de tener en cuenta las excepciones o particularidades, prevenidas en las disposiciones normativas comunitarias, para supuestos especiales.

Artículo 2

El presente Real Decreto se aplicará también, cualquiera que sea su nacionalidad, a los familiares de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que a continuación se relacionan:

• a) A su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho.Letra a) del artículo 2 redactada por R.D.737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.
• b) A sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.Letra b) del artículo 2 redactada por R.D.737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.
• c) A sus ascendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, que vivan a sus expensas, con la excepción de los ascendientes de los estudiantes y de sus cónyuges, que no tendrán derecho de residencia.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en el párrafo introductorio del artículo 2 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

Letra c) del artículo 2 redactada por R.D.737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.

Artículo 3

La entrada, permanencia y trabajo en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que no acrediten la concurrencia de los requisitos prevenidos en el presente Real Decreto, se regirán por los preceptos de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España, y normas reglamentarias vigentes sobre la materia.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en el artículo 3 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

Artículo 4

1. Las personas a las que se refiere el presente Real Decreto, tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio español, previo el cumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de los límites establecidos en el Capítulo III.

2. Asimismo, estas personas, exceptuando las contempladas en el número c) del artículo 2, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales españoles, sin perjuicio de la limitación establecida en el apartado 4 del artículo 48 del Tratado CEE, en lo que hace referencia a los empleos en la Administración Pública.

3. Los titulares de los derechos a que se refieren los apartados anteriores, estarán obligados, en los supuestos y en la forma prevenida en este Real Decreto, a solicitar una tarjeta de residencia, para lo que deberán presentar la documentación a que se alude en cada uno de los supuestos del artículo 10.

Número 3 del artículo 4 redactado por R.D.737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.

Artículo 5

1. La entrada en territorio español se efectuará mediante la presentación del pasaporte o, en su caso, de la tarjeta de identidad, en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular.

2. Los familiares que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, necesitarán, además, el correspondiente visado, sin perjuicio de lo previsto en Tratados o Convenios internacionales. Su expedición será gratuita.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en el número 2 del artículo 5 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

Artículo 6

1. En los supuestos en que la permanencia en España, cualquiera que sea su finalidad, sea de duración inferior a tres meses, para documentar aquélla bastará la propia tarjeta de identidad o pasaporte, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en territorio español.

2. Si la permanencia en España de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo fuese de duración superior a tres meses e inferior a un año, se expedirá a los interesados una tarjeta temporal de residencia, de vigencia limitada a la duración de aquélla.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en el número 2 del artículo 6 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

3. La situación de residencia, por un período superior a un año, se acreditará mediante la obtención de una tarjeta de residencia de nacional de un Estado miembro de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con cinco años de vigencia y renovable automáticamente.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en el número 3 del artículo 6 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

4. A los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se les expedirá una tarjeta de residencia de idéntica vigencia que la de la persona de la que dependan.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en el número 4 del artículo 6 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

5. A los familiares de españoles se les expedirá, en todo caso, una tarjeta de residencia con cinco años de vigencia.

6. La situación del nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de los restantes Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que trabaje en España, manteniendo su residencia en el territorio de alguno de dichos Estados, al que regrese, en principio, todos los días o por los menos una vez por semana, se acreditará mediante la expedición de una tarjeta de trabajador fronterizo, válida para cinco años y renovable automáticamente.

Número 6 del artículo 6 redactado por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.

Artículo 7

1. Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo, la vigencia de las tarjetas y su renovación quedará condicionada al hecho de que su titular continúe encontrándose en alguno de los supuestos que dan derecho a su obtención.

2. Las ausencias que no se prolonguen más de seis meses consecutivos, o que sean debidas a cumplimiento de obligaciones militares, no afectarán a la validez de las tarjetas.

3. Cuando la tarjeta de residencia haya sido expedida en base a la realización de actividades por cuenta propia o ajena, aquélla no podrá ser retirada ni dejar de ser renovada por el solo hecho de que el titular no esté ejerciendo dichas actividades, cuando ello sea debido a enfermedad o accidente, o bien esté en situación de desempleo involuntario, debidamente constatado por la Oficina del Instituto Nacional de Empleo correspondiente. En este último caso, cuando se trata de la primera renovación de la tarjeta de residencia y el titular de la misma haya permanecido en dicha situación de desempleo durante más de doce meses consecutivos, la vigencia de dicha tarjeta podrá ser limitada, sin que pueda ser inferior a doce meses.

4. En los supuestos de realización de estudios, la vigencia de la tarjeta de residencia podrá limitarse a la duración de la formación o, si ésta durara más de doce meses, a un año, en cuyo caso la tarjeta será renovable anualmente.

5. Cuando el solicitante no pretenda realizar actividades lucrativas ni estudios, se podrá exigir la renovación de la tarjeta de residencia, válida por cinco años, al término de los dos primeros años de vigencia, para lo cual se habrá de acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos que dieron origen a la concesión inicial.

Artículo 8

1. Se expedirá o renovará automáticamente la tarjeta de residencia a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que hayan desarrollado una actividad económica por cuenta propia en territorio español y:

• a) En el momento en que cese su actividad hayan llegado a la edad prevista por la legislación española para la jubilación con derecho a pensión, habiendo ejercido su actividad durante los doce meses precedentes y residido en España durante más de tres años.
• b) Hayan cesado en el desempeño de su actividad como consecuencia de incapacidad permanente para el trabajo, habiendo residido en España durante más de dos años sin interrupción.

  No será necesario acreditar tiempo alguno de residencia si la incapacidad resultare de accidente de trabajo o de enfermedad profesional que dé derecho a una pensión de la que sea responsable, total o parcialmente, un organismo del Estado español.

• c) Después de tres años de actividad y de residencia continuadas en territorio español, desempeñen su actividad en otro Estado miembro de la Unión Europea y otro Estado parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y mantengan su residencia en España, regresando a territorio español al menos una vez por semana.

Las referencias a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenidas en el párrafo introductorio y letra c) del número 1 del artículo 8 han sido introducidas por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de las anteriores "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

2. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la CEE número 1251/1970, de la Comisión, de 29 de junio, se expedirá o renovará automáticamente la tarjeta de residencia a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, habiendo ocupado un empleo en territorio español, reúnan los requisitos señalados en el número anterior.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en el número 2 del artículo 8 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

3. También se expedirá o renovará la tarjeta de residencia a los familiares de quienes reúnan los requisitos señalados en los apartados 1 y 2 que residan con ellos en España.

4. Si el titular del derecho a residir en territorio español con carácter permanente hubiere fallecido en el curso de su vida activa antes de haber adquirido dicho derecho, las autoridades competentes expedirán o renovarán la tarjeta de residencia a los miembros de su familia cuando concurra alguna de las siguientes condiciones:Párrafo introductorio del número 4 del artículo 8 redactado por R.D.737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.

• a) Que el interesado hubiera residido en España en la fecha del fallecimiento durante dos años al menos.
• b) Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional.
• c) Que el cónyuge supérstite, siempre que no estuviere separado de derecho, fuera ciudadano español y hubiera perdido la nacionalidad española como consecuencia del matrimonio con el fallecido.

Letra c) del número 4 del artículo 8 redactada por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. Entendemos que la modificación afecta a la letra c) del número 4, aunque el tenor literal del citado R.D. 737/1995 se refiere a la letra c) del número 1 del artículo 8.

5. Se expedirá o renovará la tarjeta de residencia a los miembros de la familia, sin necesidad de que se cumplan las condiciones previstas en el apartado anterior, cuando el titular del derecho a residir en territorio español con carácter permanente hubiese fallecido después de adquirir este derecho.

Número 5 del artículo 8 redactado por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.

6. Para el ejercicio del derecho de residencia, en los supuestos contemplados en los apartados anteriores, el beneficiario dispondrá de un plazo de dos años, contados a partir del día en que, por aplicación de lo en ellos dispuesto, adquieran el derecho a obtenerla.

Artículo 9

Las solicitudes de expedición de las tarjetas previstas en el artículo 6 deberán presentarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada en España y serán tramitadas por la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretenda permanecer o fijar su residencia el interesado o, en su defecto, por la correspondiente Comisaría Provincial de Policía.

Los Gobernadores Civiles serán competentes para la resolución de dichas solicitudes.

Artículo 10

1. Con la solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá presentar el interesado el documento que acredite su identidad, a cuyo amparo se encuentre en territorio español, y además:

• a) Si es trabajador por cuenta ajena, copia del contrato de trabajo o certificado de trabajo.
• b) Si realiza actividades económicas por cuenta propia, documentación justificativa de que reúne los requisitos y, en su caso, de que ha solicitado las autorizaciones necesarias para el ejercicio de dichas actividades por españoles, de acuerdo con la legislación vigente en España. En particular, justificará el alta en el Impuesto de actividades Económicas; y la disposición de las autorizaciones y altas en los Registros establecidos por la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda.
• c) Si se trata de prestación de servicios en España, acreditación, mediante la presentación de certificados expedidos por las autoridades competentes del país comunitario de origen o procedencia, de que:

  -Se encuentra en posesión de los títulos, diplomas o certificados exigidos para la prestación de los servicios de que se trate.

  -Se encuentra legalmente establecido y ejerciendo habitualmente las actividades en cuestión en el país de origen o procedencia.

• d) Si se trata de trabajador fronterizo, certificado de residencia en otro estado miembro de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y los documentos que correspondan a su actividad.La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en la letra d) el número 1 del artículo 10 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".
• e) Si pretende residir en España sin realizar actividades lucrativas y no disfruta del derecho de residencia en virtud de otras disposiciones, habrá de acreditar que dispone de recursos suficientes para el período de residencia que solicita, o que dichos recursos los va a recibir periódicamente, y que tiene suscrito un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos.
• f) Si pretende residir en España tras haber dejado de ejercer en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo una actividad como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia y no disfruta ya del derecho de residencia, deberá acreditar que dispone de una pensión de invalidez, de jubilación o de prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional que le proporcionen los recursos suficientes para el período de residencia que solicita, y que tiene suscrito un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos.La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en la letra f) del número 1 del artículo 10 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".
• g) Si pretende residir en España para realizar estudios y no disfruta del derecho de residencia con arreglo a otras disposiciones, deberá acreditar que se encuentra matriculado como estudiante en centros o establecimientos, oficiales o reconocidos, para recibir, con carácter principal, una formación que le habilite para el ejercicio de una profesión y que tiene suscrito un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos. Asimismo, el interesado deberá garantizar mediante declaración o, a elección del mismo, por cualquier otro medio de eficacia jurídica y probatoria equivalente, que dispone de los recursos económicos suficientes para sufragar el coste de sus estudios, así como los gastos de estancia para el período de residencia que solicita.Letra g) del número 1 del artículo 10 redactada por R.D. 1710/1997, 14 noviembre («B.O.E.» 15 noviembre), por el que se modifica parcialmente el régimen de entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
• h) Cuando así lo aconsejen razones de orden público, seguridad pública o salud pública, podrá exigírsele la presentación de certificado médico acreditativo de su estado de salud.

2. A los efectos prevenidos en las letras e), f) y g) del apartado anterior, los recursos de los solicitantes se considerarán suficientes cuando superen el nivel de la pensión mínima de jubilación para mayores de sesenta y cinco años establecida por la Seguridad Social española.

3. Cuando los interesados sean familiares de las personas señaladas en los números anteriores, con el alcance previsto en el artículo 2, deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten:

• a) El vínculo de parentesco.
• b) El hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional con el que tengan dicho vínculo, en los casos en que sea exigible.
• c) Cuando se trate de familiares de los residentes contemplados en las letras e), f) y g) del apartado 1, los recursos y el seguro de enfermedad allí mencionados habrán de ser suficientes para el titular y sus familiares de acuerdo con las reglas establecidas en las mismas.
• d) Los familiares que no posean la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, además de los documentos anteriores, el visado de residencia en el pasaporte, de cuya presentación podrá dispensarse por razones excepcionales.

La referencia a los "Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo" contenida en la letra d) del número 3 del artículo 10 ha sido introducida por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en sustitución de la anterior "Estados miembros de las Comunidades Europeas".

Artículo 11

1. Se podrá pedir, excepcionalmente, a través de la Dirección General de la Policía, información sobre los antecedentes judiciales de los interesados a las autoridades del Estado de origen o de otros Estados.

2. En todo caso y con objeto de poder valorar correctamente la concurrencia de los requisitos necesarios para el ejercicio de actividades lucrativas por cuenta propia, el órgano instructor podrá interesar informe de los servicios de la Administración General del Estado, de la Administración Autonómica o de la Administración Local, así como de la Administración Institucional y de los Colegios Profesionales, competentes por razón de la materia.

3. La resolución relativa a la primera tarjeta deberá ser adoptada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

4. Las solicitudes de tarjetas temporales de residencia se tramitarán con carácter preferente, por el procedimiento de urgencia, reduciéndose los plazos a la mitad.

5. La tramitación de la solicitud de expedición de las tarjetas de residencia no será obstáculo a la permanencia provisional de los interesados en España, ni al desarrollo de sus actividades.

Artículo 12

1. Las solicitudes de renovación de las tarjetas serán tramitadas de la forma prevista en los artículos 9, 10 y 11.

2. Con estas solicitudes se acompañarán los documentos prevenidos en el artículo 10, que acrediten la concurrencia de los requisitos necesarios en el momento de la presentación, exceptuándose el certificado médico acreditativo de su estado de salud y, en su respectivos casos, el visado y el certificado acreditativo del parentesco cuando se trate de ascendientes o descendientes.

Artículo 13

Las tarjetas previstas en el artículo 6, cualquiera que sea su duración, así como sus renovaciones, se expedirán, cuando resulten acreditados los requisitos prevenidos, con arreglo a los modelos que se determine por el Ministerio del Interior, y previo abono por los interesados de una tasa conforme a las previsiones de la Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre Tasas y Precios Públicos, cuya cuantía será equivalente a la exigible por la obtención o renovación del documento nacional de identidad.

Artículo 14

Las medidas relativas a la entrada en España, expedición y renovación de tarjetas de residencia o sus denegaciones, sanciones y expulsión del territorio español de las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, determinadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, habrán de adoptarse con sujeción a lo dispuesto en el presente Capítulo.

Artículo 15

1. Cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes:

• a) Impedir la entrada en España, aunque los interesados presenten la documentación prevista en el artículo 5.
• b) Denegar la expedición o la renovación de las tarjetas.
• c) Ordenar la expulsión o devolución del territorio español.

2. Las medidas previstas en el apartado anterior, se atendrán a las siguientes reglas o criterios:

• a) Habrán de ser adoptadas con arreglo a la legislación reguladora del orden público y de la seguridad pública, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, y a las disposiciones reglamentarias vigentes sobre la materia.
• b) Podrán ser revocadas, de oficio o a instancia de parte, cuando dejen de subsistir las razones que motivaron su adopción.
• c) No podrán ser adoptadas con fines económicos.
• d) Cuando se adopten por razones de orden público o de seguridad pública deberán estar fundadas exclusivamente en el comportamiento personal de quien sea objeto de las mismas.

3. La caducidad del documento de identidad o pasaporte que haya amparado la entrada en España y la expedición, en su caso, de la tarjeta, no podrá ser causa de la expulsión del territorio español.

4. Las únicas dolencias o enfermedades que pueden justificar la adopción de alguna de las medidas previstas en el número 1 del presente artículo son las siguientes:

• a) Enfermedades cuarentenarias contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional número 2, de 25 de mayo de 1951, de la Organización Mundial de la Salud.
• b) La drogadicción, las alteraciones psíquicas importantes, los estados manifiestos de enfermedad psicopática con agitación, de «delirium», de alucinaciones o de psicosis de confusión, cuando pongan en peligro el orden público o la seguridad pública en los términos previstos en la legislación vigente.Letra b) del número 4 del artículo 15 redactada por R.D. 737/1995, 5 mayo («B.O.E.» 5 junio), por el que se modifica el R.D. 766/1992, 26 junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.
• c) Otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas en la medida que sean, en España, objeto de disposiciones de protección respecto a los nacionales españoles.

No podrá basarse la denegación de la renovación de la tarjeta o la expulsión del territorio español en el hecho de haber contraído tales enfermedades o dolencias después de la expedición de la primera tarjeta.

Artículo 16

1. La omisión de la solicitud de la tarjeta, en los casos en que exista el derecho a su obtención, o de su renovación, así como la falta de comunicación relativa a la modificación de las circunstancias que motivaron su concesión, sólo podrán ser sancionadas con multa, que deberá ser proporcionada a la gravedad de la infracción, teniendo en cuenta el grado de voluntariedad, la reincidencia, en su caso, y la capacidad económica del infractor, y no podrán dar lugar a la expulsión del territorio español.

2. En ningún caso la cuantía de la multa podrá exceder de 2.000.000 de pesetas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, o de la cantidad que determine el Gobierno, en uso de la autorización contenida en la disposición adicional primera de dicha Ley, teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al consumo.

Artículo 17

1. No se podrá denegar la renovación de la tarjeta ni ordenar la expulsión de su titular, salvo casos de urgencia debidamente justificada, sin previo dictamen de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado o, en su caso, del correspondiente Servicio Jurídico del Estado en la provincia.

El órgano encargado de emitir dictamen deberá, previamente, permitir al interesado solicitar las pruebas y formular las alegaciones que estime precisas.

2. Sin perjuicio de los recursos legalmente procedentes, la resolución de la autoridad competente del Ministerio del Interior que deniegue la primera tarjeta o que ordene la expulsión de personas solicitantes de la misma, será sometida, previa petición del interesado, a examen de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado o del Servicio Jurídico del Estado en la provincia. El interesado podrá presentar personalmente sus medios de defensa ante el órgano consultivo, a no ser que se opongan a ello motivos de seguridad del Estado. El dictamen del Servicio Jurídico del Estado será sometido a la autoridad competente, para que confirme o revoque la anterior resolución.

Artículo 18

1. La resolución que deniegue la expedición o la renovación de la tarjeta o que ordene la expulsión fijará expresamente el plazo en el que el interesado deberá abandonar el territorio español y habrá de ser notificada a éste en la forma legalmente establecida, especificando las razones de orden público, seguridad pública o salud pública que la motiven.

2. Salvo caso de urgencia, debidamente justificada, dicho plazo no será inferior a quince días, si el interesado no es titular de tarjeta, o a un mes en caso contrario.

Disp. Adic. 1

...

Disp. Adic. 2

El artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, aprobado por Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, queda redactado del siguiente modo:

.....

Disp. Transit. 1

Los permisos de residencia, permisos de trabajo y residencia y tarjetas de estudiante, de los que sean titulares las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto que tengan validez en la fecha de entrada en vigor del mismo, conservarán dicha validez durante el tiempo para el que hubieran sido expedidos, sin perjuicio del derecho de sus titulares a optar por la obtención de la documentación regulada en este Real Decreto.

Disp. Transit. 2

El régimen especial y transitorio previsto en el Capítulo III del Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo, se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 1992 para los nacionales de Luxemburgo y sus familiares que realicen actividades laborales por cuenta ajena.

DISPOSICION DEROGATORIA

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, queda derogado el Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo, sobre entrada, permanencia y trabajo en España de ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, firmado en Oporto el 2 de mayo de 1992 y ratificado por España el 26 de noviembre de 1993, y cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disp. Fin. 1

Las normas de carácter general, relativas a la entrada, permanencia, trabajo y establecimiento de extranjeros, contenidas en la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, y las normas reglamentarias vigentes sobre la materia serán aplicables a los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, con carácter supletorio y en la medida en que no se opongan a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de la CEE y en sus modificaciones, así como en el derecho derivado de los mismos.

Disp. Fin. 2

Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores, del Interior y de Trabajo y Seguridad Social para dictar, conjunta o separadamente, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disp. Fin. 3

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de julio de 1992.