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Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el virus de inmunodeficencia humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el Sistema Sanitario Público

Ficha:
  • ÓrganoJEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE de 01 de Junio de 1993
  • Vigencia desde 01 de Junio de 1993
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
Afectaciones recientes
26/1/2022
LE0000717645_20220126Ir a NormaRD 65/2022 de 25 Ene. (sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022)
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Véase la disposición adicional décima del R.D. 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022. («B.O.E.» 26 enero), de actualización de las ayudas sociales del presente Real Decreto-ley.LE0000008351_19990101Ir a Norma
27/1/2021
LE0000687297_20210127Ir a NormaRD 46/2021 de 26 Ene. (revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021)
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Las cuantías mensuales de las ayudas sociales reguladas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre el importe de 645,08 euros, conforme establece la disposición adicional octava del R.D. 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021 («B.O.E.» 27 enero).LE0000008351_19990101Ir a Norma
1/1/1999
LE0000542842_20150101Ir a NormaRD 1103/2014, de 26 Dic. (revalorización y complementos de pensiones para el año 2015 y otras normas en materia de Clases Pasivas)
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Véase la disposición adicional cuarta del R.D. 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones para el año 2015 y otras normas en materia de Clases Pasivas («B.O.E.» 31 diciembre).LE0000008351_19990101Ir a Norma
LE0000238687_20061231Ir a NormaRD 1628/2006, de 29 (revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2007)
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Véase la disposición adicional tercera del R.D. 1628/2006, de 29 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2007 («B.O.E.» 30 diciembre).LE0000008351_19990101Ir a Norma
LE0000208097_20150626Ir a NormaL 2/2004 de 27 Dic. (presupuestos generales del Estado para el año 2005)
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Las cuantías de las ayudas sociales se determinarán mediante la aplicación de las proporciones establecidas en las letras b), c) y d) del número 1 del artículo 2 sobre el importe de 514,45 euros, conforme establece la disposición adicional cuarta de Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 («B.O.E.» 28 diciembre).LE0000008351_19990101Ir a Norma
LE0000196102_20160101Ir a NormaL 62/2003 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Téngase en cuenta que la disposición final segunda de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre), establece un nuevo plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de la ley, para la presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el presente Real Decreto Ley, con los requisitos y condiciones establecidos en el mismo. Dicho plazo se establece sin perjuicio del excepcionalmente previsto en el párrafo segundo de este artículo y la ampliación del mismo a todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación.LE0000008351_19990101Ir a Norma
LE0000097638_20010114Ir a NormaRD 2/2001 de 12 Ene. (revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2001)
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Véase Disposición Adicional 3.ª del R.D. 2/2001, 12 enero, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2001 («B.O.E.» 13 enero). LE0000008351_19990101Ir a Norma
LE0000026262_20000116Ir a NormaRD 26/2000 de 14 Ene. (revalorización y complementos de pensiones para el año 2000 y otras normas en materia de clases pasivas)
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Véase la Disposición Adicional 3.ª del R.D. 26/2000, 14 enero, sobre revalorización y complementos de pensiones para el año 2000 y otras normas en materia de clases pasivas («B.O.E.» 15 enero).LE0000008351_19990101Ir a Norma
LE0000017681_20160102Ir a NormaL 42/1994 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y de orden social)
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Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 42/1994, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, establece un nuevo plazo de tres meses, contados partir del día siguiente al de la entrada en vigor de la citada Ley, para la presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el presente R.D.Ley , con los requisitos y en las condiciones establecidos en el mismo. Dicho plazo se establece sin perjuicio del excepcionalmente previsto en el párrafo segundo del artículo quinto del presente R.D.Ley («B.O.E.» 31 diciembre) .LE0000008351_19990101Ir a Norma
Otras afectaciones anteriores
LE0000011784_20050101Ir a NormaL 40/1998 de 9 Dic. (impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias)
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Téngase en cuenta que el presente artículo 4 ha sido derogado por Ley 40/1998, 9 diciembre («B.O.E.» 10 diciembre), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
LE0000011936_19990110Ir a NormaRD 3/1999 de 8 Ene. (clases pasivas. Revalorización y complementos de pensiones para 1999)
LE0000014879_19930716Ir a NormaR 23 Jun. 1993 (convalidación del RDL 9/1993 de 28 May. Publicación)

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se han convertido en uno de los principales problemas de los sistemas sanitarios y asistenciales, que viene dedicando una creciente cantidad de recursos de todo tipo a la lucha contra la enfermedad y a mejorar la situación de los afectados.

En este marco general, una situación especial es la de aquellas personas que resultaron contaminadas por VIH como consecuencia de transfusiones sanguíneas o del tratamiento con hemoderivados, antes de que se conocieran suficientemente las medidas a adoptar para evitar el contagio por esta vía, y que en ciertos casos, desconociendo el propio contagio, ha producido la contaminación del cónyuge y de los hijos.

Se trata ante todo de personas para quienes la enfermedad ha sido el resultado, que el estado de la ciencia no permitió evitar, de actuaciones terapéuticas realizadas en el sistema sanitario público destinadas a combatir otro tipo de patologías.

Precisamente por ello, en una buena parte de estos enfermos las consecuencias propias del VIH/SIDA se suman a las derivadas de los procesos que originaron su tratamiento.

Se da la circunstancia, además, de que el VIH/SIDA ha alcanzado a proporciones muy elevadas del conjunto de enfermos hemofílicos que, por las características del tratamiento con productos hemoderivados al que deben someterse, presentan unas tasas de afectación cercanas al 50% del colectivo.

En último extremo, se ha puesto de manifiesto que, por las fechas en que se produjeron los contagios y debido al avance de la enfermedad, la situación sanitaria de los afectados se ha ido agravando progresivamente, agudizando, al tiempo, problemas de otra índole.

Las circunstancias señaladas, el número de afectados y las repercusiones sociales que la aparición y desarrollo de la enfermedad han tenido para estas personas, con responsabilidades familiares en muchos casos, hacen que el contagio del VIH/SIDA por medio de sangre o por productos sanguíneos deba considerarse un problema de auténtico alcance social que, como tal, requiere de los poderes públicos una respuesta singular, basada en un principio de solidaridad con los afectados.

Esta valoración ha prevalecido en la mayoría de países europeos, donde se han establecido esquemas solidarios de ayuda a los afectados financiados mediante fondos públicos, y asumen el espíritu y el contenido de los acuerdos alcanzados por las diversas organizaciones internacionales que se han pronunciado sobre estas cuestiones.

El presente Real Decreto-Ley pretende responder a esa necesidad de apoyo y solidaridad con los afectados, sustituyendo las ayudas colectivas existentes con anterioridad por un sistema de aportaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar las graves consecuencias no sanitarias del problema, que se asignan no sólo a los afectados, sino también a sus familiares, según las diferentes situaciones personales.

Las ayudas acordadas se justifican exclusiva y específicamente en la excepcionalidad y trascendencia social del problema creado, por lo que en ningún caso podrán servir de precedente para determinar la oportunidad o forma de atender a otros sucesos o daños futuros que pudieran ser también apreciados como extraordinarios.

La elección del Real Decreto-Ley como instrumento para formalizar las medidas previstas se ha impuesto por el hecho de que la evolución de la enfermedad y sus secuelas ha hecho muy difíciles las condiciones personales, sociales y económicas de los afectados, exigiendo la máxima celeridad en la puesta en práctica de las ayudas.

Habida cuenta de la inexistencia de recursos consignados presupuestariamente para hacer frente a los incrementos en el gasto ocasionados por la adopción de estas ayudas, se aprueban dos créditos extraordinarios con el objeto de poder hacer frente a los pagos correspondientes al presente ejercicio presupuestario.

En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo de 1993,

DISPONGO:

Artículo 1 Ambito de aplicación

1. Las ayudas sociales que se determinan en este Real Decreto-Ley están destinadas a las siguientes personas:

  • a) Las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas contaminadas con VIH, que hubieran recibido tratamiento con hemoderivados dentro del sistema sanitario público antes del establecimiento de la obligatoriedad de las pruebas de detección del VIH.
  • b) Las personas contaminadas con VIH como consecuencia de una transfusión sanguínea efectuada dentro del sistema sanitario público, antes del establecimiento de la obligatoriedad de las pruebas de detección del VIH.
  • c) Los cónyuges o personas que hayan formado una unidad familiar debidamente acreditada, con persona que reúna las características descritas en los apartados anteriores, y hubieran sido contaminadas con el VIH por relación con la misma.
  • d) Los hijos de las personas relacionadas en los apartados a), b) y c) siempre que, habiendo nacido de un embarazo anterior a la fecha de diagnóstico del VIH de la madre, hubieran sido contaminados del referido virus.
  • e) Los hijos dependientes, menores de veinticuatro años, de persona afectada viva o fallecida, según lo establecido en los apartados a), b) y c).

    Los hijos minusválidos, cualquiera que fuera la edad, siempre que no realicen trabajo remunerado alguno.

  • f) Los adultos dependientes de los afectados relacionados en los apartados a), b) y c), mayores de sesenta y cinco años.

Los adultos minusválidos, asimismo dependientes, cualquiera que sea su edad, siempre que no realicen trabajo remunerado alguno.

2. Se consideran dependientes aquellas personas que convivan con el afectado a sus expensas, y que no realicen trabajo remunerado ni perciban rentas patrimoniales, ni pensión alguna, excepto si se trata de pensiones percibidas por minusválidos en razón de dicha condición.

Se consideran minusválidos a aquellas personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, o en la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, siempre que hubieran obtenido del órgano competente de la Administración el reconocimiento del derecho a la aplicación de los beneficios previstos en las mismas.

Artículo 2 Importe de las ayudas

1. El importe de las ayudas será el siguiente:

  • a) Un pago a tanto alzado de 10.000.000 de pesetas, a satisfacer por mitades, en dos anualidades, la primera en 1993 y la segunda en 1994, a todas las personas afectadas descritas en el artículo 1, apartado 1, párrafos a), b), c) y d).

    En el supuesto de que la persona afectada con VIH, hubiera fallecido, se efectuará el pago a sus hijos por partes iguales o en defecto de ellos al cónyuge -o persona con la que hubiera formado una unidad familiar debidamente acreditada- o en su defecto a los padres.

  • b) Una ayuda mensual igual al salario mínimo interprofesional para los afectados descritos en el artículo 1, apartado 1, párrafos a), b) y c) si son menores de dieciocho años y de dos veces el salario mínimo interprofesional si son mayores de dieciocho años.
  • c) Una ayuda mensual igual a dos tercios del salario mínimo interprofesional hasta los veinticuatro años para los hijos dependientes de las personas afectadas descritas en el artículo 1. En el caso de que el hijo dependiente sea minusválido la ayuda mensual será vitalicia e igual al salario mínimo.

    En el caso de hijos huérfanos o que deviniesen huérfanos de persona o personas afectadas, la ayuda mensual será igual a cuatro tercios del salario mínimo interprofesional hasta los veinticuatro años. En el caso de que el hijo sea minusválido la ayuda será vitalicia e igual a dos veces el salario mínimo interprofesional.

    Si el hijo estuviera comprendido en el artículo 1.d), sólo recibiría la ayuda que le correspondiera por ser persona afectada.

  • d) Una ayuda mensual vitalicia igual a la mitad del salario mínimo interprofesional, para los adultos dependientes, mayores de sesenta y cinco años o minusválidos menores de esa edad. Si el afectado del que depende el adulto hubiere fallecido o falleciera, la ayuda será igual a dos tercios del salario mínimo interprofesional.
Las cuantías mensuales de las ayudas sociales reguladas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre el importe de 645,08 euros, conforme establece la disposición adicional octava del R.D. 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021 («B.O.E.» 27 enero).LE0000687297_20210127Ir a Norma
Véase la disposición adicional décima del R.D. 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022. («B.O.E.» 26 enero), de actualización de las ayudas sociales del presente Real Decreto-ley.LE0000717645_20220126Ir a Norma

2. Las ayudas establecidas en el apartado 1.a) del presente artículo no tendrán ninguna revalorización y las ayudas establecidas en los párrafos b), c) y d) tendrán la revalorización que el Gobierno fije anualmente en las correspondientes Leyes de Presupuestos.

Las ayudas establecidas en el apartado 1, párrafos b), c) y d) del presente artículo, se abonarán por mensualidades vencidas, con exclusión de pagas extraordinarias, con efecto del mes siguiente al del reconocimiento de las mismas.

Artículo 3 Incompatibilidades

1. La percepción de estas ayudas sociales será compatible con la de cualquier pensión pública que el beneficiario tuviera derecho a percibir.

2. Para acceder a las ayudas previstas en el presente Real Decreto-Ley será necesaria la renuncia previa al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación por VIH, contra cualquiera de las Administraciones Públicas sanitarias o el personal de la misma.

3. No podrán acceder a estas ayudas quienes hubieran obtenido sentencia condenatoria contra cualquiera de las Administraciones Públicas sanitarias por contagio del VIH.

Artículo 4 Régimen fiscal de las ayudas

Lo dispuesto en el artículo 9.1,e) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será de aplicación a las ayudas previstas en el artículo 2, apartado 1, párrafo a) del presente Real Decreto-Ley.

Téngase en cuenta que el presente artículo 4 ha sido derogado por Ley 40/1998, 9 diciembre («B.O.E.» 10 diciembre), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.LE0000011784_20050101Ir a Norma

Artículo 5 Solicitud y plazos

Las solicitudes de las ayudas, dirigidas al Ministerio de Sanidad y Consumo se presentarán, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro de los dos meses siguientes al día de la publicación del presente Real Decreto-Ley en el «Boletín Oficial del Estado».

Excepcionalmente, cuando el afectado desconociera la contaminación por VIH a la publicación de este Real Decreto-Ley, el plazo de dos meses se computará a partir del momento en que se determine dicha contaminación.

Téngase en cuenta que la disposición final segunda de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre), establece un nuevo plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de la ley, para la presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el presente Real Decreto Ley, con los requisitos y condiciones establecidos en el mismo. Dicho plazo se establece sin perjuicio del excepcionalmente previsto en el párrafo segundo de este artículo y la ampliación del mismo a todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación.LE0000196102_20160101Ir a Norma

Artículo 6 Concesión de las ayudas

1. El reconocimiento de las ayudas corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe favorable de una comisión, cuya composición se establecerá por Orden del Ministro a efectos de verificar la concurrencia en los solicitantes de las circunstancias exigidas.

2. El plazo para resolver las solicitudes será el de seis meses contados desde la presentación de las instancias. De no mediar resolución en el plazo se entenderá producido un supuesto de los establecidos en el artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 7 Pago de las ayudas

1. El pago de las ayudas establecidas en el presente Real Decreto-ley corresponderá:

  • a) Al Ministerio de Sanidad y Consumo, respecto de las referidas en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 2, y
  • b) Al Ministerio de Economía y Hacienda, para las mencionadas en los párrafos b), c) y d) del apartado 1 del citado artículo 2.

2. El pago de estas ayudas está condicionado a que el destinatario de las mismas mantenga las circunstancias exigidas en este Real Decreto-Ley.

Artículo 8 Créditos extraordinarios

Para atender las obligaciones que se deriven de la aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto-Ley, se conceden dos créditos extraordinarios, por un importe total de 7.129.000.000 pesetas, al Presupuesto del Estado en vigor, según el siguiente detalle:

Sección 26. Ministerio de Sanidad y Consumo, Servicio 11, Secretaría General de Planificación, Programa 412P «Planificación de la Asistencia Sanitaria», Concepto 485 «Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados del VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y familiares», 6.610.000.000 pesetas.

Sección 07. Clases Pasivas, Servicio 07, «Pensiones indemnizatorias de carácter civil», Programa 314B «Pensiones de Clases Pasivas», Concepto 161.07 «Pensiones a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados o por transfusiones sanguíneas y familiares», 519.000.000 de pesetas.

Los anteriores créditos extraordinarios se financiarán con recurso del Banco de España o con Deuda Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Facultad de ejecución

El Gobierno y los distintos Departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias dictarán las disposiciones para el cumplimiento de lo establecido en el presente Real Decreto-Ley.

Segunda Entrada en vigor

El presente Real Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».